El derecho de acceso a la información se define como el derecho de una persona de buscar y recibir información en poder del gobierno y/o de las administraciones públicas, reconociendo esto como un derecho fundamental para el desarrollo pleno de una sociedad democrática.
Es una prerrogativa de todas las personas, sin importar edad, sexo, religión, condición social, orientación sexual, nacionalidad, etnia, discapacidad o alguna otra característica física, intelectual, profesional o patrimonial existente, y deberán ser informadas de la actuación del Estado.
Antecedentes El derecho de acceso a la información y su estudio encuentran su origen en la evolución del pensamiento de la humanidad. Para abordar el tema es fundamental referirse a los arcana imperii (Secretos del Imperio o del Estado), base del pensamiento en la época medieval.
Existen diferentes modelos que marcaron la evolución del pensamiento: Absolutista: en el que los intereses particulares de los individuos solo interesan si se alinean a los del Estado; Liberal: en el que aparece la tolerancia y el reconocimiento de libertades, ello debido a la separación del Estado y la religión; Republicano: da paso a una sociedad participativa donde no existen verdades de Estado y, Dialógico: basado en el diálogo que involucra a toda la sociedad, en el que la trasparencia del gobierno, la cultura política y la educación de la ciudadanía conforman los elementos de una sociedad democrática y justa.
Aspectos generales El derecho de acceso a la información pública es un componente del derecho fundamental a la libertad de expresión establecido en el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) que establece que el derecho fundamental a la libertad de expresión abarca la libertad de "buscar, recibir e impartir información e ideas a través de cualquier medio e independientemente de las fronteras". El acceso a la información pública y la libertad de información se reconocen como derechos humanos en los tres principales sistemas regionales de derechos humanos, es decir, dentro de las Américas, Europa y África, así como en los principales instrumentos internacionales.
El derecho de acceso a la información impone dos obligaciones a los organismos públicos. Primero, el deber ser proactivo, de hacer pública la información clave sobre las actividades de las autoridades y los gobiernos; segundo, la obligación reactiva de responder a las solicitudes de información de las personas, ya sea mediante la publicación de documentos públicos originales o copias de los documentos en posesión.
En los últimos 10 años, el derecho a la información y el acceso a la información pública ha sido reconocido en un número creciente de países y se han adoptado varias leyes de acceso a la información en todo el mundo, incluidos los países en desarrollo. Si en 1990 solo 13 países tenían una ley nacional de libertad de información, en 2015 existían 100 de esas leyes en todo el mundo.
En 2015, la Conferencia General de la UNESCO votó para designar el 28 de septiembre como "Día Internacional para el Acceso Universal a la Información" o, como se lo conoce más comúnmente, Día de Acceso a la Información. La fecha se había celebrado anteriormente como "Día del Derecho a Saber" desde 2002.
Responsabilidad, participación, eficiencia La Organización de los Estados Americanos (OEA) se ha referido al acceso a la información pública como un derecho humano fundamental, instrumento básico para la participación ciudadana en un sistema democrático, que fortalece la rendición de cuentas y la confianza en las instituciones públicas: La Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión se ha abocado a una tarea permanente por garantizar y ampliar el acceso a la información en las Américas, en el entendido de que su implementación efectiva constituye la piedra angular para la consolidación del derecho a la libertad de expresión y ofrece un marco para el establecimiento de políticas de transparencia, necesarias para fortalecer a las democracias. La transparencia política mejorada a través del derecho de acceso a la información pública conlleva una serie de beneficios fundamentales para las sociedades democráticas. Primero, el acceso a la información pública mejora la responsabilidad pública, ya que contribuye a hacer que los gobiernos y los funcionarios públicos sean más responsables de sus acciones y decisiones. En segundo lugar, el derecho a saber aumenta la participación de las personas, ya que pone a disposición información que puede ayudar a los ciudadanos a tomar decisiones más efectivas sobre asuntos que afectan directamente sus vidas y a participar con opiniones informadas en debates públicos y en el proceso de toma de decisiones. En tercer lugar, el acceso a la información pública contribuye a la eficiencia de la toma de decisiones, ya que la divulgación alienta a las instituciones públicas a gestionar y organizar mejor la información y puede ayudar a mejorar la comunicación entre los organismos públicos. Además, el acceso a la información sirve a otros objetivos sociales. Por ejemplo, el acceso a los registros médicos puede ayudar a las personas a tomar mejores decisiones sobre el tratamiento médico, la planificación financiera y similares. También es una herramienta valiosa para la investigación tanto periodística como de organizaciones de la sociedad civil. Finalmente, el acceso a la información puede facilitar prácticas comerciales efectivas, ya que parte de la información en poder de los organismos públicos relacionados con cuestiones económicas puede ser útil para las empresas y, por lo tanto, puede contribuir a aumentar la eficacia del sector.Asociación por los Derechos Civiles, A. (2008). Companies and the Right to Access Public Information. Accessed May, 20, 2010.
Estándares internacionales A nivel nacional, el acceso a la información pública está regulado por las leyes de libertad de información. Además de la legislación nacional, los principios y estándares para el acceso a la información pública se establecen en varias declaraciones y tratados internacionales que han reconocido con autoridad la naturaleza fundamental y legal del derecho a la libertad de información junto con la necesidad de legislaciones efectivas que garanticen la respeto de ese derecho en la práctica. Dichas leyes y normas internacionales incluyen:
Normas y declaraciones de la sociedad civil: estos incluyen los Diez Principios sobre el Derecho a Saber de la Iniciativa de Justicia (2005); el derecho del público a saber: Principios sobre la legislación sobre libertad de información en virtud del artículo 19 (1999); la Declaración de Atlanta y el Plan de acción para el avance del derecho de acceso a la información (2008); la Declaración de Budapest sobre el derecho de acceso a la información (2008); la Carta de Transparencia para Instituciones Financieras Internacionales: Reclamando nuestro derecho a saber por la Iniciativa de Transparencia Global (2006); la Declaración sobre la apertura parlamentaria (2012); Tratados internacionales: estos incluyen el Convenio del Consejo de Europa sobre Acceso a Documentos (2009) y el Convenio de Aarhus sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales (1999); Principios y recomendaciones intergubernamentales: estos incluyen los Principios sobre el derecho de acceso a la información por parte de la Organización de los Estados Americanos (2000); la Recomendación 2002 (2) del Consejo de Europa sobre acceso a documentos oficiales (2002); la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión en África de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos (2002); la Declaración de Maputo de la UNESCO sobre el fomento de la libertad de expresión, el acceso a la información y el empoderamiento de las personas (2008); la Declaración de la UNESCO sobre la libertad de información de Brisbane; la Declaración de Dakar sobre los medios y el buen gobierno (2005); Informes anuales del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Libertad de Opinión y Expresión: el Relator Especial de la ONU ha abordado el tema de la libertad de información en sus informes anuales desde 1997. Después de eso, la Comisión de Derechos Humanos hizo suyos los comentarios del Relator Especial y le pidió que profundizara más sobre el derecho a buscar y recibir información. Como consecuencia, el Relator Especial de la ONU amplió significativamente su comentario sobre la libertad de información en sus informes anuales de 2000.
Principios rectores La organización no gubernamental Artículo 19 ha publicado un conjunto de principios llamados "El derecho del público a saber: Principios de la legislación sobre libertad de información" que describe las mejores prácticas y normas sobre legislación de libertad de información basadas en leyes internacionales y regionales, así como en prácticas y legislaciones nacionales en evolución. Dichos principios, que están diseñados principalmente para las leyes nacionales, también son aplicables a organismos intergubernamentales como las Naciones Unidas y la Unión Europea.Mendel, T. (1999). The public's right to know: principles on freedom of information legislation. Article 19.
Principio 1: divulgación máxima
El principio de máxima divulgación establece la presunción de que toda la información en poder de los organismos públicos debe estar cubierta por el alcance de las leyes de acceso a la información. Esta presunción solo acepta circunstancias limitadas para excepciones. Este principio incorpora la lógica muy básica que sustenta el concepto de libertad de información. Implica que las autoridades públicas que buscan negar el acceso a la información pública tienen la obligación de justificar su negativa. El principio de máxima divulgación establece una definición amplia de "organismos públicos" que están sujetos al deber de divulgar información. Una interpretación tan amplia incluye todas las ramas del gobierno, p. gobiernos locales, organismos electos, industrias nacionalizadas y corporaciones públicas, organismos judiciales y también organismos privados que desempeñan funciones públicas. El Principio 1 exige que la ley establezca normas mínimas sobre el mantenimiento y la preservación de documentos por parte de organismos públicos.
Principio 2: obligación de publicar
Este principio implica la obligación de los organismos públicos de responder a las solicitudes de acceso a la información y de publicar y difundir documentos de interés público. Se pueden aceptar pocos límites razonables basados, por ejemplo, en recursos y capacidad. Como mínimo, las autoridades públicas deben hacer públicos los siguientes tipos de información:
información operativa sobre el funcionamiento de los organismos públicos, incluidos objetivos, resultados y costos; información sobre cualquier solicitud o queja que las personas puedan tomar en relación con un determinado organismo público; información sobre cómo los miembros del público pueden aportar su contribución al proceso de formulación de políticas; los tipos y formatos de información en poder de los organismos públicos; información sobre decisiones y políticas que afectan al público, junto con información de antecedentes sobre esas decisiones y la evidencia que condujo a su formulación.
Principio 3: promoción del gobierno abierto