La Ley Nº 16.211, conocida como Ley de Empresas Públicas, fue aprobada en Uruguay durante la administración de Luis Alberto Lacalle, y motivó un intenso debate político y social; parte de su contenido fue derogado por un referéndum popular.
Esta ley representaba un paso clave del gobierno en materia de privatizaciones. Fue defendida en particular por Ignacio de Posadas, primero senador y después ministro de Economía. Fue parcialmente derogada por la ciudadanía en un referéndum convocado a iniciativa de sectores sociales y políticos opuestos a estas medidas. No obstante, el Poder Ejecutivo logró hacer aprobar algunas medidas de liberalización de la economía y de reducción del papel del Estado en la misma, como la desmonopolización de los seguros, aprobada en 1993.
Programa de privatizaciones Apenas cincuenta días después de asumir la presidencia y a las dos semanas siguientes a la aprobación del “ajuste” fiscal por el Poder Ejecutivo, el 13 de septiembre de 1990, el gobierno presentó al Parlamento un proyecto de “Ley de modificaciones del régimen de empresas públicas del dominio industrial y comercial del Estado”. Con su firma, Lacalle distribuyó a los líderes integrantes de la “coincidencia nacional” un borrador de 125 artículos para discutir conteniendo las pautas para redactar la Ley de Empresas Públicas.
El trabajo para conciliar las diferentes opiniones que iban desde la expuesta por Jorge Batlle, partidario total convirtiéndolas en sociedades anónimas, hasta las de Alberto Zumarán y Carlos Julio Pereyra, que abogaban para que el Estado las mantuviera bajo su control mayoritario abriéndolas para recibir capitales extranjeros. Después de febriles negociaciones para obtener un consenso se llegó a la redacción del texto final el jueves 13 de septiembre de 1990, se aprobó por unanimidad de 4 votos de todos los Ministros reunidos en el Consejo. Levantaron sus manos los Secretarios de Estado que respondían directamente a Batlle, Jorge Pacheco Areco, Julio María Sanguinetti, Carlos Julio Pereyra y, desde luego, al Presidente de la República.
El proyecto de ley suprimía varios monopolios estatales (como los seguros y la fabricación de alcoholes) y autorizaba a varios organismos (como Antel, Pluna y la Administración Nacional de Puertos) a asociarse con privados. También incluía la liquidación de ILPE, el organismo estatal dedicado a la pesca. El día que el proyecto fue aprobado en el gabinete, el presidente Lacalle declaró: “No me cabe duda de que se trata (…) de la sesión del Consejo de Ministros más importante del período de gobierno”. Lacalle destacó en aquel momento el amplio apoyo que tenía la iniciativa: “Todos los sectores (…) que están en el gabinete han dado su apoyo expreso (…). Es un compromiso asumido libremente, patrióticamente y entusiastamente por los principales dirigentes del Partido Colorado –los doctores Sanguinetti, Batlle y el señor Jorge Pacheco Areco– en las conversaciones previas a la formación del gobierno, y dentro del Partido Nacional por todos los sectores que están integrados dentro del gabinete”.
El titular de “Búsqueda” de su edición del día 20 de septiembre resume la importancia y trascendencia del Consejo de Ministros: “Tras siete décadas de estatismo, el gobierno dio el primer paso para la reducción de su dominio industrial y comercial”.
Al dirigirse al país para informar sobre la resolución tomada, Lacalle dijo:
Se hacía claro que el lento trámite de la Ley de Empresas Públicas que se llevaba a cabo en la Cámara de Senadores terminaría mucho después de 1990. Ante la situación y las dificultades que desde su punto de vista entorpecían el diligenciamiento de los proyectos de ley que consideraba esenciales para su gestión, y preocupado por el desgaste que ello significaba para su administración, por primera vez desde que gobernaba el país, Luis Alberto Lacalle decidió pasar de lleno a la ofensiva en una actitud que causó sorpresa.
Dijo Lacalle en su discurso pronunciado en un gimnasio de la ciudad de Libertad:
Reclamó al Parlamento una “señal clara”, acerca de la voluntad de transformar el país. Después convocó a los “compatriotas” a:
Llegándose a casi la mitad de 1991 la Ley de Empresas Públicas continuaba su lento trámite en la Comisión del Senado: llegaba a ocho meses de estudios, tras los cuales se había resuelto quitar del proyecto la reforma del Puerto y de los servicios de Estiba por entender que el tema merecía una ley propia, en tanto que se habían agregado algunos artículos sobre el destino del dinero obtenido en los procesos de privatización futuros y establecimiento de sociedades anónimas mixtas para los acuerdos comerciales que celebren los entes con empresas privadas. El 15 de mayo el tema ingresó al plenario del Senado, momento en el que el doctor Américo Ricaldoni en nombre del Foro Batllista hizo llegar al senador Ignacio de Posadas las observaciones del proyecto anunciando que su grupo no votaría cinco artículos. No ofreció alternativa a esos artículos, pero tampoco les señaló defectos sustanciales. Habían pasado 14 meses desde que el documento inicial de trabajo había sido puesto en manos de todos los líderes políticos integrantes de la Coincidencia Nacional. Enterado de esta novedad durante una visita a Asunción del Paraguay el martes 14 de mayo, el presidente Lacalle, ante la pregunta de un periodista, señaló que:
El 25 de junio de 1991 veintiún senadores – todos los representantes de los partidos tradicionales con la excepción de Zumarán – alzaron la mano en el hemiciclo de la Cámara de Senadores para votar – en general – el proyecto de ley que comenzaba a revertir el papel que el Estado había mantenido durante décadas cumpliendo actividades industriales y comerciales. El bloque mayoritario – heterogéneo en su composición y con argumentos disímiles no se mantuvo a la hora de votar cada uno de los artículos que permitían la concesión de todos los servicios públicos a particulares. La discusión se había iniciado el 28 de mayo e hicieron falta ocho sesiones, en las que expusieron treinta Senadores. La votación final fue de 21 a favor (seis Herreristas, tres de Renovación y Victoria, tres de Movimiento de Rocha y los nueve colorados) y 10 en contra (siete del Frente Amplio, dos del Nuevo Espacio y Zumarán). El Foro Batllista (Sanguinetti) y la Cruzada 94 (Pablo Millor) no votaron cinco de los artículos, entre los que se encontraba el capítulo que concernía a las telecomunicaciones. En la Cámara de Diputados, asimismo después de maratónicas sesiones desarrolladas el 29 y 30 de septiembre, después de su estudio en la comisión la ley fue aprobada. +Votación en general de la Ley de Empresas Públicas en el SenadoFecha de votaciónVotos30x30px30x30px30x30px Total25 de junio de 1991 Mayoría requerida: absoluta de los presentes(16/31) 11 9 1No 1 7 2 A pesar de ello, en el mes de mayo, cuando el proyecto de ley estaba en la Comisión, el Frente Amplio hizo pública su propuesta de poner en práctica el mecanismo de referéndum en caso de que la iniciativa fuera aprobada, porque “está en peligro buena parte del patrimonio nacional que el liberalismo irresponsablemente se dispone a entregar”. Agregaba que la reforma “nos dejará un Estado inoperante” y pondría “en juego la soberanía misma del país”. Un documento denominado por la izquierda como “Grandes líneas de acción política: a discutirse en el II Congreso Nacional Ordinario, manifestaba que los partidos tradicionales proponen hacer al Estado funcional al modelo neoliberal y al modo de inserción del Uruguay en el sistema capitalista mundial orientado desde el exterior y enmarcado en la transnacionalizacion de la economía. El Frente Amplio debe movilizar la oposición a esa política entreguista, coordinando la acción parlamentaria y popular, en el acuerdo máximo posible con todas las fuerzas políticas dispuestas a cerrarle el paso al proyecto de derecha”.
El 1 de octubre, en un acto que contó con la participación notoria de Pacheco Areco y representantes de la Lista 15, además del Vicepresidente Gonzalo Aguirre Ramírez, Ministros y legisladores herreristas, el presidente Lacalle promulgó la Ley de Empresas Públicas que llevó el n.º 16.211 .
Plan de privatizaciones A las 24 horas de promulgada la Ley de Empresas Públicas, que había llegado a ser la principal meta del Presidente Lacalle desde que asumiera el cargo, comenzaron los trabajos para iniciar un gran plan privatizador que permitiese salir de la órbita del Estado a aquellas empresas que, como la Compañía de Gas, los Ferrocarriles del Estado, la Industria Lobera y Pesquera, y Pluna, entraban un déficit funcionario muy importante. El país pagaba mucho dinero para mantenerlas en servicio sin lograr ganancias, lo que acumulaba el déficit de las cuentas del gobierno. En una reunión especial del Consejo de Ministros, lápiz en mano, se pasó revista a todas las áreas industriales y comerciales que ocupaba el Estado y que, al amparo de la ley, podían ser traspasadas al ámbito privado. Al mismo tiempo se conocían informaciones sobre el interés de las principales compañías telefónicas del mundo en Antel, a través de contactos oficiales realizados por France Télécom, la italiana Stet, Telefónica de España y las norteamericanas Nymex, Bell Atlantic, BellSouth y GTE.
En el marco de la ley aprobada el Uruguay inició el camino de las grandes reformas del Estado, concretándose la privatización de la Compañía de Gas, que fue vendida al grupo francés Gaseba; se efectuó la liquidación de la Industria Lobera y Pesquera dejando el Estado de cumplir las deficitarias tareas de pesca que pasaron a manos privadas a igual que los servicios de tierra en el Aeropuerto de Carrasco; se encaró la privatización del transporte aéreo al interior del país; se otorgó la concesión de servicios de agua potable y saneamiento en zonas de Maldonado y se adjudicó el sistema de telefonía celular.
UTE empezó a adquirir electricidad generada por el sector privado y se puso en marcha, por régimen de concesión de obra pública, la construcción de la indispensable doble vía Montevideo - Punta del Este con una inversión privada que se estimó en unos cien millones de dólares, construida en grandes tramos durante la presidencia de Lacalle.
Los efectos de la ley se hicieron notar. Se otorgó la concesión a privados para que explotaran diversos hoteles y paradores turísticos, iniciándose en la transformación radical del marco normativo con el decreto n.º 681/991 del 31 de enero de 1991 que declaró de interés nacional la actividad de inversión en categoría de Complejos Turísticos, y estableciéndose exoneraciones impositivas. De esta forma se mejoró sustancialmente el servicio por medio de medidas que facilitaron la importación para el reciclaje y puesta a nuevo de las instalaciones, en algunos casos, y construcciones modernas en otros, en más de cien complejos en todo el país por un monto estimado de 800 millones de dólares con un incremento del 40% de la capacidad hotelera.
En lo que concierne al turismo, Punta del Este cambió su fisonomía y vida con dos obras trascendentes. La primera fue la construcción del nuevo y moderno aeropuerto de Laguna del Sauce, construido por el arquitecto Carlos Ott. La segunda fue la instalación del Hotel Conrad en los amplios terrenos de la Parada 3 que eran propiedad de AFE. Vendidos los terrenos, con el dinero obtenido se construyó el segundo liceo de Maldonado, obra ampliamente reclamada por el creciente número de habitantes de ese departamento.