El escándalo de los sobornos de Siemens en Argentina se refiere a los pagos ilegales que realizó la empresa Siemens en relación con una licitación pública convocada en 1996 por el gobierno argentino que incluía la impresión de los nuevos Documentos Nacionales de Identidad, de los padrones electorales y la informatización de los pasos fronterizos. Siemens declaró que los pagos tuvieron inicialmente el propósito de ganar la licitación y que más adelante se hicieron otros para tratar de evitar que las nuevas autoridades argentinas rescindieran el contrato.
Cuando a raíz de la crisis económica el Congreso Argentino dispuso en noviembre de 2000 la revisión de todos los contratos del Estado, el nuevo presidente, el radical Fernando de la Rúa realizó una renegociación en un clima de presiones por parte del gobierno alemán pero el acuerdo no pudo concretarse por la cerrada negativa de Siemens de revelar su estructura de costos. El gobierno rescindió el contrato en mayo de 2001 y la empresa inició juicio reclamando una importante indemnización de Argentina.
Como consecuencia de una investigación realizada en los Estados Unidos, que hacía peligrar sus negocios en ese país, Siemens reconoció en el año 2008 que había realizado dichos pagos ilegales e individualizó a algunos de los receptores de los mismos que, según su versión, incluían entre otros funcionarios al presidente Carlos Saúl Menem y a su Ministro del Interior Carlos Corach, ambos del entonces gobernante Partido Justicialista, quienes a su vez negaron categóricamente el hecho. A raíz de estas revelaciones se inició en Argentina una investigación judicial que todavía está en marcha.
Siemens reconoció que esos pagos eran parte de una práctica generalizada de soborno de funcionarios pues también lo había estado haciendo en otros países y en relación con casi 300 contratos.
Antecedentes de la licitación En 1991 el gobierno del presidente Menem había llegado a un preacuerdo con la empresa estatal francesa Sofremi para adjudicarle en forma directa la confección de los DNI pero ante los muchos cuestionamientos al procedimiento desistió de concretar el contrato y dispuso un llamado a licitación. Se considera que el caso fue uno de los detonantes de la renuncia del Ministro del Interior Julio Mera Figueroa y su reemplazo por José Luis Manzano. La sospecha de irregularidades sobre el procedimiento hicieron que en 1991 el juez Oscar Garzón Funes declarara ilegítimo el decreto que autorizaba la adjudicación.
En 1994 Menem firmó el decreto 1310/94, como consecuencia del cual el 26 de agosto de 1996 se realizó el llamado a licitación pública para instrumentar y operar un sistema de control migratorio y de identificación de personas. El juez Garzón Funes suspendió la licitación con el argumento de que ambas atribuciones eran funciones exclusivas del Estado Nacional, por lo que delegarlas en empresas privadas suponía un riesgo para la seguridad nacional pero su decisión fue revocada por la Cámara de Apelaciones.Carbone, Florencia: Demoran la renovación de los DNI publicado en el diario La Nación de Buenos Aires del 20-9-1998. Accedido 19-12-2008.
El cuestionamiento de la licitación Los diputados del Frepaso Darío Alessandro y Juan Pablo Cafiero sospechaban que la licitación había sido preparada a medida para que la ganara el empresario Alfredo Yabrán pero, según ellos afirman, el desprestigio que lo envolvió al ser involucrado en el asesinato del periodista gráfico José Luis Cabezas obligó al gobierno a modificar su estrategia. En los pedidos de suspensión de la licitación que sin éxito presentaron ante la justicia, los diputados objetaban que fuera obligatorio que los DNI se entregaran a domicilio -lo cual aumentaba su precio-, que debieran ser renovados al cumplir 30 años y que el Estado asumiera gastos que debieran estar a cargo de la adjudicataria. Criticaban también que al haberse reunido en una sola licitación diversas tareas la magnitud del proyecto hacía que solamente unas pocas empresas pudieran competir.Zommer, Laura: Un contrato que puede costar demasiado Publicado en el diario La Nación de Buenos Aires el 13-10-2002. Acceso el 19-12-2008
Si bien desde el gobierno se argumentaba que el pago que deberían hacer los ciudadanos para obtener el documento nacional de identidad financiaría el resto del proyecto, ello no era exacto, ya que Siemens percibiría también los trámites migratorios que se realizarán (la empresa cotizó 205,70 pesos para la solicitud de la admisión de residencia o la renovación), la impresión de los padrones ($ 11,90 cada 5000 electores y una copia) y los trámites de actualización del DNI y de cambio de domicilio. Con un padrón de no menos de 23 millones de ciudadanos la empresa cobraría por la impresión alrededor de 5.500.000 pesos equivalentes a la misma suma en dólares estadounidenses. En cuanto al precio del DNI, el preacuerdo de 1991 con la empresa estatal francesa Sofremi preveía cobrar siete dólares en tanto que en la licitación que ganó Siemens el precio máximo era de veinticinco dólares por documento, más el impuesto al Valor Agregado (IVA) y finalmente se le adjudicó en 30 dólares incluyendo el IVA y la distribución domiciliaria. En ese momento el DNI hecho por el Estado le costaba al ciudadano 15 dólares y el envío a domicilio (optativo) otros 10 dólares. Se estimaba que la recaudación en los seis años oscilaría entre 600 y 900 millones de dólares y que constituiría "un suculento negocio".
Uno de los consorcios perdidosos afirmaba que Siemens cobraría 1.260 millones de dólares por lo que no costaba más de 180 y que los DNI por los que se pagarían entre 30 y 40 dólares no podían costar más de 3.50 pesos-dólares de la época.Amato, Alberto: DNI: las intrigas y peleas para anular un contrato escandaloso publicado en el diario Clarín de Buenos Aires del 21-12-2008. Accedido 21-12-2008.
Garantía del Estado En el contrato firmado preveía que se emitieran 24 millones de nuevos documentos en cinco años pero si no se alcanza ese nivel el Estado debía pagar severas multas.El Estado, garante por los DNI publicado en el diario La Nación de Buenos Aires del 8-10-1998. Accedido 19-12-2008.
Asesoramiento sospechado Poco antes de que se dieran a conocer las evaluaciones de los participantes se hizo público que durante el proceso licitatorio Siemens recibió asesoramiento del exministro de Justicia del gobierno menemista Rodolfo Barra que, además, asesoraba al presidente Menem. Frente a los cuestionamientos éticos que se hicieron en ese momento, la empresa respondió que tenía un departamento legal que les asistía pero que necesitaron un "asesoramiento especial" y que Barra "era asesor del Presidente en una cuestión muy puntual: los derechos del nonato, por lo que no tenía ningún impedimento ético".Carbone, Florencia: Admiten influencia de los EE.UU. publicado en el diario La Nación de Buenos Aires del 9-3-1998. Accedido 19-12-2008.
Sorpresa por el resultado de la evaluación Hubo una sorpresa generalizada cuando en enero de 1998 se conoció que en la evaluación técnica realizada por el gobierno el puntaje adjudicado al grupo Itron (Franco Macri) (70%) - SHL Systemhouse Inc. (10%) - TWR System Overseas (10%) - Malam System (10%), constituido por Ciccone Calcográfica, OCA, MCI, Supercom, Raytheon, Ceitech, Gabriel Álvarez y Hewlett Packard, señalado como el gran favorito, fue de solo 8.08 puntos en la calificación técnica y de seguridad, y 8,55 en el aspecto gerencial financiero por lo que fue superado por el grupo Siemens IT Services SA (99%), integrado por Siemens-Nixdorf, Siemens SA, Printrak, Imaging Automation, Indra y Mailfast, con 9,19 y 8,91 puntos respectivamente. Esto colocaba a Siemens como virtual ganador porque como el aspecto evaluado representaba el 75% del resultado final, el otro grupo debería presentar una oferta económica 5 o 6 pesos menor a la de su competidor alemán para revertir las posiciones. El representante en la Argentina de Malam y socio de Macri, Israel Lotersztain, no ocultó su sorpresa y comentó en forma no oficial que el Gobierno había elogiado durante este tiempo su experiencia en el control fronterizo, y apuntó que la evaluación eliminó "toda participación israelí en el proyecto y la empresa que tendrá a su cargo el control fronterizo es una empresa alemana (Siemens) sin experiencia en el tema". Afirmó que la evaluación era contradictoria con el interés manifestado por el oficialismo por controlar el paso fronterizo de Ciudad del Este, en el Paraguay, después de los atentados contra la embajada de Israel y la AMIA.Carbone, Florencia: DNI: es Siemens el virtual ganador publicado en el diario La Nación de Buenos Aires del 28-1-1998. Accedido 19-12-2008.]
Firma del contrato El 6 de octubre de 1998 el gobierno firmó con la empresa alemana, el contrato que tres días después fue convalidado por el decreto 1342/98 firmado por el presidente Menem.
Comienzo de la ejecución y cambio de gobierno Siemens comenzó a realizar la informatización de algunos pasos fronterizos, la actualización de los padrones y la emisión de algunos DNI, sin embargo esto último debió suspenderse en febrero de 2000 cuando se comprobó que estaban mal confeccionados: en lugar del pulgar derecho se había estampado el izquierdo en cientos de documentos y en algunos casos la fotografía aparecía invertida.
La compañía alemana reconoció el error, pero vio detrás de ese episodio una maniobra detrás de la cual se encontrarían los integrantes de las dos reparticiones públicas que antes recibían parte de la recaudación (el Registro Nacional de las Personas y la policía Federal) y de las empresas perdidosas en la licitación.
En diciembre de 1999 el radical Fernando de la Rúa que había encabezado la Alianza (Argentina) asumió la Presidencia en reemplazo de Menem que terminó su mandato y encontró que en el presupuesto de 2000 aprobado por la administración justicialista no estaban previstos los recursos necesarios para seguir el contrato, esto es el pago -a la tarifa común- que debía hacer el Estado de los documentos de aquellas personas que no tenían dinero para hacerlo, cantidad que se estimaba correspondía a más del 50% de los aproximadamente 300.000 trámites que se realizan anualmente.
Oposición del Defensor del Pueblo El 26 de julio de 2000, Eduardo R.Mondino, quien ejercía el cargo de Defensor del Pueblo, afirmó que la licitación no tenía el marco legal adecuado. EN este sentido, recomendó al Ministerio del Interior que se llamara a concurso nacional e internacional para la contratación de un servicio integral para la implantación y operación de un sistema de control migratorio y de identificación de personas y dictaminó que "la contratación realizada es, ni más ni menos, que la privatización de una actividad propia del Estado".Oposición de la Defensoría del Pueblo publicado en el diario La Nación de Buenos Aires del 27-7-2000. Accedido 19-12-2008.
Renegociación con el nuevo gobierno de la Alianza Juzgando que el contrato era inconveniente para el Estado porque era muy oneroso tanto para los ciudadanos como para el Estado, y que requería millonarias erogaciones estatales, De la Rúa buscó inicialmente renegociar el contrato para que por fin pudieran hacerse documentos de identidad más seguros y se evitara una rescisión en la que veía el riesgo de que Siemens hiciera, como luego efectivamente ocurrió, un importante reclamo a título de indemnización.