La masacre de Porvenir fue una masacre que aconteció el 11 de septiembre de 2008 en Bolivia, cerca de la población de Porvenir (cercana de la ciudad de Cobija, capital del departamento de Pando (Bolivia), durante el gobierno de Evo Morales. Tuvo como resultado la muerte de 13 campesinos y de dos funcionarios del departamento de Pando.
Investigaciones realizadas por equipos enviados por la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas), concluyó que en Porvenir hubo una «masacre planificada» y que los responsables debían ser llevados a juicio. Sin embargo, el organismo dijo que el trabajo no estaba completo, porque no se investigó a profundidad la muerte de los dos funcionarios prefecturales, Pedro Oshiro y Alfredo Céspedes. «Hemos adoptado una actitud de imparcialidad, escuchamos todas las voces, las del sector cívico-prefectural opositoras al presidente Evo Morales, y a los sectores campesinos, que fueron las víctimas principales», y agregó «Cruzaron el río sin saber nadar, de modo que indudablemente está el peligro de que sean más los muertos, y además tenemos pruebas de que los heridos fueron agredidos en los hospitales, por eso seremos muy precisos al calificar estas graves situaciones», dijo el reporte de UNASUR.
Los hechos violentos de Porvenir tuvieron lugar una semana después de que 50 camiones, con cargamento de contrabando, pasaran por el Departamento de Pando y fueran acusados de pertenecer al ministro Juan Ramón Quintana. La Prefectura de Pando, afín a los departamentos del oriente boliviano que conforman la «Media Luna», bloque opositor que por entonces buscaba instalar la cuestión de las autonomías en la Asamblea Constituyente, con mayoría de miembros pertenecientes al MAS, de Evo Morales, que redactaba en Sucre la nueva Constitución. Los conflictos políticos en torno a la Asamblea Constituyente se desarrollaban con protestas constantes, que entorpecieron considerablemente el accionar de la gestión de Morales. Un vídeo del ministro Quintana, que en el trópico de Cochabamba se dirigió a las bases de Evo, citó un fragmento de un discurso en el cuál (refiriéndose al Prefecto Leopoldo Fernández) dijo: «¡Lo vamos a enterrar vivo!». Dias después ocurre el enfrentamiento en Porvenir. Posteriormente el ejército fué enviado para retomar el aeropuerto de Cobija, dejando como saldo dos muertos y varios heridos.
Desde el 16 de septiembre de 2008, el prefecto Leopoldo Fernández junto a varios de sus colaboradores se encuentran internados Cárcel de San Pedro en la ciudad de La Paz, mientras el caso se encuentra en proceso de investigación por parte de la Fiscalía debido a las muertes y supestas torturas a los campesinos.
Antecedentes Referéndum revocatorio
Desde el triunfo del MAS y el acceso al Gobierno nacional de Evo Morales modificó de raíz las relaciones de fuerza entre sectores sociales, étnicos y territoriales. Frente a ello, los sectores no indígenas predominantes en los departamentos de la Media Luna (Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija), adoptaron una estrategia autonomista, con el fin de descentralizar el poder nacional, que desde épocas republicanas habría tenido una repartición desigual de las regalías de acuerdo a la producción de cada departamento y reducir el poder del Gobierno nacional, controlado por el MAS. En ese camino, los departamentos opositores, decidieron dictar estatutos autonomistas, medida que previo al ascenso de Morales había estado en desarrollo, en un proceso conocido como referéndum autonómico.
La negativa de los departamentos opositores, mediante la creación de estatutos de autonomía que no estaban previstos ni reconocidos por la Constitución en vigencia, tensó el conflicto y llevó a realizar un referéndum revocatorio.
El 10 de agosto de 2008, se celebró el referendo revocatorio de Bolivia en los mandatos del presidente Evo Morales, su vicepresidente Álvaro García Linera y ocho de los nueve prefectos regionales. Evo Morales ganó el referéndum con un 67 % del «Sí», y que él y García Linera fueron ratificados en el puesto,Bolivia Information Forum News Dos de los prefectos, ambos alineados con la oposición política, no lograron obtener el apoyo suficiente y sus mandatos fueron revocados con nuevos prefectos para ser elegidos en su lugar. Las elecciones fueron supervisadas por más de 400 observadores, incluidos los observadores electorales de la Organización de los Estados Americanos, Parlamento Europeo y Mercosur. agudizando de ese modo el conflicto, ante el fortalecimiento de ambas partes.
Golpe de estado
El 26 de agosto, después de la victoria de Morales en el referéndum revocatorio, el Gobierno de Morales afirmó que las fuerzas de derecha encabezadas por Rubén Costas, Mario Cossio, Leopoldo Fernández y Ernesto Suárez«Un año después: verdugos con la misma estrategia, las víctimas más dignas que nunca», artículo del 9 de septiembre de 2009 en el sitio web Asamblea de Apoyo a Bolivia. con el respaldo de Philip Goldberg (embajador de Estados Unidos en Bolivia) decidió ignorar el resultado de la votación y en septiembre de 2008 y se puso en marcha un proceso civil de golpe de Estado, tomando edificios públicos y aeropuertos en los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando, Tarija; ataques a funcionarios del Gobierno y partidarios de Morales, y llamando a la desobediencia civil. En respuesta el presidente Evo Morales ordenó a las fuerzas armadas proteger las instalaciones gasíferas y gasoductos y denunció a la oposición por intentar un «golpe de Estado civil».«Califica Evo Morales de "golpe civil" la agresión a policías» , artículo del 20 de agosto de 2008 en el diario El Financiero (México).
Este hecho llevó a una protesta formal del Gobierno boliviano exigiendo al Gobierno del presidente estadounidense George W. Bush mantenerse alejado del conflicto., artículo del 27 de agosto de 2008 en el sitio web del CEDIB (Centro de Difusión e Información de Bolivia). El embajador Goldberg explicó que la reunión no fue secreta y que en la misma solamente había entregado ayuda a las Olimpiadas Especiales y para cooperación tecnológica para la Expoteleinfo.«Choquehuanca le pide a Goldberg que no se reúna con Rubén Costas», artículo del 27 de agosto de 2008 en el diario El Deber. Consultado el 21 de septiembre de 2008.
Sucesos 11 de septiembre de 2008: Entre las 2:30 y 16:00 campesinos, pobladores de Filadelfia, Porvenir y Cobija se enfrentan a tiros. El saldo es de 15 muertos y 40 heridos. 12 de septiembre: Las Fuerzas Armadas retoman el aeropuerto Aníbal Arab de Cobija. Se produce un enfrentamiento y mueren un pastor y un soldado. Nueve resultan heridos. El Gobierno decreta estado de sitio en todo el departamento. 13 de septiembre: En Cobija, una manifestación de protesta desafía el estado de sitio. El Ejército entra en la ciudad, ingresa en las casas de dirigentes departamentales, haciendo explotar las puertas y realizando disparos en el interior de las mismas. 14 de septiembre: El fiscal general de la República anuncia proceso por genocidio contra Leopoldo Fernández, Miguel Becerra y Abraham Cuéllar. 15 de septiembre: 11 personas son trasladadas a La Paz en calidad de confinados. Son acusados de haber participado en la matanza de campesinos. 16 de septiembre: Leopoldo Fernández es hecho prisionero por el Ejército y enviado en el avión presidencial a La Paz. Llegan el defensor del pueblo, Waldo Albarracín, y una comisión de fiscales. 17 de septiembre: Más de 400 personas cruzan la frontera con Brasil, para buscar refugio político en Brasileia y Epitaciolanadia. 18 de septiembre: Asume el secretario general de la Prefectura de Pando, Dari Bautista. La comisión de fiscales realiza necropsias a los fallecidos. 19 de septiembre: Continúan las necropsias. El ministro Rada pide la expulsión de los bolivianos en Brasileia y Epitaciolandia. El Ejército brasileño se niega a realizar la expulsión por razones humanitarias. 20 de septiembre: El Gobierno posesiona al contaalmirante Rafael Bandeira como prefecto militar de Cobija.
Expulsión del embajador de Estados Unidos
El 10 de septiembre de 2008 el presidente Evo Morales declaró persona no grata a Philip Goldberg (embajador de Estados Unidos), a quien le pidió salir del país tras acusarlo de alentar la ola de protestas desatada por opositores a su Gobierno, que han degenerado en violencia.
Apoyo de UNASUR
La UNASUR fue un factor de gran importancia en el aislamiento de los conspiradores, ya que en reunión de emergencia llamada por la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, en el Palacio de la Moneda el 15 de septiembre de 2008 le dieron todo su respaldo al Gobierno democrático de Bolivia en la Declaración de la Moneda:
Investigación de la Comisión de UNASUR
Los resultados de la Comisión Especial de UNASUR dirigida por el jurista argentino Rodolfo Mattarollo, tienen el siguiente tenor:
El informe final de la Comisión Especial de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) concluyó que la masacre en Pando del 11 de septiembre de 2008 fue organizada bajo una cadena de mando prefectural, y el atentado contra la vida y la integridad de las personas en esos hechos fueron delitos comunes que a los que corresponde ser procesados bajo la justicia ordinaria.
«A la luz de los hechos, la Comisión concluye que no se está ante delitos de función y esto, conforme a la misma jurisprudencia del Tribunal Constitucional de Bolivia. En efecto, la función pública no consiste en atentar contra la vida y la integridad personal de los ciudadanos, los delitos de esa naturaleza, no pueden ser nunca delitos de función. Se trata de delitos comunes que deben ser juzgados por la justicia ordinaria», señala la octava conclusión del informe.
Estas son algunas de las 10 conclusiones que contempla el informe de la Comisión Especial que estuvo liderada por el jurista argentino, Rodolfo Mattarollo, quien fue el encargado de hacer al entrega el miércoles de este documento al presidente Evo Morales en instalaciones del hall de Palacio Quemado.
En el acto participaron los miembros de esta Comisión investigadora de los países miembros de la Unasur, autoridades nacionales, familiares de víctimas de la masacre de Porvenir, medios de prensa, entre otros.
Además, el informe determinó sobre los sucesos sangrientos el pasado 11 de septiembre en el departamento boliviano de Pando, concluyó que la masacre de campesinos fue premeditada y constituye un crimen de lesa humanidad.
Mattarollo aclaró que el informe fue firmado por todos los delegados unánimemente que trabajaron en esta investigación.
La Comisión Especial fue creada por la Declaración de la Moneda, de 15 de septiembre pasado, para investigar los trágicos hechos acaecidos en Pando, donde al menos 20 personas resultaron muertas, decenas heridas y desaparecidas, a manos de sicarios presumiblemente vinculados al exprefecto Leopoldo Fernández, preso en la cárcel de San Pedro de La Paz.
Tras varias semanas de trabajo, que incluyeron visitas al lugar de los hechos, testimonios y la opinión de peritos, la Comisión elaboró un informe que contiene conclusiones y recomendaciones que fueron puestas en conocimiento del presidente boliviano Evo Morales. A dicho informe tiempo después se le encontraron fallos y falacias.
La Comisión Especial está encabezada por el jurista Rodolfo Mattarollo a quien secundan Juan Gabriel Valdés y Luciano Fouillioux (Chile), Fermino Fechio (Brasil), Francisco Borja (Ecuador), Guido Toro (Perú), Carlos Pita (Uruguay), Freddy Gutiérrez (Venezuela), Fulvia Benavides (Colombia) y Nicolás Gutman, Eduardo Zuain y Ciro Annichiarico (Argentina).
Cadena de mando