La economía sumergida en España hace referencia al conjunto de actividades económicas que se desarrollan al margen del control fiscal y de la Administración pública. Se trata de un fenómeno de naturaleza tanto económica como social, que mantiene una presencia significativa en la economía española. Aunque su peso sobre el PIB ha disminuido en comparación con los primeros años del siglo XXI, continúa representando entre un 15% y 24% del PIB.
Presenta un carácter estructural y persistente, explicado por diversos factores económicos e institucionales. Asimismo, supone una merma considerable de los recursos públicos y provoca distorsiones en los indicadores macroeconómicos, el deterioro de las condiciones laborales y el aumento de la desigualdad económica.
Aunque están relacionados, la economía sumergida y el fraude fiscal no son conceptos equivalentes, ya que el primero implica la ocultación de actividades económicas, mientras que el segundo se refiere al incumplimiento deliberado de las obligaciones tributarias.
Historia En 2007, la economía sumergida en España se estimaba entre el 18,6 % y el 24,6 % del producto interior bruto (PIB), lo que representaba aproximadamente 240.000 millones de euros. Distintos estudios de organismos como el Instituto de Estudios Fiscales, el Banco de España, el Consejo Económico y Social (CES), el Banco Mundial y la Unión Europea situaban en ese año la economía sumergida española en una horquilla de entre el 20 % y el 25 % del PIB, frente a una media europea de entre el 15 % y el 20 %, sin incluir en algunos casos a los países del este incorporados tras 1990.En 2008, según datos del Ministerio de Economía y Hacienda de España, las principales bolsas de fraude se concentraban en las operaciones de compraventa vinculadas al sector inmobiliario y en las actividades de determinadas profesiones liberales. La evasión fiscal en el sector inmobiliario se estimaba en unos 8.600 millones de euros anuales. Asimismo, el 95,8 % de las sociedades con una facturación de entre 1,8 y 6 millones de euros (alrededor de 57.700 empresas) no estaban sujetas a auditoría obligatoria, lo que dificultaba el control fiscal.
La economía sumergida en España experimentó un notable crecimiento entre los años 2000 y 2011, especialmente durante el periodo 2008-2012, coincidiendo con la crisis económica española (2008-2014), que provocó el estallido de la burbuja inmobiliaria y una crisis institucional. En 2012, la tasa de desempleo alcanzaba el 26 % de la población activa. Como consecuencias de la crisis, se adoptaron diversas medidas de consolidación fiscal orientadas a reducir el déficit público, entre ellas la subida del impuesto sobre el valor añadido (IVA) al 21 % y la reducción del gasto en ámbitos como sanidad, educación y cultura en torno al 8 %. Asimismo, se introdujeron modificaciones en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Además, se conocieron numerosos casos de corrupción y malversación de fondos públicos. En este contexto, algunos estudios apuntan a que esta situación pudo incentivar el recurso a la economía sumergida como forma de desafección o respuesta frente a las instituciones. Los billetes de 500 euros adquirieron un peso significativo en el dinero en circulación en España en esa época. En 2007, estos billetes representaban el 25 % del total en circulación en la eurozona y han sido frecuentemene asociados al fraude fiscal.
A lo largo de los años, se ha observado un cambio en el tipo de fraude fiscal denunciado en España. En 2017, Según Carlos Cruzado, presidente de GESTHA, los casos reportados tendían cada vez más a operaciones menores, en lugar de grandes empresas o multinacionales, que tradicionalmente concentraban gran parte del fraude fiscal. El desplome de las denuncias en ciertos periodos se atribuyó a varios factores: limitaciones en las competencias de los técnicos en la lucha contra el fraude, la instrucción de la Agencia Tributaria de centrarse principalmente en investigaciones parciales, la amnistía fiscal de 2012 (posteriormente declarada inconstitucional) y la modificación del artículo 305 del Código Penal.
En 2022, según las estimaciones de Schneider y Asllani, la economía sumergida en España representaba el 15,8 % del producto interior bruto, situándose por debajo de la media de la Unión Europea (17,3 %). Esta diferencia supone la mayor convergencia con el entorno europeo desde comienzos de siglo.En 2025, según los datos publicados por el Centro para la Investigación de las Políticas Económicas, la economía sumergida en España era el 24 % del PIB, el tercer país de la Unión Europea con mayor proporción de economía sumergida, tras Grecia e Italia.
Diversas filtraciones internacionales, como los Papeles de Panamá, Football Leaks, Paradise Papers o la Lista Falciani han puesto de manifiesto la existencia de redes globales de evasión fiscal y economía no declarada, afectando también a individuos y empresas españolas.
Impacto de la pandemia y afloramiento de la economía sumergida Un análisis recogido por El Salto (diario) a partir de un artículo del Financial Times señaló que parte del aumento de la recaudación fiscal en España tras la Pandemia de COVID-19 se debió al afloramiento de actividades que antes operaban en la economía sumergida y que pasaron a tributar al quedar formalizadas. El medio británico señaló que otros factores como el crecimiento económico y la inflación explican solo en parte el aumento de la recaudación, y que España superó a países como Francia, Alemania, Italia, Portugal y Grecia incluso ajustando por inflación. Según el artículo, durante la pandemia muchas empresas y trabajadores formalizaron su actividad para poder acceder a ayudas públicas, incluyendo programas de ERTE y créditos avalados por el Estado, a los que no podían optar si operaban en la economía sumergida.
Asimismo, el artículo señala que la sustitución del dinero en efectivo por pagos electrónicos, mediante tarjetas de crédito y débito, dificultó que algunas empresas mantuvieran contabilidad en B, aumentando la trazabilidad de las transacciones económicas y reduciendo en parte la economía sumergida.Las estimaciones disponibles de Schneider y Asllani muestran un repunte de la economía sumergida en 2020 como consecuencia de la pandemia de COVID-19, seguido de una reducción en los años posteriores, en línea con la recuperación económica.
Uso de efectivo y digitalización El aumento del uso de medios de pago electrónicos frente al efectivo ha contribuido a reducir la economía sumergida, al facilitar la trazabilidad de las transacciones. Se estima que este fenómeno, junto con una mejora en el cumplimiento fiscal, habría incrementado la recaudación del IVA en unos 6200 millones de euros entre 2019 y 2022.
Diversos estudios señalan que el uso de dinero en efectivo está estrechamente relacionado con la economía sumergida, al facilitar la realización de transacciones difíciles de rastrear por las autoridades fiscales. En el caso de España, una parte significativa de la actividad no declarada se realiza mediante pagos en efectivo. La progresiva digitalización de los medios de pago, impulsada por el uso de tarjetas, transferencias o aplicaciones móviles, ha contribuido a aumentar la trazabilidad de las transacciones económicas, lo que podría limitar el alcance de la economía sumergida. Aunque la reducción del uso de efectivo no implica necesariamente la desaparición de la economía sumergida, ya que pueden surgir nuevos mecanismos de evasión fiscal, como el uso de tecnologías digitales o criptomonedas.
Causas La economía sumergida en España presenta un carácter estructural y persistente, explicado por diversos factores económicos, sociales e institucionales. Entre ellos destacan la carga fiscal y las cotizaciones sociales, la complejidad regulatoria y la denominada moral tributaria, que influye en la disposición de los contribuyentes a cumplir con sus obligaciones fiscales. Asimismo, factores como el desempleo, la precariedad laboral o la necesidad de supervivencia económica de determinados colectivos contribuyen a la existencia de actividades no declaradas, especialmente en contextos de crisis económica.
De forma más específica, estos factores pueden agruparse en tres grandes categorías: razones monetarias, relacionadas con la evasión de impuestos y cotizaciones sociales; razones regulatorias, vinculadas a la evitación de cargas administrativas o limitaciones normativas; y razones institucionales, asociadas a la calidad de las instituciones, la corrupción o la debilidad en la aplicación de la ley.
Asimismo, desde una perspectiva ética, diversos estudios señalan la denominada ética cívica y la moralidad fiscal en la persistencia de la economía sumergida, que, según algunos estudios, explicaría más del 20% de la misma. Una baja confianza en las instituciones y una débil interiorización de las normas fiscales pueden favorecer una mayor tolerancia social hacia estas prácticas. En este sentido, el cumplimiento de las obligaciones tributarias no depende únicamente de factores coercitivos, como las sanciones, sino también de la existencia de valores compartidos y de una motivación intrínseca de los ciudadanos para contribuir al sostenimiento de los servicios públicos.
Algunos análisis destacan también limitaciones en los mecanismos de control y supervisión, como la escasez de recursos de la administración tributaria en comparación con otros países europeos, lo que puede dificultar la detección y persecución de estas actividades.
Lucha contra el fraude fiscal La lucha contra la economía sumergida en España se articula principalmente a través de la actuación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT). En 2024, este organismo ingresó 18928 millones de euros como resultado de sus actuaciones de prevención y control del fraude fiscal, lo que supuso un incremento del 13 % respecto al año anterior. Estas actuaciones incluyeron cerca de dos millones de controles e inspecciones, así como intervenciones específicas en sectores de riesgo vinculados a la economía sumergida. En este contexto, se detectaron ventas ocultas por valor de 431 millones de euros. Entre las líneas de actuación más relevantes se encuentran el control de grandes patrimonios, la supervisión de operaciones internacionales y el seguimiento de nuevas formas de fraude vinculadas a tecnologías digitales, como las criptomonedas.
Entre las prácticas detectadas destaca la simulación de residencia fiscal en el extranjero con el fin de eludir impuestos. En 2023, la AEAT identificó a 136 contribuyentes que declararon residir fuera de España pese a mantener su residencia efectiva en el país, lo que dio lugar a regularizaciones por importe de 27,7 millones de euros.
En el ámbito laboral, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social desempeña un papel central en la detección de empleo irregular vinculado a la economía sumergida. En 2024, este organismo afloró más de noventa mil empleos no declarados, incluyendo trabajadores sin alta en la Seguridad Social, falsos autónomos, falsos becarios y situaciones de infracotización en contratos a tiempo parcial. Como resultado de estas actuaciones, se produjeron más de cincuenta mil altas en la Seguridad Social y se intensificó la vigilancia en sectores especialmente afectados por la economía sumergida, como la hostelería, los servicios y el comercio.
Consecuencias La economía sumergida tiene efectos directos sobre las finanzas públicas, al reducir la recaudación fiscal y limitar la capacidad del Estado para financiar servicios públicos. Además, puede distorsionar indicadores macroeconómicos como el producto interior bruto o el empleo.