El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) de España es el departamento de la Administración General del Estado encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno de la Nación en materia de ciencia, desarrollo tecnológico e innovación en todos los sectores, incluyendo la investigación científica, así como de la propuesta y ejecución de la política universitaria.
En España, la Administración central y las comunidades autónomas tienen competencias compartidas en el fomento de la investigación científica y técnica, siendo el Estado el encargado de la coordinación general en esta materia. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha reiterado su doctrina en relación con la coordinación estatal negando que esta pueda llegar a tal grado de concreción y desarrollo que deje vacías de contenido a las competencias de las regiones españolas, debiendo garantizarse un equilibrio competencial. Esta coordinación se hace a través del Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación (CPCTI).
Por lo que respecta a la educación universitaria y respetando la autonomía de las universidades, el Ministerio de Ciencia establece la política universitaria y define el marco para la creación y reconocimiento de universidades, así como de los títulos oficiales, mientras que las autonomías desarrollan la normativa y se aseguran de su cumplimiento. Para la coordinación de todos los actores implicados existen la Conferencia General de Política Universitaria y el Consejo de Universidades.
Este ministerio, que ha existido de forma independiente en cuatro etapas de la historia de España, se creó por primera vez en 1979, junto con el Ministerio de Política Territorial. En cuanto a su sede, esta se halla en el número 162 del paseo de la Castellana, aunque no siempre fue así, puesto que en el pasado se ha establecido en otros lugares, pero siempre en la ciudad de Madrid.
Historia
Época temprana Históricamente, las competencias culturales y científicas fueron ejercidas directamente por distintos monarcas españoles, tanto mediante encargos privados como con la creación de instituciones científico-culturales como las Reales Academias, pero, con el paso del tiempo, fueron delegando en los distintos departamentos administrativos que, desde el , crearon para gestionar una acción política cada vez más compleja. Así, desde principios de este siglo fueron las Secretarías de Estado y del Despacho las que asumieron estas competencias, primero la de Justicia y luego la de Gobernación.
Con la creación del Ministerio de Fomento en 1847, se agrupan estas responsabilidades en este nuevo departamento, estrechamente ligadas a todo lo relativo a la educación, motivo por el cual, tanto en el proyecto de Ministerio de Instrucción Pública de 1886 como en la definitiva creación de este Ministerio en 1900, estas competencias conformaron el origen del nuevo departamento.
La evolución de la ciencia en la Administración
Durante todo el , fue el Ministerio de Educación el que asumió las competencias de ámbito científico. Al principio, estas responsabilidades recaían sobre la Subsecretaría, a través de secciones como las de Universidades e Institutos, y de Bellas Artes. Con el paso del tiempo el nivel de los órganos fue en aumento, con el establecimiento de algunos nuevos como la Dirección General de Bellas Artes en 1915, y se crearon los primeros organismos para el fomento de la investigación científica, como fue el caso de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) en 1907.
Precisamente, esta Junta es la antecesora directa del actual Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), organismo creado en 1939 y que desde entonces ha sido el principal organismo científico de España. En 1958 se creó la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica, adscrita a la Presidencia del Gobierno, para impulsar y modernizar la política científica española.De Los tónicos de la voluntad al programa Ramón y Cajal . Javier López Facal. Revista Quark, Número 22-23, octubre 2001 - marzo 2002 izquierda|miniaturadeimagen|230x230px|El ministro de Educación y Ciencia, Villar Palasí (c.), en un acto en la Universidad de Oviedo. Años 1970. Siguiendo con esta tendencia, la importancia de la ciencia fue tal que en 1966 el propio Ministerio de Educación se renombró como Ministerio de Educación y Ciencia, ejecutando las políticas científicas con órganos administrativos de mayor especialización, como la Dirección General de Enseñanza Superior e Investigación (posteriormente llamada Dirección General de Universidades e Investigación). En el tramo final de esta etapa, esta dirección general se centró únicamente en la educación superior y, en 1976, se creó una dirección general independiente para la ciencia, la Dirección General de Política Científica.
A finales de la década de 1970, se crearon otros organismos como el Instituto de Astrofísica de Canarias y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, y las competencias científico-universitarias obtuvieron otro incremento del nivel orgánico al crearse la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación en 1977.
Creación del Ministerio 1979 fue un año clave para la política científica. En este año, se crea el Ministerio de Universidades e Investigación, el primer ministerio independiente de ciencia, que asumió las funciones que ejercía el Ministerio de Educación y Ciencia a través de la Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, que se suprimió, así como las de las direcciones generales de Universidades y de Política Científica, las del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, las del Instituto de España y las de la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica, hasta entonces dependiente de la Presidencia del Gobierno. Este departamento apenas duró dos años, siendo suprimido en febrero de 1981 y regresando sus funciones al Departamento de Educación. Mientras existió, cabe destacar, entre otros, la creación de las Facultades de Psicología en 1979, la fundación de la Real Academia Extremeña de las Letras y las Artes, y la transformación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en organismo autónomo, estos últimos en 1980. Asimismo, en ese año también se creó el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología (MUNCYT), por aquel entonces dependiente del Ministerio de Cultura, y se estableció el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), un organismo independiente que reemplazó a la Junta de Energía Nuclear (JEN) en sus funciones de control y garantía de la seguridad nuclear y protección radiológica.
Preguntados los cuatro rectores de las universidades madrileñas por la supresión del ministerio, se encontraron opiniones dispares. Para Francisco Bustelo (UCM) fue un retroceso, para Rafael Portaencasa (UPM) y Tomás Ramón Fernández (UNED) no supuso mayor problema, así como Pedro Martínez Montávez (UAM) no entró a valorarlo por considerar que el ministerio no tuvo tiempo para desarrollar sus políticas. Los cuatro sí estuvieron de acuerdo en la importancia de que no se alterase el presupuesto ni la influencia que pudiera llegar a tener la restablecida Secretaría de Estado de Universidades e Investigación.
Transición y consolidación de la democracia miniaturadeimagen|230x230px|Felipe González y José María Maravall durante la presentación del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico. Año 1988. Durante el interregno que siguió a la eliminación del ministerio y, tras la crítica de prestigiosos científicos españoles como el Premio Nobel Severo Ochoa debido a la pasividad de las instituciones españolas en relación con la ciencia, se aprobó la primera ley de ciencia, la Ley 13/1986, de 14 de abril, de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, que marcó el establecimiento de manera regular de una política científica y tecnológica en España. Gracias a esta ley, España pasó de un 0,3 % de aportación al conocimiento científico mundial en 1981 a un 3,1 % en 2003. Asimismo, esta ley reformó la Junta de Energía Nuclear, mermada de competencias desde 1980, configurándola como un organismo de investigación científica y tecnológica en el ámbito de la energía y la renombró como Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT). En paralelo, se crea el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), por aquel entonces dependiente del Ministerio de Sanidad y Consumo. izquierda|miniaturadeimagen|230x230px|Videoconferencia del presidente del Gobierno, José María Aznar, y el ministro de Ciencia, Juan Costa, con el astronauta Pedro Duque, futuro ministro de Ciencia. Año 2003. Tras casi dos décadas en Educación, en el año 2000 el presidente del Gobierno, José María Aznar, creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología (MCyT) que agrupaba las competencias sobre investigación científica del Ministerio de Educación, y las competencias sobre desarrollo tecnológico del Ministerio de Industria y Energía, incluyendo las telecomunicaciones, reteniendo el entonces Ministerio de Educación, Cultura y Deporte las competencias universitarias. Este organismo fue definido por la ministra Anna Birulés como un departamento que tenía «el reto pero también la oportunidad de convertir en realidad, en el horizonte temporal de esta legislatura, el proceso decidido de impulso de la cultura de la innovación en nuestro país».
Esta etapa no tuvo muchas novedades de ámbito científico, pero sí dentro del ámbito tecnológico, pues gracias al impulso de la nueva Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información se creó el Plan de Acción «Info XXI» en el año 2001, y se aprobaron las primeras leyes de Internet: Ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (2002), Ley General de Telecomunicaciones (2003) y Ley de firma electrónica (2003). También, se puso en marcha la Entidad Pública Empresarial Red.es. miniaturadeimagen|La vicepresidenta Fernández de la Vega entrega la cartera de ciencia a Cristina Garmendia. Año 2008. Como empezaba a ser costumbre, el cambio de gobierno supuso una nueva disolución para el departamento ministerial y otra reintegración en el Ministerio de Educación. Sin embargo, en su segundo mandato, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, volvió a otorgar rango ministerial a las competencias científicas con el Ministerio de Ciencia e Innovación, con el objetivo, tal y como explicó la ministra Cristina Garmendia, de «estar menos pendientes de la construcción y más pendientes de servicios del conocimiento, invertir más en ciencia y tecnología, ayudar a las empresas a innovar y coordinar universidades y centros de investigación». En 2009 perdió las competencias universitarias, que volvieron a Educación.
A pesar de las intenciones iniciales de la ministra, el protagonismo de la construcción no cesó y, con el estallido de la burbuja inmobiliaria y la posterior crisis económica, hizo que el entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en un esfuerzo por reducir el gasto público, integrara las competencias científicas en el Ministerio de Economía entre 2012 y 2018. Durante este periodo se creó, con numerosos retrasos, la Agencia Estatal de Investigación (AEI), siendo actualmente la principal agencia de financiación científica de España.
El impulso del espacio miniaturadeimagen|El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Ciencia, Diana Morant, en una reunión con el administrador de la NASA, Bill Nelson.|izquierda