El golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 o golpe cívico-militar de 1976 fue una acción cívico-militar que interrumpió la democracia, derrocó a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, tanto de la Nación como de las provincias y arrestó a la presidenta peronista María Estela Martínez de Perón. El golpe inauguró la dictadura cívico-militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional, presidido por la Junta Militar y un presidente de facto. Los golpistas estuvieron motivados principalmente por sectores conservadores, anticomunistas y antiperonistas apoyados por Henry Kissinger, quien se desempeñaba como Secretario de Estado durante la administración de Gerald Ford. Aunque Kissinger había asumido el cargo bajo el mandato de Richard Nixon, su apoyo a la Junta Militar argentina se manifestó principalmente tras el ascenso de Ford a la presidencia en 1974.

La dictadura se caracterizó por implementar un plan sistemático de terrorismo de Estado, que permaneció en el poder hasta 1983. El golpe fue planificado y ejecutado en el marco del Plan Cóndor, un sistema clandestino de coordinación represiva entre países latinoamericanos que fue promovido por varios gobiernos de Estados Unidos, como parte de la doctrina de la seguridad nacional, que generalizó las dictaduras en América Latina con el fin de mantener el control sobre esos países durante la Guerra Fría. Fue el sexto y último golpe de Estado exitoso de la serie de golpes de Estado iniciada en 1930, que impidió que se consolidara la democracia en Argentina hasta fines del , luego de que se aprobara el voto secreto en 1916. Los líderes del golpe fueron juzgados y condenados luego de la recuperación de la democracia en diciembre de 1983, por cometer miles de crímenes de lesa humanidad.

En 2002, el parlamento argentino estableció el 24 de marzo como Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia para la conmemoración en homenaje a las víctimas de la dictadura.

Reseña histórica thumb|180px|Jorge Rafael Videla asumiría como presidente de facto tras el golpe. El alzamiento cívico-militar perpetrado el miércoles 24 de marzo de 1976 comenzó su preparación con mucha anticipación. Para entonces, Argentina, junto a Colombia y Venezuela eran los únicos tres países de Sudamérica que mantenían gobiernos democráticos, en tanto que casi todos los demás países estaban gobernados por dictaduras militares (Hugo Banzer en Bolivia, Ernesto Geisel en Brasil, Augusto Pinochet en Chile, Francisco Morales Bermúdez en Perú, Alfredo Stroessner en Paraguay, el Consejo Supremo de Gobierno en Ecuador y Juan María Bordaberry en Uruguay), sostenidas por los Estados Unidos en el contexto de la Doctrina de seguridad nacional.

Aunque los golpes de Estado venían siendo sistemáticamente utilizados contra los gobiernos constitucionales radicales y peronistas desde 1930 y las técnicas de la llamada «guerra sucia» venían siendo aplicadas desde el bombardeo de Plaza de Mayo de 1955, el golpe de 1976 tuvo su antecedente inmediato en el Operativo Independencia realizado en Tucumán y en la matanza de cientos de personas acusadas de «zurdos» (izquierdistas) por parte del grupo parapolicial anticomunista Triple A.

El golpe de Estado había sido planeado desde octubre de 1974 y el Departamento de Estado de los Estados Unidos sabía de los preparativos doce meses antes de que ocurriera.

El golpe de 1976 fue el último golpe exitoso en Argentina, pero no el último intento. Los presidentes democráticos Raúl Alfonsín (1983-1989) y Carlos Menem (1989-1999) debieron enfrentar sublevaciones militares entre 1987 y 1990, lideradas por militares denominados "carapintadas", que pretendían impedir que las instituciones democráticas enjuiciaran las violaciones de derechos humanos cometidos durante la última dictadura. El último levantamiento militar en Argentina fue realizado el 3 de diciembre de 1990.

Preludios

El 1 de julio de 1974, el presidente Juan Domingo Perón falleció a los 78 años. Su muerte causó un gran vacío político en la sociedad argentina que venía de casi dos décadas de gobiernos civiles de baja legitimidad y dictaduras cívico-militares que habían criminalizado al peronismo y a los movimientos de izquierda, en el marco de la Guerra Fría y la Doctrina de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, que promovió la generalización de dictaduras anticomunistas en todo el continente. La falta de democracia en Argentina y la influencia de la Revolución Cubana de 1959, fue el marco que impulsó el surgimiento durante la última dictadura –que se había anunciado como permanente– de puebladas insurreccionales en todo el país, con alta participación de la juventud y la ciudadanía, y también de grupos guerrilleros que se agruparon en dos líneas principales: FAR-Montoneros (peronistas revolucionarios) y ERP (marxistas).

Perón intentó conformar un gobierno de unidad nacional, expresada en la fórmula de Perón-Balbín, que representara también a las principales fuerzas que históricamente habían sido antiperonistas, como el radicalismo, el frondizismo, la democracia cristiana y el conservadurismo, a la vez que buscó regular el conflicto social por medio de un Pacto Social entre los empresarios y los sindicatos. Cámpora primero y Perón después fueron elegidos como candidatos del Frejuli, un frente electoral que reunió a peronistas, frondizistas, conservadores y demócrata cristianos, pero que no pudo incluir al radicalismo, a causa de la oposición interna en ambos partidos. Al morir Perón, la insuficiencia del Frejuli para preservar la estabilidad política quedó en evidencia. Perón fue sucedido por la vicepresidenta María Estela Martínez de Perón, quien no logró contener la cada vez más deteriorada situación política y social de Argentina.

Luego de la muerte de Perón aumentó el poder del ministro de Bienestar Social, José López Rega, hombre de confianza de la presidenta y miembro de la logia anticomunista internacional Propaganda Due, a la que también pertenecía el almirante Eduardo Massera, también hombre de confianza de la presidenta, que sería uno de los líderes del golpe de Estado contra ella de 1976. López Rega era el jefe de una organización terrorista parapolicial que se autodenominó Triple A, que asesinaría a cientos de personas consideradas "de izquierda", luego de la muerte de Perón. Muchos de los efectivos de la Triple A se incorporaron a los grupos de tareas que instrumentaron sistemáticamente el terrorismo de Estado a partir del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.

El 5 de febrero de 1975, se dio inicio al Operativo Independencia, una intervención militar con el objetivo de aniquilar a los bastiones de la guerrilla en la selva de Tucumán, que mantenía una presencia en la zona desde principios de 1974, al constituir la llamada Compañía del Monte Ramón Rosa Jiménez.

En octubre, el país fue dividido en cinco zonas militares, y a cada comandante se le dio carta blanca para desatar una cuidadosamente planificada ola de represión. El 28 de noviembre de 1975 todos los países del Cono Sur (Argentina, Chile, Brasil, Paraguay y Uruguay), en Santiago de Chile, firmaron un documento que explica que «… se dan por iniciados a partir de esta fecha los contactos bilaterales o multilaterales a voluntad de los respectivos países aquí participantes para el intercambio de información subversiva, abriendo propios o nuevos carteles de antecedentes de los respectivos servicios».

El 18 de diciembre, el sector ultranacionalista de la Fuerza Aérea liderada por Jesús Cappellini se sublevó y llevó a cabo el Comando Cóndor Azul, con el objetivo de derrocar a Isabel. Un número de aviones despegaron de la base aérea de Morón y ametrallaron la Casa Rosada. La rebelión sólo pudo ser detenida cuatro días después. Sin embargo, el Ejército tuvo éxito en desplazar al comandante de la Fuerza Aérea, Héctor Fautario, último oficial leal a Isabel y receptor de duras críticas desde el Ejército y la Marina por su vehemente oposición a sus planes represivos, y por no movilizar a la fuerza aérea contra la guerrilla en Tucumán. Crucialmente, él era el último obstáculo de Videla en el camino hacia el poder.• Videla pasó la Nochebuena en Tucumán, en donde arengó a las fuerzas desplegadas e impuso un ultimátum de 90 días al gobierno de Isabel para que «ordenara» el país, a la luz del ataque al Batallón de Monte Chingolo realizado por el ERP el día anterior.

Hacia los primeros meses de 1976, el destino de Argentina estaba sellado. El frente guerrillero en Tucumán estaba prácticamente diezmado y los refuerzos de Montoneros enviados también habían sido derrotados. Por su parte, las Fuerzas Armadas —que gozaban del total apoyo por parte de EE. UU. y de la élite local— esperaban el momento oportuno para derrocar al gobierno. En febrero, el entonces general Roberto Eduardo Viola elaboró el plan de operaciones del golpe, que contemplaba la necesidad de «encubrir» como «acciones antisubversivas» la detención clandestina de militantes y opositores, desde la noche misma del golpe.

24 de marzo

Poco después de la medianoche del 24 de marzo de 1976, Martínez de Perón se subió al helicóptero presidencial junto a su secretario privado Julio Carlos González; el jefe de su custodia personal, Rafael Luisi; un joven oficial del Regimiento de Infantería 1 Patricios; el teniente de fragata Antonio Diamante y dos pilotos de la Fuerza Aérea, con dirección a la residencia presidencial de Olivos. Durante el vuelo, el piloto anunció que el vehículo tenía un desperfecto y que debían realizar un aterrizaje no programado en Aeroparque, ingresando la delegación a las oficinas del jefe de la Base. Aproximadamente a las 3:10 de la madrugada, el general José Rogelio Villarreal le anunció a Martínez de Perón: «Señora, las Fuerzas Armadas han decidido tomar el control político del país y usted queda arrestada», dando comienzo formal al golpe de Estado. Martínez de Perón preguntó si sería fusilada, a lo que Villarreal respondió que los militares garantizarían su integridad física. La presidenta denunció la traición de las Fuerzas Armadas a su gobierno y buscó negociar con los golpistas el cierre del Congreso y el nombramiento de cuatro militares para su gabinete, amenazando con huelgas y manifestaciones masivas de los sindicatos si consumaban su derrocamiento. Villarreal le respondió que «le han dibujado un país ideal, un país que no existe». Martínez de Perón fue trasladada entonces a la provincia del Neuquén en calidad de detenida, y por la mañana una Junta Militar asumió el gobierno del país, instaurando la dictadura autodenominada «Proceso de Reorganización Nacional».

Ya detenida, fue trasladada a Neuquén para ser recluida en la Residencia El Messidor, residencia oficial del gobernador en Villa La Angostura. Pocos meses después fue trasladada al Arsenal Naval de Azul, en la provincia de Buenos Aires. Recién sería liberada cinco años después

A las 03:10 fueron ocupadas todas las estaciones de televisión y radio. Se cortó la programación regular y se emitió el primer comunicado a través del locutor Juan Vicente Mentesana: