thumb|200px|La seguridad ciudadana se entiende como la acción del Estado para proteger al ciudadano y asegurar su calidad de vida. En la imagen un rescate en montaña.
La seguridad ciudadana es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía y de otras organizaciones de interés público, destinada a asegurar su convivencia y desarrollo pacífico, la erradicación de la violencia. La utilización pacífica y ordenada de vías y de espacios públicos y en general evitar la comisión de delitos y faltas contra las personas y sus bienes. En líneas generales, por seguridad ciudadana debe entenderse el conjunto de acciones democráticas en pro de la seguridad de los habitantes y de sus bienes, y ajustadas al derecho de cada país.
El reto actual es armonizar el ejercicio de los derechos humanos de cada uno con las distintas políticas en materia de seguridad ciudadana de los estados. Por ejemplo, la Organización de los Estados Americanos plantea que en ocasiones se aplican políticas que se han demostrado ineficaces, como por ejemplo el aumento de las penas, la reducción de garantías procesales, o medidas para aplicar el derecho penal a menores de edad; que pueden derivar en movimientos paramilitares o parapoliciales —milicias de «autodefensa»—, cuando el Estado no es capaz de reaccionar de una forma eficaz ante la violencia y el delito, complicando la situación.
Terminología En los países hispanohablantes hay ocasiones en las que se prefiere usar términos como «orden público» —que no debe confundirse con el concepto de orden público—, «seguridad de los habitantes», «seguridad pública», en vez de «seguridad ciudadana» o «seguridad nacional», por motivos históricos que dependen de cada país.
De forma análoga, en España se usa a menudo el término «seguridad ciudadana» en referencia al orden público o a la seguridad pública, pues el término «orden público» fue usado durante la dictadura de Francisco Franco para justificar medidas represivas.
Historia del concepto thumb|La preocupación por el orden público aparece en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789. thumb|La seguridad ciudadana garantiza que se puedan ejercer los derechos individuales sin impedir a los demás disfrutar de los suyos.
El origen moderno del concepto «seguridad ciudadana» es consecuencia directa de otro concepto del al inicio de la Edad Contemporánea: el orden público. Este es un concepto liberal que aparece en el artículo 10 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, documento fundamental de la Revolución Francesa:
Además el artículo cuatro del mismo documento relaciona la libertad individual con este concepto:
En este sentido, si extendemos el concepto de orden público como limitación a la libertad ideológica del artículo noveno, a la definición de libertad individual del artículo cuarto, aparece el concepto de orden público: «El orden público se establece como garantía y límite de la libertad y, como ésta, consiste en que nadie puede hacer nada que sea perjudicial a los demás».
Con el tiempo este concepto de orden público evolucionó hacia el de seguridad ciudadana, mucho más amplio, y que incorpora los valores del Estado social y democrático; hasta el punto que el concepto va más allá de forzar a los ciudadanos a la obediencia de la norma, sino garantizar la calidad de vida de los mismos.
En el contexto de España e Hispanoamérica el uso de distintos términos por los diferentes regímenes dictatoriales de la segunda mitad del como eufemismos de 'represión' hacen que no siempre se asocie términos como los expuestos a valores asociados a la libertad. Así en el cono sur se prefiere el término «seguridad de los habitantes» u «orden público», ya que el término 'seguridad ciudadana' fue usado por las fuerzas armadas en los años 60 como aplicación de doctrinas represivas como la Doctrina de seguridad nacional (DSN) impartida en la Escuela de las Américas. En contraposición, en España la expresión 'seguridad ciudadana' se prefiere sobre 'orden público', usada como medio represivo en la dictadura de Francisco Franco.
Definición y contenido del concepto Existen múltiples conceptos y nociones del término «seguridad ciudadana» y su contenido concreto puede variar considerablemente dependiendo del actor o autor que lo utilice. Por ejemplo, no hay un consenso si la seguridad ciudadana se refiere también a riesgos o amenazas no intencionadas (accidentes de tránsito, desastres naturales) o de tipo económico y social (fraudes, delitos ecológicos, corrupción política...). Un punto en que sí concuerdan la gran mayoría de autores es que el término referencia a dos niveles de la realidad: Primero, se refiere a una condición de toda una comunidad de personas: a la ausencia de amenazas que pongan en peligro la seguridad colectiva. En ese sentido, el término tiene un significado normativo y evalúa una situación ideal. Segundo, se refiere a acciones concretas encaminadas a la eliminación de las amenazas de seguridad o hacia la protección de la población ante esas amenazas. En ese sentido, el término se refiere a prácticas existentes que buscan la idealidad de la norma.
Por ejemplo, la Organización de los Estados Americanos define la seguridad ciudadana como la inexistencia de violencia y delito, salvaguardada por el Estado:
Sin embargo, y en concordancia con el análisis histórico del término, hace énfasis en el carácter preventivo y de colaboración con la ciudadanía de las actuaciones del Estado y no una actividad reactiva ante la comisión del delito.
Sin embargo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo aporta una definición inicial calificando la seguridad ciudadana de aquella seguridad humana que previene contra el delito súbito contra las personas y su patrimonio:
Aunque añade la faceta de la seguridad ciudadana como el ejercicio del desarrollo humano:
Aplicación actual: autoridad del Estado
thumb|El ciudadano legitima con su voto la capacidad del Estado de obligar a cumplir las leyes y utilizar medios coercitivos. En la imagen, un juez en un tribunal de justicia.
Hablar de seguridad ciudadana implica casi de una forma automática hablar de una autoridad que ordene y garantice dicha seguridad. En la forma actual de concepción del Estado es este el que garantiza la seguridad ciudadana a través del monopolio de la violencia o el uso de medios coercitivos, siempre que este sea legitimado por algún tipo de expresión democrática como elecciones o referéndums. La autoridad es así ejercida por: Poderes públicos: La separación de poderes garantiza la coexistencia de tres poderes con capacidad para obligar a la ciudadanía a cumplir ciertos mandatos. Este poder, entendido como una cesión voluntaria de libertades al Estado, es ejercido de acuerdo a los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. En este sentido cabe añadir ciertas instituciones de gran importancia como son los parlamentos y senados, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público y los tribunales de justicia, tanto de cada país como internacionales, pues ordenan y coordinan de forma directa dicha autoridad. Fuerzas policiales: Son la forma más directa que tiene el Estado de regular la acción ciudadana. Tienen atribuciones tanto de prevención, como puede ser el ordenamiento del tráfico, prevención en drogodependencia o las rondas de vigilancia; como de actuación tras el delito o falta, pudiendo iniciar investigaciones o deteniendo a ciudadanos sospechosos de haber incumplido la ley para ponerlos a disposición de la autoridad judicial. Una reflexión muy interesante es la de distinguir entre una policía utilizada para la defensa de los intereses del Estado y otra que garantice la seguridad ciudadana, pues es esta última el modelo que se pretende adoptar en la actualidad:
Ejército: La mayoría de los ejércitos posee un ejército profesional, que si bien suele encargarse de la defensa nacional, también participa en mantener la seguridad ciudadana en situaciones de emergencia, como desastres naturales, atentados terroristas o asistencia a los civiles en conflictos bélicos. De hecho, existen instituciones militares dedicadas por completo a estas labores como los cascos azules de la ONU o la Unidad Militar de Emergencias de España. Seguridad privada: Dependiendo del país, pueden existir fuerzas de seguridad privada. La mayor parte de las actuaciones que llevan a cabo es la protección de personas que así lo requieran, edificios y otras instalaciones, o control de accesos en locales de ocio y eventos multitudinarios. Si bien, la autoridad que posee suele ser menor y sus actuaciones son meramente disuasorias o de detención temporal hasta que la policía se haga cargo del detenido. Ciudadanos: El ciudadano cumple el papel más importante en la seguridad ciudadana, pues además de legitimar democráticamente las anteriores formas de autoridad, contribuye moderando sus propias acciones, denunciando actividades ilícitas, organizándose en asociaciones de prevención y concienciación... En ciertas jurisdicciones un ciudadano puede incluso detener a otro que esté comentiendo un delito o huido de la justicia.
Las principales críticas a esta concepción de la seguridad ciudadana emanan de las teorías anarquistas, que de forma resumida, rechazan la existencia de cualquier tipo de autoridad externa al individuo, que incluye al Estado y cualquier tipo de coerción.Definición de anarquismo en el DRAE. Comprobado el 6 de julio de 2013.
Uso de sistemas predictivos
En algunos países se han incorporado sistemas de inteligencia artificial como herramientas de apoyo a la seguridad ciudadana. En Colombia, la Policía Nacional de Colombia utiliza XCrime, un sistema que, según el repositorio Sistemas de Algoritmos Públicos de la Universidad de los Andes, emplea diferentes fuentes de información para detectar y predecir delitos y apoyar decisiones destinadas a optimizar el despliegue policial.
Una nota de Blu Radio de mayo de 2024 describió XCrime como una plataforma utilizada por la Policía Nacional para analizar patrones delictivos mediante inteligencia artificial.
En Bogotá también se desarrolló el Sistema Predictivo de Seguridad, una iniciativa de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia orientada al uso de analítica predictiva para apoyar la toma de decisiones en materia de seguridad y convivencia. El proyecto, identificado con el código BPIN 2016000100036, fue desarrollado con participación de la Universidad Nacional de Colombia y contempló la construcción de modelos para analizar fenómenos como homicidios, riñas y lesiones personales, delitos contra el patrimonio con uso de violencia y percepción de seguridad.
El sistema utiliza información histórica sobre hechos de seguridad para identificar patrones espaciales y temporales y estimar zonas y periodos de mayor ocurrencia. Los modelos fueron planteados como herramientas de apoyo para la distribución de recursos de seguridad y para orientar decisiones operativas a partir del análisis territorial de los eventos registrados.
El proyecto contó con financiación del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías. Mediante el Decreto 136 de 2019, la Alcaldía Mayor de Bogotá incorporó recursos por 3.000 millones de pesos al presupuesto de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia para la ejecución del proyecto de diseño y validación de estos modelos de analítica predictiva.
Eficacia del modelo El Estado, como se ha dicho, es el máximo garante de la seguridad de los habitantes a día de hoy, pero es la manera en la que cada estado aplica sus políticas en materia de seguridad ciudadana lo que determina su eficacia.