thumb| La consigna “Voto por Voto, Casilla por Casilla” se convirtió en la principal demanda de Andrés Manuel López Obrador y de los ciudadanos afines que exigían el recuento total de la votación del 2 de julio de 2006.|300x300px Las elecciones presidenciales del 2 de julio de 2006 fueron oficialmente las más competidas en la historia de México. El candidato declarado como ganador por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (conocido más por como su antecesor el TRIFE) fue Felipe Calderón, postulado por el Partido Acción Nacional, con una mínima diferencia de 0.56% sobre su oponente Andrés Manuel López Obrador de la Coalición Por el Bien de Todos. La oposición representada por esta coalición electoral denunció diversas irregularidades en torno al proceso electoral, antes, durante y después de la jornada comicial del 2 de julio.
Entre las denuncias, quejas e inconformidades presentadas por la coalición se encontraban: inconsistencias y errores numéricos en las cifras del conteo ofrecidas por la autoridad electoral, tanto las preliminares como las que luego serían declaradas oficiales; violaciones a las leyes electorales con la intervención de organismos privados en las campañas políticas, algo expresamente prohibido en el código en la materia; la intervención del gobierno federal, encabezada por Vicente Fox, en apoyo al candidato de su partido y en perjuicio de uno de los otros, con utilización recursos públicos; anomalías, presiones e inconsistencias en los conteos finales; rebases de topes de campaña; delitos electorales varios; anulación indebida de votos; controversias respecto al padrón electoral, entre muchos otros hechos e impugnaciones que tendrían lugar en relación con esta polémica elección.
Otros cuestionamientos sobre la elección tratarían de adulteración de las listas de electores, alteración de las actas, sustracción de boletas, adición de boletas, violación de los paquetes electorales, inconsistencias y anomalías en los sistemas de cómputo oficiales, descuadre de los resultados, etcétera. Las elecciones fueron el momento culminante del panorama convulso que venía atravesando el país desde el desafuero y en un entorno de crisis política nacional.
Antecedentes La polémica por la integración del consejo general del IFE En 2003 ocurrió el proceso de renovación de los consejeros electorales del Instituto Federal Electoral (IFE) según ordenaba la ley, dicho proceso fue cuestionado por la oposición representada por los partidos que integrarían la Coalición Por el Bien de Todos: (PRD, PT y Convergencia) al calificar al consejo resultante como “partidista” y ajeno a su naturaleza “ciudadana”, dichos partidos serían excluidos en las decisiones finales sobre la conformación del instituto, cuya estructura quedaría definida por las negociaciones en la cámara de diputados entre las bancadas del PRI y el PAN. Otras de las decisiones en el seno del IFE que generarían controversia sería la reelección de Fernando Zertuche como secretario ejecutivo del instituto en el nuevo consejo, señalado por el perredismo de ser operador político priísta. Rodrigo Morales, uno de los nuevos consejeros, al integrarse a su puesto lamentó que no se hubieran conseguido los consensos necesarios para la elección del nuevo consejo del instituto, reconociendo que eso hubiera sido lo mejor. La integración del consejo propició discusiones álgidas al interior del PRI, dividido entre los liderazgos de Elba Esther Gordillo, coordinadora en la cámara, y Roberto Madrazo, presidente de ese partido. Una manera de resolver ese conflicto interno fue votar a los candidatos a consejeros solamente con el PAN, en un reparto de cuotas de 5 asientos para cada uno. El PRD proponía la reelección del consejero Jesús Cantú Escalante, uno de los consejeros impulsores de la sanción contra el PRI por el caso Pemexgate, por lo que para este partido dicha posibilidad era inadmisible, finalmente, el único partido de la coalición que podía tener alguna capacidad de influencia, el PRD, se vería excluido de todas las negociaciones al respecto.
Este desencuentro sería el primer punto de ruptura que tres años más tarde estallaría con la crisis política nacional.
Para el periodista Julio Hernández López, la mayoría de los perfiles que coparon el instituto desde entonces no contaban con ninguna credencial de la imparcialidad necesaria para organizar el proceso electoral de 2006: Luis Carlos Ugalde había fungido durante mucho tiempo como asesor del funcionario priísta Jesús Reyes Heroles González Garza, la consejera Luisa Alejandra Latapí inmediatamente antes de asumir el cargo era empleada del Consejo Coordinador Empresarial, el consejero Rodrigo Morales reconoció ser amigo personal de Felipe Calderón, y el consejero Virgilio Andrade Martínez era secretario de Ana Paula Gerard al momento de su designación, esposa del expresidente Carlos Salinas de Gortari (sería después secretario de Estado en el gobierno de Enrique Peña Nieto).
La autoridad electoral rebasada y sin independencia Posteriormente a las elecciones de 2006, el ex consejero Marco Antonio Gómez Alcántar reconoció que el consejo general de IFE operó desarticulado y sin márgenes debidos de independencia para su funcionamiento debido a las cuotas partidistas en su integración, un escenario político convulso previo con el desafuero y la constante e ilegal intervención del presidente Fox en el proceso electoral, según Gómez Alcántar, Luis Carlos Ugalde rompió el acuerdo establecido extraoficialmente entre los consejeros de declarar a un ganador de la elección hasta que terminaran de procesarse las muchas quejas e impugnaciones que habría en materia electoral. En la misma línea, para la ex consejera Lourdes López la pasividad del IFE frente a Fox y la cúpula empresarial acabó con la capacidad del instituto de dirigir el proceso, así como que el consejero presidente terminó cediendo a muchas presiones. Alfredo Figueroa Fernández, que sería consejero electoral hasta 2008, también ponderó que la intromisión de Fox con recursos públicos, y de indebidos recursos privados, en la contienda, rompió con todo atisbo de equidad que pudo existir en el proceso.
El día de la jornada electoral, la mañana del 2 de julio, el malestar ocasionado por esta situación fue reflejada en el discurso del representante del PRI ante el instituto, Felipe Solís Acero: “El proceso comicial que hoy llega a su punto culminante estuvo significado por la perniciosa presencia del gobierno federal, que no supo ni quiso mantener la distancia de neutralidad a la que estaba obligado. El presidente de la República declinó jugar el papel de Jefe de Estado y prefirió asumir responsabilidades prácticamente de campaña del candidato de su partido. […] Una actuación discreta de la autoridad electoral sobre el tema quedan para la historia y el análisis”. Ugalde también reconocería que la principal gestora de su presencia como consejero y presidente del IFE era Elba Esther Gordillo y que constantemente ésta intentó ejercer presión durante la jornada electoral para que declarara ganador a Calderón ese mismo día.
Otros periodistas han sostenido que Vicente Fox y Luis Carlos Ugalde mantuvieron reuniones en la residencia oficial de Los Pinos que no fueron reveladas ni conocidas por la opinión pública y que hubo presiones, también desde Los Pinos, hacia los medios de comunicación para favorecer la campaña del candidato Calderón, quien iba abajo en las encuestas de intención de voto.
Estas condiciones han hecho señalar, por ejemplo, a Armando Bartra, que la credibilidad del IFE se vio manchada mucho antes de las elecciones del 2 de julio, y el proceso irremisiblemente en entredicho antes de que siquiera iniciara la contienda.
Las irregularidades Desde antes de la realización del proceso del 2 de julio la coalición, simpatizantes de la misma o simplemente ciudadanos comunes, alertaron sobre diversas situaciones irregulares que ponían en riesgo la limpieza del proceso electoral. En algunos estados se reportó la repentina falta de acreditación de representantes electorales de los partidos de la coalición, en el caso de Guanajuato, por ejemplo, esto representó que el 20% de los representantes de la coalición en ese estado no pudieran observar y vigilar el desarrollo de la jornada electoral. La falta de representantes de la coalición en la observación y conteo que se desarrolló en las casillas tuvo un impacto medible, según el Comité Ciudadano de Seguimiento del Proceso Electoral: donde la coalición sí tuvo representantes obtuvo 11.8 millones de votos (37.3%) contra 10.6 millones de Felipe Calderón (33.6%). Un promedio de 12 votos más para la colación en las casillas que sí alcanzaron su cobertura y vigilancia. En contraste, donde la coalición no tuvo ni uno solo de sus representantes, el PAN obtuvo un 42.9% de la votación frente a un 28.9% de la coalición. Un promedio de 46 votos para el PAN por encima de la coalición.
Otro de los fenómenos irregulares sucedidos fue la sustitución de funcionarios de casilla que no se presentaron por alguna razón a cumplir la labor por la cual habían sido capacitados por el IFE, tanto el día de la elección como en los días anteriores a esta, el IFE reconoció que hubo un 22.03% de sustituciones de funcionarios en las casillas instaladas. Un porcentaje atípicamente alto en procesos electorales federales y aun más en una elección presidencial, cuestión a la que algunos atribuyeron el margen notablemente elevado de errores aritméticos en el conteo, sin que se diera una explicación de ningún tipo por parte de la autoridad electoral sobre esas ausencias registradas. Por otra parte, una de las controversias surgidas en los primeros días posteriores a la elección fue que se documentó que muchos ciudadanos reclamaban haber sido suprimidos de la lista nominal de electores pese a tener credencial para votar vigente.
Una cuestión problemática respecto a las credenciales de elector fue la siguiente: según datos del INEGI de 2005, 65.3 millones de mexicanos eran mayores de 18 años, el IFE declaraba que el 90% de ellos contaba con credencial de elector, aproximadamente 58 millones, pero el IFE registró haber entregado para las elecciones federales de 2006; 71 millones de credenciales. Una de las irregularidades generales en torno al cómputo de la elección fueron los errores aritméticos denunciados por la coalición: al cierre del PREP se registraba que la participación ciudadana en la elección era del 59%, es decir alrededor de 42 millones de votos, pero la suma de todos los votos incluidos los nulos arrojaba un total de 39 millones, es decir, se presentaba una situación de tres millones de votos inciertos. La respuesta de los críticos a este tipo de anomalías era la trivialización del PREP; sus resultados no eran los oficiales.
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