El caso Max Caviglione y Lulén Watts es un proceso penal desarrollado en la provincia de Córdoba, Argentina, contra dos personas trans, pareja entre sí, acusadas de tentativa de homicidio contra el padre adoptivo de uno de ellos. El hecho ocurrió en febrero de 2025 y el juicio se realizó en agosto de 2026 en la ciudad de Córdoba. El caso adquirió repercusión pública a partir de la movilización de organizaciones del colectivo LGBT, que sostienen que los acusados actuaron en legítima defensa frente a un padre al que denuncian como violento, mientras que la acusación los imputó por intento de homicidio.
Antecedentes Max Caviglione y Lulén Watts son una pareja de varones trans; uno se identifica como persona transmasculina, mientras que la otra persona es no binaria. Según las organizaciones que los acompañan, ambos atravesaron a lo largo de su vida distintas situaciones de violencia, en primer lugar en el ámbito familiar. De acuerdo con esa versión, uno de ellos había mantenido años de distanciamiento con su padre a raíz de episodios de violencia sufridos durante la infancia y la adolescencia, tanto hacia él como hacia su madre.
Hechos En febrero de 2025, según el relato difundido por las organizaciones de apoyo, ambos concurrieron a la vivienda del padre de uno de ellos para retirar fotografías y otras pertenencias. En esa versión, cuando intentaron retirarse el padre se los habría impedido y se produjo una agresión, ante la cual respondieron. La intervención de un vecino y la posterior actuación policial derivaron en la detención de la pareja. El agredido fue atendido y dado de alta pocas horas después, sin secuelas de gravedad según las mismas fuentes.
A partir de esa detención, ambos fueron trasladados a la cárcel de Bouwer, en las afueras de la ciudad de Córdoba, donde permanecieron con prisión preventiva hasta la realización de su juicio.
Juicio El juicio comenzó el 3 de agosto de 2026 en los Tribunales II de la ciudad de Córdoba, bajo la modalidad de juicio por jurados populares, ante la Cámara en lo Criminal y Correccional. El debate se extendió por cerca de dos semanas y sus jornadas finales se desarrollaron el 20 y 21 de agosto de 2026.
La acusación, a cargo del fiscal Marcelo Fenoll, sostuvo la calificación de tentativa de homicidio y solicitó una pena de 13 años y cuatro meses de prisión La defensa y las organizaciones que acompañaron a los acusados, en cambio, enmarcaron los hechos como un caso de legítima defensa, en un contexto que describieron como de violencia sistemática por motivos de identidad de género.
Tras la deliberación del jurado, ambos recibieron una condena de doce años de prisión por tentativa de homicidio.
Referencias
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