El caso de la Contaminación minera en el Ayllu San Agustín de Puñaca se trata de un proceso judicial iniciado por los habitantes de la comunidad que llegó al Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la grave contaminación por metales pesados atribuida a la actividad minera de la zona, que habría afectado el agua, el suelo, el aire y la salud de los habitantes del lugar.
El Ayllu identifica como principales responsables a la empresa estatal Minera Huanuni, que es la principal mina de estaño en Bolivia, así como a las autoridades nacionales y subnacionales del país.
Antecedentes miniaturadeimagen|El lago Poopó, antes el segundo más grande de Bolivia, ha quedado reducido a pequeños humedales, con la pérdida de su ecosistema y el éxodo de las comunidades que vivían de él. El Ayllu San Agustín de Puñaca es una comunidad quechua situada en el municipio de Poopó, departamento de Oruro en Bolivia. Se encuentra rodeada por los ríos Huanuni, Desaguadero y el lago Poopó. Sus principales fuentes de trabajo están relacionados con la agropecuaria, ganadería y pesca.
Inicialmente en 2021 las autoridades principales del Ayllu interpusieron una Acción Popular demandando a los Gobiernos Autónomos Municipales de Poopó y Huanuni, al Viceministerio de Política Minera, Regulación y Fiscalización y a la Secretaría Departamental de Madre Tierra del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro ante la sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de Oruro, reclamando la vulneración de sus derechos colectivos y territoriales.
En diciembre de 2021 la Sala Constitucional de Oruro les negó su demanda argumentando que era un pequeño grupo de personas y no tenía sentido que reclamen por sus derechos colectivos.
En agosto de 2022 el Ayllu presentó un memorial de complementación al Tribunal Constitucional de Bolivia como máximo garante y protectora de sus derechos constitucionales como ciudadanos de Bolivia.Poco a poco entro la contaminación, la totora está contaminada, nuestro ganado enferma, el agua es salada así toman nuestro ganado, y mueren, se olvidaron de nosotros, los hijos de la comunidad sufren… estamos totalmente contaminados, esta todo rojo por la contaminación, ya no sirve nuestra tierra. Los hijos con que van a vivir, yo como madre de la comunidad no sé qué hacer, como les voy a ayudar no puedo hacer nada con la contaminación, el agua de la mina Huanuni nos afecta, estamos muy tristes, y preocupados. Testimonio de Germán Chambi, comunario del Ayllu San Agustín de Puñaca, CENDA, Bolivia, 12 de junio de 2022.
Respuesta del Tribunal Constitucional ante demanda El Tribunal Constitucional respondió a su demanda en mayo de 2023 ordenando a los Ministerios de Medio ambiente y Salud y al Gobierno Autónomo Departamental de Oruro a realizar un nuevo estudio sobre la calidad del agua en la zona y en función de los resultados tomar las medidas necesarias. Mediante la Sentencia Constitucional Plurinacional 1471/2022-S3, la Sala Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional revocó la decisión de Oruro y reconoció que los derechos al agua, a la salud, a la alimentación y a un medio ambiente sano de los habitantes del ayllu estaban siendo amenazados. En consecuencia, ordenó a los Ministerios de Medio Ambiente y Agua y de Salud y al Gobierno Autónomo Departamental de Oruro a realizar un nuevo estudio sobre la calidad del agua en la zona y, en función de los resultados, adoptar las medidas necesarias. Sin embargo, los comunarios respondieron molestos pues anteriormente ya se habían realizado estudios en el lugar pero no habían recibido el informe con los resultados.
En junio de 2023 el Ayllu, a través de la comisión de seguimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), se reunió con Autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro y representantes del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y mostró su rechazo ante cualquier levantamiento de muestras de agua de la zona sin previa consulta a los comunitarios y autoridades del Ayllu.
Sobre la manipulación de los estudios y análisis realizados al agua de la zona, Abel Machaca, comunario del Ayllu se pronunció de la siguiente manera:Hay que vigilar ese estudio al que les obligan, porque ya más antes han hecho trampas y han manipulado los análisis diciendo que esas aguas amarillas de Copajira son aptas para tomar. Parece que el Estado quiere que desaparezcamos para que nomás haya minería acá. Entrevista en Prensa, El Salto, Bolivia, 2 de junio de 2023.
Análisis de metales pesados en la población El 7 de septiembre de 2023 se tomaron muestras de sangre y orina a 20 comunarios, entre hombres y mujeres de entre 43 y 74 años de Puñaca y Yuracari. Este trabajo se realizó bajo la coordinación del Centro de Salud Poopó, el Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA) y el laboratorio CETOX de Perú. Posteriormente, en una conferencia de prensa, el 10 de noviembre de ese mismo año en la ciudad de La Paz, los comunarios del Ayllu dieron a conocer los resulatados como evidencias de la contaminación. Según los resultados del análisis de laboratorio presentados en esa ocasión, los pobladores dieron positivo por intoxicación con arsénico, cadmio y plomo. Los análisis indicaron que todas presentaban niveles de arsénico de entre 17,6 y 215,64 µg/L (microgramos por litro), cifras que superan el límite de 15 µg/L fijado por la Unión Europea.
Demanda ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos Tras dar el Tribunal Departamental de Oruro por cumplida la sentencia en septiembre de 2023, el ayllu llevó su reclamo a instancias internacionales. En abril de 2024 solicitó una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se llevó acabo el 8 de julio de 2024, donde la Comisión pidió al Estado boliviano que aplique planes concretos contra la contaminación minera de la cuenca del Poopó y en los demás proyectos mineros del país. En esa misma audiencia, el viceministro Franz Quispe sostuvo que el Estado había cumplido la sentencia porque los estudios mostraron que la contaminación no tendría relación con las mineras, sino que sería una condición natural del lugar. Argumentó que no hay operaciones mineras en el ayllu y que la más próxima está a seis kilómetros. Frente a esta respuesta los técnicos de CENDA replicaron que es el río el que arrastra los metales pesados hasta las comunidades.
En marzo de 2025 los representantes de San Agustín de Puñaca, junto con la comunidad de Cantumarca de Potosí y la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (CPILAP), participaron en una audiencia pública en la Cámara de Diputados de Bolivia. Los tres pueblos formaron un bloque de afectados por la minería, los tres tienen sentencias favorables contra el Estado boliviano que nunca se cumplieron. Entre sus ocho puntos en común, el más importante es el cumplimiento inmediato de las sentencias, y también solicitan la creación de un fondo de emergencia para la reparación integral del territorio y de las personas afectadas.
Actualidad del caso Actualmente las demandas centrales del Ayllu como la remediación ambiental, la atención especializada en salud para las personas afectadas por la contaminación minera como la provisión de agua apta para el consumo continuaban sin resolverse.
Véase también
Minería ilegal en Bolivia
Referencias
Categoría:Ética ambiental Categoría:Casos judiciales internacionales Categoría:Minería de Bolivia