El Expediente Royuela es una teoría de la conspiración y campaña de desinformación surgida en España, promovida principalmente por el ultraderechista Alberto Royuela Fernández y posteriormente por su hijo Santiago Royuela. Sus impulsores sostienen la existencia de una supuesta organización criminal integrada por miembros de la judicatura, la Fiscalía, las fuerzas de seguridad y responsables políticos, a la que atribuyen numerosos delitos, incluidos asesinatos, narcotráfico, corrupción, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Estas acusaciones no han sido acreditadas y han sido rechazadas en distintos procedimientos judiciales.
La teoría se apoya principalmente en miles de supuestas notas manuscritas atribuidas al exfiscal jefe de Cataluña José María Mena Álvarez y en documentos presentados como extractos bancarios, comunicaciones privadas y otros registros. No se ha acreditado la autenticidad de las notas atribuidas a Mena. En 2023, en el marco de una investigación de la Audiencia Nacional, la Guardia Civil encontró en el domicilio de Alberto Royuela una plantilla informática empleada para elaborar documentos presentados como extractos bancarios. El juez instructor consideró que el hallazgo permitía «constatar de forma inequívoca la falsedad» de la trama documental investigada.
La difusión del Expediente Royuela aumentó considerablemente desde 2019 a través de páginas web, canales de YouTube y redes sociales. Parte de sus contenidos fueron posteriormente difundidos por la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP), presidida por el exjuez Fernando Presencia. Desde 2022, la Audiencia Nacional investiga las actividades de esta asociación y de varios de sus colaboradores por la presentación y difusión de presuntas denuncias falsas y la captación de aportaciones económicas de particulares. En junio de 2023, el juez Joaquín Gadea acordó suspender las actividades de ACODAP y decretó el ingreso en prisión provisional de Alberto y Santiago Royuela y Juan Martínez Grasa, mientras que Presencia fue detenido posteriormente.
Origen
El origen de las acusaciones se encuentra en las actividades de Alberto Royuela Fernández, relacionado durante su juventud con organizaciones de extrema derecha en Cataluña. Royuela perteneció a la Hermandad Nacional de la Guardia de Franco y había estado relacionado con distintos procedimientos judiciales antes de comenzar a difundir las acusaciones que posteriormente formarían el denominado Expediente Royuela.
Uno de los acontecimientos centrales en la génesis de la teoría fue la muerte en 1993 de Javier Royuela Samit, hijo de Alberto Royuela. Su padre comenzó posteriormente a sostener que la muerte no había sido accidental, sino consecuencia de una conspiración en la que habrían participado miembros de las fuerzas de seguridad y que habría sido encubierta por responsables de la Fiscalía. Estas acusaciones no fueron acreditadas judicialmente.
Durante los años siguientes, Royuela presentó diversas denuncias contra miembros de la judicatura y de la Fiscalía. En 1999, el Tribunal Supremo confirmó una condena de dos años de prisión contra él por falsificación de un documento privado. En 2003 fue condenado a 18 meses de prisión por presentar denuncias falsas contra jueces y fiscales.
Supuesta documentación
El núcleo del Expediente Royuela está formado por una gran cantidad de documentos que sus promotores presentan como pruebas de la existencia de una organización criminal infiltrada en distintas instituciones españolas.
Entre el material difundido figuran principalmente supuestas notas manuscritas atribuidas al exfiscal jefe de Cataluña José María Mena Álvarez, así como cartas, recibos y documentos presentados como justificantes de transferencias o depósitos bancarios.
A partir de esta documentación, los promotores del Expediente Royuela han atribuido a distintas personas pertenecientes al ámbito político, judicial, fiscal y policial la participación en una supuesta red responsable de numerosos delitos. Las acusaciones han ido ampliándose con el paso de los años y han afectado a numerosas personalidades públicas.
No se ha acreditado la autenticidad de las notas manuscritas atribuidas a Mena ni de la supuesta documentación bancaria utilizada para sostener las acusaciones.
Diversos documentos procedentes del Expediente Royuela han sido presentados ante órganos judiciales y administrativos. En 2020, por ejemplo, el Consejo General del Poder Judicial archivó una denuncia basada en una supuesta carta atribuida a Cándido Conde-Pumpido. La firma incluida en el documento tampoco coincidía con la utilizada por Conde-Pumpido en documentos oficiales.
Difusión en Internet
A partir de 2019, Santiago Royuela comenzó a difundir de forma sistemática el denominado expediente mediante un canal de YouTube y una página web dedicada al proyecto, en los que publicaba reproducciones de los supuestos documentos y vídeos explicativos sobre las acusaciones formuladas por su padre.
La teoría alcanzó posteriormente una difusión mayor a través de redes sociales, canales de vídeo y otros espacios de Internet. Algunos de sus contenidos fueron reproducidos por otros perfiles y medios digitales vinculados a movimientos conspiracionistas o de extrema derecha.
En 2020, El País informó de que el Observatorio Digital del Centro Criptológico Nacional (CCN), organismo dependiente del Centro Nacional de Inteligencia, había incluido entre sus actividades de seguimiento las páginas que difundían el Expediente Royuela. El organismo había detectado decenas de publicaciones relacionadas con esta teoría dentro de su análisis de páginas y perfiles potencialmente desinformativos.
La difusión del Expediente Royuela también dio lugar a movilizaciones presenciales. En 2022 se celebraron concentraciones para reclamar que sus acusaciones fueran investigadas judicialmente. En otra ocasión, seguidores de la teoría se congregaron ante una nave industrial que los promotores señalaban como ubicación de una supuesta fosa común, lo que provocó la intervención de la Policía.
Relación con ACODAP
Parte de las acusaciones del Expediente Royuela fueron posteriormente asumidas y difundidas por la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública (ACODAP), presidida por el exmagistrado Fernando Presencia, expulsado de la carrera judicial.
ACODAP presentó numerosas denuncias contra jueces, fiscales, políticos y otras personalidades públicas basándose, entre otros materiales, en documentación relacionada con el Expediente Royuela. La asociación también solicitaba aportaciones económicas de particulares para financiar sus actividades.
La presentación reiterada de estas denuncias terminó dando lugar a una investigación de la Audiencia Nacional. El Juzgado Central de Instrucción n.º 6, dirigido por Joaquín Gadea, abrió diligencias para investigar si ACODAP había sido utilizada para presentar denuncias falsas y obtener dinero de personas que creían estar contribuyendo a la lucha contra la corrupción.
Investigación de la Audiencia Nacional
En febrero de 2023, la Audiencia Nacional ordenó el registro de dependencias relacionadas con Fernando Presencia y Santiago Royuela con el objetivo de localizar la documentación empleada en las denuncias presentadas por ACODAP.
Durante la investigación, la Guardia Civil localizó en el domicilio de Alberto Royuela una «plantilla o modelo en formato Word» utilizada para confeccionar documentos presentados como justificantes bancarios. Según un auto dictado por el juez Joaquín Gadea el 23 de junio de 2023, este hallazgo permitía «constatar de forma inequívoca la falsedad que rodea a toda la trama».
El juez consideró que ACODAP funcionaba presuntamente como una estructura destinada a obtener aportaciones económicas mediante la difusión de noticias falsas y la presentación de denuncias carentes de fundamento. En junio de 2023 acordó suspender las actividades de la asociación y cerrar uno de sus dominios de Internet.
El 28 de junio de 2023, Gadea decretó el ingreso en prisión provisional de Alberto Royuela, Santiago Royuela y Juan Martínez Grasa. Los tres se encontraban investigados por presuntos delitos de estafa agravada, apropiación indebida agravada, asociación ilícita y organización o grupo criminal. El juez ordenó asimismo la detención de Fernando Presencia, que no había acudido a la citación judicial.
Al día siguiente, Presencia fue enviado también a prisión provisional. En sus resoluciones, el juez atribuyó a Alberto y Santiago Royuela un papel esencial en la presunta elaboración de denuncias y de la documentación utilizada para acompañarlas.
Los Royuela y Martínez Grasa fueron posteriormente puestos en libertad provisional.
Resoluciones relacionadas con sus acusaciones
Las acusaciones derivadas del Expediente Royuela han sido presentadas en distintas ocasiones ante órganos judiciales y administrativos sin que se haya acreditado la supuesta organización criminal descrita por sus promotores.
En julio de 2023, la Sala Especial del artículo 61 del Tribunal Supremo archivó una querella presentada por Fernando Presencia contra numerosos magistrados, fiscales y funcionarios por supuestos delitos de injurias, calumnias, blanqueo de capitales, fraude fiscal, prevaricación y falsedad documental.
Los contenidos derivados del Expediente Royuela han continuado circulando posteriormente. Entre ellos figuran supuestos documentos bancarios atribuidos a políticos, magistrados, fiscales y periodistas. En julio de 2026 continuaban difundiéndose acusaciones de este tipo basadas en documentos relacionados con las mismas plantillas detectadas durante la investigación judicial de 2023.
Condenas por contenidos difundidos
En mayo de 2026, el Juzgado de lo Penal n.º 2 de León condenó a Alberto Royuela y Juan Martínez Grasa a seis meses de prisión por delitos de calumnias e injurias con publicidad cometidos contra el diputado Javier Alfonso Cendón. Ambos habían difundido a través del canal de YouTube vinculado al Expediente Royuela acusaciones que relacionaban falsamente al diputado con el denominado caso Mediador.
La sentencia, dictada después de que los acusados alcanzaran un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y la acusación particular, estableció además una indemnización de 2000 euros para Cendón y la obligación de publicar la resolución judicial en el mismo canal de YouTube en el que se habían difundido las acusaciones.
Consideración como desinformación
Diversos medios de comunicación y de verificación de hechos han clasificado el Expediente Royuela como una teoría de la conspiración o una campaña de desinformación debido a la ausencia de pruebas verificables que respalden sus principales afirmaciones.También han señalado al hecho de que la tipografía y las firmas reales de los involucrados no coinciden con las que aparecen en el dosier.
La investigación judicial iniciada en torno a ACODAP añadió elementos sobre la procedencia de parte de los documentos utilizados. El hallazgo de plantillas para elaborar supuestos justificantes bancarios y las resoluciones judiciales relativas a las denuncias presentadas llevaron al juez instructor a considerar falsa la trama documental investigada.
A pesar de estas actuaciones, las acusaciones vinculadas al Expediente Royuela han continuado difundiéndose en Internet y han sido reutilizadas para atribuir cuentas bancarias ocultas, operaciones de corrupción y otros delitos a diferentes personalidades públicas.
Referencias
Categoría:Teorías conspirativas en España Categoría:Desinformación Categoría:España en el siglo XXI