La masacre de Uncía fue una represión armada que el Ejército de Bolivia realizó el 4 de junio de 1923 contra un grupo de mineros y sus familias reunidos en la plaza Alonso de Ibáñez del pueblo de Uncía, en el norte del departamento de Potosí. Los manifestantes pedían la libertad de sus dirigentes sindicales, presos horas antes por orden del gobierno de Bautista Saavedra. El mayor José V. Ayoroa, al mando de las tropas presentes, ordenó abrir fuego con una ametralladora contra la multitud. El hecho ocurrió apenas un mes después de fundada la Federación Obrera Central Uncía, la primera organización que unió a los trabajadores de las dos empresas mineras más grandes del lugar. El historiador Roberto Querejazu Calvo la considera el primer caso en que la muerte de mineros bolivianos se volvió un problema político de alcance nacional contra un gobierno. También es considerada por una historiadora como la primera represión sangrienta en la minería privada.

Antecedentes miniaturadeimagen|El antiguo ingenio Miraflores, en Uncía, perteneciente en ese entonces al magnate boliviano Simón I. Patiño. El distrito minero de Uncía, en la provincia de Rafael Bustillo, al norte del departamento de Potosí, era en la década de 1920 uno de los centros más importantes de extracción de estaño de Bolivia. Dos empresas se repartían la montaña de Llallagua: la Compañía Minera La Salvadora, del empresario boliviano Simón I. Patiño, y la Compañía Estañífera de Llallagua, de capital chileno. Entre las dos empleaban a más de mil trabajadores solo en la mina, con un jornal promedio de 4,50 bolivianos por día. Ya en agosto de 1920 había habido un choque violento entre soldados y trabajadores de la empresa chilena, con varios muertos y heridos, luego de una marcha de protesta hacia el ingenio de Catavi.

En 1923, bajo el gobierno de Bautista Saavedra, los sindicatos de las dos empresas decidieron unirse en una sola organización. El 1 de mayo, tras un desfile por el Día del Trabajo, se fundó en Uncía la Federación Obrera Central Uncía (FOCU), con Guillermo Gamarra como presidente y Ernesto Fernández como secretario general. La nueva federación pidió al gobierno la salida del gerente chileno Emilio Díaz, acusado de maltratar a los trabajadores bolivianos, la reincorporación de varios obreros despedidos y garantías para funcionar como sindicato. El gobierno no aceptó el pedido y, ante la amenaza de huelga, declaró el estado de sitio y envió a Uncía tropas de los regimientos Sucre, Ballivián, Camacho y del Batallón Técnico.

La masacre miniaturadeimagen|Vista del antiguo Socavón Patiño, construido en 1914, perteneciente a la Empresa Minera La Salvadora. La mañana del 4 de junio de 1923, las autoridades detuvieron en Uncía a los dirigentes de la federación, Guillermo Gamarra y Gumercindo Rivera, junto con los políticos Gregorio Vincenti y Melitón Leyton y el juez Silverio Saravia, y los encerraron en una habitación de la subprefectura. Grupos de mineros y sus familias se reunieron en la plaza Alonso de Ibáñez de Uncía para pedir la libertad de los presos.

Por la tarde, las autoridades pidieron a Gamarra y Rivera que convencieran a la gente de retirarse. Los dos dirigentes salieron a hablar con la multitud, pero a la vez pidieron que no abandonara su reclamo. Esto molestó al mayor José V. Ayoroa, jefe del Batallón Técnico, que ordenó a sus soldados disparar al aire para dispersar a la gente. Como nadie se movió, y ya de noche, Ayoroa dio la orden de abrir fuego con una ametralladora contra la multitud. En un informe posterior a sus superiores, Ayoroa reconoció haber usado la ametralladora y dio un primer resultado de 4 muertos y 11 heridos, de los cuales calculaba que 2 morirían pronto y otros 3 más adelante.

Esa misma noche, un trabajador logró entrar a escondidas a la plaza y lanzó un cartucho de dinamita encendido por una ventana de la subprefectura. La explosión asustó a las autoridades y a los presos que estaban adentro, pero no causó heridos. Al día siguiente, los mineros desenterraron a sus compañeros muertos, que habían sido puestos en una fosa común, y los velaron antes de un nuevo entierro el 6 de junio, al que asistió todo el pueblo de Uncía.

Las cifras de víctimas no son las mismas en todas las fuentes. El informe de la propia federación, redactado en parte por Gamarra, dice que Ayoroa mató a cuatro trabajadores e hirió a doce, y que de los heridos murieron tres en los días siguientes, lo que da un total de 7 muertos. El mayor Ayoroa, en un informe distinto dirigido a sus superiores, dio una cifra parecida pero no igual: 4 muertos y 11 heridos, de los cuales calculaba que 2 morirían pronto y otros 3 más adelante, es decir, hasta 9 en total. Ante el Congreso, en cambio, Bautista Saavedra redujo la cifra a 4 muertos y 4 heridos, y sostuvo que la tropa había actuado en defensa propia tras ser atacada con dinamita y armas de fuego. Años después, un recuento periodístico de 1936 nombró a cinco trabajadores muertos y mencionó que hubo otros cuyos cuerpos nunca se identificaron, y una publicación obrera de 1926 sostuvo que el número real de muertos pasó de cinco y que varios cuerpos fueron retirados en carretas. Esta diferencia entre lo que se dijo en público y lo que las propias fuentes cercanas a los hechos reconocían se ha señalado como parte de un patrón que se repitió en otras masacres mineras bolivianas del siglo XX.

Consecuencias Los dirigentes presos, entre ellos Gamarra y Rivera, fueron confinados en el pueblo de Corque hasta noviembre de 1923. Ernesto Fernández, secretario general de la federación, fue apresado en Oruro y luego desterrado del país. Sin sus principales dirigentes, la Federación Obrera Central Uncía perdió fuerza y dejó de existir hacia 1926.

A pesar de este final, la masacre de Uncía tuvo un peso importante en la memoria política boliviana. El historiador boliviano Roberto Querejazu Calvo señaló que fue el primer caso, antes de la masacre de Catavi de 1942, en que la muerte de mineros se convirtió en un problema político nacional contra un gobierno. Tanto Saavedra en 1923 como el general Enrique Peñaranda en 1942, intentaron sin éxito restar importancia a estos hechos. Estudios académicos más recientes, como el de la historiadora Ivanna Margarucci, ubican la masacre de Uncía dentro de la difusión de ideas anarquistas y sindicales entre Chile y Bolivia en esos años. El propio Guillermo Lora, uno de los historiadores que más detalladamente documentó el hecho, había nacido en Uncía.

Véase también Masacre de Catavi Masacre de San Juan Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia Cinturón de estaño de Bolivia Bautista Saavedra Simón I. Patiño Guillermo Lora

Referencias

Bibliografía

Uncía Categoría:Bolivia en 1923 Categoría:Historia del Departamento de Potosí