La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, citada como Expediente PE-13/2026, es un proyecto de ley presentado el 26 de marzo de 2026 al Congreso de la Nación Argentina por el Poder Ejecutivo Nacional, que busca modificar el régimen de expropiaciones, los procesos de desalojos y reformar diversas leyes.

El proyecto fue tratado por el Senado los días 6 y 7 de agosto de 2026, luego de cuatro postergaciones sucesivas. Durante su tratamiento el oficialismo retiró el capítulo referido a la reforma de la Ley de Tierras Rurales y, antes de la votación en general, también eliminó el capítulo sobre modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego. A esa sesión, presidida por el presidente provisional del Senado Bartolomé Abdala, asistieron numerosas movilizaciones sociales y sindicales en rechazo al proyecto, mientras que en el recinto una moción de la oposición para devolver la iniciativa a comisión fue rechazada por 38 votos contra 31. Tras casi doce horas de debate, el Senado otorgó media sanción al proyecto por 37 votos afirmativos y 33 negativos, con modificaciones, y lo giró a la Cámara de Diputados para continuar su trámite legislativo.

Historia Presentación y dictamen

El proyecto fue impulsado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien lo presentó personalmente ante las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado el 8 de abril de 2026, enmarcándolo en lo que definió como los dos pilares de la gestión de gobierno: el equilibrio fiscal y la libertad económica.

El 20 de mayo de 2026, las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General del Senado emitieron un dictamen de mayoría, con modificaciones al proyecto original de ley de inviolabilidad de la propiedad privada enviado por el Poder Ejecutivo, tras un debate en el que la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, presentó cambios al texto, mientras que sectores de la oposición formularon objeciones y promovieron dictámenes alternativos. El dictamen de mayoría obtuvo diez firmas en la Comisión de Asuntos Constitucionales y nueve en la de Legislación General. A partir de su firma, el proyecto continuó siendo objeto de sucesivas modificaciones, acumulando al menos quince versiones distintas hasta su tratamiento en la sesión del 6 de agosto de 2026.

Postergaciones sucesivas El tratamiento legislativo del proyecto fue postergado en varias oportunidades por falta de votos a favor. Su primera inclusión en el orden del día del Senado ocurrió en la sesión del 4 de junio de 2026, cuando se resolvió diferir el debate; la nueva fecha fijada, el 18 de junio, tampoco llegó a celebrarse. El proyecto volvió al temario el 25 de junio, pero la Cámara no reunió el cuórum necesario para sesionar.

Un tercer intento se produjo el 16 de julio: la Cámara aprobó pasar a un cuarto intermedio, con 65 votos a favor, y reanudar el debate tras el receso invernal, el 6 de agosto.

Para la sesión del 6 de agosto, el oficialismo había previsto tratar el proyecto junto con la denominada Ley Hojarasca, mientras que la incorporación del proyecto conocido como Súper RIGI fue descartada por encontrarse su tratamiento parlamentario en etapas preliminares.

Negociaciones y eliminación del capítulo de tierras rurales (agosto de 2026) En los días previos a la sesión del 6 de agosto, la titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, encabezó una nueva ronda de negociaciones con los bloques aliados —agrupados informalmente en un "grupo" de 44 senadores no kirchneristas— para destrabar el capítulo referido a la venta de tierras rurales a extranjeros, llegando a proponer un tope del 25 % a la titularidad extranjera, frente a la eliminación total de límites que preveía el proyecto original. La propuesta no logró convencer a senadores de bloques provinciales como Independencia (Tucumán) y La Neuquinidad, cuyas representantes revirtieron su apoyo inicial tras la intervención de sus respectivos gobernadores. Ante la falta de consenso, el oficialismo resolvió el 5 de agosto retirar por completo el capítulo III del proyecto, referido a la reforma de la Ley de Tierras Rurales, para evitar una nueva postergación. Los bloques aliados —Unión Cívica Radical, Propuesta Republicana, Independencia, La Neuquinidad, Despierta Chubut, Encuentro Misionero, Provincias Unidas, Primero los Salteños y Moveré Santa Cruz— aclararon en un comunicado conjunto que la postergación del capítulo "no implica su eliminación del proyecto" y que continuarían trabajándolo en comisión.

Sturzenegger defendió públicamente la decisión de retirar el capítulo, calificándola como una elección entre "el miedo y la prosperidad" en una publicación en la red social X. Por separado, también fue excluido del dictamen final el articulado que modificaba el Registro Nacional de Barrios Populares, ante el rechazo de sectores como la Pastoral Social de la Iglesia católica, que advirtieron sobre el riesgo de desalojos masivos en barrios populares.

Sesión del 6 de agosto de 2026

El quórum para la sesión se alcanzó a las 14:18. La presidió Bartolomé Abdala, presidente provisional del Senado, dado que la vicepresidenta de la Nación y presidenta nata de la Cámara, Victoria Villarruel, se encontraba a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje del presidente Javier Milei a Colombia y Ecuador. El miembro informante del dictamen fue el senador Agustín Coto, de La Libertad Avanza, quien presentó el proyecto ya sin el capítulo de tierras rurales.

Al inicio de la sesión, el jefe del interbloque Unión por la Patria, José Mayans, mocionó para que el proyecto volviera a comisión, argumentando que el dictamen definitivo había sido distribuido recién ese mediodía, sin tiempo para un estudio adecuado. La moción fue rechazada por 38 votos contra 31: la oposición reunió los votos del interbloque peronista, de senadores de Convicción Federal y de bloques provinciales de Santa Cruz y Tucumán, mientras que el oficialismo y sus aliados lograron los votos necesarios para continuar con el debate.

El dictamen que llegó al recinto incorporó, además, un cambio no difundido previamente: una desregulación más amplia de la Ley N.º 26.815 de Manejo del Fuego, al sumar a la derogación ya prevista del artículo 22 quater la del artículo 22 ter, ambos referidos a las restricciones sobre el uso del suelo tras un incendio.

Tras casi doce horas de debate, el miembro informante Agustín Coto comunicó el retiro del Capítulo IV, referido a las modificaciones de la Ley de Manejo del Fuego, por lo que el proyecto llegó a la votación sin los capítulos III (tierras rurales) y IV (manejo del fuego). Finalmente, el Senado aprobó la iniciativa en general por 37 votos a favor y 33 en contra y luego sancionó en particular sus restantes capítulos con modificaciones, otorgándole media sanción y disponiendo su remisión a la Cámara de Diputados.

Represión a las movilizaciones durante la sesión

La jornada, que contó con más de treinta oradores y se estimaba se extendería por varias horas, se desarrolló en paralelo a movilizaciones sociales, sindicales y políticas frente al Congreso, con un fuerte operativo de seguridad en la zona. La votación en general del proyecto se previó recién hacia las 21 o 22 horas, con posibilidad de extenderse hasta la madrugada del 7 de agosto dada la cantidad de anotados para hacer uso de la palabra.

El operativo de seguridad aplicado a la movilización frente al Congreso en rechazo al tratamiento de la Ley dejó un saldo de al menos 29 personas detenidas y un número creciente de heridos. El operativo de seguridad, que incluyó la aplicación del protocolo antipiquetes mediante el uso de camiones hidrantes, gas lacrimógeno y balas de goma, y la participación de las fuerzas de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina y Policía de la Ciudad de Buenos Aires, culminó con 29 manifestantes detenidos; 12 por la Policía Federal Argentina bajo cargos de atentado y resistencia a la autoridad, mientras que otros 9 fueron demorados por la Policía de la Ciudad en las inmediaciones del centro porteño.

En cuanto a los lesionados, el parte médico oficial detalló que cinco efectivos de las fuerzas de seguridad sufrieron contusiones y debieron ser trasladados al Hospital Churruca. Mientras que por el lado de los civiles se reportaron múltiples afectados por los químicos y balas de goma y una fotoperiodista herida de gravedad en el cráneo que fue derivada de urgencia al Hospital Argerich. 14 personas tuvieron que ser hospitalizadas y miles recibieron atención médica en las postas sanitarias de emergencia por impactos de municiones de goma en el cuerpo, ojos irritados y problemas respiratorios. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció que hubo más de 1.500 personas heridas (incluyendo manifestantes y transeúntes afectados por gases lacrimógenos y gas pimienta).

La represión también incluyó la presencia de efectivos vestidos de civil, sin uniforme ni identificación visible, que habrían utilizado armas largas y efectuado disparos en dirección a los manifestantes. Según las denuncias difundidas, uno de los agentes señalados es el comisario inspector de la Policía Federal Argentina Gustavo Antonio Gauna, quien fue registrado en imágenes portando una escopeta y disparando hacia el público durante el operativo. Esta situación generó cuestionamientos respecto de la legalidad del procedimiento, la identificación y función del personal armado, el tipo de armamento y munición utilizados, así como las órdenes bajo las cuales habrían actuado. En este marco, se presentó una denuncia penal contra la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y contra el mencionado efectivo, además de solicitarse que se investigue la eventual responsabilidad de otros funcionarios y agentes involucrados en el operativo.

Contenido El proyecto propone modificar diversas normas vinculadas al régimen de propiedad, el uso del suelo, las expropiaciones y determinados procedimientos judiciales. Según el mensaje de elevación del Poder Ejecutivo, la iniciativa busca dotar a la protección del derecho de propiedad de mecanismos procesales más eficaces, en el entendimiento de que la demora en la restitución de un inmueble ante una ocupación ilegítima constituye, en la práctica, una privación del derecho sin indemnización.

La iniciativa incorpora asimismo modificaciones a diversos artículos del Código Civil y Comercial y del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, alterando aspectos relacionados con el régimen de los derechos reales, las relaciones patrimoniales y determinados procedimientos judiciales. Una versión anterior del proyecto preveía además cambios en el Registro Nacional de Barrios Populares, que fueron finalmente excluidos del dictamen tratado en el recinto.

Capítulo I: Expropiaciones y regularización dominial El proyecto modifica la Ley N.º 21.499 de Expropiaciones, que establece el procedimiento y las condiciones bajo las cuales el Estado puede expropiar bienes por causa de utilidad pública, así como las garantías y el régimen de indemnización aplicables a los propietarios afectados. Entre los cambios impulsados figuran el pago de las indemnizaciones exclusivamente en dinero y una redefinición del régimen de ocupación temporánea, con límites orientados a preservar su carácter excepcional.

Capítulo II: Desalojos y procedimientos judiciales