Una crisis migratoria es una situación de emergencia o de especial complejidad en la que los movimientos de población, dentro de un país o a través de fronteras internacionales, producen consecuencias humanitarias, políticas, sociales o administrativas que superan o ponen bajo una presión extraordinaria la capacidad habitual de respuesta de los Estados, las comunidades de origen, tránsito o destino y las organizaciones de asistencia.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) emplea el concepto en un sentido amplio para referirse a las dimensiones migratorias de una crisis. Esta puede provocar desplazamientos internos o internacionales, afectar a personas que ya se encontraban en tránsito o dejar a comunidades migrantes expuestas a situaciones de vulnerabilidad. Las crisis migratorias pueden aparecer de forma repentina o desarrollarse gradualmente y estar relacionadas con conflictos armados, persecuciones, catástrofes naturales, degradación ambiental, inestabilidad política, crisis económicas o una combinación de estos factores.
El término también se utiliza en el discurso político y periodístico para describir la llegada de un número elevado de personas migrantes, refugiadas o solicitantes de asilo a un determinado territorio durante un periodo relativamente breve. Sin embargo, no existe un umbral numérico universal a partir del cual un movimiento migratorio pase a considerarse una crisis. Su empleo depende de la magnitud y rapidez de los desplazamientos, de la capacidad de respuesta disponible y de la interpretación política y social de la situación.
Características
Una crisis migratoria puede afectar simultáneamente a los países de origen, tránsito y destino. Sus consecuencias varían según el contexto, pero pueden incluir:
desplazamientos masivos o repentinos de población; aumento de las necesidades de alojamiento, alimentación, asistencia sanitaria y protección; saturación temporal de los sistemas de acogida, asilo o control fronterizo; separación de familias y presencia de menores no acompañados; riesgo de trata de personas, explotación, violencia o desaparición; tensiones políticas y diplomáticas entre los Estados afectados; repercusiones sobre las comunidades locales y los servicios públicos; dificultades para identificar la situación jurídica y las necesidades particulares de cada persona.
La OIM señala que las crisis no solo afectan a quienes abandonan su lugar de residencia como consecuencia directa de una emergencia. También pueden perjudicar a migrantes que ya residían o trabajaban en el territorio afectado, personas atrapadas en países de tránsito, apátridas, desplazados internos y comunidades que reciben a un número elevado de recién llegados.
No todos los desplazamientos que se producen durante una crisis son forzosos ni todas las personas que participan en ellos tienen la misma condición jurídica. En un mismo flujo pueden coincidir refugiados, solicitantes de asilo, migrantes económicos, víctimas de trata, menores no acompañados y personas que abandonan temporalmente una zona insegura. Estas situaciones reciben habitualmente la denominación de flujos migratorios mixtos.
Causas
Las crisis migratorias suelen ser el resultado de factores múltiples. En los estudios migratorios se distingue habitualmente entre factores de expulsión, que contribuyen a que las personas abandonen su lugar de residencia, y factores de atracción o de oportunidad relacionados con los posibles lugares de destino.
Entre los principales factores de expulsión se encuentran:
los conflictos armados y otras formas de violencia; la persecución por motivos políticos, étnicos, religiosos, nacionales, sociales o de género; la vulneración generalizada de los derechos humanos; las catástrofes naturales y los efectos de la degradación ambiental; la pobreza, el desempleo y la falta de expectativas; la inestabilidad institucional y el colapso de los servicios públicos; las crisis alimentarias o sanitarias.
Los factores de destino pueden incluir la seguridad, la estabilidad política, la existencia de oportunidades laborales, la presencia de redes familiares o comunitarias, la proximidad geográfica y la percepción de que determinados países ofrecen mejores condiciones de protección o posibilidades de regularización.
Las tecnologías de comunicación han adquirido asimismo un papel importante en la organización de los desplazamientos. Los teléfonos móviles y las redes sociales permiten compartir información sobre rutas, controles fronterizos, medios de transporte y oportunidades de acogida. También pueden facilitar la difusión de rumores, información falsa o mensajes de redes de tráfico de personas.
Crisis migratoria y crisis de refugiados
Los conceptos de crisis migratoria y crisis de refugiados no son equivalentes. Una persona refugiada es aquella que se encuentra fuera de su país y no puede regresar a él debido a un temor fundado de persecución o, conforme a determinadas definiciones regionales, porque su vida, seguridad o libertad se encuentran amenazadas por conflictos, violencia generalizada u otras circunstancias que alteran gravemente el orden público.
Una crisis de refugiados implica el desplazamiento de un número elevado de personas necesitadas de protección internacional. Una crisis migratoria, en cambio, puede englobar movimientos más heterogéneos y no requiere que todas las personas afectadas reúnan las condiciones jurídicas para ser reconocidas como refugiadas.
La condición de refugiado no depende de que un gobierno la conceda formalmente, sino del cumplimiento de los requisitos establecidos por el derecho internacional. El procedimiento de asilo sirve para determinar y reconocer esa condición en cada caso. Por ello, mientras no se haya examinado una solicitud, resulta impreciso asumir que toda persona que llega en un flujo mixto es un migrante económico o, en sentido contrario, que todas las personas recién llegadas son refugiadas.
También se diferencia de una crisis de desplazamiento interno, en la que las personas abandonan sus hogares, pero permanecen dentro de las fronteras de su propio país.
Gestión de las crisis migratorias
La gestión de una crisis migratoria comprende las actuaciones realizadas antes, durante y después del desplazamiento de población. Incluye tanto la asistencia humanitaria como la protección de derechos, el control de fronteras, la tramitación de solicitudes de asilo, la coordinación administrativa y la recuperación posterior de las comunidades afectadas.
El Marco Operacional de la OIM en Situaciones de Crisis Migratoria establece un enfoque que puede aplicarse a distintas fases de una emergencia. Entre sus ámbitos de actuación se encuentran la gestión de campamentos y alojamientos, el transporte, la asistencia sanitaria, la protección de personas vulnerables, la lucha contra la trata, el apoyo consular, la gestión humanitaria de fronteras y la recopilación de datos sobre desplazamientos.
Preparación y detección
La preparación incluye la identificación de riesgos, la elaboración de planes de contingencia, la formación del personal y la disponibilidad de instalaciones, suministros y sistemas de información. La detección temprana busca reconocer cambios en los patrones de movilidad y anticipar posibles necesidades de protección o acogida.
Según Fulvio Attinà, la gestión de una crisis transfronteriza requiere varias funciones relacionadas entre sí: detección, interpretación de la situación, adopción de decisiones, coordinación, comunicación pública y rendición de cuentas.
Asistencia y acogida
Durante la fase de emergencia, las autoridades y organizaciones humanitarias deben garantizar las necesidades básicas de las personas afectadas. Entre ellas se encuentran:
rescate y atención sanitaria; alojamiento y alimentación; acceso a agua potable y saneamiento; identificación y registro; información comprensible sobre derechos y procedimientos; localización y reunificación de familiares; protección de menores y otras personas vulnerables; prevención de la violencia, la explotación y la trata.
La identificación inicial no debe emplearse para excluir automáticamente a una persona de los mecanismos de protección. ACNUR recomienda que los sistemas de recepción permitan detectar posteriormente necesidades que no hubieran sido identificadas en el momento de la llegada.
Asilo y protección internacional
Los Estados deben proporcionar acceso efectivo a los procedimientos de protección internacional a las personas que manifiesten temor a regresar a sus países. El principio de no devolución prohíbe expulsar o devolver a una persona a un territorio donde pueda sufrir persecución, tortura u otras vulneraciones graves de sus derechos.
En situaciones de afluencia masiva puede recurrirse a mecanismos colectivos o simplificados, como el reconocimiento prima facie de la condición de refugiado o la protección temporal, cuando no resulta posible realizar inmediatamente una evaluación individual completa de todas las solicitudes.
Gestión fronteriza
La gestión fronteriza en una crisis incluye el control de los pasos fronterizos, las operaciones de búsqueda y rescate, el registro de las personas y la diferenciación entre quienes solicitan protección y quienes pueden quedar sujetos a procedimientos ordinarios de retorno.
La OIM utiliza la expresión gestión de fronteras en crisis humanitarias para referirse al conjunto de operaciones realizadas antes, durante y después de una crisis con el objetivo de mejorar la preparación de las autoridades fronterizas, proteger a las personas afectadas y mantener la seguridad y el funcionamiento de las fronteras.
Las políticas de control fronterizo pueden generar controversias cuando incluyen detenciones prolongadas, devoluciones sumarias, restricciones al acceso al asilo o actuaciones que ponen en riesgo la vida de quienes intentan cruzar.
Retorno e integración
Cuando una persona no reúne los requisitos legales para permanecer en el país receptor, puede quedar sujeta a un procedimiento de retorno. Los organismos internacionales distinguen entre el retorno forzoso, ejecutado por las autoridades, y el retorno voluntario asistido, en el que la persona decide regresar y puede recibir apoyo económico, logístico o de reintegración.
Las personas reconocidas como refugiadas, beneficiarias de protección o autorizadas a residir pueden necesitar políticas de integración relacionadas con la vivienda, la educación, el aprendizaje del idioma, la atención sanitaria y el empleo. La ausencia de recursos suficientes puede prolongar la emergencia inicial y generar situaciones de exclusión social.
Unión Europea
La Unión Europea desarrolló progresivamente una política común de migración, asilo y control de fronteras exteriores. La llegada de más de un millón de personas por rutas irregulares en 2015 evidenció las diferencias entre los sistemas nacionales de acogida y dio lugar a mecanismos de reubicación, cooperación con terceros países y refuerzo de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas.
El Pacto sobre Migración y Asilo adoptado en 2024 incluyó un reglamento específico para situaciones de crisis y fuerza mayor. El mecanismo se aplica cuando una llegada masiva de nacionales de terceros países o apátridas puede provocar la ineficacia de los sistemas de asilo, acogida o retorno de un Estado miembro o causar consecuencias graves para el funcionamiento del sistema común europeo.
El reglamento contempla excepciones temporales a determinados procedimientos y mecanismos de solidaridad entre Estados miembros, como:
la reubicación de solicitantes de asilo o beneficiarios de protección; contribuciones financieras; apoyo material o de personal; modificaciones temporales de algunos plazos y procedimientos; medidas específicas ante la instrumentalización política de la migración.