El caso Gabriela Blas es un caso de error judicial infligido en contra de una pastora aymara, condenada injustamente a 12 años de prisión en abril de 2010 por filicidio por abandono. El Estado de Chile le ofreció una disculpa formal en enero de 2018.
Proceso En julio de 2007, la pastora Gabriela Blas Blas fue contratada para cuidar en el altiplano cerca de Tacora el rebaño de llamas de una mujer de ciudad. Blas dejó a su hijo, Domingo Eloy Blas, en el campamento mientras iba a buscar algunos animales extraviados. A su regreso, el niño de 3 años había desaparecido. Ella lo buscó por todo el campamento hasta el anochecer. Al día siguiente, regresó a Coronel Alcérreca, el pueblo de su familia, y denunció la desaparición a Carabineros. La torturaron para que confesara haber matado a su hijo. No se organizó ningún equipo de búsqueda. Blas fue puesta en régimen de aislamiento en prisión preventiva en Arica. El tribunal de familia le retiró la patria potestad sobre su hija, de iniciales C.B., que había sido puesta bajo la tutela de los servicios de protección infantil una semana antes de la desaparición de su hermano, y ofrecida en adopción. La niña finalmente fue adoptada en el extranjero . El tribunal penal de Arica condenó a Gabriela Blas a 10 años de prisión por homicidio, pero la corte de apelaciones anuló la sentencia por insuficiencia de pruebas; la evidencia consistía en el testimonio de Blas, obtenido de manera irregular. En diciembre de 2008, el cuerpo del niño fue encontrado en la meseta, y la autopsia concluyó que la muerte fue causada por hipotermia sin intervención humana. El juzgado de garantía condenó nuevamente a Blas, esta vez a 12 años de prisión por abandono de un menor que resultó en su muerte.
Las abogadas Nancy Yáñez y Camila Maturana, con el apoyo de las organizaciones de derechos humanos Corporación Humanas y Observatorio Ciudadano, argumentan que los jueces cometieron un error al aplicar a Gabriela estándares de diligencia razonable materna que no eran aplicables a su situación como mujer aymara económicamente precaria. El 29 de mayo de 2012, gracias a sus esfuerzos, el gobierno de Sebastián Piñera redujo la pena a la mitad por decreto. La Ley 20.588, aprobada el 9 de junio de 2012, indultó a Blas. En febrero de 2013, Blas apeló ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en virtud del Convenio de Belém do Pará y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Llegó a un acuerdo amistoso con el Estado de Chile bajo la presidencia de Michelle Bachelet, el 11 de junio de 2016. Este acuerdo otorga a Blas una pensión mensual y garantiza que su hija adoptiva conocerá la historia de su madre cuando cumpla 18 años. Finalmente, el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, en presencia del presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, le presentó las disculpas oficiales del Estado chileno el 28 de enero de 2018, por trato discriminatorio y condena injusta.
Referencias
Bibliografía
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