España se ha opuesto a la guerra contra Irán desde su inicio, condenando los ataques aéreos de Estados Unidos e Israel, que comenzaron el 28 de febrero de 2026, como violaciones del derecho internacional según declaraciones del gobierno español. El Gobierno Español, liderado por el presidente Pedro Sánchez, denegó a las fuerzas estadounidenses el permiso para utilizar las bases militares conjuntas de Rota y Morón para operaciones contra Irán, lo que generó tensiones diplomáticas con Estados Unidos y declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump sobre posibles sanciones comerciales. Sánchez citó la postura de España con el lema «no a la guerra», estableciendo paralelismos con la oposición a la guerra de Irak de 2003.
En respuesta a las repercusiones regionales del conflicto, España desplegó una fragata en la República de Chipre para brindar apoyo defensivo tras los ataques con drones iraníes en las dependencias británicas en la isla homónima. A nivel nacional, la guerra provocó protestas en ciudades como Madrid, donde los manifestantes expresaron su oposición a las acciones lideradas por Estados Unidos. España también retiró a su embajadora de Israel en medio de las crecientes tensiones relacionadas con la guerra y la situación humanitaria en la Franja de Gaza, que diversas organizaciones internacionales y algunos gobiernos han denunciado como resultado de las operaciones militares israelíes.
La postura española evidenció diferencias dentro de la OTAN y la Unión Europea, con España adoptando una posición distinta a la de algunos aliados como Francia, Alemania y el Reino Unido, que expresaron mayor respaldo a las operaciones estadounidenses. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, rechazó las afirmaciones de la Casa Blanca de que España había accedido a la cooperación militar, manteniendo que la posición del gobierno permanecía inalterada. Sánchez describió el conflicto como un «grave error» que podría provocar un aumento de los precios de la energía e inestabilidad regional.
Antecedentes La guerra contra Irán en 2026 comenzó con ataques aéreos coordinados de Estados Unidos e Israel contra objetivos iraníes, motivados por las amenazas percibidas derivadas de las presuntas actividades nucleares del gobierno de Irán y su influencia regional. España, miembro de la OTAN, recibió peticiones de Estados Unidos para apoyar la campaña, pero priorizó el respeto al derecho internacional, influenciada por críticas previas a las acciones israelíes en Gaza y su compromiso con la desescalada en Oriente Medio. Este enfoque contrastó con el de otras naciones europeas, que ofrecieron un apoyo limitado a las medidas defensivas.
Respuesta diplomática El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, calificó los ataques como una «acción militar unilateral» y pidió retomar las negociaciones diplomáticas. España rechazó el uso de las bases militares de Rota y Morón para operaciones ofensivas relacionadas con la guerra, lo que llevó a que algunos recursos militares estadounidenses fueran trasladados a otros países aliados. En declaraciones públicas, Sánchez afirmó que los líderes internacionales no podían «jugar a la ruleta rusa» con la estabilidad global.
El 11 de marzo de 2026, España anunció la retirada de su embajador en Israel, alegando la escalada de la guerra y los conflictos relacionados en Gaza. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, negó posteriormente las afirmaciones de la Casa Blanca sobre una posible cooperación militar española en la guerra, reiterando la postura oficial del gobierno.
Participación militar
Las contribuciones militares de España mantuvieron un carácter defensivo. Tras los ataques con drones iraníes en Chipre, el gobierno desplegó la fragata Cristóbal Colón en el Mediterráneo oriental para ofrecer defensa y protección aérea. La ministra de Defensa, Margarita Robles, aclaró que este despliegue se ajustaba a las obligaciones de la OTAN, pero no incluía acciones ofensivas contra Irán. No se registraron bajas españolas durante estas operaciones. En ese mismo sentido, España también rechazó una oferta de Emmanuel Macron para unirse a una misión militar multinacional para participar en la crisis del estrecho de Ormuz.
Adicional, el Estado español mantiene fuerzas militares desplegadas en la zona de escalada militar, como en Líbano (como parte de la misión de mantenimiento de la paz de la UNIFIL en el conflicto israelí-libanés), en Irak (como parte de la NIM en la guerra civil iraquí y en la guerra contra el Estado Islámico), en Turquía (como parte de la Operación Active Fence de la OTAN en la base aérea de Incirlik para defender el espacio aéreo turco y no para actividades ofensivas) y en Somalia-Yibuti (como parte de la Operación Atalanta contra la piratería frente a la costa de Somalia) desde antes de la guerra de Irán de 2026. La unidad española en Líbano informó haber sufrido daños por la ofensiva israelí en la Línea azul durante los ataques de Hezbolá-Israel en 2026, y que la ONU está considerando retirarse de la misión en caso de un colapso del Estado libanés (aunque España declaró su intención de continuar sus operaciones para asistir a las autoridades libanesas y a sus Fuerzas Armadas). Además, se prevé que en mayo de 2026 España asuma el liderazgo transitorio de la Misión de la OTAN en apoyo al gobierno de Irak, si bien el Estado español mostró su preocupación por la retirada de Estados Unidos de dicha misión y cómo esto afectaría la economía de guerra de la misma (incluida la posibilidad de su disolución).
El Gobierno de España declaró que sus misiones militares se basan en el «compromiso con la paz mundial, con nuestros aliados en la OTAN, las Naciones Unidas y la Unión Europea» y que las fuerzas españolas sirven únicamente al propósito de estar «firmemente comprometidas con la defensa», sin esperar ayudar en la agresión de otras fuerzas armadas de estados aliados; así como también declaró su preocupación por la vulnerabilidad del personal militar español en la región debido al fuego cruzado.
Reacciones internas El conflicto desencadenó manifestaciones públicas en España, como las protestas en Madrid el 28 de febrero de 2026, donde se exhibieron pancartas contra la guerra. La retórica de Sánchez de «no a la guerra» resonó con el sentimiento antibelicista, haciéndose eco de la oposición a conflictos anteriores como el de Irak. Las encuestas indicaron una desaprobación generalizada de Trump entre los españoles, lo que reforzó el apoyo a la postura del gobierno.
La política del gobierno español también generó críticas de partidos de oposición como el Partido Popular y Vox, que defendieron una postura más cercana a Estados Unidos e Israel.
Por otro lado, sectores de la izquierda criticaron lo que consideraron una contradicción entre el discurso antibelicista del gobierno y la continuidad de compromisos militares de España dentro de estructuras de la OTAN y otras misiones internacionales.
Impacto La oposición de España tensó las relaciones con Estados Unidos, exponiendo las fisuras dentro de la OTAN y suscitando preocupación por las posibles repercusiones económicas derivadas de las amenazas comerciales. Esta postura también puso de manifiesto las divisiones en Europa, con España posicionándose como defensora del multilateralismo ante el temor a una mayor inestabilidad.
El 14 de marzo se convocaron manifestaciones en distintos puntos de España en contra de la guerra.
Referencias
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