La contaminación por metales pesados en Espinar es un caso de afectación al medio ambiente y a la salud pública en la provincia de Espinar del departamento de Cusco, Perú. Diversos estudios oficiales y reportes de organizaciones han identificado la presencia de metales tóxicos en el ambiente y en la población de la zona.

Informes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) han señalado la existencia de vínculos entre esta contaminación y las actividades del complejo minero a tajo abierto de la zona, operado por la multinacional suiza Glencore mediante la Compañía Minera Antapaccay S.A. Además, otros estudios científicos realizados por el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS) y diversas organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional han documentado la exposición prolongada de comunidades indígenas quechuas y k’ana a metales como arsénico, plomo, cadmio, mercurio y manganeso tanto como concentraciones de estos elementos en el medio ambiente (aire, cuerpos de agua, pastizales, entre otros) como en el organismo de los habitantes locales y de los animales. Contexto y origen El complejo minero que incluye Tintaya-Antapaccay cuenta con depósitos de relaves asociados a sus operaciones, los cuales han sido objeto de evaluaciones ambientales. Desde el 2016, la contaminación ambiental en la provincia de Espinar ha sido documentada en diversas ocasiones. De acuerdo con informes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y evaluaciones de causalidad desarrolladas por el Estado peruano, se han identificado afectaciones por filtraciones en cuerpos de agua subterráneos y en ríos en zonas cercanas a las operaciones mineras. Estas evaluaciones han analizado la posible relación entre las actividades extractivas y la presencia de contaminantes en el entorno hídrico de la provincia. Este organismo nacional realizó evaluaciones de causalidad ambiental entre 2022 y 2023, donde identificaron fuentes de contaminación asociadas a componentes del complejo minero en Espinar, incluyendo el depósito de relaves Tintaya. De acuerdo con dichos informes, se registraron afectaciones en aguas subterráneas y superficiales en áreas vinculadas a las cuencas de los ríos Tintaya y Salado, analizándose la posible relación con actividades mineras. En el caso de la calidad del aire, las evaluaciones del OEFA señalaron que el material particulado PM10 estaría asociado, entre otros factores, a las actividades extractivas, incluyendo el levantamiento de polvo durante las voladuras en los tajos norte y sur de la operación minera, en algunos casos con niveles que superan los estándares de calidad ambiental establecidos.

Por otro lado, la empresa operadora, Glencore, viene impulsando el proyecto de expansión denominado «Integración Coroccohuayco», ubicado en la provincia de Espinar. Diversas organizaciones de la sociedad civil, como Oxfam y CooperAcción, han expresado preocupaciones respecto a este proyecto, señalando posibles impactos sociales y ambientales, así como cuestionamientos relacionados con procesos de consulta, acceso a la información y afectaciones a comunidades locales, entre ellas Pacopata.

Impacto en la salud pública La situación sanitaria en Espinar ha sido objeto de preocupación por parte de entidades estatales y organizaciones de derechos humanos, que han documentado la exposición de la población a metales pesados y sus posibles efectos en la salud. Diversos estudios y evaluaciones biomédicas han identificado la presencia de estos elementos en muestras biológicas de habitantes de la zona. Múltiples tamizajes biológicos confirman la intoxicación crónica en la población.

Estudios toxicológicos En 2010 y 2013, el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS), entidad del Ministerio de Salud del Perú, realizó monitoreos de sangre y orina en población de Espinar. Los resultados evidenciaron la presencia de metales pesados en niveles superiores a los valores de referencia en un sector de los evaluados, en un contexto marcado por cuestionamientos sobre demoras en la entrega de resultados y observaciones de actores sociales sobre el proceso.

Entre 2018 y 2020, una investigación desarrollada los especialistas Juan Carlos Ruíz (abogado en derechos humanos el IDL) y Fernando Osores (médico en salud ambiental) presentaron el análisis de muestras de 150 personas de 11 comunidades indígenas. El estudio reportó que el 78% de los participantes presentaba concentraciones de al menos un metal pesado por encima de los valores de referencia. Entre los resultados específicos, se identificó que: El 58% superó los límites de arsénico. El 29% excedió los límites de manganeso. El 12% superó el máximo permisible de cadmio. El 4% y 3% mostraron valores peligrosos de plomo y mercurio, respectivamente.

Casos reportados y efectos en la salud Pobladores de comunidades como Alto Huancané, Huisa y Alto Aira Ccollana han reportado diversos problemas de salud, incluyendo síntomas como cefaleas, náuseas y afecciones renales, anemia, desarrollo de tumores y nacimientos con malformaciones o retraso neurológico. Estas situaciones han sido recogidas en informes y testimonios difundidos por organizaciones sociales y medios de comunicación.

Un caso citado en este contexto es el de Margarita Ccahuana Córdova, pobladora de la comunidad de Alto Huancané, cuyo fallecimiento por cáncer renal fue analizado en un estudio de CENSOPAS de 2010. Dicho informe identificó la presencia de metales pesados en su organismo, señalando la intoxicación crónica por cadmio y arsénico como un factor asociado a su muerte dentro de la evaluación médica.

Impacto diferenciado en mujeres Diversas investigaciones han señalado que los efectos de la contaminación ambiental en Espinar pueden tener impactos diferenciados en mujeres, particularmente en lo relacionado con la salud reproductiva y las condiciones de gestación. Asimismo, organizaciones locales como la Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y la Cultura K’ana han documentado impactos sociales y económicos asociados a la contaminación y a los conflictos socioambientales, incluyendo la afectación de actividades agropecuarias, el deterioro de sus economías familiares por la pérdida de medios de subsistencia y limitaciones en la participación de las mujeres en espacios de toma de decisiones comunales.

Procesos legales y respuesta del Estado La respuesta del Estado peruano frente a la problemática de contaminación por metales pesados en Espinar ha sido objeto de análisis en el ámbito judicial y de seguimiento por parte de organizaciones de derechos humanos.

Sentencia judicial de 2020 El 30 de diciembre de 2020, la Corte Superior de Justicia del Cusco emitió una sentencia que ordenó al Ministerio de Salud (MINSA) diseñar e implementar una estrategia de intervención en salud pública orientada a atender la situación sanitaria en la provincia de Espinar. En este contexto, autoridades del Gobierno Regional del Cusco informaron que un plan previo denominado «Plan Integral de Intervención Sanitaria 2013-2014» no fue ejecutado debido a limitaciones presupuestales.

Por su parte, organizaciones sociales y representantes de la población han señalado limitaciones en la capacidad de respuesta del sistema de salud local como el Hospital de Espinar, incluyendo la falta de especialistas toxicólogos y financiamiento para la atención de casos vinculados a exposición a metales pesados.

Demanda de amparo de 2025 El 17 de marzo de 2025, la Plataforma de Personas Afectadas por Metales Pesados y otras Sustancias Tóxicas de Cusco-Espinar (PAMETEC), junto con dirigentes de comunidades campesinas, presentó una demanda de amparo constitucional contra la Compañía Minera Antapaccay S.A. y diversas entidades del Estado, entre ellas el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el Ministerio del Ambiente (MINAM), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS).

La demanda plantea la adopción de medidas orientadas a la protección del derecho a la salud y al ambiente, incluyendo la implementación de acciones de remediación ambiental como el sellado de los lixiviados de metales y el acceso a fuentes de agua seguras para la población afectada.

Respuesta de la empresa minera La Compañía Minera Antapaccay S.A. ha sostenido que, de acuerdo a estudios de entidades estatales como la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), el Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), el Centro Nacional de Salud Ocupacional y Protección del Ambiente para la Salud (CENSOPAS), el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) entre 2010 y 2019, la presencia de metales pesados en la provincia de Espinar respondería en parte a condiciones geológicas naturales, y que en varios de los puntos evaluados los niveles registrados se encuentran dentro de los límites establecidos por la normativa vigente. Además, la empresa ha citado un estudio de 2016 de las consultoras Sena y Toxicorp (Estados Unidos), el cual señala que no habría identificado evidencia de exposición significativa a metales pesados en animales, atribuyendo su mortalidad a prácticas de crianza y nutrición. En sus comunicaciones institucionales, la compañía también ha señalado que no usa mercurio en sus procesos productivos y aplica medidas ambientales como tratamiento de efluentes con ósmosis inversa y monitoreo de aire y agua.

Referencias

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