El siguiente artículo resume las leyes peruanas dictadas para promover y/o fomentar la cinematografía nacional.
Antecedentes miniaturadeimagen|thumbtime=70|El balcón de la libertad (1948), cortometraje documental filmado por Productora Huascaran, parte de la colección de noticieros de la Biblioteca Nacional del Perú. La primera incursión del estado peruano en la cinematografía se dio durante el Oncenio de Leguía, época en la que el régimen de Augusto Leguía mandaba a hacer registros fílmicos de actos oficiales y fiestas de gala con fines propagandísticos. Leguía también instauro la censura cinematográfica mediante una norma legal promulgada el 11 de junio de 1926, la cual creaba una junta censora ante la "necesidad de asegurar el valor de los espectáculos cinematográficos y evitar los efectos perniciosos de las películas inmorales".
La primera norma legal dictada para promover la producción cinematográfica fue dictada por el presidente Manuel Prado Ugarteche durante su primer gobierno el 14 de julio de 1944. Dicha ley estableció el Servicio de Noticiarios Nacionales, el cual encargaba a empresas productoras la realización semanal de noticieros y documentales peruanos, obligando a su proyección en cines. Dicho sistema se mantuvo hasta 1957.
Ley N.º 13936 El 27 de enero de 1962 durante el segundo gobierno de Manuel Prado, el Congreso de la República dictó la ley "liberando de toda clase de impuestos y arbitrios, la exhibición de las películas nacionales, de largo metraje, producidos en el país por empresas nacionales". Constando de solo 2 artículos, la Ley eximía de impuestos a las empresas productoras nacionales durante un plazo de 8 años.
Debido a que la Ley era ambigua respecto a la nacionalidad de los beneficiarios, la legislación facilitó la realización de varias coproducciónes de países como México y Argentina en la década de los 60s.
Ley N.º 19327 miniaturadeimagen|El cineasta Armando Robles Godoy fue el artífice de la Ley N.º 19327. La Ley de Fomento de la Industria Cinematográfica, promulgada durante el régimen militar de Juan Velasco Alvarado el 27 de marzo de 1972 y entrada en efecto al año siguiente, estableció la exhibición obligatoria de películas peruanas e incentivó la producción con devolución de impuestos.
El artífice de la ley fue el cineasta Armando Robles Godoy, quien afirmó haber convencido personalmente a Velasco y, años antes, venía preparando con la Sociedad Peruana de Cinematografía una ley que fue presentada al congresista Alberto Arca Parró y que había llegado al senado antes del golpe de Estado de 1968.
Dicha ley también estableció la Comisión de Promoción Cinematográfica (COPROCI), institución encargada de brindar certificados de exhibición obligatoria a las películas. Según Christian Wiener, la COPROCI devino en un ente censor –especialmente durante el régimen militar– conformado por burócratas. Sin embargo, la Ley fue una norma fundamental porque permitió la realización de más de mil cortos y 60 largometrajes, impulsando significativamente el cine local durante dos décadas.
En diciembre de 1992, el Gobierno de Alberto Fujimori promulgó la Ley de Racionalización del Sistema Tributario Nacional y de Eliminación de Privilegios y Sobrecostos (Ley N.º 25988), la cual derogó los principales artículos del Decreto Ley N.º 19327 al contravenir la filosofía política y económica del régimen.
Ley N.º 26370 miniaturadeimagen| Logotipo del Consejo Nacional de Cinematografía (Conacine). Tras una campaña de parte de los cineastas exigiendo la restitución de la ley anterior, y usando la tesis de "excepción cultural" y la declaración de la UNESCO respecto a cinematografías locales, el Congreso Constituyente Democrático promulgó el 18 de octubre de 1994 la Ley de la Cinematografía Peruana.
Dicha ley propuso iniciativas económicas para fomentar el cine e inauguró el Consejo Nacional de Cinematografía (Conacine), organismo dependiente del Ministerio de Educación encargado de organizar concursos para obras cinematográficas dos veces al año, con premios de entre 155 y 270 UITs.
Debido al incumplimiento del pago del presupuesto por parte del gobierno, el CONACINE empezó a operar en sus primeros 7 meses sin dinero hasta recibir un desembolso de S/.500,000 de Alberto Fujimori a mediados de 1996. Pese a recibir S/.1 millón en 1999, el CONACINE no convocó concurso ese año para poder pagar el funcionamiento y las deudas de los ganadores del año pasado.
Desde 2001 hasta 2003, el CONACINE bajo la vicepresidencia de Nora de Izcue conformó una comisión junto con varios cineastas para elaborar una nueva ley de cine.
El 25 de setiembre de 2010, con la creación del Ministerio de Cultura durante segundo gobierno de Alan García, se promulgó el Decreto Supremo N.º 001-2010-MC aprobando la fusión por absorción de varias entidades públicas —entre las que se encontraba el Conacine— a dicho ministerio.
Dicho reglamento terminó por ser aprobado en el Consejo de Ministros el 11 de mayo de 2011 y, en su lugar, se designó el 13 de junio de 2011 lo que sería la Comisión Consultiva Nacional de Cinematografía.
En 2013, durante el gobierno de Ollanta Humala, se anunció que la Comisión Consultiva Nacional de Cinematografía sería remplazado por la Dirección del Audiovisual, la Fonografía y los Nuevos Medios (DAFO) y se promulgó la Ley N.º 29919, la cual modificó varios artículos de la Ley de la Cinematografía Peruana.
En 2014, la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco convocó el primer estímulo para la producción de largometrajes en lenguas originarias. Dichos estímulos exclusivamente para proyectos en lenguas originarias se volvieron a convocar en las ediciones de 2015, 2017 y 2018 y, en 2019, se expandió para cortometrajes.
El 30 de agosto de 2017, el ministro de cultura Salvador del Solar anunció que el Consejo de Ministros aprobó una ley de cine en el cual se permitirá triplicar los recursos que el Estado destina a este sector, con un 30% destinado a la producción de cine regional, y se encontraba a la espera de ser aprobada por el congreso.
Decreto de Urgencia N.º 022-2019 El Decreto de Urgencia que promueve la actividad cinematográfica y audiovisual (N.º 022-2019) aumentó el presupuesto del DAFO a 6000 UITs anuales dirigidos a promover la producción audiovisual —cine, televisión y medios digitales— y a la gestión cultural en general, que incluye la preservación del acervo audiovisual y cinematográfico, la investigación y formación en carreras audiovisuales. Además, permitió facultar al Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú para hacer coproducciones.
El decreto fue aprobado en primera votación por el congreso el 8 de mayo de 2019 y, tras la disolución del Congreso en setiembre de ese mismo año, fue decretado el 8 de diciembre, fecha en la que dimitió Francesco Petrozzi como ministro de Cultura y asumió Sonia Guillén.
Con la aprobación de la Ley N.º 32309 en febrero de 2026, el Decreto de Urgencia fue derogado.
Ley N.º 32309 miniaturadeimagen|200 px|La congresista Adriana Tudela, la promotora de la Ley N.º 32309 ampliamente criticada por cineastas y gremios. El 13 de setiembre de 2023 se presentó el Proyecto de Ley N.º 05903, iniciativa presentada por la congresista de Avanza País Adriana Tudela con respaldo de sus colegas de bancada Patricia Chirinos y Alejandro Cavero. Dicho proyecto plantea una reducción a los alcances de la Ley vigente a la par que propone drásticas modificaciones, entre ellas que el estímulo económico no cubra más del 50% del costo de las producciones beneficiadas y la creación de una "Ventanilla Única de autorizaciones de filmación en el territorio peruano" a cargo de Promperú. En su propuesta, Tudela afirma que la legislación anterior creaba un marco de «clara discriminación positiva en favor de producciones en lenguas indigenas u originarias».
En un principio, el Ministerio de Cultura sostuvo que el proyecto de ley no era viable pero, en mayo de 2024, la ministra de Cultura Leslie Urteaga anunció que se revisaría la financiación estatal para promover «la paz, la democracia y la memoria histórica de la nación». Esto en respuesta a una moción presentada por Alejandro Muñante para instalar de una comisión multipartidaria para examinar los estímulos asignados a «producciones cinematográficas y audiovisuales que tergiversan la historia del Perú [...] y proyectos artísticos con carga ideológica» en años anteriores.
El proyecto de ley terminó por ser aprobado en el congreso con 84 votos a favor el 11 de junio de 2024, entró en vigor el 25 de abril del 2025 y —con excepción de ópera primas de cineastas regionales— establece un límite del 70 % de cada película financiada por el Ministerio de Cultura, previa aprobación y mientras este garantice «supervisión y transparencia en el uso de los fondos, con mecanismos de rendición de cuentas y publicación periódica de los beneficiarios». En mayo de 2026, la Comisión de Cultura del Congreso aprobó por 11 votos una modificación a 3 artículos de la ley, permitiendo al Ministerio de Cultura integrar junto a Promperú la comisión fílmica y la financiación de cine regional hasta un 100%. En junio de ese mismo año, se aprobó un decreto supremo con refrendo del Ministerio de Economía y Finanzas que reglamenta las deducciones fiscales de donaciones de dinero y exoneraciones aduaneras al ingreso de bienes destinados hacia proyectos cinematográficos y audiovisuales reconocidos por el Ministerio de Cultura.
Reacciones Al no ser consultado por ninguno de los gremios audiovisuales, el proyecto de ley generó polémica. La propuesta fue criticada por diversos gremios, cineastas como César Galindo, Melina León, Luis Llosa y Francisco Lombardi además de actores como Marco Zunino, Tatiana Astengo, Lucho Cáceres, Sonaly Tuesta, la última apodó como la «ley anticine». El escritor de Caretas, Gabriel Ruiz Ortega, advertía que esa modificación tiene un propósito crematístico para las productoras de cine. El proyecto fue criticado por el Colectivo en Defensa del Cine Peruano en el contexto de los incentivos económicos, ya que se perdería la «diversidad de voces» en la industria nacional.
En respuesta a las críticas, Tudela sostuvo que medidas como el tope «lo que hacen es generar y promover nuevas fuentes de financiamiento» y que la respuesta ministerial demostraba «una argolla entre los gremios de la industria y el ministerio». De parte de la bancada, Alejandro Cavero y Ernesto Álvarez Miranda defendieron el PL argumentando que se beneficia una misma argolla. Posteriormente, Tudela afirmó que tras la reacción «desmedida y violenta» volvería a presentar la ley «con 0% de subsidio».
En enero de 2026, la congresista Susel Paredes propuso eliminar el límite de financiación de las películas con estímulos económicos y establecer una financiación mínima de 100 unidades impositivas tributarias. Para la congresista, el límite impuesto por Tudela es una barrera injusta que excluye a proyectos de bajo presupuesto, a las comunidades indígenas y a cineastas alejados de Lima.
Referencias
Bibliografía
Categoría:Cine de Perú Categoría:Censura en Perú Categoría:Legislación cultural en Perú