La deflagración de Renca ocurrió el 19 de febrero de 2026, cuando un camión cisterna de gas licuado de petróleo, de la compañía Gasco S.A., se incendió tras volcar en una curva y colisionar contra una barrera de contención en la Ruta 5 Norte, en la comuna de Renca (Santiago de Chile), alrededor de las 8:05 horas (local). El accidente, que afectó a numerosos vehículos y causó la muerte de quince personas, reabrió el debate sobre la seguridad en el transporte de cargas peligrosas por carretera en Chile.

Desarrollo Durante la mañana del 19 de febrero de 2026, un camión cisterna de la compañía Gasco transportaba una carga de gas licuado de petróleo desde la ciudad de Quintero, en la región de Valparaíso, con destino a una planta de la empresa ubicada en Maipú, en la región Metropolitana.

A las 8:05 a. m. (hora local), el camión tomó la conexión entre la Ruta 5 y la Avenida General Velásquez, en el límite comunal entre Renca y Quilicura. El trazado describía una curva, que ya se conocía popularmente como «curva de la muerte» por ser muy pronunciada pero donde pueden alcanzarse velocidades elevadas. Debido al exceso de velocidad, el camión cisterna colisionó con otro vehículo de gran tamaño y se arrastró hasta estrellarse contra las barreras delimitadoras.

El impacto había causado en el estanque de carga una fisura por la que se derramó gas licuado sobre el asfalto. Luego, las chispas del arrastre provocaron el incendio y la inmediata deflagración. Según testigos presenciales, una nube gigante de gas blanca cubrió rápidamente la autopista, envolviendo a los vehículos cercanos. La ignición generó una bola de fuego que se expandió en un radio cercano a los trescientos metros, además de un fuerte ruido provocado por la onda expansiva, percibido en comunas de la zona norte de Santiago (Renca, Quilicura y Huechuraba).

Consecuencias El siniestro afectó gravemente a varios vehículos que transitaban por la carretera, a un estacionamiento de automóviles colindante y a una locomotora de un tren de carga que circulaba en sus proximidades. En un primer momento se reportaron personas desaparecidas y víctimas fatales. Posteriormente, las autoridades confirmaron la existencia de múltiples fallecidos y heridos de extrema gravedad por quemaduras críticas —en algunos casos, con afectación total de la superficie corporal—, quienes fueron trasladados a distintos centros asistenciales de la ciudad de Santiago.

Los trabajos de contención del fuego y remoción de vehículos siniestrados tomaron más de 17 horas. A pesar de la magnitud del siniestro, la infraestructura vial no se vio mayormente afectada, permitiendo la reapertura del eje General Velásquez una vez finalizados los trabajos, que incluyeron la reposición de barreras de contención dañadas.

El 24 de febrero se confirmaron 11 fallecidos y 10 personas hospitalizadas, de las cuales, seis se encontraban en riesgo vital y las cuatro restantes en cuidados intermedios. La cifra fue aumentando con el paso de los días, contabilizándose al 14 de marzo un total de quince personas fallecidas.

El 12 de marzo se dio a conocer una querella por cuasidelito de homicidio, interpuesta por la viuda de Luis Romero, motorista fallecido a causa del siniestro, contra la compañía Gasco y todos quienes sean determinados como responsables del hecho. El 19 de marzo fue presentada una segunda querella por parte de los familiares de Mario Parra, fallecido el 13 de marzo.

El 20 de mayo, Televisión Nacional de Chile presentó un reportaje cuestionando la seguridad de la empresa y los procedimientos de revisión técnica del vehículo, que había presentado múltiples problemas técnicos desde principios de 2025, incluyendo alertas en frenos, neumáticos y sistemas de suspensión. El vehículo fue rechazado inicialmente en su revisión técnica el 7 de enero de 2026 por problemas de frenos, siendo aprobado dos horas después el mismo día; Carlos Gajardo, abogado querellante que representa a las familias afectadas, sugiere que la responsabilidad penal de los ejecutivos de Gasco podría llegar a cuasidelito de homicidio. Familiares de fallecidos y sobrevivientes denuncian abandono por parte de Gasco, acusando que las promesas de apoyo de la empresa no se han concretado y que no han recibido compensaciones.

Investigación Horas después del accidente, desde la Fiscalía Metropolitana Centro Norte se indicó que la línea de investigación se enfocaría en determinar la existencia de infracciones de tránsito por parte de los involucrados, agregando que según las imágenes obtenidas inicialmente, la responsabilidad recaería en el conductor del camión, por presunto exceso de velocidad. También se manejó la hipótesis de que el conductor —de 65 años— habría sufrido un paro cardíaco, lo cual fue descartado por su familia.

El 5 de marzo se dieron a conocer nuevas imágenes del accidente, a partir de cámaras de vigilancia. En los registros se pudo apreciar que el camión siniestrado circulaba por la pista central, debiendo cambiar a la pista derecha de la ruta para tomar la curva que conecta la Ruta 5 con la Avenida General Velásquez. Dicha maniobra fue realizada a solo 30 metros de dicha curva, dificultando la maniobrabilidad del vehículo. Además, según estimaciones el camión había circulado por la curva a una velocidad de 70km/h, cuando el límite de velocidad establecido era de 50km/h. Por otra parte, las imágenes revelaron que cerca de un minuto antes del accidente, circuló por el mismo sector otro camión perteneciente a Gasco, a pesar de las restricciones a vehículos de transporte de carga peligrosa en horarios de alta congestión. Dicho camión circulaba dentro del límite de velocidad establecido.

Reacciones A nivel político, el presidente de la República, Gabriel Boric, envió un comunicado desde la isla de Pascua el mismo día de la tragedia, calificando los registros visuales del accidente como «muy impactantes» y envió sus condolencias directas a las familias de las víctimas. El ministro Álvaro Elizalde enfatizó la necesidad de revisar las normativas de transporte para «evitar que estos hechos vuelvan a repetirse». El alcalde de Renca, Claudio Castro, decretó duelo comunal por tres días, luego de confirmarse la muerte de dos de sus vecinos el sábado 21 de febrero, quienes transitaban en moto por la carretera afectada. El alcalde dijo «no dejaremos solas a las familias y seguiremos acompañándolas».

En la misma línea, expertos en seguridad y representantes de gremios de transportistas del país solicitaron el reforzamiento de medidas de prevención de accidentes, como la implementación de fiscalizaciones permanentes y el mejoramiento de la infraestructura vial, enfatizando en que cerca del 90% del transporte de carga a nivel país es realizado por camiones.

Por su parte, la gerencia de la empresa Gasco, propietaria del camión implicado, publicó un comunicado en el que manifestaba su conmoción por la tragedia y expresaba sus más sinceras condolencias a las familias de las víctimas. También mostraba su disposición a colaborar con la investigación abierta por el Ministerio Público para esclarecer las causas exactas del accidente y la fatal deflagración posterior.

Véase también Accidente de Los Alfaques Deflagración de Iztapalapa de 2025 Deflagración de Villa El Salvador de 2020

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