La Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein (en inglés: Epstein Files Transparency Act) es una norma aprobada por el 119.º Congreso de los Estados Unidos y firmada por el presidente Donald Trump el 19 de noviembre de 2025. Esta legislación obliga al fiscal general de Estados Unidos a poner a disposición del público, en formato buscable y descargable, todos los archivos relacionados con el procesamiento penal del fallecido delincuente sexual infantil Jeffrey Epstein —desclasificándolos en la medida de lo posible, si fuera necesario— en un plazo de 30 días desde su aprobación. Además, debe entregar a los Comités Judiciales tanto de la Cámara de Representantes como del Senado una lista sin redacciones de todos los funcionarios gubernamentales y personas políticamente expuestas mencionadas en dichos archivos.
En septiembre de 2025, el representante Thomas Massie, del Partido Republicano, presentó una petición de descarga en apoyo al proyecto de ley. El 12 de noviembre, esa petición reunió las 218 firmas mínimas exigidas —cuatro de representantes republicanos y doscientas catorce de demócratas—, lo que forzó a la Cámara de Representantes a someter el texto a votación. Al día siguiente, el 18 de noviembre de 2025, la Cámara aprobó la norma por 427 votos a favor y solo uno en contra; el voto negativo lo emitió el representante republicano Clay Higgins, de Luisiana. Al día siguiente, el Senado dio su aprobación por consentimiento unánime, y el presidente Trump promulgó la ley. La norma concedió al fiscal general un plazo de 30 días para hacer públicos los documentos.
El 19 de diciembre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó el primer lote de los archivos Epstein. Sin embargo, incumplió la ley al no haber liberado la totalidad de los documentos en esa fecha, lo que provocó críticas bipartidistas. Muchos de los documentos presentaron redacciones extensas, con cientos de páginas completamente tachadas en negro. Tras un despliegue tardío y muy cuestionado, el Departamento continuó liberando material en oleadas sucesivas, hasta completar la última entrega el 30 de enero de 2026. Una vez concluida esa fase, el Departamento afirmó haber cumplido con su obligación legal y haber puesto a disposición todos los archivos disponibles, que sumaban más de 3.,5 millones de páginas. El anuncio, no obstante, encontró resistencia política, ya que diversos informes señalaron que el conjunto completo de los archivos Epstein superaría los 6 millones de páginas.
Antecedentes
izquierda|miniaturadeimagen|200x200px|Foto policial de Jeffrey Epstein, 2019. Durante la campaña presidencial de 2024, en junio de ese año Rachel Campos-Duffy interrogó en Fox News al candidato republicano y expresidente Donald Trump sobre si liberaría los archivos de Epstein en caso de regresar a la presidencia; él respondió que sí lo haría. Meses después, en septiembre, mientras participaba en el pódcast de Lex Fridman, reiteró esa promesa de publicar los archivos si resultaba electo. Trump ganó las elecciones en noviembre de 2024.
Ya en febrero de 2025, la fiscal general Pam Bondi declaró en una entrevista en Fox News que la supuesta «lista de clientes de Epstein» se encontraba sobre su escritorio para ser revisada en ese momento. Poco después, a finales de ese mismo mes, la Casa Blanca entregó carpetas etiquetadas como «Archivos de Epstein: Fase 1» y «Desclasificados» a varias figuras destacadas del conservadurismo y la derecha, entre ellas Liz Wheeler y Scott Presler. Ese mismo día, la representante Anna Paulina Luna criticó el gesto y lo calificó de mera entrega de «información antigua». El 7 de julio, Bondi emitió un comunicado en el que el Departamento de Justicia afirmaba que no se había encontrado ninguna «lista de clientes incriminatoria», lo que contradecía directamente su declaración de febrero. Ese mismo día, el Departamento de Justicia y el FBI anunciaron que no se publicarían más archivos de la investigación Epstein. La declaración desató indignación entre figuras conservadoras: Liz Wheeler la tildó de «comportamiento imperdonable», mientras que los Hodgetwins pidieron abiertamente a Trump que destituyera a Bondi.
El 11 de julio circularon informes según los cuales Dan Bongino, subdirector del FBI, mantuvo un enfrentamiento acalorado con Bondi por su gestión de los archivos y llegó a considerar su dimisión. Posteriormente, Bongino fue degradado a codirector adjunto el 15 de septiembre, y anunció su renuncia definitiva el 17 de diciembre de ese año. Al día siguiente del comunicado de Bondi, el 12 de julio, Trump salió en su defensa y se refirió a Epstein como «alguien por quien nadie se preocupa», para más tarde, el 16 de julio, calificar los archivos de Epstein de «un gran engaño». El 23 de julio surgieron reportes que indicaban que, ya en mayo, Bondi y su adjunto Todd Blanche habían informado a Trump de que su nombre aparecía «entre muchos otros en los archivos Epstein», pero después Trump negó rotundamente esa información. Este cambio de postura del presidente generó duras críticas entre podcasters cercanos a su entorno y amplios sectores conservadores. Joe Rogan acusó a la administración Trump de «hacer gaslighting» a la opinión pública, mientras que Andrew Schulz afirmó que se estaba «insultando la inteligencia» de los ciudadanos. Finalmente, en agosto de 2025, el juez Paul A. Engelmayer rechazó la solicitud de Bondi para desclasificar los archivos del gran jurado en el proceso contra Ghislaine Maxwell.
Historial legislativo
Petición de descargo miniaturadeimagen|200x200px|El representante Thomas Massie fue el primero en presentar una petición de descargo sobre los archivos de Epstein. El 2 de septiembre de 2025, primer día de sesiones en la Cámara de Representantes tras el receso de agosto, el representante Thomas Massie presentó una petición de descargo para obligar a la Cámara a votar la exigencia al Departamento de Justicia de que liberara los archivos. El presidente Trump y otros republicanos iniciaron de inmediato una campaña de presión para impedir la publicación de los documentos; un funcionario anónimo llegó a calificar el apoyo a la petición de Massie como «un acto muy hostil hacia la administración». En cuestión de días, varias congresistas republicanas —Nancy Mace, Lauren Boebert y Marjorie Taylor Greene— firmaron la petición junto a numerosos demócratas. A finales de ese mismo mes, Greene publicó en X que la red de violaciones y pedofilia de Epstein tenía que ser expuesta por completo y exigió que se liberara toda la información relacionada con él por cualquier medio disponible. Además, expresó preocupación por su seguridad y pidió que, en caso de que algo le ocurriera, se investigara quién podría estar intentando impedir que esa información saliera a la luz.
El 9 de septiembre, el Comité de Reglas de la Cámara rechazó por 8 votos contra 4 —siguiendo líneas partidistas— una moción del representante demócrata Jim McGovern para solicitar una votación sobre la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein. Las dos últimas firmas que completaron las 218 necesarias llegaron de demócratas: James Walkinshaw, quien ganó la elección especial por el 11.º distrito de Virginia el 9 de septiembre y fue juramentado al día siguiente, y Adelita Grijalva, vencedora en la elección especial por el 7.º distrito de Arizona el 23 de septiembre y juramentada el 12 de noviembre. En las horas previas a la toma de posesión de Grijalva, la fiscal general Pam Bondi, su adjunto Todd Blanche y el director del FBI Kash Patel se reunieron con Lauren Boebert para tratar el asunto de la iniciativa en la Cámara. Aun así, Boebert no retiró su firma de la petición. Una vez que Grijalva prestó juramento y aportó la firma 218, ya no era procedimentalmente posible que ningún firmante retirara su apoyo.
El presidente de la Cámara, Mike Johnson, había retrasado deliberadamente la juramentación de Grijalva, atribuyéndolo en general al cierre parcial del gobierno de 2025 y argumentando que la Cámara no podía tomar juramento a nuevos miembros durante sesiones pro forma o en medio de un shutdown (como se le conoce en inglés al cierre del gobierno). Sin embargo, algunos críticos señalaron que Johnson sí había juramentado a dos republicanos, Jimmy Patronis y Randy Fine, durante una sesión pro forma en abril. El 21 de octubre, la fiscal general de Arizona, Kris Mayes, presentó una demanda contra Johnson para obligarlo a juramentar a Grijalva. Ese mismo día, Johnson declaró en Fox Business que el retraso «no tiene nada que ver con Epstein», puesto que «los archivos Epstein se están publicando» (en aparente alusión a las entregas realizadas por el Comité de Supervisión de la Cámara).
Período de intervalo El 12 de noviembre de 2025, el presidente de la Cámara Mike Johnson anunció que la Cámara sometería el proyecto de ley a votación durante la semana siguiente, entre el 16 y el 22 de noviembre. En los días posteriores, varios representantes republicanos que no habían firmado la petición de descargo expresaron públicamente su intención de votar a favor de la legislación: Don Bacon, Andy Biggs, Rob Bresnahan, Tim Burchett, Eli Crane, Warren Davidson, Carlos A. Giménez, Nicole Malliotakis, Max Miller y Derrick Van Orden. Por su parte, la representante María Elvira Salazar indicó que aún estaba considerando su posición. Según informó Politico citando fuentes anónimas, más de cien republicanos se esperaban que rompieran con Johnson y apoyaran la norma. El representante Ro Khanna previó que entre 40 y 50 republicanos podrían respaldar la liberación de los archivos, mientras que Thomas Massie anticipó que el apoyo republicano podría crecer de forma exponencial, llegando incluso a más de cien votos a favor.
El 15 de noviembre, Trump ordenó al Departamento de Justicia que investigara los vínculos de Epstein con entidades bancarias y con destacadas figuras demócratas, entre ellas Bill Clinton, Lawrence Summers y Reid Hoffman. En Truth Social, calificó el asunto como «otro engaño al estilo Rusia, Rusia, Rusia, con todas las flechas apuntando a los demócratas». Poco después, la fiscal general Pam Bondi asignó la investigación al fiscal federal Jay Clayton. Al día siguiente, el 16 de noviembre, Massie cuestionó la nueva investigación ordenada por Trump. Señaló que el presidente había calificado durante meses el caso como un engaño y que ahora, de repente, decidía investigarlo si realmente lo era. Expresó además su preocupación de que estas indagaciones pudieran servir como pretexto para retener documentos, ya que los materiales vinculados a investigaciones en curso no pueden divulgarse. En su opinión, se trataba de una cortina de humo destinada a abrir múltiples pesquisas como último recurso para bloquear la publicación de los archivos Epstein. Aclaró que no creía que Trump estuviera personalmente implicado, sino que buscaba proteger a un grupo de amigos ricos y poderosos, multimillonarios, donantes de su campaña y personas de su círculo social. Horas más tarde, Trump cambió de postura en Truth Social y pidió a los republicanos de la Cámara que votaran a favor de liberar los archivos Epstein, argumentando que era momento de dejar atrás ese «engaño demócrata». El representante Robert Garcia interpretó el giro como un signo de pánico ante la inminente derrota en la votación para forzar la liberación de los documentos por parte del Departamento de Justicia. Recordó que Trump tenía la autoridad para publicar todos los archivos de inmediato, pero optaba por mantener el encubrimiento y lanzar investigaciones ficticias para desviar y retrasar el proceso. Massie, por su lado, comentó que Trump «se había cansado de verme ganar».