El Rodriguismo/Chavismo es un movimiento populista de derecha costarricense basado en las aspiraciones políticas del expresidente Rodrigo Alberto de Jesús Chaves Robles, actual superministro de la Presidencia y de Hacienda, con un discurso crítico hacia sectores tradicionales de la clase política y la burocracia estatal.
De acuerdo al medio alemán DW Español: Chaves, una persona con un complejo perfil político y psicológico, ha consolidado un estilo de gobierno confrontativo, ampliado con discursos incendiarios cuyo objetivo ha sido erosionar los cimientos democráticos de un país que siempre se jactaba de la estabilidad de sus instituciones públicas y de la confianza de la población en la democracia.Por el contrario, según sus promotores, el movimiento aboga por un fuerte cambio en la función del Estado: reducción del gasto público, reformas orientadas a la eficiencia administrativa y una política económica de corte liberal.
Contexto político Su origen político se ubica en la figura del exmandatario Rodrigo Chaves y en el rechazo de parte de la población costarricense hacia la clase política tradicional. Según dirigentes del movimiento, se asoció con la lucha contra la corrupción y el fin del «sistema caduco» de los partidos tradicionales. Este discurso fue retomado y promovido por la candidata Laura Fernández Delgado del Partido Pueblo Soberano, quien lo presentó como una «revolución» y como continuidad de la gestión de Chaves para las elecciones de 2026, en la conformación de como lo denominan «la fundación de la Tercera República» planteando un cambio profundo en la forma de hacer política en Costa Rica. La elección de Fernández el 1 de febrero de 2026 consolidó al chavismo como fuerza oficialista y evidenció la reconfiguración del escenario político costarricense, marcado por el debilitamiento de los partidos históricos y el fortalecimiento de movimientos personalistas y antisistema.
Características El movimiento afirma buscar un cambio del sistema político, mediante la ruptura con los partidos y prácticas tradicionales. Argumenta luchar contra el crimen organizado, reducir trámites y gastos de algunas instituciones públicas. Dice señalar actos de abuso y corrupción dentro de las instituciones públicas.
Diversos análisis periodísticos y declaraciones públicas atribuyen al chavismo una orientación caracterizada por posiciones críticas hacia el modelo social costarricense, un enfoque de austeridad en materia económica y una postura de confrontación con sectores institucionales tradicionales.
Estado del Bienestar Rodrigo Chaves ha cuestionado el modelo social costarricense por considerarlo financieramente insostenible. Ha criticado a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), responsable del sistema de salud universal, y ha puesto en duda la viabilidad de la cobertura sanitaria consagrada en la constitución. También ha defendido recortes presupuestarios en educación y ha calificado como una «medida populista» el mandato contenido en la carta magna que establece un gasto mínimo del 8 % del PIB en tal sector. Además, durante el periodo 2022-2026, el otrora principal proveedor de telefonía, Instituto Costarricense de Electricidad, ha perdido gran parte de su mercado e ingresos.
El elector chavista cree, por su parte, que Chaves ha impulsado un debate profundo y necesario al respecto. Para ellos, Chaves Robles alerta sobre los riesgos financieros de mantener un sistema que, sin reformas estructurales, podría comprometer su viabilidad a largo plazo. En lugar de atacar las conquistas históricas, ha defendido la necesidad de proteger y fortalecer instituciones clave como la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), promoviendo una gestión más eficiente que garantice la cobertura sanitaria universal consagrada en la constitución para las generaciones futuras.
Libertad de prensa: la disyuntiva entre la «prensa canalla» y la «prensa vasalla» Diversos organismos internacionales han señalado un deterioro de la libertad de prensa durante el periodo asociado al chavismo costarricense. Según el diario La Nación, Costa Rica ha caído de forma sostenida en los índices de Reporteros Sin Fronteras debido a los ataques verbales del Ejecutivo contra medios, a las restricciones al acceso a información pública y a un ambiente de hostilidad hacia periodistas críticos. La Sociedad Interamericana de Prensa y el Committee to Protect Journalists han advertido sobre presiones económicas, estigmatización desde el discurso oficial y un clima que favorece la autocensura, factores que han afectado la posición histórica del país como referente regional en libertad de expresión.
Por el contrario, según los adeptos al régimen, se ha generado un intenso debate sobre la relación entre el Ejecutivo y los medios de comunicación, marcado por críticas mutuas. El gobierno defendió que su política buscaba precisamente fortalecer la verdadera libertad de prensa al romper con prácticas históricas de corrupción y clientelismo en la distribución de la pauta estatal.
En palabras de la presidenta del Colegio de Periodistas de Costa Rica, Yanancy Noguera Calderón:Para Chaves, la prensa es un enemigo permanente. El presidente necesita una confrontación continua entre el bien y el mal, para elevar el espíritu de las personas que se sienten excluidas y desprotegidas. Utiliza esta dinámica de polarización contra la prensa para explorar las frustraciones nacionales.Los colaboradores del jefe del Ejecutivo argumentan que los grandes medios tradicionales, tales como Teletica/Canal 7, CRHoy, Amelia Rueda y La Nación, se agrupan en la así llamada «prensa canalla». Estos habían sido grandes beneficiarios de millonarias pautas publicitarias públicas durante gobiernos anteriores, a cambio de un supuesto silencio o cobertura complaciente frente a casos de corrupción. En esta línea, la Administración impulsó una redistribución más amplia de la publicidad estatal hacia medios supuestamente «emergentes y regionales», que «respaldan al Gobierno, atacan a medios de comunicación y cuestionan a la oposición». A estos últimos podrían denominárseles «prensa vasalla».
Según el ideario chavista, el objetivo es el de «democratizar» el acceso a los recursos públicos y reducir la concentración de poder mediático, pese a que las medidas promovidas desde el Ejecutivo han provocado el efecto contrario. De acuerdo con los seguidores del régimen, ello generó fuertes resistencias de los grupos tradicionales, que interpretaron la pérdida de pauta como retaliación, elevando el tono del conflicto.
De acuerdo con la visión chavista, el deterioro en los rankings reflejaba más el malestar de una prensa acostumbrada a privilegios que una amenaza real a la libertad de expresión. En su perspectiva, Costa Rica mantuvo su marco legal sólido de protección a periodistas, sin violencia física sistemática ni censura formal, y el gobierno promovió mayor escrutinio ciudadano a través de nuevos canales de información. Los enfrentamientos, argumentan, representaron un «despertar democrático»: el fin de un sistema donde la pauta estatal servía para «callar la corrupción» y el inicio de una relación más transparente, con menor vínculo entre el poder político y las grandes corporaciones mediáticas.
Crisis democrática El 10 de agosto de 2026, 34 organizaciones internacionales dieron a conocer su inquietud por las claras señales de deterioro de la independencia judicial y de la institucionalidad democrática en Costa Rica.
La declaratoria contó con varias firmantes, entre las que destacaban el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Civicus, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Hivos y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), entre otras.
Entre sus principales preocupaciones, las entidades mencionaron la falta de nombramientos de magistrados suplentes de la Sala Constitucional, la reducción de recursos para el Poder Judicial y los discursos de autoridades públicas contra personas vinculadas con la administración de justicia.
Según las organizaciones, Costa Rica se distinguió históricamente en América Latina por la estabilidad de sus instituciones, la separación de poderes y la independencia del Poder Judicial.
Además, lamentaron los discursos de representes del Estado, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, contra jueces y empleados de Poder Judicial. En su opinión, dichas manifestaciones pueden socavar a este último Poder y debilitar su función como contrapeso institucional.
Políticas ambientales El movimiento de Rodrigo Alberto de Jesús Chaves Robles prioriza un enfoque pragmático y equilibrado en materia ambiental, buscando conciliar la protección del medio ambiente con el desarrollo económico y la generación de empleo. En lugar de adoptar automáticamente compromisos internacionales percibidos como restrictivos, la administración puso énfasis en medidas concretas de conservación, reforestación y desarrollo sostenible que respeten las necesidades del sector productivo costarricense.
Respecto al Acuerdo de Escazú, el gobierno decidió no ratificarlo argumentando que podría generar incertidumbre jurídica y sobrecargas burocráticas para el sector privado, especialmente en actividades agrícolas, turísticas e industriales clave para la economía nacional. En su lugar, Chaves defiende fortalecer los mecanismos nacionales ya existentes de acceso a información ambiental y participación ciudadana, considerados suficientes y más adaptados a la realidad costarricense, sin necesidad de tratados externos que podrían limitar la soberanía en la toma de decisiones.
Política exterior El chavismo costarricense ha mostrado una gran sintonía con el presidente Donald Trump. Rodrigo Chaves ha participado en eventos con figuras cercanas al movimiento Make America Great Again (MAGA). En ellos, elogió públicamente a Trump y adoptó parte de su retórica. Este acercamiento ha generado debate en Costa Rica sobre la orientación de la política exterior del gobierno, así como cuestionamientos a la soberanía estratégica del país en este respecto.
En materia internacional, ha mostrado una postura favorable hacia lsrael durante la guerra de Gaza. Según reportes de prensa, Rodrigo Chaves Robles ha defendido públicamente al gobierno de Israel frente a críticas y anunció la negociación un tratado de libre comercio bilateral, pese a las obligaciones internacionales de Costa Rica bajo el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Seguridad y crimen organizado El movimiento ha enmarcado parte de su discurso en torno al aumento de la criminalidad. Sin embargo, informes periodísticos señalan que, desde comienzos del Gobierno Chaves Robles en 2022, Costa Rica se ha convertido en uno de los principales puntos de tránsito para el tráfico de drogas procedentes de Sudamérica hacia Europa y Estados Unidos.
Primera administración chavista (2022-2026) Laura Virginia Fernández Delgado aseguró que el país alcanzó «las cifras más altas de incautaciones de droga» entre 2022 y 2026. No obstante, el volumen total de decomisos de cocaína durante el gobierno de Rodrigo Alberto de Jesús Chaves Robles fue cerca de 21% menor al registrado en la administración de Carlos Andrés Alvarado Quesada. Vale destacar que Costa Rica sí alcanzó un récord de decomisos de marihuana durante ese periodo, con un volumen 52% mayor al registrado en el cuatrienio anterior.
2022 En setiembre de ese año, el Ejecutivo anunció un recorte presupuestario de un 37% al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), lo que representaba más de 2.900 millones de colones (5,35 millones de dólares, aproximadamente). Con ello, se realizó una afectación en los gastos operativos (cambio de más de 800 chalecos antibalas) y la compra de equipo (cascos balísticos, escudos y munición). Además, impactó negativamente la alimentación de los detenidos.