El programa IMSS-Bienestar fue un programa desconcentrado de la Secretaría de Salud de México, administrado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que proporcionaba atención médica de primer y segundo nivel a población no asegurada en áreas marginadas rurales de diecinueve estados de la República.
Antecedentes Herrera Tapia (2009) sostiene que, en la década de 1970, el agotamiento del debate sobre el campesinado mexicano derivó en la «creación de un concepto de nuevo cuño para etiquetar a la gente excluida del desarrollo en el medio rural»: marginado. De esta forma, en esa época dio inicio un nuevo discurso gubernamental que contempló «el reconocimiento de ciertos grupos considerados como marginados», dentro de los que se encontraban campesinos, indígenas y trabajadores, durante años «excluidos del Estado benefactor». Asimismo, según Granados Cosme y Ortiz Hernández (2003) se agudizó la crisis en el sector agrícola e incrementaron las demandas de atención médica rural.
En 1973, el Congreso de la Unión aprobó reformas que ampliaban los «beneficios del régimen obligatorio [uno de los dos componentes del seguro social según la ley publicada al respecto ese año], al extender la seguridad social a ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios organizados, además de incorporar el servicio de guarderías a nivel nacional». En este sentido, la «Ley del Seguro Social», publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 12 de marzo de ese año y que entró en vigor el 1 de abril siguiente, planteaba en su artículo octavo que: «Con fundamento en la solidaridad social, el régimen del Seguro Social, además de otorgar las prestaciones inherentes a sus finalidades, podrá proporcionar servicios sociales de beneficio colectivo [...]».
La legislación también asignaba las tareas de organización y administración del seguro social al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Posteriormente, aseguraba que los «servicios sociales de beneficio colectivo» incluían los «servicios de solidaridad social». En su artículo 237 apuntaba:
Por su parte, Sherraden (1991) afirma que la asistencia sanitaria en México en la década de 1970 consistía en grupos urbanos y clases medias con «amplios servicios de salud», frente a los «ausentes» servicios de salud institucionales para los sectores rurales. En 1970, existía un promedio de un médico por cada 4000 a 5000 habitantes en seis estados rurales del centro y sur del país; se estima que, para 1976, veinte millones de personas no contaban con servicios de salud, públicos o privados. Martínez Narváez (2013) sostiene que, con base en la tendencia gubernamental «de establecer subsistemas de salud para diferentes grupos de población», en junio de 1974 se estableció el «Programa Nacional de Solidaridad Social por Cooperación Comunitaria».
Aunque definía como beneficiarios a quienes estuvieran fuera de los sistemas de seguridad social, en múltiples casos se dio «una sobreposición entre las coberturas del seguro social y la asistencia pública»; la designación de la población receptora de esos servicios era responsabilidad exclusiva del gobierno federal, mientras que la administración del programa era tarea del IMSS. En su primer año, se establecieron esos servicios en la «zona ixtlera» —que abarcaba cinco estados del país—, con siete «clínicas hospitales de campo» y 310 graneros de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO) adaptadas como unidades de primer nivel. Para 1976, sumaban treinta hospitales rurales y 310 unidades en 19 estados del país, así como una cobertura de 3.8 millones de personas, a las que se les denominó «solidario-habientes».
Historia Convenio con Coplamar thumb|right|300px|Fragmento de un cartel publicitario del IMSS-Bienestar con los distintos nombres que ha tenido el programa. En 1977, el gobierno creó la Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados (Coplamar), el programa «más ambicioso de extensión de cobertura de servicios de salud a la población rural». Dos años después, el 25 de mayo de 1979, el IMSS y Coplamar firmaron un convenio, lo que dio origen al programa IMSS-Coplamar, que tenía el objetivo de «extender los servicios de salud a la población abierta en las zonas rurales de alta marginación»; el acuerdo implicaba que el instituto se haría cargo de los servicios médicos, medicamentos y hospitalización, mientras que la coordinación «coordinaría las labores de ayuda mutua». En detalle, el decreto indicaba que el IMSS se comprometía a instalar y operar las unidades médicas rurales y clínicas hospital de campo, además de los servicios —en las unidades— de «atención continua e integrada de promoción, protección y recuperación de la salud», consulta externa general, asistencia farmacéutica, atención materno-infantil y planificación familiar, educación para la salud, orientación nutricional, promoción del saneamiento, inmunizaciones y control de enfermedades transmisibles; en las clínicas hospital debía otorgar los servicios de consulta externa de medicina familiar, medicina preventiva y odontología, asistencia farmacéutica y «consulta externa y hospitalización en las divisiones básicas de la medicina». A cargo de Coplamar quedaban la promoción de convenios específicos y la gestión del «apoyo para la realización de los trabajos comunitarios».
También planteaba que se debían establecer y operar dos mil unidades médicas rurales a través del programa «Solidaridad Social por Cooperación Comunitaria» y ampliar la cobertura a diez millones de habitantes, partiendo de los treinta hospitales de campo y 310 unidades médicas rurales que tenía el IMSS en diciembre de 1978. Aprovechando los recursos del boom petrolero, al cabo de dos meses de iniciado el programa se habían abierto ya 873 clínicas. Para finales de 1980, operaban 2104 unidades médicas y 41 clínicas-hospitales, con una población cubierta de 14 millones de personas. Otras cifras reportadas eran 32.5 consultas, 0.07 intervenciones quirúrgicas y 0.3 egresos hospitalarios por cada cien «solidario-habientes». El programa estaba financiado en un 60 % con fondos públicos y 40 % con recursos del IMSS. A lo largo de las diversas etapas del programa, se publicaron decretos al respecto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), que definieron como «sujetos de solidaridad social» a los habitantes de diversas áreas del país, así como la ubicación de las unidades médicas rurales.
En este sentido, en diciembre de 1980, se publicaron decretos que determinaban la incorporación al programa IMSS-Coplamar de las 310 unidades de «IMSS-CONASUPO». Para los beneficiarios del programa, existía la obligación de llevar a cabo «trabajos comunitarios cuyo cumplimiento constituirá una obligación genérica de su colectividad», un total de un promedio anual de diez jornadas por adulto «y se deberán programar y organizar de manera que no interfieran con las actividades productivas normales de las propias comunidades». Esos trabajos comunitarios no serían únicamente físicos, sino también otras actividades «o formas de participación que propicien, directa o indirectamente, a elevar el nivel sanitario, social y económico de los núcleos de población». Page Pliego (2002) asegura que, al iniciar sus actividades, el IMSS-Coplamar lo hizo «imbuido del estilo institucional, rígido y vertical» del IMSS y pretendió «imponer un incisivo y moderno modelo de atención, tendiente, en un principio, a impactar a las comunidades rurales; para lo cual se hace un gran despliegue de recursos y personal». No obstante, con el paso del tiempo se hicieron evidentes «varias dificultades», como la contratación de personal médico y la crisis económica.
Descentralización Para 1982, IMSS-Coplamar era responsable de 11 millones de personas (14.5 % de población cubierta), ejercía 29 % del presupuesto y contaba con 0.14 camas y 0.33 médicos por cada mil habitantes. El 20 de abril de 1983, se publicó en el DOF un acuerdo que derogó el decreto que había establecido la Coplamar —pese a ello, el programa mantuvo su nombre de IMSS-Coplamar—. Por tanto, el IMSS asumió la responsabilidad total del programa, incluyendo garantizar la participación comunitaria; para 1983, el IMSS-Coplamar contaba con 3025 unidades médicas y 60 clínicas hospitales, infraestructura que abarcaba a todos los estados del país —excepto el Distrito Federal— e implicaba una capacidad de atención de unas 18 millones de personas. El mismo año, se instauró el «Comité de Operación del Programa IMSS-Coplamar», con la responsabilidad de «evaluar y apoyar sistemáticamente» su operación. Sin embargo, un año después, en marzo de 1984, el gobierno federal emprendió un proceso de descentralización de los servicios públicos de salud, decisión que implicó el traslado a los gobiernos estatales de 14 entidades de 911 unidades rurales y 23 clínicas hospitales; el programa entonces pasó a funcionar únicamente en diecisiete estados del país.
El proceso de descentralización inició con una prueba piloto de doce estados y planteaba terminar con los 31 para 1988. De esta forma, los centros médicos de la SSA y de IMSS-Coplamar pasaron a ser manejados por los gobiernos estatales con organismos autónomos. González Block y colaboradores (2020) detallan que, sin embargo, el IMSS cumplió «a regañadientes» y transfirió el personal médico dentro del programa, pero no se llevaron a cabo los acuerdos para hacer lo propio con los médicos residentes. Algunas de las secretarías estatales «no abordaron el problema de inmediato, lo que le dio al director del IMSS la oportunidad de organizar una protesta generalizada contra la descentralización y pedirle al presidente que la suspendiera». Así, solamente catorce estados finalizaron la descentralización. López-Arellano y Blanco-Gil (2001) abundan al señalar que la entrega de unidades a los Servicios Estatales de Salud (SESA) se produjo «sin el soporte material, humano y logístico-administrativo proporcionado —hasta antes de la descentralización— por el régimen ordinario del IMSS».
El paro del programa en los estados descentralizados enfrentó «a las cúpulas burocráticas del IMSS y de la Secretaría de Salud», lo que explicó porqué al finalizar el proceso IMSS-Coplamar había cedido únicamente el 28 % de sus unidades, «conservando una población potencial de 6,5 millones de habitantes». Para Brachet-Márquez (2004), la descentralización intentaba reducir costos, pero «resultó de momento más costosa, dando como resultado inmediato un caos administrativo y mayores gastos para los usuarios». El proceso se detuvo —de acuerdo con Gershberg y Jacobs (1998)— ante los reportes que evidenciaban una caída en la calidad de los servicios médicos en Guerrero, Morelos y otros estados. También se generó una indignación pública ante el deterioro en los servicios del programa IMSS-Coplamar. En suma, la descentralización «no mejoró el desempeño o la rendición de cuentas», además de que hubo un deterioro en la infraestructura sanitaria.
IMSS-Solidaridad