El proyecto Hamilton-Fuentealba fue una reforma constitucional aprobada por el Congreso Nacional de Chile en 1972 durante el gobierno del presidente Salvador Allende, pero nunca promulgada. El proyecto —que debe su nombre a sus impulsores, los senadores democratacristianos Juan Hamilton y Renán Fuentealba— tenía como objetivo limitar y en algunos casos revertir el proceso de estatización de la economía chilena que llevaba a cabo la Unidad Popular. Para ello, definía las tres áreas de la economía —social (estatal), mixta y privada— que el mismo Ejecutivo proponía, pero a la vez establecía que todo traspaso de empresa o industria al área social tenía que realizarse mediante ley. De esta manera, el proyecto buscaba frenar la nacionalización de numerosas empresas e industrias que vía decreto —denominados «resquicios legales» según la oposición— realizaba el gobierno de Allende.
La reforma ingresó al Senado en octubre de 1971 y después de su tramitación en ambas cámaras, en febrero de 1972 fue aprobada por el Congreso Pleno con los votos a favor de la oposición, quedando así lista para su promulgación. Sin embargo, en abril de 1972 Allende vetó los artículos que ponían en peligro la ejecución de su programa de gobierno. Después de fallidas negociaciones entre el gobierno y el Partido Demócrata Cristiano, el Senado —en julio de 1972— y la Cámara de Diputados —en abril de 1973— rechazaron por mayoría simple el veto del presidente. Según la oposición, ahora el gobierno debía convocar a un plebiscito para que fuera la ciudadanía la que dirimiera entre los dos poderes del Estado, como lo establecía el artículo 109 de la Constitución de 1925. Allende, no obstante, impugnó ante el Tribunal Constitucional el rechazo del Congreso al texto modificatorio —y con ello la obligación de llamar a un plebiscito— porque, a su juicio, el Congreso debía —tras el veto— insistir con su proyecto por los dos tercios (según el artículo 54 de la carta magna), ya que no bastaba con un rechazo por mayoría simple.
Pese a que el gobierno contaba con mayoría en el Tribunal Constitucional, y por lo tanto esperaba un fallo a su favor, este se declaró incompetente, por lo que Allende entonces decidió enviar a Contraloría el decreto promulgatorio para su toma de razón solo con los artículos del proyecto que no había vetado. El contralor Héctor Humeres, finalmente, informó el 2 de julio de 1973 que no tramitaría el decreto por considerarlo inconstitucional y que, por lo tanto, el Ejecutivo debía promulgar la reforma tal como había sido aprobada por el Congreso o, en caso contrario, convocar a plebiscito.
La reforma fue una significativa fuente de tensión entre el oficialismo y la oposición durante la mayor parte del gobierno de la Unidad Popular, al punto que en el acuerdo de la Cámara del 22 de agosto de 1973 sobre «el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República», los diputados del Partido Demócrata Cristiano y del Partido Nacional calificaron la negativa del presidente Salvador Allende de promulgar la reforma como «la más extraordinaria gravedad». El conflicto constitucional entre el Ejecutivo y el Parlamento por el proyecto continuaría sin estar resuelto al momento del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
Tres áreas de la economía
Hacia 1970, Chile era en América Latina el país no socialista con la mayor participación estatal en la economía; había alrededor de 43 empresas en donde el Estado tenía más del 50 % de participación, entre ellas TVN, Enami, Enap, LanChile, Entel, Iansa, Honsa, Emporchi, Enacar y Endesa.
Para implementar la «vía chilena al socialismo», el programa de gobierno de la Unidad Popular planteaba la creación de lo que después se conocería como las «tres áreas de la economía»:
Área de propiedad social (APS): conformada por las empresas públicas actuales más las que serían expropiadas en un eventual gobierno de la UP. A esta área pertenecerían, según el programa, actividades como la gran minería del cobre, salitre, yodo, hierro y carbón; el sistema financiero del país, incluida la banca; el comercio exterior; grandes empresas y monopolios de distribución; monopolios industriales estratégicos, y otras actividades como la generación y distribución eléctrica, el transporte aéreo, marítimo y ferroviario, la siderurgia, el cemento, la celulosa y el papel. Área de propiedad privada: conformada, de acuerdo al programa, por «aquellos sectores de la industria, la minería, la agricultura y los servicios en que permanece vigente la propiedad privada de los medios de producción». Área de propiedad mixta: conformada por empresas que combinaran capitales del Estado y particulares. El programa de la UP afirmaba que de un total de 30 500 empresas manufactureras que había en el país al año 1967, 150 cumplían con la condición de ser monopólicas.
A mediados de octubre de 1970 —después del triunfo de Allende, pero antes de su asunción al poder—, al interior de la UP se inició la discusión de qué estrategia utilizar, ante la falta de mayoría parlamentaria, para implementar el programa de gobierno, el cual incluía la nacionalización del cobre, la nacionalización de otras empresas, la creación de un congreso unicameral, y el otorgamiento al presidente de la facultad de disolver el Congreso y llamar a elecciones. Ante una posible falta de entendimiento con el Partido Demócrata Cristiano, una de las posibilidades planteadas era plebiscitar todas estas materias, esto amparado en el artículo 109 de la Constitución de 1925, que permitía al gobierno convocar a un plebiscito en caso de que el Congreso rechazara, en cualquier estado de tramitación, una reforma constitucional presentada por el Ejecutivo. El comité político de la UP —conformado por los jefes de partido Aniceto Rodríguez (PS), Luis Corvalán (PC), Rodrigo Ambrosio (MAPU) y Carlos Morales (PR)—, no obstante, rechazó la idea, pues consideró muy arriesgado poner inmediatamente en juego el programa de gobierno ante la incerteza de que la ciudadanía vote a favor en un plebiscito. Una vez en el gobierno, entonces, la UP optó por reformar la Constitución solo para la nacionalización del cobre, pues esta contaba con un alto apoyo popular.
Implementación del área de propiedad social
En el caso de la creación del APS, un comité presidido por el ministro de Economía Pedro Vuskovic —e integrado por el subsecretario de Economía Óscar Garretón, el director de la Dirección de Industria y Comercio (Dirinco) Alberto Martínez, el director de la Distribuidora Nacional de Alimentos y Distribución (Dinac) Jacobo Schatan, y Joan Garcés, representante de Allende— iría viendo la nacionalización de empresas «caso a caso». Este comité, al mismo tiempo, calendarizaría la incorporación de empresas al APS, de tal modo que esta estuviera completamente constituida a junio de 1971. Para ello, el gobierno recurriría a una serie de leyes y decretos vigentes, pero en desuso, cuya utilización sería planificada por el abogado y asesor jurídico Eduardo Novoa, posteriormente nombrado por Allende como presidente del Consejo de Defensa del Estado.
El primero de dichos textos legales era el Decreto Ley 520 de 1932. Un funcionario de la Dirección de Industria y Comercio (Dirinco), antes de la asunción de Allende, había puesto al tanto al futuro director Alberto Martínez de la existencia del DL 520 y de las facultades expropiatorias que poseía la Dirinco. La normativa, promulgada durante la breve República Socialista, había creado el Comisariato General de Subsistencias y Precios y establecía en su artículo 5 que los establecimientos industriales o comerciales y las explotaciones agrícolas en receso podían ser expropiados por el presidente de la República. En 1953, el Comisariato fue transformado en la Superintendencia de Abastecimientos y Precios y posteriormente, en 1960, en la Dirección de Industria y Comercio (Dirinco). Hacia 1970, no obstante, aún estaban vigentes los preceptos relacionados con la intervención y expropiación de industrias, ahora a través de la Dirinco; asimismo, otros artículos daban amplias facultades al Estado para planificar la economía. Sin embargo, estos preceptos prácticamente nunca habían sido utilizados. El nuevo gobierno, tras chequear su validez legal, el 1 de diciembre de 1970 —a cuatro semanas de asumir el poder— lo aplicó por primera vez para expropiar la empresa textil Bellavista Tomé. De todas maneras, el DL 520 sería poco utilizado y el gobierno lo invocaría para expropiar solo ocho empresas, casi todas del área textil.
A través de la Dirinco, además, el gobierno tenía facultades para intervenir o requisar empresas. En ocasiones había intervenciones no planificadas, como cuando los propios trabajadores se tomaban una empresa y después solicitaba al gobierno que la interviniera. La primera empresa intervenida fue la fundidora de cobre Nibsa el 13 de noviembre de 1970 y una semana después fue el turno de la fábrica de alimentos Purina. Las requisiciones continuaron durante 1971 con las cementeras Cerro Blanco de Polpaico y Cemento Melón de La Calera en marzo, la textil Yarur en abril y las textiles Caupolicán de Renca, Rayonhil de San Antonio, Textil Progreso, Rayón Said de Maipú y de Quillota, Algodones Hirmas, Paños Oveja de Tomé, Lanera Austral de Coquimbo y Caupolicán Chiguayante en mayo. Sin embargo, en lo que sería el primer revés del gobierno, en julio de 1971 la Contraloría devolvió al gobierno los decretos que habían requisado empresas textiles, debido a que la Dirinco no había podido demostrar el desabastecimiento que justificaba tales requisiciones. Ante esta situación, el gobierno debió recabar más antecedentes y dictó, en septiembre, un decreto de insistencia. Las requisiciones, de todas maneras, continuaron y en agosto la Dirinco requisó las pesqueras Indo, Eperva y Guayane, y a comienzos de septiembre hizo lo mismo con la Compañía de Cervecerías Unidas.
Otra herramienta era la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo). Desde su creación en 1939, Corfo poseía, en palabras de Novoa, «vastos poderes para intervenir de manera discrecional en cualquier actividad o función vinculada directa o indirectamente al desarrollo y progreso de la producción económica nacional, sin otro criterio que el que determinara su Consejo». Y uno de estos poderes era la compra de acciones de empresas. Una de las primeras adquisiciones de la Corfo al comenzar el gobierno fue Carbonífera Lota-Schwager. Después, en febrero de 1971, adquirió el 51 % de las acciones de la filial chilena de RCA Victor, la cual pasó a llamarse IRT Chile. En el mismo periodo también inició la compra de acciones de la Compañía de Acero del Pacífico (CAP) —empresa mixta donde el Estado tenía una participación minoritaria— y unos meses después ya era dueña del 100 %. La misma fórmula replicó con Soquimich, que en el mes de mayo pasó de controlar del 32,5 % al 100 % de sus acciones. En estos meses también nacionalizó otras empresas como la Compañía de Industrias y Maderas S. A. (Cimsa) y otras empresas ligadas a la CAP. En abril, en tanto, anunció la adquisición del 30 % de las acciones de la Compañía Sud Americana de Vapores, como primer paso para su eventual nacionalización.
La compra de acciones a través de la Corfo fue la misma fórmula utilizada, mediante el Banco del Estado, para nacionalizar la mayoría de la banca nacional y extranjera, anuncio hecho por el propio Allende en cadena nacional el 30 de diciembre de 1970 y que comenzó a materializarse a contar de la segunda mitad de enero de 1971. De esta manera, en los primeros nueve meses de gobierno 54 empresas ya habían sido o estaban siendo incorporadas al APS, incluyendo las empresas de la gran minería del cobre recién nacionalizadas. Y el proceso iba a continuar, pues el 10 de agosto el gobierno confirmó oficialmente que la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones —más conocida como «la Papelera»— iba a ser traspasada al APS.
Actitud de la oposición