El Operativo Conserva fue un negocio fraudulento de la dictadura uruguaya realizado entre 1981 y 1982, para la producción de corned beef, que endeudó al Estado urguayo en más de 15 millones de dólares. La operación consistió en la faena de unas 100 000 cabezas de ganado uruguayas, que luego se enviaron a Argentina para ser procesadas como corned beef. El gobierno uruguayo adquiriría esas latas de conserva para luego exportarlas al mercado estadounidense y europeo cuando lo considerara conveniente. El precio promedio acordado por las cajas de latas era de USD 22,52, mientras que el precio internacional de la caja en ese momento no superaba los USD 20,00. A su vez, la tonelada de ganado fue adquirida por USD 850, cuando el valor en ese momento no superaba los USD 700.
El contrato para el Operativo se firmó por el Ministerio de Agricultura y Pesca (MGAP), representado por Carlos Mattos Moglia e Inversur Trading Company, representada por José María Alori. El Ministerio contrató en forma directa y sin licitación los servicios de Inversur para la industrialización de la conserva y otros «servicios especiales», que no estaban aclarados en el contrato. Para cubrir el costo del Operativo, se adquirió un préstamo por el Bank of America. Esta cartera fue luego adquirida por el Banco Central del Uruguay, en el contexto de adquisición de deudas impagables de la banca privada.
Para que la operación se concretara se necesitaba la participación del MGAP, que garantizaba la operación asumiendo cualquier pérdida; además era necesaria la aprobación formal del Instituto Nacional de Carnes (INAC), cuyo director en ese momento era el Mayor de la Marina, Armando Méndez, quien concluyó que el operativo era inconveniente porque el precio final de adquisición del corned beef era superior al de su posible colocación internacional. A consecuencia de esto el dictador Gregorio Álvarez lo destituyó de INAC y se le realizó un Tribunal de Honor.
En 1985 luego del retorno de la democracia y al recuperar la libertad, Wilson Ferreira Aldunate denunció públicamente al Operativo Conserva como uno de los negociados de la dictadura uruguaya. En sus declaraciones, el líder del Partido Nacional acusó al dictador Gregorio Álvarez como uno de los partícipes. Ese mismo año una investigación del MGAP estimó que el Operativo Conserva generó pérdidas al Estado uruguayo por más de 20 millones de dólares. Al tomar estado público dicha investigación la asesoría letrada del Tribunal de Cuentas recomendó citar al exdictador Gregorio Álvarez y al exministro Mattos Moglia pero el expediente fue archivado sin resultados. En 1987 el entonces senador Alberto Zumarán presentó una denuncia judicial por este asunto, que finalmente fue archivada.
En octubre de 2021, el Ministro de Defensa Javier García resolvió clasificar como "reservadas" hasta 2036 las actas del Tribunal de Honor realizado en la época al militar Armando Méndez. En declaraciones a la prensa, García justificó su decisión en que se trató de «un tema comercial de hace 40 años». La decisión fue cuestionada por el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay.
Referencias
Categoría:Corrupción en Uruguay Categoría:Dictadura cívico-militar en Uruguay Categoría:Delitos económicos de las dictaduras del Cono Sur