thumb|alt=Gran edificio gótico al borde de un río |Parlamento del Reino Unido, que promulgó en 2010 la Ley antisoborno
La Ley antisoborno de 2010 (abreviadamente Bribery Act 2010, cuyo título completo es «An Act to make provision about offences relating to bribery; and for connected purposes» y que en la jurisprudencia anglosajona se cita "2010 c. 23") es una ley del Parlamento del Reino Unido que abarca el Derecho penal relacionado con el soborno o cohecho. Presentada al Parlamento en el discurso de la Reina en 2009, tras varias décadas de informes y proyectos de ley, la norma recibió el consentimiento real el 8 de abril de 2010 tras el apoyo de todos los partidos. Inicialmente prevista para entrar en vigor en abril de 2010, esta fecha se modificó al 1 de julio de 2011.
Esta ley deroga todas las anteriores disposiciones legales y de Derecho consuetudinario relacionadas con el soborno, sustituyéndolas por los delitos de sobornar, ser sobornado, sobornar a funcionarios públicos extranjeros y la omisión de una organización comercial de impedir el soborno en su nombre.
Las penas por cometer un delito según esta ley son un máximo de 10 años de prisión, además de una multa ilimitada, y la posibilidad de confiscación de bienes en virtud de la Ley de productos del delito de 2002, así como la inhabilitación de directivos de la empresa condenada, de acuerdo con la Ley de inhabilitación de directores de sociedades de 1986. La ley 2010 c. 23 tiene una jurisdicción casi universal, lo que permite el enjuiciamiento de cualquier persona o empresa con vínculos con el Reino Unido, independientemente del lugar donde se cometió el delito. Se ha descrito como «la legislación anticorrupción más estricta del mundo».
Contexto Antes de esta ley, la legislación británica antisoborno se basaba en la Ley de prácticas corruptas en organismos públicos de 1889, la Ley de prevención de la corrupción de 1906 y la Ley de prevención de la corrupción de 1916, un cuerpo legal descrito como «inconsistente, anacrónico e inadecuado». Tras el caso Poulson en 1972, el Comité Salmon sobre normas en la vida pública recomendó actualizar estas leyes y tipificar como delitos algunos comportamientos no previstos en ellas, pero el Gobierno de la época no tomó ninguna medida.
Sugerencias similares se plantearon en el primer informe del Comité sobre normas en la vida pública, establecido por John Major en 1994, y el Ministerio del Interior publicó un borrador de documento de consulta en 1997, en el que se analizaba la ampliación de la legislación antisoborno y anticorrupción.
A esto le siguió el informe de la Comisión de Derecho titulado Confección del Código Penal: corrupción en 1998. El documento de consulta y el informe coincidieron con las crecientes críticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que consideraba que, a pesar de la ratificación por parte del Reino Unido de la Convención antisoborno de la OCDE, sus leyes sobre el cohecho eran inadecuadas.
En el discurso de la Reina de 2002 se anunció un proyecto de ley antisoborno, pero fue rechazado por el comité conjunto que lo examinaba. En 2005 se publicó un segundo documento de consulta que examinaba las preocupaciones del Comité sobre normas en la vida pública, antes de que el Gobierno anunciara en marzo que «existía un amplio apoyo a la reforma de la ley vigente, pero no había consenso sobre cómo llevarla a cabo».
Tras un libro blanco en marzo de 2009, el proyecto de ley antisoborno, basado en el informe de 2008 de la Comisión de Derecho, «Reformando el soborno», se anunció en el discurso de la Reina. Inicialmente, recibió el apoyo de todos los partidos tras su presentación por Jack Straw en 2009, pero, según The Guardian, el proyecto de ley fue objeto de un intento de filibusterismo parlamentario por parte de los diputados del Partido Conservador. Esto se produjo tras la presión de la Confederación de la Industria Británica, que temía que el proyecto de ley, en su forma original, obstaculizara la competitividad de la industria británica.
El proyecto de ley recibió el consentimiento real el 8 de abril de 2010, convirtiéndose en la Ley antisoborno de 2010, y se esperaba que entrara en vigor inmediatamente. En su lugar, el gobierno optó por celebrar varias rondas de consultas públicas antes de anunciar que entraría en vigor en abril de 2011. Tras la publicación de directrices por parte del Ministerio de Justicia, la ley entró en vigor el 1 de julio de 2011.
El Ministerio de Justicia también publicó una Guía de inicio rápido, que destacaba algunos puntos clave de la ley. Esta guía sugiere a las empresas consultar a los organismos pertinentes, como el de promoción exterior —UK Trade and Investment— o el Portal Anticorrupción Empresarial impulsado por el Gobierno.
En octubre de 2011, Munir Patel, un empleado del Tribunal de Magistrados de Redbridge, se convirtió en la primera persona condenada en virtud de la Ley antisoborno, junto con mala conducta en un cargo público.
Contenido de la ley
Delitos generales de soborno Los artículos 1 a 5 de la ley abarcan los delitos generales de soborno. El artículo 1 describe el delito de soborno (cohecho activo) como el que se comete cuando una persona ofrece, otorga o promete otorgar una ventaja financiera o de otro tipo a otra persona a cambio de realizar indebidamente (improperly) una función o actividad relevante. El artículo 2 abarca el delito de ser sobornado (cohecho pasivo), que se define como solicitar, aceptar o acordar aceptar dicha ventaja a cambio de realizar indebidamente dicha función o actividad. La ley no define la «ventaja financiera o de otro tipo», pero, según Aisha Anwar y Gavin Deeprose en el Scots Law Times, podría abarcar elementos como contratos, obsequios no monetarios y ofertas de empleo. El elemento «función o actividad relevante» se explica en el artículo 3: abarca «cualquier función de carácter público; cualquier actividad relacionada con un negocio, oficio o profesión; cualquier actividad realizada en el ejercicio del empleo de la persona sobornada; o cualquier actividad realizada por o en nombre de un grupo de personas, ya sea corporativo o no».
Esto se aplica tanto al sector privado como al público, y abarca las actividades realizadas fuera del Reino Unido, incluso aquellas sin vínculo con el país. Las condiciones impuestas son que se pueda esperar que la persona que desempeña la función la realice de buena fe e imparcialmente, o que su función refleje un cierto grado de confianza.
Según el artículo 4, la actividad se considerará realizada de forma indebida cuando se haya incumplido la expectativa de buena fe o imparcialidad, o cuando la función se haya desempeñado de una manera no esperada de una persona en un puesto de confianza. El artículo 5 establece que el criterio para determinar qué se esperaría es lo que una persona razonable en el Reino Unido podría esperar de una persona en tal posición. Cuando el incumplimiento se haya producido en una jurisdicción fuera del Reino Unido, no se deben tener en cuenta las prácticas o costumbres locales al decidir esto, a menos que formen parte del Derecho escrito de la jurisdicción. Los delitos generales también abarcan situaciones en las que la mera aceptación de dicha ventaja constituiría un desempeño indebido de funciones o actividades relevantes.
Soborno de funcionarios públicos extranjeros El artículo 6, conforme a la Convención antisoborno de la OCDE, tipifica como delito sobornar a funcionarios públicos extranjeros. Una persona será culpable de este delito si promete, ofrece o concede una ventaja financiera o de otro tipo a un funcionario público extranjero, ya sea directamente o a través de un tercero, cuando dicha ventaja no sea legítimamente debida.
Un funcionario público (public official) extranjero se define, según el artículo 6(4), como «una persona que ocupe cargos legislativos, administrativos o judiciales o cualquier persona que desempeñe una función pública para un país extranjero o sus organismos públicos, o un funcionario o agente de una organización internacional pública». La inclusión de «a través de un tercero» pretende evitar el uso de intermediarios para evitar la comisión de un delito, aunque si la legislación del país del funcionario público extranjero permite o exige que este acepte la ventaja ofrecida, no se cometerá ningún delito.
A diferencia de los delitos generales de cohecho, no se exige demostrar que el funcionario público actuó indebidamente como resultado. Esto constituye una diferencia entre la Ley antisoborno del Reino Unido de 2010 y la Convención anticohecho de la OCDE. El delito tipificado en el artículo 6 solo se aplica al sobornador, y no al funcionario que recibe o acepta recibir dicho soborno.
Fallo de las empresas en la prevención del soborno El artículo 7 crea el «delito amplio e innovador» del fallo (failure) de las organizaciones comerciales en la prevención del soborno en su nombre. Esto se aplica a todas las empresas que operan en el Reino Unido.
A diferencia del homicidio corporativo (corporate manslaughter, una figura existente en algunas jurisdicciones a través de la cual se puede condenar a una empresa por la muerte de una persona), esto no solo se aplica a la propia organización; individuos y empleados también pueden ser declarados culpables.
El delito es de responsabilidad objetiva, sin necesidad de probar ningún tipo de intención o acción positiva. También es de responsabilidad indirecta: la organización comercial puede ser culpable del delito si el soborno es llevado a cabo por un empleado, un agente, una filial o un tercero, como se establece en el artículo 8. La ubicación del tercero es irrelevante para el procesamiento; según David Aaronberg y Nichola Higgins en Archbold Review, «por lo tanto, una empresa alemana con puntos de venta en el Reino Unido que pague un soborno en España podría, al menos en teoría, ser procesada en el Reino Unido».
Según el artículo 7(2), si la empresa puede demostrar que contaba con procedimientos adecuados para evitar que las personas asociadas con ella incurrieran en soborno, tiene derecho a alegarlo en su defensa. Según las notas explicativas de la ley, la carga de la prueba recae en la empresa, y el estándar de prueba se basa en la preponderancia de las probabilidades.
En 2018 la empresa londinense Skansen Interiors Ltd., admitió un incidente de soborno, pero alegó que contaba con procedimientos adecuados. Sin embargo, se determinó que no había implementado medidas suficientes para cumplir con los requisitos de la ley.
Tres meses antes de la entrada en vigor de la ley, el Secretario de Estado de Justicia publicó una guía (distinta de la guía de inicio rápido antes mencionada) que establece 6 principios para las empresas:
Procedimientos proporcionados Compromiso de alto nivel Evaluación de riesgos Diligencia debida Comunicación (incluida la formación) Monitoreo y revisión
La única conclusión firme que se desprende de esta guía es que toda empresa a la que se le pueda aplicar la ley debe contar con un código de conducta que refleje adecuadamente esta guía y garantizar que su personal esté plenamente familiarizado con los riesgos y reciba la formación adecuada. Si se acusa a la empresa del delito de no prevenir el soborno, podrá alegar que cuenta con los procedimientos adecuados.
Enjuiciamiento y sanciones