miniaturadeimagen|300px|Audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acerca de la censura en la libertad de expresión en Venezuela (2017)
La censura en Venezuela se refiere a todas las acciones que se pueden considerar como la supresión de la libertad de expresión en el país. La ONG Reporteros Sin Fronteras, en su informe anual de 2017, ubica al país en el puesto 137 de 180 países evaluados respecto al grado de libertad de prensa existente, concluyendo que desde 2010 se realizan detenciones abusivas y juicios por difamación a periodistas.
Gobierno de Hugo Chávez
Reportes La Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión (Ley Resorte) fue introducida durante la Revolución Bolivariana por el organismo CONATEL (Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela) en diciembre del 2004, encargada de la censura radiofónica y televisiva de una amplia gama de contenidos. La ley incluye artículos que han sido objeto de controversia política. La oposición dice que dicha Ley es una «Ley Mordaza» con la que el Gobierno ha censurado efectivamente cualquier información crítica a su gestión, además de restringir gravemente la libertad de expresión de los medios restantes.
La ONG Human Rights Watch estableció que durante el Gobierno del presidente Chávez y después durante la dictadura de Nicolás Maduro, «la acumulación de poder en la rama ejecutiva y la erosión de las garantías sobre los derechos humanos han permitido al Gobierno intimidar, censurar y perseguir a sus críticos» e informó que los medios de radiodifusión pueden ser censurados si critican al Gobierno.
La ONG Reporteros sin Fronteras también dijo en 2013 que los medios de comunicación en Venezuela están «casi totalmente dominados por el gobierno y sus anuncios obligatorios, llamadas “cadenas”». Sin embargo, el gobierno dice que cerca del 70% de los medios, de ambos radio y televisión, están en manos privadas (opositoras a los Gobiernos de Chávez y de Maduro), mientras que solo el 5% de ellos son de propiedad estatal y el otro 25% son los medios comunitarios.
La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas repudió la censura que sufrió el canal argentino TN en Venezuela, calificándola como un grave hecho de censura que agrava el deterioro democrático en Venezuela.
Con respecto a la censura de Internet, en el marco de las Manifestaciones en Venezuela de 2014, Reporteros sin Fronteras advirtió la «creciente censura en el servicio de Internet en Venezuela», entre las que se incluyeron las imágenes de la red social Twitter, la aplicación Zello, y el bloqueo al acceso a Internet en el estado Táchira al oeste del país. Televisión El 15 de febrero de 2004 durante la transmisión del programa Aló Presidente, el presidente Hugo Chávez manifestó estar preparado con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para sacar del aire a Globovisión y Venevisión, a los cuales calificó de conspiradores, golpistas y terroristas.
Cierre de Radio Caracas Televisión
miniaturadeimagen|Manifestación al frente del edificio de RCTV en Caracas. En mayo de 2007, las controversias acerca de la libertad de prensa se exacerbaron aún más con la no renovación de la concesión por señal abierta de Radio Caracas Televisión (RCTV). Un posterior artículo de Reporteros sin Fronteras declaró que «RsF condena la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de no aceptar la apelación de RCTV ante la pérdida de su licencia como inadmisible». El presidente Chávez ya había dicho el 28 de diciembre del 2006 que él se opondría a la renovación de la licencia de transmisión de ese canal, acusándole de haber apoyado el momentáneo golpe de Estado que le derrocó brevemente el 11 de abril del 2002, y por su participación en el paro petrolero 2002-03. La apelación, lanzada el 9 de febrero de 2007, fue rechazada el 18 de mayo, poniéndole así un freno a cualquier debate posterior al respecto.
Según el Gobierno de Chávez, la licencia expiró el 27 de mayo del mismo año, y no lo hará en el 2021 como RCTV alegó. Sin embargo, sin esperar a esa fecha o a una decisión relacionada por el Tribunal Suprema de Justicia, ya el presidente el 11 de mayo había firmado un decreto en el que asignaba la frecuencia del canal 2 a un nuevo canal gubernamental llamado TVES (Televisora venezolana social).«Reporters Without Borders press releases (2007): Americas, Supreme Court rules RCTV's appeal against loss of its license “inadmissible”» (‘informes de prensa de Reporteros sin Fronteras: la Corte Suprema sentencia que la apelación de RCTV contra la pérdida de su licencia es «inadmisible»’), artículo del 3 de enero de 2007 en el sitio web RSF (Reporters Without Borders: Periodistas sin Fronteras).La acción gubernamental generó protestas políticas y manifestaciones estudiantiles desde entonces. RCTV volvería a las operadoras de cable a través de la televisión por cable, en julio de 2007, con el nombre de RCTV Internacional. A comienzos del 2010, por una violación a la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, el Gobierno ordenó la suspensión de la señal de RCTV en las operadoras de televisión por cable del país. pero en junio del mismo año, retornó la señal de RCTV en los sistemas de satélites y en ese año, empezó a emitir en internet; con una programación infantil y juvenil.
Dificultades de Globovisión y venta del canal La recién joven televisora Globovisión que transmite noticias las 24 horas que se expandió en 1999, propiedad de Luis Teófilo Núñez Arismendi, Guillermo Zuloaga Núñez, Nelson Mezerhane y Alberto Federico Ravell. Fue presionada por el gobierno de Chávez luego del cierre de Radio Caracas Televisión (RCTV) a partir de 2008. CONATEL inició un proceso administrativo el 27 de noviembre por haber incurrido en la violación de la Ley Resorte durante los resultados de las elecciones regionales de 2008 al permitir que el candidato Henrique Salas Feo insta en el estado Carabobo a tomar la oficina Regional del CNE durante una entrevista, donde no hubo claridad en el resultado de las elecciones. El 7 de mayo de 2009, CONATEL, le inicia un tercer proceso administrativo por informar de unos temblores en la capital siendo acusados de generar pánico a la población. El 5 de junio de 2009 el Seniat multa a Globovisión con 5.5 millones de bolívares fuertes (2.3 millones de dólares) argumentando omisión de pago de impuestos por la trasmisión de mensajes institucionales que no fueron declarados durante el paro nacional 2002-2003 Globovisión realiza con éxito el Globopotazo para pagar la multa astrnómica impuesta por el Seniat y junta en tiempo récord la multa, sin embargo el Seniat el 16 de junio sube a 9 millones de bolivares fuertes la multa. El 4 de agosto docenas de motorizados con boinas rojas rodearon la entrada y atacan las oficinas de Globovisión sometiendo a los guardias de seguridad, ingresaron a la fuerza a la planta baja del edificio rompiendo vidrios de puertas, ventanas y lanzaron dos bombas lacrimógenas. El presidente Chávez condenó el ataque y a la dirigente oficialista Lina Ron quien fue detenida durante dos meses después del incidente.
En octubre de 2011 el presidente de Conatel, Pedro Maldonado Marín, impuso una multa por unos 2,1 millones de dólares al canal por el tratamiento que dio a la crisis penitenciaria de la reyerta durante junio en la cárcel de El Rodeo. Guillermo Zuloaga dirigió una carta a los empleados del canal en la que confirmaba la intención de venta y explicaba que el canal era inviable económicamente, políticamente y jurídicamente. El 14 de mayo de 2013, se hizo efectiva la venta de Globovisión a los empresarios Raúl Gorrín, Juan Domingo Cordero y Gustavo Perdomo.
Cierre de emisoras de radio
Venezuela tiene dentro de espectro radial unas 699 emisoras a nivel nacional que se asegura que entre 2002 y 2022 se han cerrado 233 estaciones de radio, la historia ha remarcado al año 2022 como el año que más empresas radiales fueron clausurados por parte del gobierno.« Los Estados Lara, Barinas, Aragua, Portuguesa y el Distrito Capital acumulan el 44% de todas las estaciones. Entre 2003 y 2022, de acuerdo a los datos se han cerrado 233 emisoras »
Inicialmente se conoció Radiocidio en Venezuela a la intervención estatal de 32 emisoras de radio y 2 de televisión ocurrida el 1 de agosto de 2009. Esta medida fue ordenada por el entonces director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Diosdado Cabello. Este hecho fue recibido como un acto de censura por diversas organizaciones no gubernamentales, gremios, y organismos internacionales. Bajo el argumento de no tener los requisitos legales para su funcionamiento, por fallecimiento del titular de la concesión, por extinción de la concesión de uso o por incumplimiento en la información de datos de los nuevos operadores en el caso de traspasos. Entre ellas el Circuito Nacional Belfort y la estación 102.3 FM CNB del periodista y presidente del Colegio Nacional de Periodistas William Echevarría, que retransmitía todos los días el programa de opinión “Aló, Ciudadano”.
Censura de información científica
La censura de información científica en Venezuela dada por los científicos partir de su conocimiento y experticia se ha incrementado a partir de la autodenominada Revolución Bolivariana (1999- ). Si bien hubo casos en el pasado como la amenaza velada contra Luis Razetti por las autoridades del gobierno de Juan Vicente Gómez, al declarar en 1924, durante una sesión de la Academia Nacional de la Medicina, acerca del desamparo de la niñez de la capital debido a que nadie se ocupaba del asunto; pero a partir dela llegada de Hugo Chávez a la Presidencia (1999) los científicos y profesionales que trabajan en la Administración Pública se han eximido de dar declaraciones a periodistas o de expresar sus opiniones personales distintas a las del Estado por temor a las represalias de que pudieran ser objeto.
Tal condición, se ha recalcado a partir del 2007 con la creación de una vocería única en los institutos de investigación adscritos al Ministerio de Ciencia y Tecnología, y por consiguiente los investigadores de institutos académicos con autonomía de funcionamiento como el CIDA, el IVIC sus integrantes, es decir autoridades e investigadores no puedan dar declaraciones sin el permiso del despacho. Tal pauta se establece a partir del Decreto 5384 de la Presidencia de la República.
Así la a restricción de la información científica es una forma de violación del derecho a la información de la sociedad. Si bien el científico puede publicar los resultados de su investigación, su esfuerzo de divulgar los datos, así como temas relacionados con su experticia y que pueden estar relacionados con el bienestar de la sociedad toma formas distintas tal como el darla a conocer, ya sea a través de declaraciones a periodistas, publicarlas en medios de difusión. Y en los casos que a continuación se detallan se muestra como tal politica del Estado venezolano comenzó antes de 2007.
A partir del 2002, el gobierno de Chavéz, tendió a conceder poco espacio a la opinión divergente, y a percibir la información que no le era favorable como incompatible con su visión aun la dada por un experto, desde la misma estructura del Estado, considerándola como una deslealtad al régimen y no a la sociedad que sirve en tanto funcionario del Estado.