El 15 de marzo de 2025, el gobierno de Donald Trump deportó al menos 238 venezolanos hacia El Salvador en tres vuelos, donde fueron encarcelados, acusándolos de pertenecer a la banda criminal del Tren de Aragua y basándose en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, una ley poco conocida de tiempos de guerra. Los deportados fueron identificados por detalles como hasta por un tatuaje, una oreja, el cuello, o la forma en la que tenían la cabeza afeitada. Sus familiares han rechazado las acusaciones de que pertenezcan a bandas criminales; Investigaciones periodísticas han determinado que la mayoría de los 238 deportados no tenían antecedentes penales. Un reportaje del programa 60 Minutes, de CBS News, concluyó que 75% no tenían antecdentes, y Bloomberg determinó que el 90% no tenían antecedentes en los Estados Unidos.

Mientras dos aviones estaban en el aire y antes de que el tercero despegara, un juez federal ordenó detener la deportación y que los vuelos regresaran. La Casa Blanca ignoró la orden, y al aterrizar los vuelos el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se burló de la decisión escribiendo en redes sociales: «Uy… demasiado tarde». En abril de 2025, la Corte Suprema de los Estados Unidos avaló temporalmente las deportaciones realizadas mediante la Ley de Enemigos Extranjeros.https://cnnespanol.cnn.com/2025/04/07/eeuu/corte-suprema-permite-ley-enemigos-extranjeros-acelerar-deportaciones-trax

En El Salvador, los deportados recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Ni el gobierno estadounidense ni el salvadoreño ofrecieron detalles ni pruebas que respaldaran sus afirmaciones de que los deportados habían sido acusados de delitos o tenían conexiones con alguna banda criminal. Luego de la deportación, la administración Trump admitió en documentos judiciales que varios de los deportados no tenían antecedentes penales en los Estados Unidos.

El 18 de julio de 2025, El Salvador anunció la repatriación de ciudadanos venezolanos como parte de un acuerdo alcanzado con Venezuela y Estados Unidos. A cambio, El Salvador exigió al régimen venezolano la liberación de presos políticos, así como a diez ciudadanos estadounidenses que permanecían retenidos como rehenes. Antecedentes thumb|275px|Campo de Manzanar, Estados Unidos, uno de los campos de internamiento para japoneses durante la Segunda Guerra Mundial. Durante su campaña presidencial de 2024, Donald Trump afirmó en repetidas ocasiones que, si era electo, utilizaría la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para deportar a los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos que tuvieran antecedentes penales. Trump repitió la promesa en su discurso de investidura el 20 de enero de 2025. El 7 de marzo Donald Trump criticó a Maduro por no acelerar las deportaciones de indocumentados en EE. UU. tan rápido como esperaba luego que la OFAC formaliza la cancelación de la licencia a Chevron para operar en Venezuela. El 8 de marzo Nicolás Maduro decide suspender vuelos programados con deportados venezolanos de EE UU motivado a la suspensión de la licencia N.º41 a Chevron Corporation. Luego que en febrero, 366 venezolanos fueron repatriados desde Estados Unidos en tres vuelos. Dijo que algunas operaciones como falta de gasolina afectaba esos traslados, posteriormente confirmó que se volverían a reponer en marcha el programa pero finalmente esto no ocurrió, según Caracas, debido a mal clima.

Maduro afirmó que la decisión del Gobierno estadounidense de eliminar la Licencia General 41, emitida por el expresidente Joe Biden en noviembre de 2022, "ha dañado" las comunicaciones y los vuelos de deportación de venezolanos, que había acordado el régimen con EE UU. El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, publicó en Twitter: «Estamos dispuestos a aceptar solo a criminales presos (incluidos ciudadanos estadounidenses convictos) [...]».

Una parte de la ley dice:

 La ley ha sido utilizada por tres presidentes anteriores, pero sólo en tiempos de guerra: por James Madison contra los inmigrantes británicos durante la guerra de 1812, por Woodrow Wilson contra los inmigrantes alemanes en la Primera Guerra Mundial, y por Franklin D. Roosevelt contra los inmigrantes japoneses, alemanes e italianos en la Segunda Guerra Mundial. Una guerra declarada requiere una ley del Congreso; sin embargo, una determinación de invasión o incursión predatoria por parte de una nación extranjera no la requiere.

El 14 de marzo, Trump firmó una proclamación presidencial invocando la ley, afirmando que la organización criminal venezolana del Tren de Aragua había invadido los Estados Unidos. Trump declaró «A lo largo de los años, las autoridades nacionales y locales venezolanas han cedido un control cada vez mayor sobre sus territorios a organizaciones criminales transnacionales, incluyendo al Tren de Aragua», luego Trump agregó «El resultado es un estado criminal híbrido que perpetra una invasión e incursión depredadora en Estados Unidos, lo que representa un peligro sustancial para este país».

El 15 de marzo la Casa Blanca anunció su firma, y el mismo día, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) y Democracy Forward presentaron una demanda colectiva ante la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia en nombre de cinco venezolanos detenidos por inmigración. La demanda fue asignada al juez James Boasberg.

Deportaciones miniaturadeimagen|350x350px|Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador, donde fueron recluidos los deportados desde Estados Unidos. El 15 de marzo de 2025, los vuelos de deportación que transportaban a más de 260 migrantes de Venezuela, acusados de ser criminales, salieron de Estados Unidos y llegaron a El Salvador, donde fueron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Ni el gobierno estadounidense ni el salvadoreño ofrecieron detalles ni pruebas que respaldaran sus afirmaciones de que los deportados habían sido acusados de delitos o tenían conexiones con alguna banda criminal. Los deportados fueron identificados por detalles como hasta por un tatuaje, una oreja, el cuello, o la forma en la que tenían la cabeza afeitada. Sus familiares han rechazado las acusaciones de que pertenezcan a bandas criminales. Una fuente del Departamento de Estado de Estados Unidos, que prefirió permanecer en el anonimato por temor a represalias, afirmó que los detenidos quizá nunca tendrían juicio y que podían morir en prisión.

Mientras que los aviones de deportación estaban en el aire, el juez principal James E. Boasberg del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, emitió una orden certificando a los migrantes venezolanos en los Estados Unidos como miembros de una clase y prohibiendo su expulsión del territorio. Aunque Boasberg ordenó específicamente que cualquier avión en el aire que llevara a los cubiertos por su orden se devolviera y que las personas regresaran a los Estados Unidos, la administración Trump permitió que los vuelos continuaran, posiblemente violando la orden judicial.

Al aterrizar los vuelos, Nayib Bukele se burló de la decisión escribiendo en redes sociales: «Uy… demasiado tarde». Luego de la deportación, la administración Trump admitió en documentos judiciales que varios de los deportados no tenían antecedentes penales en los Estados Unidos.

Aspectos legales Axios informó que un funcionario de la administración Trump reconoció que la administración había llevado a cabo las deportaciones «después de una discusión sobre hasta dónde puede llegar el fallo del juez dadas las circunstancias y sobre aguas internacionales y, por consejo de un abogado», mientras que un segundo funcionario de la administración comentó: «Ya estaban fuera del espacio aéreo estadounidense. Creemos que la orden [del juez] no es aplicable». Más tarde, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que la orden de Boasberg «no tenía base legal», al tiempo que afirmó: «Un solo juez en una sola ciudad no puede dirigir los movimientos de un portaaviones».

El 17 de marzo, Tom Homan, director ejecutivo adjunto de Operaciones de Ejecución y Expulsión de la Casa Blanca, declaró a Fox News: «No me importa lo que piensen los jueces», y afirmó que continuaría con las operaciones de su departamento contra los inmigrantes. Tras una audiencia en la que los abogados del gobierno no respondieron a las preguntas sobre los vuelos y otros asuntos, Boasberg ordenó al gobierno estadounidense que proporcionara información, que podía presentarse confidencialmente, incluidas declaraciones juradas sobre los vuelos y su postura sobre si respondería a sus preguntas y de cómo lo haría. El gobierno solicitó por separado que se anularan las audiencias y que se apartara a Boasberg del caso.

El 19 de marzo, el juez declaró que el gobierno había «eludido sus obligaciones» al responder a sus preguntas y dio un plazo de dos días para responder. El 20 de marzo, el juez calificó la respuesta del gobierno de «deplorablemente insuficiente» y volvió a ordenarle que facilitara información y explicara sus razones para afirmar que sus acciones no violaban la orden original.

La misma semana, el presidente Donald Trump pidió la destitución del juez Boasberg. Como respuesta, el 18 de marzo el presidente de la Corte Suprema de Estados Unidos, John Roberts, emitió una «rara reprimenda pública» afirmando que el proceso de apelación judicial, y no la destitución, era la forma de responder a una sentencia desfavorable.

En una audiencia celebrada el 21 de marzo, el juez Boasberg describió el uso de la Ley de Extranjeros Enemigos de este modo como «increíblemente problemático». En la audiencia, los abogados de la ACLU argumentaron que los extranjeros tienen derecho al debido proceso en virtud de la Constitución de los Estados Unidos. El juez también expresó su frustración por la falta de cooperación del gobierno y declaró: «Llegaré al fondo de si violaron mi orden y quién ordenó esto». En una entrevista el 21 de marzo, Trump negó haber firmado la proclamación invocando la Ley de Enemigos Extranjeros, afirmando que «otras personas se encargaron de ello».

En 2026, una corte de apelaciones determinó que el juez que mandó volver los vuelos en el aire "abusó su discreción" al continuar investigando "intrusivamente" porqué Trump no hizo volver los aeroplanos.https://apnews.com/article/trump-judge-boasberg-contempt-f5ab5110336be20773e8aa8d5b484879

Deportados Los abogados de los deportados han declarado que sus clientes no son miembros de bandas y que fueron deportados por tatuajes cotidianos, incluyendo flores y una corona sobre un balón de fútbol. En una presentación judicial, la administración declaró que muchos de los deportados no tienen antecedentes penales en los Estados Unidos.

Algunos de los deportados firmaron acuerdos de deportación voluntaria pensando que serían deportados a Venezuela y que, en teoría, podrían volver a solicitar más tarde el regreso a Estados Unidos, pero en lugar de ello fueron enviados a la megacárcel de El Salvador, donde se enfrentan a condiciones brutales, como hacinamiento severo y alimentación inadecuada.

Uno de los deportados, Jerce Reyes Barrios, es un exfutbolista profesional de 35 años que fue detenido y torturado por el régimen de Nicolás Maduro. Barrios ingresó a los Estados Unidos legalmente en busca de asilo y se presentó en la frontera tras concertar una cita con la aplicación CBP One.

Inicialmente fue recluido en un centro de detención de máxima seguridad. Fue puesto en libertad después de que sus abogados presentaran a los funcionarios de inmigración cartas de trabajo, una autorización policial de Venezuela en la que constaba que no tenía antecedentes penales, una explicación de que su tatuaje se había creado para que fuera similar al logotipo del equipo de fútbol Real Madrid y que los supuestos signos de las manos de la banda eran el lenguaje de señas de «rock and roll» y «te quiero».