miniaturadeimagen|285x285px|Investidura presidencial de Keiko Fujimori, la principal figura del conservadurismo peruano del siglo XXI, rodeada de personalidades de la diplomacia estadounidense de la administración Trump, personajes afines al populismo de derecha y miembros de la Iglesia católica peruana. El conservadurismo peruano se mantuvo como una tendencia predominante en el país durante las primeras tres décadas del . El movimiento contó el apoyo de dos grupos. El primero corresponde a los grupos políticos desde los primeros años del siglo, así como de la corriente iliberal en América Latina. El segundo son los movimientos religiosos, principalmente católicos y evangélicos.
El politólogo Martín Tanaka sugirió que el conservadurismo político está vinculado con la realidad del país, que es laboralmente informal y se resiste a los cambios sociales. The Economist señaló que las personas socialmente conservadoras apoyaron a líderes que se oponían al matrimonio igualitario y al aborto. Fruto de esta situación, los grupos sociales y religiosos consolidaron sus ideas en el Congreso de la República en la tercera década del siglo, donde predominan las campañas de deslegitimización contra las organizaciones de derechos humanos.
A principios de la década de 2020, la Oficina Nacional de Procesos Electorales propuso la existencia de una coalición conservadora o autoritaria, mientras que el politólogo Eduardo Dargent comentó que dicha coalición «ha limitado muchas agendas caviares». En ese momento, el nombre oficial de la coalición que dominó el parlamento peruano fue Bloque Democrático. Según un informe de Reporteros Sin Fronteras de 2023, los medios de comunicación de Lima respaldan mayoritariamente las posturas del Bloque Democrático.
El fujimorismo es uno de los movimientos vigentes del conservadurismo. Keiko Fujimori es la líder del movimiento y, en su momento, la primera mujer elegida presidenta de la República. La promulgación de la Constitución de 1993 permitió que el Estado peruano mantuviera un enfoque conservador, incluso perpetuando el statu quo cuando Alberto Fujimori dejó en el poder en el año 2000. La comunicadora Laura Arroyo señaló que el legado de Alberto Fujimori se extendió a los gobiernos posteriores. El analista Eduardo Salmón indicó que una de las zonas donde el fujimorismo cuenta con más respaldo es Lima, donde no se quiere la presencia de un gobierno de izquierda. Debido a su importante papel en el Congreso y otras instituciones en los años posteriores, el analista Farid Kahhat comparó al fujimorismo y sus aliados de ultraderecha con el chavismo.
Antecedentes El conservadurismo peruano resurgió cuando el militar Francisco Morales Bermúdez asumió la presidencia junto a otros sectores afines. Parte del sector católico resurgió para mostrar el rechazo de la izquierda política. Una de las figuras que tendría una presencia futura fue Juan Luis Cipriani, que fue muy influyente en el país cuando era obispo.
En 1990, Alberto Fujimori accedió a la Presidencia de la República. Fujimori era católico y contó con el apoyo de grupos evangélicos, pero fue estuvo en medio de un conflicto con los votantes de Mario Vargas Llosa. El arzobispado de Lima llegó incluso a denunciar a agrupaciones de la Iglesia evangelista por hacer una «campaña injuriosa contra la fe católica».
El gobierno de Fujimori se jactaba de ser liberal. Se había planificado mínimamente reformas de corte progresista con el apoyo de sectores de la clase socioeconómica baja con el propósito de ganar adeptos en el extranjero. Sin embargo, se le ha denominado de liberalismo conservador por mantener cierta influencia de posturas conservadoras, posturas que partidos posteriores adoptarían con alguna similitud. Las posturas liberales, en realidad, perdieron relevancia con las medidas drásticas de 1992, que fueron acusadas por sus opositores (tanto de izquierda como del aprismo) de llevar rasgos «autocráticos y centralistas». Antes de la disolución del Congreso y la formación del Congreso Constituyente Democrático, algunos congresistas de la oposición apoyaron la permanencia de la Constitución de 1979.
Los políticos del oficialismo aprovecharon los discursos feministas para manipular a la población. El periodista Gustavo Gorriti explicó que el legado del autogolpe de ese año «reforzó y avanzó la tradición de una posición conservadora, fuerte, tradicional y profundamente autoritaria». Con el tiempo, grupos de presión realizaron campañas de acoso contra la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, una entidad que apoyaba los derechos de las mujeres en Perú.
La presencia de los militares fue importante, por lo que Susana Villarán describió que se estaba promoviendo en el Gobierno una «lógica militar» que hacía hincapié en el papel de las fuerzas armadas en la lucha contra el terrorismo y en la necesidad de gratitud de la ciudadanía por su apoyo. Con el tiempo, esa presencia ganó más relevancia en el ámbito político.
Alberto Fujimori firmó la Constitución de 1993, redactada por integrantes del Congreso Constituyente Democrático. La Carta Magna reemplazó a la de 1979 y su vigencia ha sido controvertida a lo largo de al menos tres décadas. A pesar de haber sido reformada más de veinte veces, cuenta con el respaldo de congresistas conservadores y grupos de gran influencia como el Grupo El Comercio y la Confiep. El politólogo Martín Tanaka señaló que la sociedad informal, que fue la «semilla de la regeneración del país» y estaba representada por la población andina, aparentemente fue absorbida por el «emprendedurismo» y fue vista como un «espacio de resistencia conservadora».
Décadas de 2000 y 2010
Gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García
La excongresista Marisa Glave resumió que los gobiernos de Alejandro Toledo y Alan García fueron «una continuidad de lo que significó el fujimorismo». De hecho, el politólogo Alberto Vergara afirmó que el nuevo mandato de García, entre 2006 y 2011, convirtió a su segundo partido político, el Partido Aprista Peruano (APRA), en «casi un segundo fujimorismo».
Durante el gobierno de Alejandro Toledo, se constató que la cartera de Salud estuvo liderada por dos ministros (Luis Solari y Fernando Carbone) que representaban movimientos en oposición a los derechos humanos. Se fomentaba la práctica de «métodos naturales» y contra el uso de algún instrumento quirúrgico en la planificación familiar. Cuando ocurrió una crisis ministerial en 2004, el tercer vicepresidente del Congreso, Carlos Infantas, advirtió de una eventual reestructuración conservadora para mantener «las políticas de privilegios que gozan los poderosos grupos económicos que comen con "cuchara grande"».
Posteriormente, entró Alan García. El político socialdemocrático Fernando Olivera, quien fue embajador durante la administración de Toledo, señaló que fue un fuerte opositor y entabló una «conspiración planificada para derrocar al régimen democrático». Le acompañó un partido político, el APRA, menos crítico y aliado de coaliciones frente a una precaria situación institucional. Ese partido político se enfrentó en 2004 en desprestigiar la constitución 1993, en que el líder aprista se opuso para mantener la inversión económica y realizó presuntas negociaciones con Paniagua. El mandato de García, a diferencia de su primer gobierno socialdemócrata, retornó con una postura más conservadora (con lazos con la Iglesia católica y algunas iglesias evangélicas) y con el propósito de mantener una situación política más favorable para el Estado.En sus discursos de gobierno, el entonces líder aprista rechazó a Toledo por «heredar un nuevo senderismo» y prometió no aprobar normas vinculadas con el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo. Mientras tanto, llevó la ejecución del Consenso de Lima, nombre asignado a un proyecto político y económico extraoficial. La continuación de la política neoliberal iniciada por Fujimori se tradujo en políticas inspiradas en las de Augusto Pinochet, como la instauración de la Marca Perú para promover el atractivo turístico del resto del país y la ambición de realizar obras de infraestructura y recolectar recursos similares a las de Augusto B. Leguía.
García había ignorado que un sector de la extrema derecha estaría planeando un atentado contra su vida, según informaron fuentes de la embajada de los Estados Unidos. El medio Canal N divulgó que empresarios y militares tenían previsto realizar el atentado para enero de 2007. Finalmente, Pilar Mazzetti, ministra del Interior, descartó el atentado al tratarse de un rumor.
Los grupos indígenas, que se opusieron al sistema extractivista desde el gobierno de Belaúnde Terry, fueron vistos por García como un «atraso» para el progreso. Las denuncias formuladas ante los medios locales por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana no siempre recibían atención, y el rechazo de Alejandro Toledo a las posturas autoritarias contribuyó a un clima de descontento que culminó en la crisis política peruana de 2009, marcada por el enfrentamiento conocido como el Baguazo. García optó por atribuir la crisis a una conspiración externa. Como consecuencia de la crisis, se mantuvo una política favorable a los grandes capitales (nacionales y extranjeros), lo que permitió mantener el crecimiento económico.
Gobiernos de Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski En 2011, el presidente Ollanta Humala intentó cambiar esta situación con su agenda programática mediante un proyecto denominado Gran Transformación que no tuvo éxito. José Alejandro Godoy señaló que la izquierda y la derecha extremas interpretaron el proyecto de manera conspirativa y que esta interpretación se retroalimentaba mutuamente. Humala ha tenido que recurrir a la Iglesia católica para moderar las protestas en su contra que dejaron 15 muertos en los primeros meses. Humala reconoció en su gobierno que compartía algunos pensamientos católico-conservadores con el líder religioso Juan Luis Cirpriani.
Entre 2016 y 2018, Pedro Pablo Kuczynski trató de implementar una agenda que posteriormente generó preocupación entre la ciudadanía: la inclusión del enfoque de género. Su mandato estuvo marcado por una crisis política que configuró nuevos rasgos de la derecha conservadora peruana en su historia. Mercedes Aráoz, entonces vicepresidenta, presenció la censura de ministros de Educación por parte de legisladores fujimoristas y afines. Criticó la presencia de «un grupo ultraconservador con ideas que, en verdad, ya no son propias del ». Fuera del poder, Kuczynski se mostraba opositor a la postura «hiperprogresista» de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Durante el gobierno de Kuczynski, la inmigración venezolana suscitó rechazo entre grupos conservadores que asociaron el fenómeno con el supuesto comunismo de Nicolás Maduro. Luego de la destitución de Kuczynski, en 2018, se formaron dos bloques parlamentarios con un enfoque predominantemente conservador, apoyados por Gilbert Violeta, Juan Sheput, Pedro Olaechea y Salvador Heresi. Estos bloques permanecieron activos hasta 2020.
Mientras ocurrían los mandatos de Humala y Kuczynski, el político y excongresista Ántero Flores-Aráoz propuso formalizar en los años 2010 la Coordinadora Republicana, un colectivo de dirigentes políticos, empresarios, religiosos y comunicadores que buscaba unificar la derecha política desde los puntos de vista republicano-conservadores. Si bien la meta de unificar no tuvo el éxito inicial, con el tiempo se concretó. El colectivo fue responsable de una serie de acontecimientos políticos a favor de sus figuras representativas, según el especialista José Alejandro Godoy. Inicialmente, fue responsable de crear un complot contra el presidente Martín Vizcarra. Luego de concretarse la vacancia, el colectivo consiguió instalarse en el gobierno de Manuel Merino.