El 21 de noviembre de 2024, tras una investigación internacional sobre la posible comisión de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel en la guerra de Gaza, la Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes internacionales de detención y entrega contra dos altos funcionarios del Gobierno de Israel, Benjamín Netanyahu, primer ministro y Yoav Galant, su exministro de Defensa, a quienes acusa de ser responsables por el crimen de guerra de hambruna como método de guerra y los crímenes contra la humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos durante la guerra en Gaza. La orden contra Netanyahu es la primera contra un jefe de Gobierno de un importante aliado de Estados Unidos.

Las órdenes de detención implican que los 124 Estados miembros del tribunal deben arrestar a Netanyahu y Galant si ingresan a su territorio, entre ellos, Francia, Alemania y el Reino Unido. Por el contrario, Netanyahu sigue siendo bienvenido en Estados Unidos, ya que este país no es miembro de la CPI. El alto tribunal también emitió una orden de arresto contra el líder del brazo armado de Hamás, Mohamed Deif, quien, según aseguró Israel, murió en un ataque aéreo israelí el 13 de julio de 2024. En febrero de 2025, la CPI anuló la orden de detención contra Deif al considerar que su muerte había quedado suficientemente acreditada.

El tribunal podrían emitir órdenes de arresto contra otros altos mandos del ejército israelí involucrados en la guerra de Gaza, tal como lo recomendó una comisión de investigación de las Naciones Unidas, la cual también solicitó que se incluyera el delito de genocidio en las órdenes de arresto, tras determinar que el gobierno israelí había cometido múltiples violaciones de la Convención para la prevención del Genocidio de 1948. Antecedentes thumb|Las instalaciones de la Corte Penal Internacional en La Haya, Países Bajos.

La Corte Penal Internacional (CPI) se creó en 2002 para juzgar crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, genocidio y crímenes de agresión cuando los Estados miembros no están dispuestos o no pueden hacerlo. También puede juzgar crímenes cometidos por nacionales o en el territorio de cualquiera de sus 124 Estados miembros. Actualmente también investiga crímenes cometidos en Ucrania, Uganda y otros países. Palestina fue admitido como estado miembro en 2015, lo que permite la investigación a pesar de que Israel no es miembro y no reconoce su jurisdicción.

Los 124 Estados miembros de la CPI están obligados, por sus acuerdos con el estatuto fundacional de la Corte, a detener y entregar a cualquier individuo sobre el que exista una orden de arresto vigente de la CPI, si es identificado en su territorio. Sin embargo, el tribunal no tiene medios para hacer cumplir una orden de arresto al no disponer de una fuerza policial, por lo que depende de los Estados miembros para llevar a cabo cualquier detención, y sólo puede sancionar potencialmente a un estado miembro que no coopere.

El 20 de diciembre de 2019, la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, anunció una investigación sobre crímenes de guerra presuntamente cometidos en Palestina por miembros de las Fuerzas de Defensa de Israel o Hamás y otros grupos armados palestinos desde el 13 de junio de 2014. Desde que se abrió la investigación en 2015, Israel utilizó sus agencias de inteligencia para vigilar, presionar y amenazar a personal superior de la CPI.

Guerra de Gaza

El 12 de octubre de 2023, durante la guerra de Gaza, el fiscal jefe de la CPI, Karim Khan, declaró que tanto los crímenes de guerra cometidos por palestinos en territorio israelí como por israelíes en territorio palestino estarían dentro de la jurisdicción de la investigación de Palestina de la CPI.

El 16 de noviembre, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, anunció que había presentado ante la Corte Penal Internacional (CPI) una petición para iniciar una investigación contra Israel por crímenes de guerra supuestamente cometidos en la Franja de Gaza. Al día siguiente, la CPI informó que cinco países: Sudáfrica, Bangladés, Bolivia, Comoras y Yibuti habían presentado una solicitud ante el organismo para pedir una investigación sobre los bombardeos llevados a cabo por Israel en la Franja de Gaza. El fiscal jefe del tribunal, Karim Khan, señaló que, según el Estatuto de Roma, cualquier Estado miembro puede solicitar al organismo una investigación para determinar si una o más personas han cometido delitos.

El 29 de diciembre, Sudáfrica presentó un caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), acusando a Israel de incumplir sus obligaciones bajo la Convención sobre el Genocidio de 1948 en su ataque contra Gaza. Sudáfrica alegó que Israel estaba violando sus obligaciones bajo el tratado, redactado a raíz del Holocausto, que tipifica como delito intentar destruir a un pueblo en su totalidad o en parte. Además, Sudáfrica pidió a la CIJ que tomara medidas provisionales ordenando a Israel que detuviera su campaña militar en Gaza, pues eran «necesarias en este caso para proteger contra daños mayores, graves e irreparables a los derechos del pueblo palestino».

En abril de 2024, el gobierno de Israel expresó su preocupación de que la CPI pronto emitiera órdenes de arresto contra Netanyahu y otros altos funcionarios israelíes por presuntas violaciones del derecho internacional humanitario cometidas en el marco de la guerra en la Franja de Gaza. A finales de ese mismo mes aparecieron en Gaza fosas comunes con cientos de cadáveres de ancianos, mujeres y niños desnudos y con las manos atadas suscitando de nuevo la preocupación de la comisión de Naciones Unidas.

El 20 de mayo de 2024 el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional comunicó que había solicitado órdenes de detención contra el primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu y contra su ministro de Defensa, Yoav Galant, acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Los jueces de la corte deben aprobar la solicitud para que entre en vigor. En concreto, Karim Khan solicitó una orden de detención contra Netanyahu y Galant por los siguientes crímenes:

Usar el hambre como arma de guerra, considerado un crimen de guerra según el artículo 8(2)(b)(xxv) del Estatuto de Roma Causar deliberadamente un enorme sufrimiento o graves lesiones para el cuerpo o la salud, contraviniendo el artículo 8(2)(a)(iii) del Estatuto, o trato cruel considerado crimen de guerra y contrario al artículo 8(2)(c)(i) del Estatuto. Llevar a cabo asesinatos deliberados contrarios al artículo 8(2)(a)(i) del Estatuto, o asesinato como crimen de guerra contrario al artículo 8(2)(c)(i) del Estatuto. Dirigir ataques de manera intencionada contra la población civil, considerado crimen de guerra según los artículos 8(2)(b)(i) o 8(2)(e)(i) del Estatuto. Exterminio y/o asesinato contrario a los artículos 7(1)(b) y 7(1)(a) del Estatuto, incluido en el contexto de las muertes causadas por inanición, que constituyen un crimen contra la humanidad. Persecución, considerada crimen contra la humanidad y contraria al artículo 7(1)(h) del Estatuto. Otros actos inhumanos considerados crímenes contra la humanidad, contrarios al artículo 7(1)(k) del Estatuto.

A finales de abril de 2024, el personal de la CPI entrevistó a personal que trabajaban en hospitales palestinos de la Franja de Gaza sobre posibles crímenes de guerra.

El 27 de mayo, Amnistía Internacional pidió al fiscal de la Corte Penal Internacional que incluyese en su acusación por crímenes de guerra tres ataques israelíes que mataron a un total de cuarenta y cuatro civiles, incluidos treinta y dos niños. En concreto, Amnistía Internacional señaló como crímenes de guerra el ataque del 16 de abril contra el campamento de refugiados de Maghazi, que mató a cinco hombres y quince niños de entre 4 y 15 años, y en el que «el proyectil cayó en mitad de un mercado callejero donde los niños estaban jugando con un futbolín»; el ataque del 19 de abril contra la casa de la familia Abu Radwan de Rafah, que mató a nueve miembros de la misma familia, incluidos seis niños; y el bombardeo del 20 de octubre contra la vivienda de la familia Abdelal, también en Rafah, que mató mientras dormían a veinte de sus miembros, dieciséis de los cuales eran niños.

Órdenes de arresto thumb|Galant (izquierda) y Netanyahu (derecha), en julio de 2024.

El 20 de mayo de 2024, Khan anunció que presentaría solicitudes de órdenes de arresto contra los líderes de Hamás Yahya Sinwar, Mohamed Deif e Ismail Haniya y los líderes israelíes, el primer ministro Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Galant. La solicitud de orden de captura contra Haniyeh fue retirada tras su asesinato el 31 de julio de 2024 por un ataque israelí. El fiscal afirmó que estaba tratando de confirmar el presunto asesinato de Deif el 13 de julio de 2024, en cuyo caso también retiraría la solicitud de orden judicial.

El 21 de noviembre de 2024, los jueces de la Sala Preliminar I de la CPI, Nicolás Guillou (presidente, Francia), Reine Adélaïde Sophie Alapini-Gansou (Benín) y Beti Hohler (Eslovenia)https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/CourtRecords/0902ebd180a0ebd9.pdf emitieron órdenes de arresto a petición del fiscal jefe Khan en relación con las «actividades de los órganos gubernamentales israelíes y las fuerzas armadas contra la población civil en Palestina, más específicamente los civiles en Gaza» contra Benjamín Netanyahu, Yoav Galant y Mohammed Deif. El tribunal rechazó además la «impugnación de Israel a la jurisdicción de la Corte».

La Sala de Cuestiones Preliminares I declaró que encontró motivos razonables para que desde «el 8 de octubre de 2023 hasta al menos el 20 de mayo de 2024» Netanyahu y Galant tengan responsabilidad penal como coautores de cometer los actos conjuntamente con otros: el crimen de guerra de inanición como método de guerra; y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos» y «como superiores civiles por el crimen de guerra de dirigir intencionalmente un ataque contra la población civil»

El uso del hambre como arma de guerra está prohibido por las Naciones Unidas y se considera un crimen de guerra. A principios de octubre de 2023, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Galant, hizo un discurso público en el que decía que «no habrá más electricidad, ni más alimentos, ni más combustible… Estamos luchando contra los animales humanos y nos comportaremos en consecuencia». Unas semanas antes de que se emitieran las órdenes de arresto, también hubo informes de saqueos generalizados en áreas de la Franja de Gaza controladas por las FDI. Según el artículo 55 del convenio de Ginebra relativo a la protección debida a las personas civiles en tiempo de guerra: «En toda la medida de sus recursos, la potencia ocupante tiene el deber de abastecer a la población en víveres y productos médicos; deberá, especialmente, importar víveres, medicamentos y cualquier otro artículo necesario cuando sean insuficientes los recursos del territorio ocupado».

En el caso de Mohamed Deif la CPI considera que tiene responsabilidad directa y de mando «por los crímenes contra la humanidad de asesinato, exterminio, tortura, violación y otras formas de violencia sexual; así como por los crímenes de guerra de asesinato, trato cruel, tortura, toma de rehenes, ultrajes a la dignidad personal, violación y otras formas de violencia sexual». Encontró motivos razonables para afirmar que «los crímenes contra la humanidad formaban parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido por Hamás y otros grupos armados contra la población civil de Israel». El ejército israelí aseguró que Deif había muerto en un ataque en la zona humanitaria de Mawasi, en el sur de la Franja de Gaza, el 13 de julio de 2024, en el que también murieron 90 palestinos y otros 300 resultaron heridos. Sin embargo la CPI argumentó que «no estaba en condiciones de determinar si [Deif] había muerto o seguía con vida».