El caso Begoña Gómez se inició el 16 de abril de 2024, cuando el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, acordó abrir diligencias previas tras recibir una denuncia presentada por el Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias contra Begoña Gómez Fernández (esposa del presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez) por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción privada. La Fiscalía solicitó el archivo de la denuncia por considerarla carente de bases jurídicas. Días después, se personaron en el caso como acusación particular la organización Hazte Oír, los partidos políticos Vox e Iustitia Europa y el Movimiento de Regeneración Política de España.
Se alega que el empresario y experto tecnológico Juan Carlos Barrabés asistió a Begoña Gómez en la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).
Apertura de la investigación El informe preliminar de la Unidad Central Operativa (UCO), el órgano central de la Policía Judicial de la Guardia Civil, indicó que tanto la consultora Innova Next como la escuela de negocios The Valley, ambas propiedad de Juan Carlos Barrabés, multiplicaron por 141 veces el importe anual de sus adjudicaciones públicas en plena relación del empresario con Begoña Gómez, recibiendo entre los años 2021 y 2022 un total de 15,6 millones de euros en contratos públicos de organismos dependientes del Gobierno. Estos contratos provinieron de los ministerios de Economía, Educación, Industria, Transportes, Trabajo y Seguridad Social. En particular, el Consejo Superior de Deportes, dependiente del Ministerio de Educación bajo la dirección de Pilar Alegría, otorgó un contrato de 3 684 317 euros el 4 de agosto de 2022. Renfe, que dependía del Ministerio de Transportes dirigido por Raquel Sánchez Jiménez, firmó un contrato de 1 985 621 euros el 14 de noviembre de 2022. Además, la empresa pública ICEX España Exportación e Inversiones, bajo la dirección de Nadia Calviño en el Ministerio de Economía, adjudicó un contrato de 130 032 euros el 25 de octubre de 2021. Otros organismos que firmaron acuerdos con Innova Next SLU incluyen la Empresa Nacional de Innovación (Ministerio de Industria), la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Ministerio de Trabajo y Economía Social) e Ibermutua (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones). Por su parte, The Valley, gestionada por The Valley Digital Business School SL, recibió del Instituto de Crédito Oficial tres ayudas en septiembre de 2021, por importes de 220 000, 96 000 y 60 000 euros.
El informe preliminar de la UCO no encontró pruebas de los delitos imputados, ni de que Begoña Gómez favoreciera a Juan Carlos Barrabés, ni de su influencia en el rescate de Air Europa. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid respaldó la continuación de la investigación, pidiendo que se enfocara en las presuntas ayudas recibidas por la UTE vinculada a Carlos Barrabés y dejando de lado el tema del rescate de Air Europa.
Presunta implicación de Juan Carlos Barrabés En el informe preliminar, la UCO reveló que Juan Carlos Barrabés acumuló 99 expedientes de contratación entre 2015 y 2024, gestionados a través de seis sociedades en las que participaba como accionista o administrador. Estas adjudicaciones alcanzaron un total de 22 952 991 euros (sin IVA). Entre los organismos públicos que otorgaron estos contratos se encontraba el Ayuntamiento de Madrid, bajo la dirección de Martínez-Almeida, que firmó por 1,7 millones de euros (sin IVA). También figuraba la Generalidad Valenciana, presidida en ese entonces por Ximo Puig, además de tres administraciones dependientes del Gobierno central: Red.es, el Consejo Superior de Deportes y Renfe.
El 2 de julio de 2024, un nuevo informe concluyó que no existían «indicios delictivos» ni «irregularidades o anormalidades de tipo administrativo» en las dos operaciones en las que supuestamente Begoña Gómez habría ejercido influencia. No obstante, la UCO señaló la relevancia que tuvieron los criterios de carácter subjetivo en una de las operaciones en la que el empresario Barrabés, recomendado por Begoña Gómez, obtuvo un contrato público de 2,3 millones de euros.
El 10 de junio de 2024, la Fiscalía Europea reclamó parte de la investigación sobre la presunta corrupción, argumentando que involucraba fondos europeos. Además, desestimó la acusación particular de Vox, ya que estas no son permitidas en este tipo de procedimientos. El 19 de junio de 2025, la Fiscalía Europea citó a declarar como imputado a Juan Carlos Barrabés tras apreciar presuntas irregularidades en la concesión de unos contratos firmados con la empresa pública Red.es y que fueron recomendados por Begoña Gómez.
El 2 de junio de 2025, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda, presentó un informe al juez Peinado que analizaba seis contratos públicos adjudicados a la empresa Innova Next, propiedad de Juan Carlos Barrabés, detectando un incumplimiento de la Ley de Contratos del Sector Público en la adjudicación por parte de Red.es de un contrato por valor de 2 149 200 euros (sin IVA) en marzo de 2021. Además, la IGAE también detectó irregularidades en otros tres contratos concedidos por el Ayuntamiento de Madrid a Barrabés, aunque en estos casos no influyeron en la adjudicación final.
El 29 de septiembre de 2025, la Intervención General de la Administración del Estado presentó un informe a la Fiscalía Europea en el que concluía que la valoración otorgada a las cartas de recomendación en los concursos de Red.es benefició de forma «injusta e ilegal» a las ofertas que las aportaban. Éstas procedían de la UTE vinculada a Juan Carlos Barrabés, respaldada por dos cartas firmadas por Begoña Gómez, que resultó adjudicataria de dos contratos de Red.es por valor de 8,4 millones de euros. El informe señalaba además diversas irregularidades en el procedimiento y apuntaba a un posible fraude de ley y a una discriminación en el proceso de adjudicación.
El 18 de junio de 2026, el juez Juan Carlos Peinado acordó la apertura una pieza separada para investigar los presuntos delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea con relación a una adjudicación por parte de Red.es de un contrato de 4 millones de euros al empresario Juan Carlos Barrabés en junio de 2020. Previamente, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil había presentado a la Fiscalía Europea un informe donde analizaba las comunicaciones electrónicas de personas implicadas en la adjudicación, detectando que en el informe de valoración de la misma se habría obviado deliberadamente que la UTE vinculada a Barrabés no había presentado un libro blanco como se exigía en los pliegos.
El 26 de junio de 2026, se dio a conocer que el informe de la UCO recogía correos electrónicos intercambiados entre empleados de Red.es en los que se evidenciaba que, siguiendo indicaciones de sus superiores, habían estado amañando intencionadamente los procesos por los que se adjudicaron tres contratos por valor de 12,5 millones de euros a la UTE vinculada a Juan Carlos Barrabés, detectando «arbitrariedad» y rebajas de puntuaciones a empresas que habían presentado ofertas de mejor calidad que Barrabés. Además, la UCO concluyó que Red.es manifestó una predilección por la UTE de Barrabés que «se observa durante todo el proceso de valoración». En dos de los contratos adjudicados, las ofertas de Barrabés venían acompañadas de cartas de recomendación de Begoña Gómez, mientras que el tercero se tramitó de forma paralela a los primeros.
El 4 de agosto de 2026, el juez Juan Carlos Peinado remitió a la Fiscalía Europea la pieza separada en la que se investigaba al empresario Juan Carlos Barrabés por la adjudicación presuntamente irregular de un contrato de 4 millones de euros por parte de Red.es. El juez consideró que la investigación de este contrato era competencia de la Fiscalía Europea porque contó con financiación de fondos europeos.
Declaraciones y citaciones judiciales El viernes 5 de julio de 2024 Begoña Gómez fue citada a declarar en los juzgados de Plaza de Castilla ante el juez Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41. Peinado le atribuyó varios delitos relacionados con corrupción y tráfico de influencias. Su comparecencia en los juzgados estuvo acompañada de un dispositivo policial que la prensa calificó como sin precedentes. A petición de la defensa, que alegó no haber sido notificada de la querella, el juez suspendió la declaración y reprogramó la citación para el 19 de julio. El 19 de julio de 2024 Begoña Gómez se negó a declarar ante el juez Peinado.
El 15 de julio de 2024 Juan Carlos Barrabés declaró como testigo, afirmando que se había reunido con Begoña Gómez en ocho ocasiones en el Palacio de la Moncloa, y en al menos dos de esos encuentros estuvo presente el presidente Pedro Sánchez. El 19 de julio de 2024 el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid imputó a Barrabés por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La defensa de Barrabés, basándose en los informes de la UCO que indicaban que las adjudicaciones a su empresa se produjeron con absoluta normalidad, presentó un recurso argumentando que el juez no tenía base para proceder con la imputación.
Papel de la Universidad Complutense de Madrid en el caso La Universidad Complutense envió al juez un informe en el que señalaba indicios de que Begoña Gómez pudo haber cometido un delito de apropiación indebida al apropiarse de software financiado por la propia Universidad y al emitir contratos y gastos en su nombre sin tener autorización para ello. Además, el informe destacó la falta de colaboración por parte de Gómez.
En declaraciones posteriores, los vicerrectores de la Universidad Complutense afirmaron haber advertido a Gómez que no podía registrar el software a su nombre, al estar financiado por la Universidad. El vicerrector Juan Carlos Doadrio también declaró que el rector Joaquín Goyache le ordenó crear directamente la cátedra de Begoña Gómez. Goyache, inicialmente citado como testigo, fue más tarde imputado tras reconocer que había acudido previamente a una reunión con Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa donde ella le trasladó que quería montar la cátedra. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid decidió en mayo de 2025 revocar la decisión del juez Peinado y levantar la imputación de Goyache, al considerar que carecía de fundamento.
El 11 de septiembre de 2024 la Universidad Complutense comunicó a Begoña Gómez que no renovaría la cátedra extraordinaria dirigida por ella misma. La cátedra de Transformación Social Competitiva se había constituido el 30 de octubre de 2020, por un periodo inicial de cuatro años (2020-2024).
El 8 de octubre de 2025 la Universidad Complutense aceptó personarse como perjudicada en la causa al considerar que Begoña Gómez pudo haberle causado un perjuicio económico por presuntamente haberse apropiado del software cuya financiación estaba destinada para que fuere a favor de la UCM.
El 23 de enero de 2026, la Universidad Complutense remitió un informe al juez cifrando en 113.509,32 euros el dinero público que gastó en el desarrollo del software para la cátedra de Begoña Gómez. La institución solicitó al juez la incorporación de estas cifras a la causa para poder reclamar de cara a un eventual juicio esta cantidad como el perjuicio económico derivado de la presunta apropiación indebida del software por parte de Gómez.
Citación como testigo de Pedro Sánchez