El Paro Nacional de Perú de 1977 fue el paro general sucedido el 19 de julio de 1977 convocado por diversas organizaciones sindicales, reunidas bajo el Comando Unitario de Lucha (CUL), en reacción directa contra las políticas del gobierno dictatorial de Francisco Morales Bermúdez. El paro es considerado uno de los movimientos de protesta más grandes en la historia del Perú y un punto de inflexión en la historia política del país, dado que la movilización masiva y la unidad mostrada por diversos sectores de la sociedad marcaron el inicio del fin de la dictadura.
El régimen de Morales Bermúdez, iniciado con el golpe de Estado de 1975, implementó medidas represivas como la suspensión de garantías constitucionales, estados de emergencia prolongados y toques de queda. Estas acciones también incluyeron la prohibición del derecho a huelga y una persecución intensificada contra líderes sociales y sindicales. A pesar de estas restricciones, los movimientos populares y partidos de izquierda comenzaron a organizar una resistencia más estructurada contra el régimen.
En junio de 1977, el ministro de Economía, Walter Piazza Tangüis, implementó un «paquetazo» económico que aumentó los precios de productos básicos, lo que provocó un amplio descontento social. Esto llevó a huelgas y manifestaciones de trabajadores, estudiantes y sindicatos en todo el país, con ciudades como Cusco, Puno y Arequipa experimentando enfrentamientos violentos con las fuerzas policiales y militares. El 5 de julio de 1977, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP) organizó un paro nacional con una participación casi total de los maestros.
El éxito del paro magisterial inspiró a otros movimientos sindicales a planificar un paro nacional más amplio el 19 de julio, liderado por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y otras organizaciones. La huelga paralizó el país y contó con el apoyo masivo de la población, a pesar de la fuerte represión gubernamental. El paro nacional tuvo un impacto significativo, demostrando el rechazo generalizado a las políticas del gobierno militar. Ante la presión social, Morales Bermúdez se vio obligado a anunciar el inicio del retorno a la democracia, convocando a elecciones para una Asamblea Constituyente en 1978 y elecciones generales en 1980.
Fondo
El 3 de octubre de 1968 Juan Velasco Alvarado, presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, encabezó un golpe de Estado en contra del gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Este golpe se produjo, entre otras razones, debido a la incapacidad de Belaúnde para implementar reformas en diversos sectores, obstaculizadas por la oposición de la coalición entre el Partido Aprista Peruano y la Unión Nacional Odriísta. La reforma agraria, la más significativa de estas reformas, fue frustrada por los intereses de la oligarquía, defendidos por la coalición opositora.
El nuevo gobierno, intitulado «Gobierno Revolucionario de la Fuerza Armada», asumió un carácter nacionalista de izquierda y reformista, promoviendo cambios profundos en la sociedad peruana. Entre sus iniciativas destacaron la promulgación de la reforma agraria de 1969, la declaración del quechua como idioma oficial a nivel nacional, el incremento de los derechos laborales, el empoderamiento de los sindicatos, además de la nacionalización de sectores estratégicos de la economía y de los servicios públicos.
A pesar de la legitimidad inicial obtenida por las reformas, el gobierno militar de Velasco enfrentó un creciente descontento tanto de los sectores sindicales de izquierda y de los sectores conservadores. El descontento popular se agravó por la crisis económica y la situación alcanzó un punto crítico con una huelga policial en febrero de 1975 que desencadenó saqueos, incendios y un descontrol social en la capital. Esta combinación de factores minó la estabilidad del gobierno de Velasco y propició que un sector del gobierno, liderado por Francisco Morales Bermúdez, diera un golpe de Estado en su contra en agosto de ese mismo año.
Motivado por la crisis económica y política, Morales Bermúdez lideró un proceso de reversión de las reformas impulsadas por Velasco. Bajo su gobierno, se promovió la privatización de sectores económicos, se implementaron políticas de flexibilización laboral y se redujeron algunos derechos laborales. Además, se favoreció una mayor apertura al capital extranjero. A pesar de estas medidas, la economía experimentó una inflación descontrolada, una profunda recesión y un alarmante aumento del desempleo. Estos factores contribuyeron significativamente al creciente descontento social, particularmente entre los sectores más vulnerables de la sociedad.
Preludio Tras el estallido popular en Lima de junio de 1976, el gobierno militar respondió con medidas represivas contundentes. Estas incluyeron la suspensión de las garantías constitucionales, la declaración del Estado de emergencia y la instauración de toques de queda, de forma permanente en la capital y de manera intermitente en el resto del país, que se extendieron durante casi un año. Además, se suprimió el derecho a la huelga y se intensificó la persecución y represión contra dirigentes sociales y sindicales. A pesar de las severas limitaciones impuestas por la dictadura, los movimientos populares y los partidos de izquierda se organizaron para llevar a cabo una resistencia organizada contra el gobierno.
En mayo de 1977 Luis Barúa Castañeda, uno de los principales impulsores de la nueva política económica, renunció a su cargo de ministro de Economía. Barúa se hizo conocido por su rol en la implementación de los «paquetazos», un conjunto de medidas económicas marcadas por aumentos significativos en los precios de productos básicos. Su renuncia estuvo motivada por la resistencia de sectores del gabinete a apoyar medidas más severas ante presiones de la derecha, la cada vez mayor disposición de amplios sectores impulsados por la izquierda para protestar y resistir frente a nuevas medidas de austeridad y la insistencia de los partidos políticos para la restauración de la democracia.
Walter Piazza Tangüis, ingeniero y empresario ligado a la Sociedad Nacional de Industrias, fue nombrado como sucesor de Barúa. Antes de aceptar el cargo, impuso varias condiciones, entre ellas la continuación y profundización de la política de su predecesor y la implementación de significativos recortes presupuestarios. Tras su nombramiento, se dedicó a estructurar un programa de emergencia y consiguió la aprobación del gabinete ministerial para una serie de medidas que incluyeron la reducción del gasto público y el aumento en los precios de los productos derivados del petróleo, lo cual resultó en el incremento de las tarifas de transporte.
El 10 de junio, Piazza anunció en la cadena nacional de radio y televisión un nuevo «paquetazo» económico, incluyendo una drástica reducción del gasto gubernamental para el resto del año 1977, un fuerte aumento en el precio de la gasolina y los combustibles, «minidevaluaciones» de la tasa cambiaria, incrementos de hasta un 30% en los precios de alimentos importados y locales y aumentos salariales limitados a un máximo del 15%. Estas medidas consiguieron el apoyo de los sectores empresariales, como la Confederación Nacional de Comerciantes, la Asociación de Exportadores y la Sociedad Nacional de Industrias. Mientras tanto, las reacciones y acciones públicas de los sectores sindicales no se manifestaron de manera inmediata.
Las protestas Primeras manifestaciones en Lima El «paquetazo» implementado por el gobierno fue considerado como uno de los golpes más severos contra las ya deterioradas condiciones de vida de la gran mayoría de la población. El 13 de junio, la Federación de Empleados Bancarios (vinculada al Partido Comunista Peruano - Unidad, que apoyaba al gobierno militar) ejecutó un gesto simbólico de una huelga de 90 minutos. Este acto buscaba expresar el descontento y la indignación frente a las medidas económicas que afectaban gravemente a los trabajadores y sectores populares del país. Las organizaciones sindicales no iniciaron nuevas acciones importantes de protesta, sino que convocaron asambleas para coordinar las acciones de manera centralizada.
El mismo día 13 se realizaron movilizaciones estudiantiles en varios puntos de la capital en protesta por el alza del precio de los pasajes: las juventudes apristas de la Universidad Nacional Federico Villarreal bloquearon la avenida Nicolás de Piérola y otras avenidas en el centro de la ciudad, estudiantes izquierdistas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional de Ingeniería y la Universidad Peruana Cayetano Heredia interrumpieron el tránsito entre las avenidas Venezuela y Túpac Amaru, además de manifestaciones de los estudiantes de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. La represión condujo a la detención de más de 100 manifestantes. El 17 y 18 de junio, cientos de estudiantes del distrito del Rímac sostuvieron enfrentamientos con las fuerzas policiales.
Ante el temor de un aumento de las protestas en Lima y su generalización en el resto del país, el ministro del Interior Luis Cisneros Vizquerra emitió un comunicado señalando la vigencia del Estado de emergencia, así como la prohibición de cualquier forma de huelga «so pena de la rescisión automática de los contratos de trabajo de los infractores». Otras medidas incluyeron la invasión policial de locales sindicales, el aumento en la persecución y encarcelamiento de dirigentes sindicales y activistas y la publicación de falsos comunicados pretendían simular un apoyo popular a las medidas gubernamentales.
Estallido de las protestas en el sur Pese a la aparente calma en la capital, el 15 de junio se iniciaron las movilizaciones en los departamentos del Cusco, Puno y Arequipa. La protesta inició con fuerza en la ciudad del Cusco, con enfrentamientos de estudiantes de educación secundaria y universitaria con las fuerzas policiales en la Plaza de Armas y la avenida de la Cultura. La Dirección Regional de Educación se vio obligada a suspender las actividades escolares hasta el 25 de junio. El 16 de junio, un Frente Amplio liderado por la Federación Departamental de Trabajadores de Cusco convocó a un paro departamental de 72 horas, ante lo cual el gobierno implementó un toque de queda entre las 21:00 y las 05:00 horas. La rebelión en Cusco se extendió al resto de la región: en Sicuani, tres mil estudiantes ocuparon las oficinas del Ministerio de Agricultura y Alimentación y en Urubamba, Espinar, Quillabamba y Calca se bloquearon las principales vías.
En Puno, los estudiantes universitarios iniciaron manifestaciones que ocasionaron la ocupación de la ciudad por elementos del Ejército, además de la suspensión de las laborales escolares hasta el 30 de junio y las universitarias hasta el 5 de julio. En Arequipa, los estudiantes de educación secundaria sostuvieron enfrentamientos con la policía el 21 de junio, por lo que se tuvo que suspender sus actividades por tiempo indefinido. Al día siguiente, la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa convocó un paro de 48 horas, que se cumplió de manera prácticamente total: se mantuvieron cerrados los servicios comerciales y se suspendieron los servicios de ferrocarriles y el transporte interprovincial, desconectando Arequipa y todo el sur peruano.