miniaturadeimagen|Dos grupos de manifestantes a favor y en contra del gobierno de Pedro Castillo durante las celebraciones de Fiestas Patrias en 2022. La cobertura mediática de la crisis política en Perú de 2021-2026 aborda cómo la prensa limeña, regional y extranjera ha informado sobre acontecimientos como las elecciones generales, los mandatos presidenciales y la convulsión social. La prensa ha influido notablemente en la opinión pública y ha sido objeto de constantes debates sobre su imparcialidad y rigor informativo.

La crisis se inició con las elecciones generales de 2021. Los principales medios de comunicación presentaron a los candidatos presidenciales de manera polarizada: a Keiko Fujimori se la presentó como una defensora del modelo económico y el anticomunismo, mientras que a Pedro Castillo se le presentó como un representante de los sectores populares y rurales críticos con la élite política tradicional.

Informes de especialistas (como el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico) señalan que los principales medios, también llamados los tradicionales, están radicados en Lima, están en manos de grandes empresarios y suelen apoyar a candidatos afines a la ideología conservadora como Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, a través de medios como Willax TV y el Grupo El Comercio. Por otro lado, los medios digitales, como el pódcast La Encerrona, fueron creados por antiguos miembros de los medios tradicionales y ofrecieron una perspectiva disidente sobre los acontecimientos.

Durante el gobierno de Castillo, la relación con la prensa se tornó hostil. La prensa limeña realizó investigaciones, pero fue acusada de ejercer un estigma social contra sus seguidores. La prensa alternativa destacaba los logros de Castillo y visibilizaba las demandas del pueblo, pero se les acusó de tener un enfoque propagandístico.

Los medios de comunicación tradicionales no consiguieron ganarse la confianza del público. Zuliana Laínez, directora de la Asociación Nacional de Periodistas, señaló que, tras la destitución de Castillo, la cobertura que estos medios hicieron de las protestas sociales y de las muertes ocurridas durante el Gobierno de Dina Boluarte fue cuestionada por sesgos ideológicos y falta de profundidad. Laínez lamentó que los medios regionales e independientes no obtuvieran más reconocimiento por su labor informativa frente a la prensa tradicional. Finalmente, cuando llegaron las elecciones generales de 2026, los observadores de la Unión Europea dedujeron que los medios de comunicación privados tradicionales mostraban sesgo informativo a favor de Keiko Fujimori, quien resultó ganadora de esas elecciones.

Contexto Se considera que la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 en 2020 agilizó la desinformación en el país. La desinformación fracturó a la sociedad debido a la falta de políticas públicas y provocó una polarización de la población durante las elecciones de 2021. Según Statista, Perú fue el segundo país con mayor consumo de información falsa o engañosa a nivel mundial, con un de la población. La revista European Public & Social Innovation Review dedujo que existen pocos estudios que ahondan en el panorama mediático y que la falta de competencias básicas de alfabetización mediática entre los estudiantes peruanos «resalta la brecha entre la percepción propia y la realidad en la habilidad para discernir entre información auténtica y falsa».

En las redes sociales surgieron nuevas formas de comunicación que pretendían distanciarse de la perspectiva limeña. En 2021 se celebraron elecciones generales en las que abundaban las ideas populistas de izquierda y derecha política, además de discursos de posverdad. En la segunda vuelta, los candidatos Pedro Castillo y Keiko Fujimori presentaban propuestas opuestas. El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) creía que, al igual que en otros países, los medios de comunicación tradicionales buscaban «controlar el flujo de noticias y restringir la diversidad de opiniones presentadas al público». Los habitantes del sur del país veían que la prensa limeña, que también estaba presente en internet, apoyaba a Keiko Fujimori. En 2024, el Instituto Reuters informó de que el porcentaje de personas que usaban las redes sociales como fuente de noticias había aumentado hasta alcanzar el 81 %, superando a la radio y la televisión.

Flor Muñoz, decana del Colegio de Periodistas de Arequipa, atribuyó el consumo masivo a portales digitales a la insatisfacción de Pedro Castillo con los medios de comunicación tradicionales. Dicho descontento se basó en la idea de que el gobierno de Alberto Fujimori había conseguido cambiar la línea editorial para beneficiarse políticamente. La decana del colegio también destacó el papel emergente de los medios digitales, que ganaron relevancia durante la pandemia de COVID-19, al mismo tiempo que aumentaban las fuentes informativas «informales», es decir, de personas no acreditadas en el mundo de la comunicación.

Patricia Zárate, jefa de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, enfatizó la importancia de las redes sociales frente a los medios limeños y compartió la idea de que estos afectaron a su reputación en lo que respecta a los sucesos políticos de otras regiones peruanas. Carlos Jornet, presidente de la Comisión Local de la Sociedad Interamericana de Prensa, dijo que la gente que desconfía de la prensa tradicional todavía es capaz de distinguir qué contenido es falso en las redes sociales.

Los medios digitales Ojo Público y Salud con lupa establecieron un filtro para garantizar una cobertura electoral neutral. Adicionalmente, Ojo Público implementó su sistema de revisión independiente. Rodrigo Salazar Zimmermann, presidente del Consejo de la Prensa Peruana, señaló que los medios impresos y plataformas digitales como La Encerrona participaron en la iniciativa PerúCheck, para alertar sobre información engañosa durante las campañas electorales. Las iniciativas de verificación de hechos fueron tan significativas que el comunicador Pedro Rivas Ugaz, responsable de identificar noticias falsas en redes sociales para la Oficina Nacional de Procesos Electorales, pidió a quienes respaldaron a la institución apoyar el periodismo independiente.

La desinformación entre los medios tradicionales y digitales se consolidó con la llegada de Pedro Castillo al poder y continuó incluso después de su dimisión como presidente, cuando fue reemplazado por Dina Boluarte. El periodista Eloy Marchán señaló que, tras el intento de autogolpe de Estado, suposiciones como «no hay una dictadura parlamentaria» o «hubo fraude en la elección de Pedro Castillo como presidente» se volvieron recurrentes en el imaginario de quienes apoyan a un bando u otro.

Durante el gobierno de Dina Boluarte, en 2024, la Asociación Pro Derechos Humanos alertó de que los medios de derecha política suelen compartir informaciones dirigidas a «contar una versión distorsionada de la historia reciente del país», cuya versión, según la asociación, «tiene un enfoque ideológico ultraconservador, antidemocrático y antiderechos». Al año siguiente, en plena crisis de seguridad, Jacqueline Fowks denunció la existencia de una campaña de desprestigio contra magistrados independientes, en la que, según dijo, «el Ejecutivo (de Dina Boluarte), el Congreso y los medios de comunicación afines repiten que la policía detiene a delincuentes, pero los fiscales y jueces los liberan».

En 2025, Perú bajó 53 puestos en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa con respecto a 2022, situándose en el puesto 130. Entre los motivos de esta caída se encuentran aspectos políticos, sociales, económicos, del marco jurídico y de seguridad. Artur Romeu, director de la oficina de RSF para América Latina, advirtió que la ley de la APCI afectaría al modelo de sostenibilidad de los medios independientes con el fin de castigar a la prensa por sus editoriales críticas al Estado peruano.

Prensa de Lima

Los medios de comunicación locales y nacionales cubrieron el proceso electoral de 2021. Algunos medios escritos y televisivos de Lima, como Willax TV, La República, Expreso y El Comercio, ignoraron o criticaron al candidato Pedro Castillo y a su partido de izquierda Perú Libre. Algunos de estos medios (Willax TV, Expreso y El Comercio) fueron acusados de recurrir al terruqueo. Esta postura contribuyó a la confrontación política entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori (del partido político de derecha Fuerza Popular). También se cubrió, en menor medida, Rafael López Aliaga (de Renovación Popular), quien tenía cierta afinidad con la candidata de Fuerza Popular.

El reportero de Sudaca, Paolo Benza, y la Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea expresaron su preocupación por la falta de preparación periodística para cubrir a candidatos que no fueran Fujimori. Benza argumentó que los periodistas de la prensa tradicional se habrían alineado con las directivas de sus empresas.

El periodista de Reuters Marcelo Rochabrún señaló que una dinámica similar de la prensa tradicional limeña ya se había observado en las elecciones de 2011, cuando Keiko Fujimori se enfrentó al candidato de izquierda Ollanta Humala. En ese período, la relación entre los intereses empresariales y la política también fue objeto de escrutinio, como se pondría de manifiesto más tarde en el caso Cócteles. Rafael Vela afirmó que la presunta contraprestación por los aportes financieros a la campaña fujimorista se manifestaba «incluso en la presencia en los medios de comunicación y hasta en las líneas editoriales de determinados medios de comunicación».

Imprenta Según la información proporcionada por las agencias Reuters y Sputnik, el diario El Comercio, que a lo largo de su historia había tenido diferentes posturas ideológicas, había respaldado a Keiko Fujimori sobre Pedro Castillo.

En sus editoriales, El Comercio abordó propuestas de Castillo como la regulación de los medios de comunicación, la disolución del Tribunal Constitucional y la convocatoria de una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. El diario comenzó a documentar a Castillo desde su primera aparición pública, en 2017, a partir del informe La infiltración del Movadef en algunas dirigencias del magisterio, de Carlos Basombrío. Después de los comicios, El Comercio adoptó una postura crítica hacia el presidente Castillo, mostrando dudas sobre los nombramientos de personas vinculadas a organizaciones subversivas.

La línea anticomunista se extendió a otros diarios del Grupo El Comercio. Trome, que contó con el mayor tiraje del país, recurrió constantemente a comparaciones con la crisis política en Venezuela. La controversia en torno al diario escaló cuando uno de sus reporteros amenazó de muerte a Pedro Castillo, lo que obligó al director del grupo a desmentir que la empresa promoviera actos violentos. Perú 21 no solo alertó sobre una supuesta infiltración de Sendero Luminoso en la campaña electoral de Pedro Castillo, sino que, dirigido por Cecilia Valenzuela, habría ocultado una encuesta de Ipsos (dirigida por su esposo) para no perjudicar la candidatura de Keiko Fujimori.

Por otro lado, La República (del Grupo La República Publicaciones) mostraba una ligera inclinación hacia la neutralidad en sus editoriales sobre los orígenes de Castillo. Un estudio de la revista Comunicación de la Universidad de Piura, publicado en 2023, concluyó que La República usó un vocabulario diferente al del Grupo El Comercio tras analizar editoriales entre mayo y junio de 2021. Según el estudio, el diario de tendencia progresista presentó a Keiko Fujimori como una «candidata» con «respaldo», mientras que a su contendor, Pedro Castillo, se le relacionó más intensamente con las palabras «económico», «comunismo» y «estabilidad». El diario presentó a Castillo como el candidato que traería «inestabilidad económica».

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