Ronald Leandro Ojeda Moreno (Maracay, 2 de septiembre de 1991 - Santiago de Chile, entre el 21 y el 24 de febrero de 2024) fue un teniente del Ejército de Venezuela, opositor al gobierno de Nicolás Maduro y refugiado político en Chile.
Exiliado tras haber sido acusado de rebelión y traición a la patria en su país, obtuvo asilo en Chile en 2023. En febrero de 2024 fue secuestrado en Santiago por individuos que se hicieron pasar por agentes policiales; su cuerpo fue hallado días después enterrado bajo cemento en la comuna de Maipú. El crimen, que generó un fuerte impacto político y diplomático entre Chile y Venezuela, es investigado por la fiscalía chilena como un asesinato con posible motivación política, presuntamente vinculado al crimen organizado transnacional y a autoridades venezolanas.
Carrera Nació el 2 de septiembre de 1991 en una familia de pocos recursos, conformada de siete hermanos. En el año 2008 ingresa a la Academia Militar de Venezuela. En 2012 se gradúa como teniente de infantería del Ejército. Luego, se traslada para hacer el curso de comando a una unidad de fuerzas especiales del Ejército, destacado en la ciudad de San Cristóbal, donde conoce a quien se convertiría en su esposa, Jetsy, con quien se casa en diciembre de 2016. En sus redes sociales, Ojeda narró parte de las labores de inteligencia que realizó en contra del régimen, cansado de lo que califica como corrupción:Yo de manera independiente me encontraba realizando un trabajo de inteligencia, el cual involucraba a oficiales generales y a oficiales coroneles para ese momento, entre ellos el encargado de las operaciones de los grupos subversivos.
Detención en Venezuela Junto a su compañero de armas, José Rodríguez, fueron detenidos varias veces y señalados como miembros de la conspiración "Espada de Dios", acusados de rebelión militar, instigación a la rebelión y traición a la patria. Tanto Ojeda como Rodríguez aseguran haber sido torturados en los sótanos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. En la Cárcel de Ramo Verde, Ronald Ojeda conoció a otro militar detenido, el exteniente de aviación Eduardo Figueroa Marchena, con quien forjó una gran amistad.
Ojeda fue detenido en abril de 2017 y acusado de los cargos de rebelión, instigación a la rebelión, motín y traición a la patria, junto con otros tres militares, luego de que el Movimiento por la Libertad y la Democracia, al que pertenecían, suscribiera un documento en el que desconocían a Nicolás Maduro como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ojeda declaró que fue sometido a tortura durante su detención.
El 30 de noviembre de 2017, Ojeda y otros ocho oficiales encarcelados fueron trasladados desde un tribunal militar de regreso a la cárcel de Ramo Verde. Rebelándose contra sus custodios, lograron quitarles las armas y tomaron el vehículo. La policía local del municipio de Los Salias se percató del incidente y comenzó un tiroteo. Cuatro fueron recapturados y cinco lograron escapar. Durante la fuga, su compañero Rafael Arreaza fue abatido durante un enfrentamiento con la policía. Los otros reclusos eran Ronald Ojeda, Luis Berbesi Torres, José González Bolaños, Moreno Briceño Camacho, Josué Hidalgo Azuaje, Francisco Rodríguez Ojeda y Eliezer Vázquez Guillem Velázquez, el Teniente Luis Mogollón fue lanzado del vehículo en el que eran transportados por los custodios y sufrió severas lesiones.
Exilio Los prófugos planearon viajar al sur, llegando los cinco a Lima, Perú, entre ellos el Teniente Moreno Briceño Camacho, teniente Ronald Ojeda, teniente Josué Hidalgo Azuaje, Eduardo Figueroa Marchena y José Ángel Rodríguez Araña, donde pidieron refugio al Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú. En agosto de 2018 Ronald Ojeda junto a su esposa, decidieron ir a Chile, estableciéndose en la comuna de Quillota, en la Región de Valparaíso, en casa de unos familiares que ya estaban allí.
En 2018, el gobierno de Nicolás Maduro publicó un decreto en el que degradó y expulsó a 24 oficiales militares sin un juicio previo, incluyendo a Ojeda. En noviembre de 2022, Ojeda obtuvo notoriedad tras realizar una manifestación con una bolsa en la cabeza frente al Palacio de La Moneda en Santiago de Chile, exigiendo la liberación de presos políticos y condenando el diálogo entre el chavismo y la oposición.
En noviembre de 2023, Chile le concedió asilo político. En 2024, el gobierno venezolano volvió a describirlo como un «traidor a la patria», acusándolo de estar involucrado en una presunta conspiración. Posteriormente se reveló que Ojeda realizó un viaje hacia Colombia en diciembre de 2023. Tras el arresto de Anyelo Heredia en la frontera con Venezuela, Ojeda estaba realizando trámites para refugiarse en España.
Atentado Antecedentes El 18 de enero de 2024 Venezuela y Chile firman acuerdo con el fin de establecer objetivos de colaboración mutua en contra del crimen organizado transnacional. El subsecretario de Interior de Chile, Manuel Monsalve del partido socialista de Chile, llegó acompañado por el secretario general de Política Exterior, Rodrigo Olsen, y subdirector de Inteligencia, Crimen organizado y Seguridad Migratoria de la PDI, Lautaro Arias. Por parte de Venezuela viceministro para América Latina Randel Peña Ramírez, el viceministro del sistema integrado de investigación penal José Ramírez, el director de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas Douglas Rico, la directora general para América Latina de la cancillería Yolimar Villalba El 24 de enero un comunicado, la FANB anuncia la expulsión de 33 militares acusados de participar en presuntas conspiraciones que incluyen a Ronald Ojeda.
Secuestro y asesinato en Chile Ojeda fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 a las 03:15 de la madrugada en la comuna de Independencia, Santiago de Chile, desde su residencia en el piso decimocuarto del edificio donde vivía, a las 3:15 a. m. (UTC-3), irrumpieron en el inmueble tres sujetos que vestían como funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), hecho que fue captado por la cámara de la conserjería. Un cuarto sujeto esperaba en el vehículo. El mismo día, el Ministerio del Interior de Chile confirmó su secuestro, y las autoridades chilenas ordenaron reforzar los controles fronterizos y solicitaron a Interpol que emitiera una orden de alerta. Al día siguiente, el 22 de febrero, el gobierno chileno anunció que había interpuesto una querella con respecto al caso y que mantenía contacto con la administración venezolana.
La investigación en Chile consideraba varias teorías inicialmente, incluyendo la intervención internacional, un secuestro extorsivo (aunque no hubo comunicación por parte de los captores), un secuestro relacionado con una banda o un autosecuestro. A diferencia de otros secuestros, los captores no solicitaron un rescate durante el rapto de Ojeda, por lo que fue catalogado como un secuestro de alta complejidad. El excomisario venezolano Iván Simonovis declaró que el secuestro pudo ser planificado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela (DGCIM).
El 28 de febrero el único detenido es un menor de edad de 17 años venezolano que habría participado en maniobras de vigilancia, según el periódico chileno La Segunda, la PDI identificó a dos venezolanos como sospechosos que lograron escapar de Chile, son quienes conducían los vehículos en los que fue trasladado Ojeda. Fueron identificados como los venezolanos Walter de Jesús Rodríguez Pérez, quien habría dejado su RUC en una estación de servicio, relacionado con Tareck El Aissami cuando trabajaba en el despacho del gobernador en 2015 según su ficha personal del seguro social IVSS, investigado por un anterior secuestro; y Maikel Villegas Rodríguez, hijo de Marianela Rodríguez y pareja de Jénifer Contreras Rodríguez, ambas residentes en Chile. Ambos sujetos se encontrarían en Venezuela; Chile pedirá su extradición.
El cuerpo de Ojeda fue hallado descuartizado dentro de una maleta y sepultada bajo una losa de concreto el 1 de marzo durante un allanamiento en la comuna de Maipú, en Santiago de Chile, diez días después del secuestro, gracias a una llamada anónima al Ministerio Público. De acuerdo con la autopsia preliminar, la causa de muerte fue asfixia mecánica, que tuvo lugar entre siete y diez días antes de que el cuerpo fuera encontrado en una zanja de 1,4 metros de profundidad, coincidente con la fecha en la que se produjo el secuestro.
Móvil del secuestro y homicidio El caso está siendo manejado por el fiscal Esteban Silva, quien considera que el crimen podría estar vinculado a operaciones del Tren de Aragua, una organización criminal venezolana con presencia conocida en Chile. Esta organización ha sido implicada previamente en crímenes violentos y actividades como la trata de personas, la extorsión y el tráfico de drogas. Aunque en otros secuestros realizados por esta banda se ha solicitado rescate, en el caso de Ojeda, la ausencia de demandas económicas y la inmediatez del asesinato plantean la posibilidad de que el motivo pueda ser más personal o político, dada la historia de Ojeda como disidente del gobierno venezolano.
En una entrevista con Chilevisión, el fiscal Barros sugirió que el crimen fue ordenado desde Venezuela y ejecutado con la colaboración del Tren de Aragua y una organización extranjera. Esta declaración coincide con el modus operandi de enterrar el cuerpo bajo cemento, práctica similar observada en el norte de Chile. El fiscal identificó a dos miembros del Tren de Aragua: Walter del Jesús Rodríguez Pérez, ha sido relacionado como trabajador del ex-gobernador de Aragua Tareck El Aissami. y Maickel Villegas Rodríguez, como sospechosos directos, quienes habrían huido a Venezuela.
En abril de 2024 el caso fue descrito como operaciones criminales y políticas transnacionales, con implicaciones significativas para las relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela. Las tensiones se intensificaron con declaraciones del gobierno venezolano, que calificó al Tren de Aragua como una «ficción mediática», y la respuesta de las autoridades chilenas, exigieron la colaboración para la extradición de los sospechosos. La Interpol emitió una alerta roja para su detención.
En enero de 2025 el fiscal chileno Héctor Barros continuando con las investigaciones aclaró que el Niño Guerrero habría sido encargado de la misión de matar a Ronald Ojeda al ordenar a los sujetos conocidos como Carlos Gómez, alias «Bobby de Cagua», y a Rafael Enrique Gámez, alias «El Turco», quien fue el encargado de organizar, coordinar y vigilar el secuestro de Ojeda en todas sus fases. El fiscal nacional de Chile, Ángel Valencia Vásquez, confirmó que tres de los testigos apuntan al Gobierno de Maduro por el encargo del crimen de Ojeda. Uno de los detenidos denunció a Diosdado Cabello como el que ordenó y pagó a la banda criminal por el crimen del militar a través del niño Guerrero.
La viuda de Ojeda, Josmarghy Castillo, ha desempeñado un papel importante en dirigir la atención hacia el posible móvil político del asesinato, basado en el historial de su marido como disidente del gobierno de Maduro y su participación previa en actividades contra el régimen.
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