María Cristina Gajardo Harboe (Valparaíso, 15 de abril de 1963) es una abogada, profesora y jueza chilena, integrante de la Corte Suprema de Chile.
Primeros años de vida Realizó sus estudios superiores en la Facultad de Derecho en la Universidad de Chile licenciándose en 1986 con la tesis "La ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales ante la jurisprudencia administrativa" dirigida por la profesora María Loreto Fierro Félix. Recibió el título de abogada el 2 de mayo de 1988.
En el 2005 obtuvo una maestría en Planificación y Dirección Tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez y en el 2020 aprobó por unanimidad el Doctorado en Derecho de las Universidades de Chile y Sevilla.
Vida pública Desde el año 1997 se desempeña como profesora del Departamento del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde también ejerce como profesora del programa de Doctorado en esa misma casa de estudios.
En el campo privado se ha desempeñado en los estudios Larraín y Asociados -directora del área laboral- (2007 a 2012), como abogada de la Asociación Chilena de la Seguridad (2001 a 2007) y parte del Consejo Directivo del Observatorio Judicial.
Entre los años 2012 y 2014 se desempeñó como abogada integrante de la Corte de Apelaciones de Santiago. Posteriormente, los presidentes Michelle Bachelet y Sebastián Piñera la designaron como abogada integrante de la Corte Suprema de Justicia.
El 14 de diciembre de 2021, el presidente Piñera propuso al Senado de Chile aprobar su designación para la llenar la vacante del máximo tribunal chileno, dejada por la jubilación de la ministra María Eugenia Sandoval. En sesión del pleno de 11 de enero de 2021, la Cámara Alta aprobó su designación por 29 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención. Luego, el 21 de enero de ese mismo año, junto con el ministro Diego Simpértigue, prestaron el juramento de rigor y se incorporaron en ese acto a la Corte.
Controversias y conflictos de interés
Tráfico de influencias en nombramiento a la Corte Suprema (2021-2022)
En junio de 2026, el medio investigativo Reportea reveló que el abogado Gabriel Zaliasnik participó activamente en la gestión de nombramientos judiciales, incluido el de Gajardo a la Corte Suprema. Posteriormente, en agosto de 2026, Reportea publicó una segunda investigación centrada en Álvaro Donoso que reveló pagos en efectivo desde La Moneda a Luis Hermosilla y Donoso, así como la interferencia de ambos en 17 nombramientos judiciales. Un chat filtrado del 26 de noviembre de 2021 muestra a Donoso respondiendo al asesor presidencial Sotomayor: «En estas quinas estamos de acuerdo c Lucho [Hermosilla] y GZ [Gabriel Zaliasnik] en que los mejores serían la Sra. Gajardo y Simpértegui».
Ya en marzo de 2024, CIPER Chile había publicado los chats de Hermosilla que revelaban su influencia en nombramientos de ministros del Poder Judicial. En julio de 2024, el mismo medio reportó que los ministros de la Corte Suprema actualizaron sus declaraciones de inhabilidades sin incluir a Hermosilla, pese a la indagatoria por tráfico de influencias en su contra.
Gajardo fue propuesta por el presidente Sebastián Piñera el 14 de diciembre de 2021 y ratificada por el Senado en enero de 2022, junto con el ministro Simpértigue, quien fue destituido en 2025 por la denominada «trama bielorrusa». La investigación de El Periodista replicó los hallazgos de Reportea sobre los pagos en efectivo y los 17 nombramientos gestionados. Paralelamente, BioBioChile reveló chats de Hermosilla con juezas donde se evidenciaba su rol como «ángel de la guarda» para influir en causas y nombramientos judiciales.
Consultada, Gajardo declaró: «No conozco a Luis Hermosilla. A los otros abogados sí, estudiamos en la Universidad de Chile y hacemos clases ahí. Al postular a la Corte Suprema como Ministra no conversé con ellos».
Denuncias por inobservancia de Derechos Humanos (2020-2021)
El 23 de diciembre de 2021, la organización de Derechos Humanos Londres 38, espacio de memorias, emitió una declaración formal dirigida a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado rechazando el nombramiento de Gajardo como ministra de la Corte Suprema. La declaración fue replicada por medios como Cooperativa, Radio Universidad de Chile y el portal internacional Kaos en la Red.
Londres 38 denunció que Gajardo, en su rol de abogada integrante de la Corte Suprema, «no acepta la fuerza vinculante de los convenios internacionales de Derechos Humanos suscritos y ratificados por Chile» y se opuso «directamente al ejercicio del control de convencionalidad» respecto de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La organización señaló que, en cumplimiento de sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Maldonado Vargas y otros vs. Chile, víctimas sobrevivientes de torturas solicitaban la anulación de Consejos de Guerra dictados durante la dictadura, y que Gajardo sostuvo «reiteradamente» posiciones contrarias a estas anulaciones, citando específicamente los roles N.º 31.800-2019 (27 de marzo de 2020), N.º 79.498-2020 (28 de diciembre de 2020) y N.º 79.496 (12 de abril de 2021).
Gajardo había argumentado que debía «atenderse al sistema de fuentes del derecho, en concordancia con la soberanía nacional y la autonomía de los tribunales de justicia» y que las sentencias de tribunales extranjeros no tenían «fuerza necesaria para servir de precedente jurisdiccional obligatorio para casos distintos». Londres 38 advirtió que estas posiciones acarreaban «responsabilidad del Estado de Chile» y generaban «victimización secundaria» a los sobrevivientes.
Conflictos de interés
Fallo laboral a favor de empresa que representó: caso FLSmidth (2021)
El 11 de junio de 2021, Gajardo participó como abogada integrante de la Cuarta Sala de la Corte Suprema en un recurso de queja laboral por cobro de prestaciones contra la empresa minera FLSmidth, proveedora de equipos y servicios de gran minería. Gajardo votó a favor de la inadmisibilidad del recurso, favoreciendo a la empresa, pese a que su propio mandato judicial de representación de FLSmidth —vigente desde 2018— constaba adosado en el expediente de la causa.
El abogado del trabajador, Danilo Arredondo, presentó un incidente de nulidad invocando el artículo 195 N.º 5 del Código Orgánico de Tribunales, que establece inhabilidad por haber sido abogado de alguna de las partes. La Cuarta Sala acogió el incidente, anuló el fallo y este debió repetirse, resultando favorable al extrabajador. Gajardo fue reemplazada por la abogada Verónica Fernández Omar.
En una aclaración publicada el 1 de julio de 2026, Gajardo negó haber sido «abogada patrocinante» y argumentó que no fue consultada previamente ni conocía los nombres de las partes, ya que el recurso no los indicaba. Sin embargo, El Mostrador precisó que el recurso de reposición de Arredondo expresamente señalaba su vínculo profesional con FLSmidth, y que cuando fue consultada en un primer artículo, no planteó reparos a la mención de dicho vínculo.
Contrato millonario con empresa sin experiencia: caso Replai (2023-2026)
En 2023, Gajardo y la ministra Adelita Ravanales lideraron el desarrollo de un nuevo buscador jurisprudencial del Poder Judicial con 250 mil sentencias. La empresa Replai SpA fue adjudicada mediante trato directo exprés —mecanismo excepcional en la normativa de compras públicas— por un monto cercano a los $472.000.000 para el diagnóstico y reestructuración del buscador, pese a ser una empresa sin experiencia demostrable en el tema, sin clientes previos, constituida hacía menos de un año y cuya primera factura emitida fue, de hecho, por esta asesoría.
La Organización de Trabajadores del Poder Judicial (OTJ) denunció la intervención de Gajardo y Ravanales en impulsar la adjudicación. La denuncia fue reportada también por BioBioChile, que informó que los trabajadores denunciaron ante la Suprema el contrato «a dedo». Según fuentes internas, antes de la firma del contrato, integrantes de Replai ya se habían reunido con funcionarios del Departamento de Informática de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ). Posteriormente, como resultado de la asesoría, Replai se propuso a sí misma para desarrollar el software por $1.100.000.000 más IVA. Como otra "sospechosa excepción" en este caso, "Las boletas de garantía fueron sustituidas por un certificado de fianza por 1.298 UF, situación calificada como «totalmente inusual».
Actas del Consejo Superior de la CAPJ a las que tuvo acceso BioBioChile documentan la participación específica de Gajardo en sesiones sobre Replai (15 de junio de 2023 y 11 de enero de 2024), donde «las ministras abogaron en favor de Replai» y posteriormente visaron pagos a la empresa, una acción calificada como excepcional para ministros de la Corte Suprema, ya que es propia de las labores administrativas de la CAPJ. En agosto de 2026, BioBioChile publicó una segunda investigación sobre «el millonario negocio de la jurisprudencia» documentando la pugna entre el Poder Judicial y la firma.
La denuncia también fue cubierta por El Desconcierto, La Hora y el blog especializado Justicia nada más, pero nada menos, la que podría terminar en la fiscalía, debido a que, como denunció la OTJ, se podría consituir la figura de faltas a la probidad o negociación incompatible en el proceso.
El ministro Ricardo Blanco, entonces presidente del Consejo, calificó el proceso como posible «anomalía». En enero de 2026, la OTJ presentó denuncia formal ante el Pleno de la Corte Suprema solicitando un sumario administrativo.
Posible conflicto no declarado
Los dueños de Replai SpA, encabezados por Alejandro Jofré —profesor titular del Departamento de Ingeniería Matemática y exprorrector de la Universidad de Chile (2020-2022)— e integrados por profesionales del Centro de Modelamiento Matemático (CMM), son docentes e investigadores de la misma institución donde Gajardo ejerce como profesora desde 1997. No existe evidencia de que Gajardo haya declarado este vínculo institucional. La presentación oficial del Poder Judicial describió a Replai como «equipo de profesionales del Centro de Modelamiento Matemático» y no como empresa, lo que permitió justificar la selección por «experiencia» del equipo académico, pese a que el contrato fue suscrito con Replai SpA como persona jurídica.
Patrón de votación en bloque en casos polémicos (2024-2025)
Compra de vehículos Lexus (2024)
En febrero de 2024, Gajardo votó a favor de la compra de 22 vehículos Lexus ES300H por un total de $1.253 millones para uso del Poder Judicial. La decisión fue aprobada con 11 votos a favor y solo 2 en contra —los de los ministros Ricardo Blanco (entonces presidente) y la ministra Muñoz—, quienes criticaron la adquisición como un gasto de «lujo». La polémica fue ampliamente cubierta: La Tercera reportó el pleno extraordinario convocado tras la compra, CNN Chile detalló las características de los vehículos y la respuesta del Gobierno, El Desconcierto cifró el gasto total y CIPER informó que diez ministros se inhabilitan en el posterior proceso por la fallida compra. La Corte Suprema finalmente revirtió la decisión y la culpa se le atribuyó al Director y Subdirector de la CAPJ, quienes, luego de un largo sumario administrativo que, aunque no pudo probar la responsabilidad de los directivos en la decisión de compra - dado que esta fue acordada por los mismos ministros, como se mencionó previamente - concluyó con la destitución de ambos por "pérdida de confianza".
Rebaja de sanciones a ministros investigados: casos Sabaj y Ulloa (2025)