El caso «La Fiscal y su Cúpula del Poder» o «Caso Valkiria» fue un escándalo suscitado en el año 2023 que involucró a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides y su entorno cercano, quienes fueron investigados por el Equipo de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (EFICCOP) por los presuntos delitos de organización criminal, negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, cohecho y tráfico de influencias. El caso fue archivado en el año 2026 por el fiscal de la Nación Tomás Gálvez al no encontrarse elementos de convicción además de argumentarse que las conductas imputadas estaban dentro de sus facultades institucionales sin advertirse una orientación ilícita.
Las investigaciones del EFICCOP respecto del caso iniciaron en mayo de 2023 indagando sobre diversos hechos. El primero de estos hechos fueron posibles favores con los congresistas del periodo 2021-2026. Esto incluyó la posible coordinación, mediante Jaime Villanueva (asesor de Benavides), de los sectores políticos para solicitar la destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Además se le acusó a Benavides de incentivar con algunos parlamentarios la inhabilitación de la exfiscal de la nación, Zoraida Ávalos para destituirla de su cargo en la fiscalía. Benavides también fue investigada por aparentemente haber solicitado reemplazar a figuras por otras. Entre estas figuras se encontraban Marita Barreto, coordinadora del EFICCOP; Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato; Magaly Quiroz, encargada del caso Cuellos Blancos; y Bersabeth Revilla, fiscal adjunta suprema que llevaba casos vinculados al narcotráfico donde se investigaba a la hermana de Benavides, Emma Benavides, por presuntos sobornos provenientes del tráfico de drogas. Algunos de estos expedientes fueron llevados a la Junta Nacional de Justicia.
Luego del estallido del escándalo, en diciembre de 2023 Patricia Benavides fue suspendida temporalmente del cargo sin formalizar su investigación. Su sucesor interino, Pablo Sánchez, abrió una investigación a Benavides en enero de 2024. En mayo de 2024, la JNJ destituyó a Benavides de su puesto, de la misma forma que ocurrió con su hermana Enma Benavides. En julio de 2026, el Ministerio Público, dirigido por Tomás Aladino Gálvez, decidió archivar el caso de Benavides.
Tras la detención de Villanueva y su asignación como colaborador eficaz, siguió declarando otros sucesos relacionados con el Ministerio Público, donde otros personajes públicos fueron involucrados. Entre ellos, el periodista Gustavo Gorriti, en el presunto acto de dirigir las investigaciones de los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez; y el fiscal Pablo Sánchez, en el archivamiento del caso Chinchero para que Martín Vizcarra pudiera acceder a la presidencia. Estos actos motivaron a que la JNJ iniciara una investigación por separado a Sánchez, Domingo Pérez y Rafael Vela. Posteriormente, se concluyó que las declaraciones de Villanueva se descartaron al considerarlas inverosímiles, pero se permitió investigar a Sánchez y a Vela. La investigación contra Vela, Pérez y Gorriti fue archivada en diciembre de 2025 por falta de pruebas. Cuatro meses después, el caso fue reabierto al no revisarse los elementos de prueba de manera integral.
Contexto
Operación Valkiria V En el mes de noviembre de 2023, el Equipo de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) llevó a cabo la operación Valquria V (o Valquria V), bajo la dirección de la fiscal Marita Barreto. En esta operación se investigaba a una presunta organización delictiva liderada por la fiscal Patricia Benavides, quien fue acusada de obstaculizar la investigación en su contra.
Se presentó un informe sobre el caso, que coincidió con la remoción de la fiscal Barreto del Eficcop. Horas antes, según el medio digital Epicentro, se realizó una reunión de emergencia para planificar la orden de remoción. Uno de ellos fue Marena Mendoza Sánchez, figura asignada por la Fiscalía como reemplazante de la fiscal Barreto. Posteriormente, el fiscal José Domingo Pérez denunció la destrucción de documentos dentro del Ministerio de la Nación, cuya actividad había sido ordenada por Mendoza Sánchez.
El operativo Valquiria V puso de manifiesto tres puntos importantes por los que se acusa a Patricia Benavides de haber incurrido en procedimientos irregulares: la elección del defensor del Pueblo, la inhabilitación de la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos y el juicio político de los miembros de la Junta Nacional de Justicia.
Declaraciones de Jaime Villanueva y conflicto de intereses El informe de la operación tomó como sustento las capturas de pantalla de las conversaciones de WhatsApp, otorgadas por el informante apodado «agente Roberto», un encargado especial de la Fiscalía. En ella apareció el asesor Jaime Villanueva, quien era considerado el «el único autorizado por la fiscal de la Nación». Estas conversaciones evidenciaban la injerencia política de la Fiscalía en asuntos ajenos a su competencia. En ellas, Villanueva se refería al expresidente Martín Vizcarra como un adversario de gran poder en la política peruana, por lo que se buscaba remover a los miembros de la JNJ y otras instituciones que se consideraban afines a sus ideales políticos, en la denominada «élite caviar», con el apoyo del defensor del pueblo Josué Gutiérrez Cóndor. La identidad de Roberto ha sido un tema de discusión entre el equipo fiscal y las altas autoridades del Ministerio Público.
Por otro lado, Villanueva coordinaba con otros funcionarios para lograr el cambio de autoridades. Uno de esos cambios fue el reemplazo de Bersabeth Revilla para impedir que Enma Benavides sea investigada por un caso de narcotráfico. El exasesor subrayó la importancia de la hermana de la entonces fiscal de la Nación, quien actuaba como intermediaria entre el partido Fuerza Popular y el ente fiscalizador autónomo. Un cambio similar se produjo con Magaly Quiroz, encargada del caso Cuellos Blancos, quien fue removida por Elmer Ríos bajo el pretexto de «generar un buen clima laboral», luego de que este notara la preocupación por Enma Benavides.
«Los Niños» y presuntos favores de parlamentarios El documento también mencionó un supuesto trato de favor para sentenciar a Zoraida Ávalos, a cambio de absolver a los congresistas vinculados a la organización criminal «Los Niños». Para ello Villanueva animó en la aprobación del fujimorista Ernesto Bustamante antes de generar represalias contra los congresistas. Además, se realizaron otras comunicaciones con políticos importantes, como el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. A este supuesto trato de favor se añadió la posibilidad de la elección de Gutiérrez Cóndor para asumir el cargo de defensor del pueblo.
El programa Beto a saber informó que, al menos, seis congresistas fueron mencionados en el informe elaborado por el Ministerio Público el 3 de diciembre de 2023 para solicitar su detención preliminar. Los legisladores mencionados fueron Darwin Espinoza, Wilson Soto, Jorge Flores Ancachi, Hilda Portero, Katy Ugarte y Francis Paredes. Posteriormente, el medio Infobae informó el 14 de diciembre de 2023 que al menos 11 congresistas cuyas investigaciones por presunta corrupción fueron archivadas por Benavides solicitaron la destitución de la JNJ el mismo día.
Previamente a las divulgaciones de Jaime Villanueva, la excongresista Betssy Chávez afirmó en diciembre de 2023 que había recibido información acuerdo a la cual su suspensión del cargo de congresista habría sido negociada por una presunta organización criminal, pero no pudo continuar con el proceso debido al cierre de la investigación preparatoria, que fue ordenada por el fiscal retirado por Benavides, Uriel Terán, hacia los acusados Chávez, Pedro Castillo, Aníbal Torres, Roberto Sánchez y Willy Huerta por supuesta rebelión.
Valkiria VI En diciembre de 2023, se publicó una tesis que planteaba los objetivos más allá de la planteada en Valquiria V. El más notable de estos objetivos correspondió a los cambios en la administración del Ministerio Público, mediante la medida de conclusión de designación o suspensión de funciones de fiscales superiores, adjuntos supremos y coordinadores nacionales.
En la nueva investigación también involucraron a Hernán Garrido Lecca y el abogado José Luis Hauyó por ser responsables de influenciar Benavides para ser electa fiscal por la Junta Nacional de Justicia. Ambos fueron cercanos al jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, Juan Fernández Jerí, para facilitar la destitución de Rafael Vela del equipo Lava Jato. También se indignaron las estrategias junto a los responsables para impedir que el Eficcop descubra a los integrantes de la organización durante sus diligencias. Como resultado, se realizaron allanamientos en sus viviendas bajo el operativo Valkiria VI.
Además, documentos oficiales y reservados del Ministerio Público, que se encuentran en calidad de antecedente desde abril hasta el pasado mes de noviembre, pusieron de manifiesto que el fiscal Andy Rodríguez llevaba a cabo operaciones de vigilancia policial sobre los periodistas Juan Carlos Tafur del medio independiente Sudaca y César Romero de la sección judicial de La República, que se encontraban realizando su labor de informar sobre la situación de dicha entidad. Con posterioridad, Patricia Benavides indicó que no había estado involucrada en la labor de Andy Rodríguez, quien fue finalmente removido de su cargo tras conocerse estas revelaciones.
Además, una nueva resolución fiscal en enero de 2024 afirmó que algunas congresistas de izquierda, como Edgar Tello y Katy Ugarte, habrían actuado como presuntos operadores para captar votos a favor de la suspensión de Zoraida Ávalos.
Con el tiempo, Villanueva expuso otros detalles sobre revelaciones para sustentar sus declaraciones. En ella, presentó una presunta orden emitida por Benavides a un fiscal para que preparara una denuncia por prevaricato contra los jueces que otorgaron una medida cautelar a favor de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para evitar su remoción. Esta denuncia fue enviada a la congresista Patricia Chirinos para que la presentara como suya y así proceder con el juicio político.
Por otro lado, Villanueva mencionó que Martha Moyano pidió a Patricia Benavides remover a Domingo Pérez y Rafael Vela. Según contó Villanueva, Benavides le mencionó que mejor iba a esperar a que se vaya por sus propios méritos ya que por esa época estaba postulando para ser juez. Más adelante, declaró que Benavides estaba fastidiada por Moyano ya que «le venía pidiendo muchas cosas y por eso ella buscó canal directo con la alta dirección de Fuerza Popular», quienes estaban interesados en remover a Domingo Pérez y Rafael Vela, y le dijo Benavides a Villanueva que «siga coordinando con 'la negra' para que no se resienta, pero ya menos». Villanueva también contó que Moyano le recriminó a Benavides que hubiera abierto investigación por genocidio a Dina Boluarte y Alberto Otárola. Adicionalmente, Villanueva denunció que el congresista José María Balcázar, de Perú Bicentenario, habría querida archivar su caso por apropiación indebida de 340000 soles del Colegio de Abogados de Lambayeque.
Valkiria XI (referido también como II) En abril de 2024 se realizó un nuevo operativo en Lima a cargo del fiscal Christian Niño Torres. El resultado fue la detención preliminar de 7 personas y el allanamiento de 21 viviendas. Entre los detenidos se encontraba el abogado José Luis Castillo Alva, quien estuvo vinculado en el caso Cuellos Blancos. La operación también reveló la identidad de un oficial de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) como presunto proveedor de información policial a la exfiscal de la Nación. Durante un operativo, la exfiscal Patricia Benavides apareció junto a los detenidos.