La Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña es una ley orgánica de España que fue aprobada el 30 de mayo de 2024 y entró en vigor el 11 de junio, el mismo día de su publicación en el BOE. Fue registrada como proposición de ley en el Congreso de los Diputados el 13 de noviembre de 2023 por el Grupo Parlamentario Socialista (aunque estaba previsto que también la firmaran el resto de grupos parlamentarios que la apoyaban: Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts, EH Bildu, PNV y BNG). Esta iniciativa legislativa era el resultado de los pactos de investidura establecidos entre el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y con Junts per Catalunya, formalizados el 2 y el 9 de noviembre, respectivamente.
miniatura|Manifestantes reunidos en las inmediaciones de la sede del Partido Socialista Obrero Español en Madrid, en la calle Ferraz, en las Protestas contra la amnistía de 2023
La ley pretende cancelar todos los procedimientos judiciales y las condenas relacionadas con los eventos surgidos durante el "procés" catalán. Esto incluye la consulta realizada el 9 de noviembre de 2014, el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la consecuente declaración unilateral de independencia de Cataluña.
En la presentación de la proposición de ley ante los medios de comunicación el ministro de la Presidencia en funciones Félix Bolaños afirmó que era «profundamente constitucional», que pretendía «garantizar la convivencia política» y «cerrar heridas» y que contaba con el apoyo de 178 diputados (los de todos los grupos parlamentarios comprometidos en el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, menos Coalición Canaria). Por su parte el Partido Popular y Vox reiteraron su radical oposición a la ley que ya venían manifestando desde hacía meses cuando no se conocía todavía su contenido, argumentando que la amnistía era contraria a la Constitución, al Estado de derecho y a la separación de poderes. De hecho el día anterior, 12 de noviembre, el PP había reunido a cientos de miles de personas en las cincuenta capitales de provincia (más Ceuta y Melilla) y Vox seguía alentando las concentraciones de unos pocos miles de personas ante la sede central del PSOE en la calle Ferraz de Madrid en las que abundaban los lemas y simbologías franquistas y de extrema derecha (la de la noche del día 12 fue la décima en la que como en otras ocasiones tuvo que intervenir la policía).
Según algunas estimaciones la amnistía afectará a unas trescientas cincuenta personas inmersas en procesos judiciales por el procés y a setenta y tres policías encausados por sus actuaciones durante las votaciones en el ilegal Referéndum de independencia de Cataluña de 2017, o en los días anteriores o en los posteriores.
El 26 de junio de 2025 el Tribunal Constitucional desestimó el recurso presentado por el PP y declaró la constitucionalidad de la ley, a excepción de tres artículos, por seis votos contra cuatro. El 8 de octubre el Constitucional ratificó su sentencia desestimando el recurso presentado por el Tribunal Supremo.
El 16 de julio de 2026, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea avaló la Ley de Amnistía y su encaje en el derecho europeo, incluyendo la responsabilidad contable derivada de los gastos económicos del procés y los delitos que se atribuyeron a los miembros de los CDR, a los que desvincula del terrorismo. Según el Tribunal, la Ley de Amnistía persigue «reducir tensiones institucionales y políticas y facilitar un escenario de reconciliación» y respalda el plazo de dos meses concedido para que los tribunales españoles apliquen la amnistía. El Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional deben reanudar los procesos que mantenían suspendidos y ajustarse al dictamen de la Justicia europea.
Antecedentes
Indultos a líderes independentistas (junio de 2021) miniatura|Presentación del referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017 por parte de Carles Puigdemont y su equipo de gobierno (2017) El 22 de junio de 2021 el gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos presidido por Pedro Sánchez, uno de cuyos apoyos parlamentarios eran los quince diputados de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), indulta a los condenados en el juicio del procés, que llevaban más de tres años en prisión (entre ellos el presidente de ERC Oriol Junqueras). Tras conocerse la decisión del Gobierno, el presidente de la Generalidad de Cataluña Pere Aragonès (de ERC), rodeado por todos sus consellers hizo una declaración institucional en la que volvió a insistir en su reclamación de amnistía y autodeterminación. «Es la hora de poner fin a la represión, es la hora de un referéndum acordado que cuente con aval internacional como desea una amplísima mayoría de la ciudadanía de Cataluña», dijo. Pero reconoció que la concesión de los indultos «ayuda a generar credibilidad en el camino de la negociación y el acuerdo para resolver el conflicto político». Además, se mostró satisfecho con la medida, porque a su parecer es un reconocimiento de «que las condenas fueron injustas». Por su parte, Mònica Sales, portavoz parlamentaria de Junts, socio de gobierno de ERC, se mostró escéptica sobre el diálogo con el Ejecutivo central y declaró que no compartían la idea de que con los indultos fuera más creíble el camino de la negociación.
Nueve días antes, el 13 de junio, había tenido lugar una concentración de miles de personas en la plaza de Colón de Madrid para protestar por la probable concesión de los indultos. Los líderes de Vox (Santiago Abascal), Partido Popular (Pablo Casado) y Ciudadanos (Albert Rivera) asistieron por separado para no repetir la «foto de Colón» del año anterior. Rosa Díez, líder de Unión 78 (la organización convocante), acusó al gobierno de Sánchez de constituir «un poder excluyente, sectario y peligroso» y de violar la Constitución si concede los indultos a «delincuentes». El manifiesto fue leído por el escritor Andrés Trapiello en el que se calificaba al Gobierno de «inepto, parasitario y autoritario» y a la posible concesión de los indultos como un «grave atentado» contra la democracia.
Al día siguiente de la concesión de los indultos salieron de prisión los nueve condenados del procés, portando una pancarta con el lema Freedom for Catalonia ('Libertad para Cataluña) y una estelada. Algunos de ellos manifestaron que los indultos eran insuficientes y reclamaron la amnistía. De hecho el indulto no había suprimido la pena inhabilitación por lo que hasta que no pasaran los años a los que habían sentenciados no podrían optar a ningún cargo público. El presidente del gobierno y los miembros socialistas del mismo reiteraron en repetidas ocasiones que ni la amnistía ni la autodeterminación tenían cabida en la Constitución.
Supresión del delito de sedición (finales de 2022) Casi año y medio después de la concesión de los indultos, el 11 de noviembre de 2022, los grupos parlamentarios del PSOE y Unidas Podemos, las formaciones políticas que integraban el gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez, presentaron en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para eliminar el delito de sedición (con una pena máxima de 15 años) y sustituirlo por el delito de desórdenes públicos agravados (con una pena máxima de cinco años) y para rebajar el delito de malversación, que si se realizaba sin ánimo de lucro tendría una pena máxima de cuatro años, cuando antes era de doce. Se trataba de los dos delitos por los que fueron condenados los líderes del procés que no huyeron de España y de los que se acusaba a los que se «exiliaron». El presidente del gobierno reconoció que las medidas propuestas eran «arriesgadas», pero necesarias para resolver la crisis territorial en Cataluña generada por el procés. Como la proposición fue tramitada por la vía de urgencia, sólo un mes después, el 15 de diciembre, fue debatida y aprobada por el Congreso de Diputados (en un ambiente de gran tensión: el PP había presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo que como medida cautelarísima incluía la suspensión del pleno, cuya resolución el alto tribunal aplazó finalmente hasta el día 19).
El 22 de diciembre el Senado ratificaba lo aprobado por el Congreso de los Diputados. Durante el debate el portavoz socialista José María Oleaga alegó que el objetivo de la modificación penal era «homologar» la ley a la de otros países europeos y «propiciar la convivencia y el reencuentro» en Cataluña. El portavoz del Partido Popular Javier Maroto le respondió que «Sánchez está pagando el precio más alto que nunca ha pagado un presidente del Gobierno» para mantenerse en el poder y llegó a instar a los senadores del PSOE a que rompiera la disciplina de voto. Maroto se desmarcó de Vox cuando dijo que «Pedro Sánchez es un presidente legítimo, para el PP no es un presidente ilegítimo y un okupa» pero añadió que «su actitud es una actitud profundamente ilegítima, prometiendo una cosa en campaña y haciendo la contraria: prometió no indultar a los golpistas, no gobernar apoyado en los independentistas, dejar fuera del Gobierno a Podemos para conciliar el sueño… Ha traicionado todo aquello de lo que habló». Por otro lado, el debate en el Senado puso en evidencia la división del independentismo catalán, porque mientras Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) apoyó la reforma —«La apuesta de ERC por el diálogo está dando frutos: con la derogación de la sedición conseguimos disminuir la capacidad represiva del Estado», dijo Mireia Cortès— Junts se desmarcó porque supondría reconocer implícitamente que el desafío secesionista de 2017 fue ilegal —«Desde Junts no vamos a sacrificar el referéndum del 1 de octubre», dijo Josep Maria Cervera—.
Elecciones generales de julio de 2023 El domingo 23 de julio de 2023 se celebraron las elecciones generales en las que, en contra de lo pronosticado por la mayoría de las encuestas, PP y Vox no alcanzaron la mayoría absoluta. Como el PP había sido el partido con mayor número de diputados (136, que más tarde sumaría uno más por Madrid tras el recuento del voto exterior), su presidente Alberto Núñez Feijóo proclamó desde el balcón de la sede central de su partido en la calle Génova de Madrid que el PP había ganado las elecciones y reivindicó su «derecho a formar gobierno», pidiéndole al PSOE que «no bloquee el gobierno de España». En cambio, el líder de Vox Santiago Abascal reconoció la derrota del bloque de la derecha y afeó la «celebración» en las sedes de otros partidos. «Quiero señalar lo que es una mala noticia para muchos españoles: Pedro Sánchez, aun perdiendo las elecciones, puede bloquear una investidura. Y, peor aún, Pedro Sánchez podría incluso ser investido con el apoyo del comunismo, del independentismo golpista y del terrorismo», declaró. Por su parte Pedro Sánchez proclamó sobre una plataforma improvisada delante de la sede federal del PSOE en la calle Ferraz de Madrid que «España ha sido meridianamente clara: el bloque del retroceso ha fracasado. Somos más, muchos más los que queremos que España avance y así seguirá siendo». «Seguro que esta democracia encontrará la fórmula de la gobernabilidad», declararía Sánchez al día siguiente.