La crisis de seguridad en Perú de 2021-presente es un periodo marcado por el incremento sostenido de la criminalidad, la violencia urbana, el accionar de organizaciones criminales transnacionales y una percepción generalizada de inseguridad ciudadana. Esta situación ha afectado gravemente diversas regiones del país, incluyendo Lima Metropolitana, La Libertad (con mayor incidencia en Pataz), Piura, Loreto y el Callao. Además, ha afectado a sectores como la minería, comercio, transporte, música y la educación.
Entre 2021 y 2025, los índices de homicidios, extorsión y delitos violentos han aumentado significativamente, con más de denuncias de extorsión solo en 2024 (un incremento del respecto al 2021), según reportes del Ministerio Público, y el doble de homicidios que antes de la pandemia. En paralelo, bandas criminales como el Tren de Aragua, Los Pulpos y Los Injertos del Cono Norte han expandido su presencia y capacidades operativas en el territorio peruano.
La crisis ha motivado respuestas estatales (de Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar) como declaraciones de estado de emergencia, intervenciones militares y la creación de brigadas especiales. Sin embargo, también se han denunciado afectaciones a los derechos humanos y falta de resultados sostenibles. Esta situación se enmarca en un contexto de inestabilidad política y desconfianza ciudadana hacia las instituciones del Estado.
Contexto miniaturadeimagen|Atentado extorsivo en la discoteca Xanders de 2023. |244x244pxLa inseguridad ciudadana se convirtió en uno de los principales problemas en el Perú. Uno de los fenómenos que habría enfrentado el país habría sido la extorsión, cuyo origen habría estado en el departamento de La Libertad, según el historiador Jorge Nureña, y que se habría extendido a Lima por tener contactos que residen allí.
Desde el año 2021, se reportó un aumento constante de la delincuencia y los índices de narcotráfico, esto tras la disminución de los casos debido a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, los niveles de criminalidad empezaron a aumentar, siendo que para 2022 el efecto de disminución se había revertido y empezaba a superar los niveles medidos antes de la pandemia. Se reportó que, con respecto al 2020, en el 2021 había aumentado un 18% los actos delincuenciales denunciados. El aumento de la delincuencia motivó que el por entonces presidente Pedro Castillo decretara la salida de los militares a las calles de Lima y Callao en apoyo de la policía en noviembre de 2021. Para dicho mes, se reportaron casos de extorsión a transportistas, a quienes se les obligaba a pagar 5 soles diarios. Al mes siguiente, anunció un incremento de efectivos policiales en un 20% para el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. El ministro del interior, Avelino Guillén, ante los casos de extorsión anunció que el cobro de cupos iba a ser tipificado como "terrorismo extorsivo".
En febrero de 2022, mediante Decreto Supremo 012-2022-PCM, se decretó estado de emergencia por 45 días en Lima y Callao para combatir la criminalidad. Castillo anunció la salida de militares para el combate de la delincuencia común aseverando que la policía tenía la capacidad de combatir la delincuencia. Sin embargo, el premier Aníbal Torres declaró que "la policía ha sido superada amplísimamente por la delincuencia". Además, el ejecutivo envió al congreso un proyecto de ley que prohibía que dos personas estuvieran en una moto. En dicha fecha, se reportó el incremento del número de extorsiones a nivel nacional informándose que en Lima, Callao y Trujillo eran lugares donde se realizaban dichos delitos con mayor intensidad. Además, se reportó el asesinato de transportistas y ataques a quienes no pagaban, al igual que el asesinato y cobro de cupos de trabajadores sexuales.
En marzo de 2022, Torres volvió a reafirmar que «hay que hablar con toda franqueza: no podemos seguir escondiendo las cosas. Hay que entender que la policía ha sido superada ampliamente por la delincuencia», señalando, además, casos de corrupción dentro de la institución policial. En abril, se emitió un informe a Castillo sobre la situación en la zona fronteriza con Chile con respecto a la entrada de migrantes irregulares y el aumento de la criminalidad en dicha zona, aunque Castillo la desestimó. Para julio de 2022, se denunció que Castillo no contaba con un plan para combatir la delincuencia y el narcotráfico, reportándose un aumento de los mismos mientras el gobierno se enfocaba en defenderse de las acusaciones de corrupción. Se detalló que la policía no había sido fortalecida y que los cambios continuos en el despacho del Ministerio del Interior hacía que las gestiones sean ineficientes. Además, la policía fue instrumentalizada por sectores políticos, existiendo pugnas entre policías que investigaban los casos de corrupción de Castillo y los policías puestos por el presidente.
La crisis de seguridad llevó a que el ministro Dimitri Senmache se refirió a la crisis como una "guerra". Para agosto de 2022, se denunció un incremento de enfrentamientos entre mineros ilegales en Pataz y los vínculos entre Castillo y dirigentes mineros ilegales que dificultaban la realización de acciones contra los delincuentes de la zona, además de la desidia del mismo gobierno para tomar medidas concretas más efectivas. Se reportó, un incremento en los casos de extorsión de un 22.5% con respecto al 2021. En octubre de 2022, se informó que entre enero y julio se habían denunciado, a nivel nacional, 6843 denuncias por extorsión siendo 2532 denuncias más que en el año 2021, siendo Lima la más afectada con 3004 denuncias. Mientras tanto, el Índice Global de Organizaciones Criminales mostró un aumento de la criminalidad organizada en el Perú entre los años 2021 y 2023. En el mismo intervalo de años, se reportó el incremento de extorsión, siendo la modalidad del "gota a gota" uno de los preponderantes.
Para septiembre de 2023, se reportó un aumento del en casos de extorsión a nivel nacional (registrándose entre enero y agosto del presente año 12 730 casos de extorsión). El de los casos de extorsión se concentraron en Lima, La Libertad y Piura. En Lima metropolitana se registraron 215 víctimas de sicariato para agosto de 2023. Para diciembre de 2023, se informó del incremento de los casos de extorsión a 19 401, siendo casi cinco veces más de los registrados en el año 2021. Esto llevó a que El Comercio informara que «las extorsiones han tomado el país, presentándose dicho delito con mayor incidencia en Lima Norte y Este y en La Libertad. El entonces gobernador de La Libertad, César Acuña, reconoció el fracaso a la hora de tomar medidas al respecto, en concreto, con respecto al único proyecto de 2023 destinado a implementar equipos en 25 comisarías del departamento que fue paralizado. El entonces alcalde de Lima Metropolitana, Rafael López Aliaga, reconoció mucho más tarde, en 2025, que «el tema de la delincuencia es gravísimo».
El 7 de noviembre el Ministro del Interior Vicente Romero, anunció la formación de tres grupos especiales que integrarian 530 efectivos de la Policía Nacional (PNP) de distintas divisiones, en aras de optimizar la lucha contra el crimen organizado, extorsiones e inseguridad ciudadana. El Grupo Especial Contra el Cimen Oorganizado (GRECCO) estária conformado por 100 agentes de la División de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú (Diropesp) los cuales operarian en coordinación con la Brigada contra Extorsiones y el Grupo de Patrullaje a Pie.
En el año 2024, según datos de la Policía Nacional del Perú (PNP), entre enero y agosto se registraron 14 220 denuncias de extorsión a nivel nacional presentándose, en promedio, 59 denuncias diarias lo que equivale a una denuncia cada 24 minutos. Se detalló que las regiones más afectadas por dicha problemática eran Lima, La Libertad, Piura, Lambayeque, Callao e Ica, concentrando dichas regiones el de denuncias a nivel nacional. Se informó que el distrito limeño de San Juan de Lurigancho era el distrito con mayor cantidad de denuncias por extorsión en Lima Metropolitana, seguido del Cercado de Lima y Comas. Según detalló la Asociación de Bodegueros del Perú, debido a las extorsiones se cerraron alrededor de 3000 bodegas en Lima de manera definitiva.
Aunque se sabe que el origen de la ola extorsiva proviene del norte peruano, siendo Trujillo la principal perjudicada desde la década de 2000 por el auge económico que vivía y las inversiones recibidas, el aumento de la criminalidad se debió a la ineficacia de los organismos de justicia. A esto se añadió la reforma del ministro Carlos Basombrío en el año 2016 —que llevó a que el Ministerio del Interior (MININTER) dejara de estar a cargo del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), lo que incidió a que no se elaboraran planes de seguridad ciudadana de forma anual—, el impacto de la pandemia del COVID-19 y la presencia de organizaciones criminales de origen extranjero en el Perú y la subsecuente alianza entre dichas organizaciones criminales.
La población extranjera se ha utilizado como chivo expiatorio, debido a su exposición en las notas policiales de los medios de comunicación, lo que ha sido motivo de debate. Con la presencia de organizaciones extranjeras como Tren de Aragua, diversas organizaciones criminales locales «desaparecieron», aunque se detectó que algunas de ellas estaban reorganizándose para retomar el control, mientras que otras se habían alineado con las organizaciones extranjeras. Conforme pasaba el tiempo y los operativos policiales capturaban a los principales líderes de las organizaciones extranjeras, se detectó que las organizaciones peruanas ocupaban su lugar. Una de las organizaciones que mantuvo vigencia en la delincuencia de Lima fue liderada por Erick Moreno Hernández, alias «El Monstruo».
Se ha debatido si los vehículos de motor han fomentado la delincuencia en el país. Alfonso Flórez criticó la propuesta del Congreso de limitar el uso de las motos en determinadas circunstancias por no abordar técnicamente la crisis de seguridad. Flórez señaló que para llevar a una segunda persona es necesario demostrar que se trata de un familiar, lo cual calificó de «absurdo». La Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes también criticó la prohibición de la circulación de estos vehículos de noche porque perjudica los servicios a domicilio. En 2025, se exigió que los motociclistas llevasen chaleco y placa identificativa, una medida que fue ampliamente criticada por extranjeros, quienes señalaron que no les permitía desarrollar su trabajo.
Se sabe que, en plena crisis de seguridad, existe un control territorial de trata de personas y explotación sexual que ha ganado terreno en distritos limeños como Lince, donde es frecuentemente vigilado por efectivos municipales. Algunas trabajadoras sexuales que fueron abandonadas tras el cierre de los establecimientos también estuvieron en el punto de mira de las mafias. Se denunció la falta de medidas al respecto, mientras que las actividades de proxenetismo llegaron al Congreso de la República, después de que se conociera que el jefe de la Oficina Legal y Constitucional habría dirigido presuntamente a una de las redes y que una de las mujeres vinculadas a una presunta red había conseguido irregularmente un empleo. Mirtha Vásquez confirmó que el Congreso ya contaba con una puerta que daba a una zona secreta que lo describía como «un apartamento para un hombre soltero con propósitos particulares».
En octubre de 2024, el secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Ministerio Público denunció que la Morgue Central de Lima había alcanzado su capacidad máxima para atender cadáveres, ya que había aumentado 10 veces con respecto al año pasado. Para ese mes, el diario El Comercio afirmó que en las redes sociales se vendían registros personales obtenidos en el Reniec, lo que facilitaba la localización de las potenciales víctimas.