El juicio político a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se refiere al procedimiento realizado por el Congreso de la República del Perú contra los miembros de la JNJ (2020-2025) por presunta infracción grave en su accionar.
El primer proceso comenzó el 7 de septiembre de 2023, tras la aprobación de la Moción de Orden del Día 7565, mediante la cual se encargó a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del congreso la investigación sumaria a los miembros de la JNJ. El 8 de noviembre del mismo año, la medida fue suspendida por orden judicial, para finalmente ser anulada el año siguiente por el Poder Judicial por el mal uso del término «causa grave».
El segundo proceso se realizó días después, en una sesión parlamentaria en la que se solicitó la inhabilitación por 10 años en una sesión parlamentaria. El proceso se consolidó el 7 de marzo de 2024, cuando dos de ellos fueron sancionados. Sin embargo, el Poder Judicial volvió a anular el proceso y ordenó la reposición de los enjuiciados.
Contexto
El 24 de mayo de 2023, la congresista Patricia Chirinos, del partido político Avanza País, presentó una denuncia constitucional contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia (quienes asumen sus puestos hasta enero de 2025) por presuntamente cometer los delitos de patrocinio ilegal y aprovechamiento indebido de su cargo. En dicha denuncia, solicitó la destitución y la inhabilitación para el ejercicio de la función pública de los miembros de dicha institución por un período de diez años.
Esta denuncia se presentó tras el pronunciamiento de la Junta Nacional de Justicia, donde dicha institución solicitó a los congresistas una mayor reflexión sobre la acusación contra la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos. Ávalos fue sometida a un juicio político por el Congreso, que culminó con su inhabilitación por un período de cinco años por vulnerar el artículo 159 de la Constitución.
El 13 de julio de 2023, la parlamentaria Chirinos presentó una denuncia constitucional contra la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por no presentar el informe anual de su gestión ante el Congreso de la República. Por su parte, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, abrió una investigación preliminar contra los miembros de la JNJ por las supuestas presiones judiciales para, según la propia JNJ, «promover una posición favorable a la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos».
En agosto de 2023, la congresista Patricia Chirinos presentó una moción de vacancia contra los integrantes de la JNJ (técnicamente denominada como Moción de Orden del Día n.º 7565). La moción se originó en la acusación contra la magistrada Inés Tello de filtrar el procedimiento disciplinario contra la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, al medio de comunicación IDL-Reporteros.
Luego de aprobarse la moción, se estableció que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del congreso realizara una investigación sumaria en un plazo de 14 días, en que los integrantes de la JNJ darían declaraciones al parlamento en su primera etapa; mientras que otras personas vinculadas, como el periodista Gustavo Gorriti (de IDL-R), declararían en la siguiente fase. Según se detalló, el juicio político está permitido bajo el artículo 157 de la Constitución de 1993, siempre que las personas hayan cometido una falta grave.
Motivación del juicio político Chirinos invocó como precedente la vacancia de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en los años 2010, que se produjo con motivo de los escándalos de corrupción que involucraban a dicho organismo. A pesar de que se aprobó en un referéndum para cambiar a su nueva denominación, la propia Chirinos acusó erróneamente a Martín Vizcarra de haber promovido la vacancia del CNM, cuando en realidad fue una decisión del Congreso.
Una de las principales razones de la moción de Chirinos fue que los miembros de la JNJ habrían vulnerado la institucionalidad de dicho organismo al ejercer una presión sobre los jueces de la Corte Suprema para que emitan un pronunciamiento favorable a la exfiscal Zoraida Ávalos, quien estaba constitucionalmente inhabilitada para ocupar el cargo. Chirinos también acusó a la JNJ de estar influenciada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que habría apoyado la restitución de Ávalos.
La congresista Chirinos dio a conocer información sobre el juicio político al asesor de la Fiscal de la Nación, Jaime Villanueva, quien fue detenido por estar involucrado en la organización criminal La Fiscal y su Cúpula del Poder. Esta información coincidió con las conversaciones de Villanueva para apoyar un proyecto de ley para reducir la edad límite de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, lo que podría implicar un conflicto de intereses entre la Fiscalía y el Congreso en favor de la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides. La reunión de Chirinos con Villanueva fue confirmada por la congresista en noviembre de 2023.
Sustentación Según se expresa en la Moción de Orden del Día n.º 7565, el proceso iniciado se sustenta en seis puntos importantes:
Pronunciamiento de la JNJ sobre el proceso de antejuicio y juicio político de la ex fiscal de la nación Zoraida Ávalos. Esto tras un comunicado publicado por la JNJ el 23 de mayo del 2023 mediante la cual la JNJ «se permite invocar respetuosamente, a las señoras y señores representantes del Congreso de la República, la mayor reflexión en torno a la acusación constitucional que se tramita contra la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera». Según la justificación manifestada en la moción, el pronunciamiento de la JNJ «constituye una causa grave a su función como miembros de un organismo constitucionalmente autónomo, desligado absolutamente de pronunciamientos políticos, en la medida que las decisiones de orden legal y político que se adoptan en el Congreso de la República, son decisiones exclusivas y excluyentes propias de este Poder del Estado» por lo que habría incurrido en la «vulneración al principio de separación de poderes» y la «vulneración al principio de interdicción de la arbitrariedad». Denuncia de supuesta intromisión ante los miembros de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para pronunciarse a favor de la inhabilitada ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera. Esto tras la difusión en el programa Combutters y en el diario Expreso que tres miembros de la JNJ, según sus fuentes, «habrían presionado al presidente del Poder Judicial a favor de emitir un pronunciamiento cuestionando (sic) la inhabilitación de la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, por parte del Congreso de la República». Según se detalló, aunque Javier Arévalo Vela no se manifestaba a favor de lo propuesto, fue presionado por los miembros presentes de la JNJ y algunos jueces supremos, por lo que accedió a llevar una sesión el 28 de junio del 2023 en la cual los jueces César San Martín, Janet Tello y Elvia Barrios «habrían estado a favor de que la Corte Suprema emitiera el comunicado en cuestión». El 28 de junio, se realizó una reunión entre los magistrados de la Corte Suprema «para decidir si emitirían un comunicado o no respecto al caso de Zoraida Ávalos», sin llegarse a un acuerdo por lo que se suspendió la reunión para el 3 de julio. Antes de realizarse la reunión del 28 de junio, se reportó que 3 miembros de la JNJ (Imelda Tumialán, María Zavala y Antonio de la Haza) llamaron al presidente del Poder Judicial para "invitarlo a reflexionar sobre el caso Zoraida Ávalos», además, se denunció que dichos miembros de la JNJ amenazaron al presidente del Poder Judicial «con iniciar un eventual procedimiento disciplinario en su contra, si no se actuaba como se le solicitaba". El 3 de julio, tras deliberaciones y votaciones se llegó a un empate por lo cual Arévalo «definió que la institución no se pronunciara en favor de [Zoraida] Ávalos». Sobre la interpretación del numeral 3) del artículo 156 de la Constitución Política del Perú. Según la moción, la JNJ realizó una «auto interpretación» del numeral 3) del artículo 156 (donde se manifiesta que «para ser miembros de la Junta Nacional de Justicia se debe tener como mínimo 45 y como máximo 75 años»). La moción manifiesta que dicha «auto interpretación» es «una medida totalmente alejada de sus competencias constitucionales sino que también [debe] configurarse como una interpretación arbitraria que contraviene el espíritu de una norma constitucional» ya que la competencia de la interpretación le corresponde al «Congreso de la República o en otra instancia del intérprete de la Constitución como es el Tribunal Constitucional». No cumplir con su deber constitucional y su propia ley orgánica, de presentar un informe anual al pleno del Congreso de la República. Según la moción, la JNJ «ha incurrido en el delito de omisión de actos funcionales, debido a que ha incumplido con emitir al Congreso de la República los informes anuales de su gestión durante los años 2021 y 2022, tal como indica la Constitución Política del Perú, su propia Ley Orgánica y su Reglamento de Organización y Funciones». Filtración de procedimiento disciplinario contra la fiscal de la Nación. Según se detalla en la moción, el 23 de agosto del 2023, IDL-Reporteros (IDL-R) publicó una nota donde se afirmaba que Inés Tello, miembro de la JNJ, «ha culminado una de las investigaciones que tiene a su cargo sobre la fiscal de la Nación Patricia Benavides... en un voluminoso expediente... proponiendo abrir un procedimiento disciplinario a Patricia Benavides por faltas muy graves, que podrían derivar en sanciones que van desde la suspensión hasta la destitución del cargo» por lo que, según manifestó el reportaje de IDL-R, dicho informe iba a ser presentado al pleno de la JNJ. De acuerdo a la moción, «que un medio de comunicación cuente con información que aun no se ha presentado o hecho pública, sobre todo al nivel de detalle que IDL-R ha demostrado en cuanto al proceder de Inés Tello... con respecto a una de las dos investigaciones que tiene a su cargo sobre... Patricia Benavides, demostraría la presencia de coordinaciones indebidas entre una institución del sistema de justicia y un medio de comunicación con una agenda orientada a intereses específicos, afectando de esta manera la legitimidad en el proceder de la Junta Nacional de Justicia». Resolución legislativa del congreso que aprueba la remoción de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Según la moción, en el año 2018, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de la República emitió el informe n.º 001-2017-2018-CJDH/CR donde manifestó que «los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura han menoscabado la dignidad del cargo y generado el desprestigio del Consejo Nacional de la Magistratura, han infringido el principio democrático, han vulnerado el estado constitucional de Derecho y han quebrantado las reglas constitucionales de convivencia política, configurándose causa grave». Por lo cual se aprobó la remoción, por votación de los integrantes del congreso, de todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Se detalla en la moción que «este antecedente próximo, advierte que las funciones y competencias atribuidas por la Constitución a las entidades constitucionalmente autónomas, deben ser ejercidas por sus miembros y representantes en armonía y límites que la Constitución permite, pues quebrantarlas o inobservarlas (sic) constituye una clara infracción a la Constitución y amerita una sanción que la propia Constitución prevé».
Proceso