Minorías y grupos excluidos en la historia de Guipúzcoa (País Vasco, España) hace referencia a la presencia de grupos de diferente origen geográfico, religioso, cultural o condición jurídica que coexistieron en el territorio. Entre ellos se encontraban comunidades judías y gasconas, moriscos, agotes, gitanos y personas esclavizadas.

Estos colectivos no constituyeron una categoría social homogénea ni pueden ser considerados conjuntamente como una única minoría étnica. Su situación respondió a circunstancias históricas diferentes: mientras algunos fueron objeto de restricciones relacionadas con la religión, la ascendencia o la condición jurídica, otros, como los gascones, se integraron progresivamente en la población local. Los mecanismos de aceptación, integración, segregación y expulsión también variaron considerablemente según la época.

Entre los siglos XV y XIX tuvieron especial importancia en Guipúzcoa la hidalguía colectiva, las pruebas de limpieza de sangre y determinadas disposiciones de las Juntas Generales y de la Corona que restringieron el avecindamiento o la permanencia de diversos grupos.miniaturadeimagen|Pruebas de Limpieza de Sangre

Hidalguía y limpieza de sangre La sociedad guipuzcoana de la Edad Moderna estuvo profundamente condicionada por la importancia jurídica atribuida a la hidalguía. Las instituciones provinciales defendieron la consideración hidalga de los naturales del territorio, situación que adquirió progresivamente relevancia para determinar quién podía ser admitido como vecino.

Paralelamente se desarrollaron las denominadas pruebas de limpieza de sangre, destinadas originalmente a acreditar la condición de «cristiano viejo» y la ausencia de ascendientes judíos o musulmanes convertidos al cristianismo.

En los territorios de la Monarquía Hispánica estas probanzas se utilizaron como mecanismos de selección para el acceso a determinadas instituciones, corporaciones y cargos civiles o religiosos. En Guipúzcoa, la acreditación de limpieza de sangre acabó vinculándose estrechamente con la demostración de hidalguía concedida por la ley 38 de las Ordenanzas de la Hermandad de 1397.

Las restricciones quedaron recogidas en diversas disposiciones. Durante el primer tercio del siglo XVI se prohibió establecerse en la provincia a determinados cristianos nuevos y a descendientes de judíos y musulmanes, dándoles un plazo de tres meses para abandonar el territorio. El Fuero de Guipúzcoa incorporó posteriormente disposiciones de esta naturaleza y las Juntas celebradas en Cestona en 1527 establecieron requisitos relacionados con la acreditación de la hidalguía para la admisión de nuevos vecinos.

Las investigaciones de limpieza no afectaron exclusivamente a personas sospechosas de ascendencia judía o musulmana. En determinadas probanzas también aparecen referencias a los agotes, considerados en algunos contextos como personas de ascendencia socialmente deshonrosa pese a profesar el cristianismo.

Durante el siglo XVII las instituciones provinciales aprobaron además disposiciones dirigidas contra la residencia de personas designadas en la documentación de la época como «moros», «negros» o «mulatos». Estas medidas estuvieron relacionadas con las concepciones contemporáneas sobre ascendencia, hidalguía y limpieza de sangre.

La aplicación efectiva de estas normas no fue necesariamente uniforme. La reiteración de órdenes dirigidas a alcaldes y otras autoridades locales indica que algunas disposiciones encontraron dificultades prácticas o no fueron ejecutadas con el mismo rigor en todos los municipios. Judíos y conversos La presencia judía en Guipúzcoa está documentada durante la Baja Edad Media. Las Ordenanzas de la Hermandad de Guipúzcoa de 1457 establecieron restricciones a su paso por la provincia y la obligación de portar señales identificativas. Asimismo, en 1485 se documenta población judía en localidades como Mondragón, Segura y Tolosa.

En 1492, los Reyes Católicos decretaron la expulsión de los judíos de las coronas de Castilla y Aragón que no aceptasen la conversión al cristianismo. La medida afectó también a las comunidades judías vinculadas con Guipúzcoa. Por su parte, los judíos convertidos al cristianismo y sus descendientes, conocidos como conversos o cristianos nuevos, no quedaron comprendidos como grupo en el decreto de expulsión, aunque posteriormente fueron objeto de restricciones y sospechas relacionadas con su ascendencia y con las pruebas de limpieza de sangre.

Gascones La llegada de los gascones a Guipúzcoa se remonta al , cuando un contingente de personas, en su mayoría mercaderes, procedentes de las zonas próximas a Bayona y Biarritz, se establecieron entre Fuenterrabía y San Sebastián.

Durante la Edad Media existieron además vínculos políticos y dinásticos entre la Corona de Castilla y los territorios controlados por la casa Plantagenet, reforzados tras el matrimonio de Alfonso VIII de Castilla con Leonor Plantagenet en 1170, aunque ello no supuso una incorporación de Gascuña a Castilla.

La presencia gascona tuvo también consecuencias lingüísticas y culturales. El gascón, variedad del occitano, tuvo uso histórico en algunos núcleos de la costa guipuzcoana y fue perdiendo progresivamente presencia a medida que la población gascona se integró en la sociedad local dejando su influencia en la toponimia (Urgull, Ulia, Ayete y Morlans entre otros), los apellidos y algunas costumbres locales.

Personas esclavizadas

Aunque los esclavos que llegaron a Guipúzcoa estuvieron relacionados principalmente con personas que regresaron a sus casas solariegas tras campañas en Cuba, Venezuela, Puerto Rico, Santo Domingo y otras posesiones en ultramar, su presencia en la región está documentada, concentrándose especialmente en el .miniaturadeimagen|216x216px|Compra de esclavos en el Las conexiones marítimas y comerciales de Guipúzcoa con América también vincularon a algunos comerciantes y navegantes del territorio con circuitos de la economía esclavista atlántica. Existen estudios que documentan la participación de embarcaciones y agentes vascos en rutas comerciales relacionadas con el transporte de personas esclavizadas hacia distintos destinos americanos.

A partir del , la Junta Provincial de Guipúzcoa intentó expulsar a los esclavos que existían e iban llegando en muchos municipios de la provincia, más por el concepto de limpieza de sangre que por cuestiones humanitarias. A pesar de estas restricciones, la documentación muestra que continuó existiendo presencia de personas de origen africano y de personas esclavizadas en Guipúzcoa.

La aplicación de las disposiciones provinciales no fue, por tanto, uniforme ni consiguió eliminar por completo su presencia en el territorio ni impedir relaciones familiares y sociales con la población local.

Agotes Los agotes fueron un grupo históricamente discriminado en distintas zonas de los Pirineos occidentales, especialmente en Navarra y el suroeste de Francia, aunque también existen testimonios de su presencia en Guipúzcoa. Su origen no está establecido con certeza y ha dado lugar a numerosas interpretaciones y leyendas, por lo que la historiografía contemporánea distingue entre los hechos documentados y las explicaciones tradicionales sobre su procedencia.

Durante siglos estuvieron sometidos a diferentes formas de exclusión social. En diversos territorios se les atribuyó una ascendencia considerada deshonrosa y se les impusieron restricciones relacionadas con el acceso a determinados oficios, el matrimonio, la residencia y la participación en la vida comunitaria. Entre las actividades que desarrollaron se documentan distintos trabajos artesanales, especialmente relacionados con la madera, la piedra y otros oficios manuales, así como actividades musicales vinculadas al tamboril y al txistu.

miniaturadeimagen|Procesión de agotes con el distintivo de pata de gallo|259x259px Se les prohibió casarse con personas de otros grupos y vivían segregados en barrios específicos dentro de los municipios, con un lugar secundario para ellos en las iglesias.

En Guipúzcoa, la persecución institucional de los agotes está documentada con especial claridad a finales del siglo XVII. Las Juntas Generales aprobaron medidas de expulsión en 1696 y nuevas disposiciones en los años siguientes. En 1698 se ordenó actuar contra los agotes localizados en Tolosa y aplicar medidas semejantes cuando fueran encontrados en otras jurisdicciones de la provincia.

Gitanos La presencia del pueblo gitano en la península ibérica está documentada desde el siglo XV. El pueblo romaní tiene su origen remoto en el subcontinente indio y llegó a Europa occidental tras un prolongado proceso migratorio. En Guipúzcoa, las primeras referencias institucionales conocidas sobre su presencia corresponden a la Edad Moderna.

La primera mención oficial en Guipúzcoa sobre este pueblo tiene lugar en las Juntas Generales celebradas en Tolosa en mayo de 1604, y no fue nada positiva para los gitanos. En el escrito se denunciaban los robos que cometían, y se acordó que las justicias ordinarias los prendiesen y expulsasen de su respectiva jurisdicción hasta hacerlos sacar de todo el territorio guipuzcoano.

Se les prohibió algunos oficios tradicionales, pero les permitieron la fabricación de cestos, trato de ganado, el esquileo o la venta ambulante.

En las Juntas Generales celebradas en Tolosa en mayo de 1604 se acordó la persecución y expulsión de las personas gitanas presentes en el territorio. La disposición estableció además recompensas de doscientos reales por la captura de un varón gitano y de cincuenta por una mujer o joven, y contemplaba el uso de fuerza letal en caso de resistencia al arresto.

Hay otras disposiciones muy duras, como la de 1695, y que lleva a una extrema persecución con prohibición del uso de la lengua, traje, porte de armas, y la orden de empadronamiento obligatorio bajo pena de galeras, azote y destierro.

Los corregidores, como el de Guipúzcoa, respondieron que aunque «por sus fueros» no pueden residir gitanos ni gitanas en «su territorio», se lo iban a comunicar a los alcaldes por si alguna persona gitana entra en "su jurisdicción".

El 30 de julio de 1749 por orden de Fernando VI se produjo la denominada gran redada en todo el territorio español que consistía en recluir separadamente a los hombres y a las mujeres gitanos para que no pudieran reproducirse y conseguir así su extinción. Perduró hasta 1765.

A modo de ejemplo, está documentado la detención de siete varones, dos de ellos niños y siete mujeres, dos de ellas niñas en Oyarzun.

El alcalde de la localidad vendió todos sus bienes para sufragar su traslado a la cárcel de Tolosa.

El Parlamento guipuzcoano fue promulgando varias disposiciones hasta casi finales del . Así, en las Juntas celebradas en Motrico en 1851 se encargó a la Diputación el cuidado de hacer desaparecer del territorio de la provincia a todas las personas de esta raza, que no tuviesen un modo de vivir honroso para subvenir a sus precisas necesidades.

En el pleno itinerante de Hernani en 1855 se decretó su expulsión por medio de miqueletes siempre que no justificasen tener casa abierta y domicilio fijo en algún pueblo de la provincia. Con semejante disposición quedó tolerada tácitamente la residencia de estas gentes en el país, mientras cumpliesen los requisitos exigidos para ello.

Todavía a mediados del en los certificados de nacimiento emitidos por los secretarios de algunos ayuntamientos del territorio no aparecía que el bebé había venido al mundo en un municipio en concreto, sino en punto kilométrico de la N-1 o de una carretera secundaria.

Todavía pervive de una forma testimonial el idioma denominado erromintxela, que conjuga el léxico romaní con el euskera.

Moriscos