El Caso Convenios —también conocido como Caso Fundaciones— es un escándalo político y un caso de malversación de fondos públicos dado a conocer el 16 de junio de 2023 por un reportaje del medio online Timeline. En él se hablaba del traspaso directo de fondos públicos a la Fundación Democracia Viva, cuyos integrantes pertenecen a la coalición oficialista del gobierno de Gabriel Boric, principalmente del partido Revolución Democrática; el reportaje también mostraba que dicha fundación operaba mediante la fragmentación de fondos públicos para evadir la fiscalización de Contraloría General de la República, con propósitos tales como la propaganda y financiamiento de la política, los que son materia de investigación judicial. El caso de Democracia Viva abrió toda una línea de investigación a otras 53 fundaciones de diferentes corrientes políticas, a lo largo del país, las que tendrían procedimientos similares. Según informes iniciales de la Fiscalía de Chile en 2023, el monto de defraudación ascendería a 14 mil millones de pesos chilenos (16,4 millones de dólares). Mientras que en 2024, la investigación se incrementó a 90 mil millones de pesos (95 millones de dólares).
Antecedentes
El caso cero En agosto de 2023 la fiscalía chilena acreditó que Karina Oliva (Comunes) utilizó a la fundación Chile Movilizado para triangular dineros fiscales en su campaña electoral. El monto de esta operación asciende a los 137 millones de pesos, los que corresponderían a su candidatura a gorbernadora de la Región Metropolitana, intentando desligar su responsabilidad en los hechos. Oliva era objeto de controversia por sus gastos electorales desde 2021 debido a las elevadas sumas rendidas ante el Servicio Electoral, el cual anunció que revisaría los antecedentes evaluando una denuncia ante la fiscalía. Por su parte, el Fiscal Nacional Jorge Abbott decidió iniciar de oficio la investigación del caso.
Entre los antecedentes se encontrarían pagos a miembros del mismo partido político, pagos por servicios nunca prestados y un desayuno con organizaciones feministas, entre otros. Se suma, además, que Chile Movilizado poseía un directorio fantasma, por lo que, según testigos, era usada por Oliva para triangular dineros. La fiscalía podría formalizarla por fraude de subvenciones.
El rol Dipres, Segpres y Minvu
En agosto de 2023 se dio a conocer que Javiera Martínez, directora de presupuesto (Dipres), eliminó durante su gestión algunas obligaciones que debían cumplir las organizaciones para la asignación de recursos. Lo anterior generó fuertes críticas desde distintos sectores políticos debido a que dicho acto facilitó las transferencias irregulares a las fundaciones cuestionadas.
Por otra parte, la oposición política del gobierno de Gabriel Boric sindicó a Giorgio Jackson como también responsable de la eliminación de requisitos para las organizaciones en la asignación de recursos mientras era ministro Segpres. En dicho ministerio tuvo a su cargo el Consejo de Auditoria Interna General de Gobierno, debilitando sus facultades fiscalizadoras.
Asimismo, se acusó también a Carlos Montes, ministro Minvu, por su actuar poco riguroso en la asignación de recursos a las fundaciones cuestionadas, siendo citado a declarar ante la justicia por aquello. En la misma línea, Montes aseguró que todos los dineros mal asignados serían recuperados por el ministerio que él dirige.
Instituciones involucradas Fundaciones Democracia Viva
En junio de 2023 el medio de comunicación regional chileno Timeline, mediante un reportaje, dio a conocer la existencia de convenios entre la fundación Democracia Viva y la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta. Dichos convenios ascendían a un total de 426 millones de pesos, siendo la fundación liderada por Daniel Andrade Andrade, a su vez, fue relacionado sentimentalmente con la diputada Catalina Pérez (RD).
Democracia Viva es ONG que obtuvo su personalidad jurídica en Ñuñoa el 25 de febrero de 2022, mientras era liderada por Emilia Ríos (RD). En junio de 2023 el ministro de justicia, Luis Cordero, comenzó una investigación con el fin de reunir antecedentes sobre la fundación de Democracia Viva. Liderada por Daniel Andrade y Catalina Pérez fue cuestinonada por la obtención de recursos públicos pese a su corta experiencia. Lo anterior de parte de la Seremi de Vivienda de la segunda región liderada por Carlos Contreras.
El 28 de junio de 2023 la Brigada de Delitos Económicos de la PDI allanó la vivienda Pérez con finalidad de recabar antecedentes relacionados al caso. Asimismo, la Contraloría General de la República, a cargo de Jorge Bermúdez, ordenó la suspensión de la toma de razón de todos los contratos celebrados entre entidades públicas y fundaciones privadas del país.
El 30 de junio de 2023 el tribunal supremo de Revolución Democrática determinó la expulsión de Daniel Andrade y Carlos Contreras de la colectividad. Contreras fue jefe de gabinete de la Catalina Pérez.
En julio de 2023, la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta emitió una resolución en la que pidieron la restitución del 92 % de los fondos otorgados a Democracia Viva, argumentando que solo el 8 % de dichos recursos fueron rendidos de manera correcta siguiendo la normativa legal. Ante dicho acto la fundación presentó un recurso de protección alegando arbitrariedad e ilegalidad.
En mayo de 2024, el 17° Juzgado Civil de Santiago acogió una demanda del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y ordenó la disolución de la fundación Democracia Viva.
Urbanismo Social A dos semanas de conocerse el caso de la fundación Democracia Viva —ocurrido en junio de 2023— se informó de una nueva institución involucrada, Urbanismo Social. A esta se le criticó la asignación de recursos ascendientes a 500 millones de pesos por parte de la Seremi de Vivienda de la región del Maule. Por estos hechos la Fiscalía regional inició una investigación de oficio en contra de la Seremi.
En medio de esta investigación fueron cuestionados los contratos celebrados entre Urbanismo Social y la Seremi por 109 millones de pesos. A estos se sumó una renovación del contrato suscrito en 2018 por, el entonces seremi, Rodrigo Hernández. Este fungía como director jurídico de Urbanismo Social, por lo cual debía inhabilitarse para dicho acto. Como dicha situación no ocurrió, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, le solicitó la renuncia.
Procultura El caso de Democracia Viva y la investigación penal que se abrió en torno a la Seremi de Vivienda de Antofasta, puso también la atención en la Fundación ProCultura, a cargo del psiquiatra Alberto Larraín y la gestora cultural Ilonka Csillag.La fundación se defendió argumentando el peso de su trayectoria y la diversidad de sus proyectos. Sin embargo, luego se autodenunció en la fiscalía, asegurando que aceptaron las “recomendaciones” de la Seremi de Vivienda de Antofagasta de contratar personal que, sin conocimiento de la fundación, también trabajaba para el Serviu regional.
A eso se sumaron una serie de denuncias de irregularidades tanto en la asignación como en la ejecución de proyectos en otras regiones del país, incluyendo la Región Metropolitana.Desde ese momento, varias reparticiones públicas pausaron sus convenios con la fundación, lo que empezó a hacer tambalear sus finanzas.
En julio de 2023 las oficinas de la fundación en la comuna de Las Condes fueron allanadas por la policía como parte de una investigación desarrollada por el Ministerio Público, particularmente por cuatro convenios que en total suman $500 millones y en los que también se asumían irregularidades.
En noviembre de 2023 un informe de la Contraloría reveló faltas de transparencia en el proceso de asignación directa de un convenio por más de 260 millones de pesos entre el Gobierno Regional de Ñuble y ProCultura.También se encontró una asignación directa de $1.683.788.000 para el programa de prevención de suicidios Quédate del Gobierno Regional Metropolitano, encabezado por Claudio Orrego y quien es cercano a Larraín de la época en éste era alcalde de Peñalolén y Larraín trabajaba en el municipio. En el momento del contrato entre Larraín y el Gobierno Regional Metropolitano, nominación que habría sido propuesta por el propio Orrego, el psiquiatra era director de la Corporación de Desarrollo Regional y Turismo de es Gore, lo que suponía una incompatibilidad que no fue respetada.
El 17 de noviembre de 2023 ProCultura emitió un comunicado anunciando el cierre definitivo e inmediato de sus funciones, argumentando un daño irremediable a su reputación y el cierre unilateral e injustificado de los convenios sostenidos con diferentes reparticiones del Estado luego del Caso fundaciones. Diez días antes, las autoridades habían notificado que la cuenta bancaria de la fundación, cuyos dineros debían ser retenidos para ser reembolsados al Ministerio de Vivienda y Urbanismo luego de la cancelación de un convenio de $500 millones,estaba vacía.El Consejo de Defensa del Estado, que participa de la investigación, encargó al Ministerio Público revisar los movimientos de la cuenta para determinar si el retiro de dineros fue de manera paulatina o abruptamente antes del anuncio del cierre de la fundación el pasado noviembre.
En diciembre de 2023, extrabajadores de ProCultura denunciaron no haber recibido aún sus finiquitos laborales después de haber sido desvinculados de la organización.
A julio de 2024, se habían desarrollado diligencias para investigar el vínculo de ProCultura con los gobernadores Ricardo Díaz (Antofagasta), Rodrigo Mundaca (Valparaíso), Rodrigo Díaz (Biobío), Andrea Macías (Aysén), Jorge Flies (Magallanes) y Óscar Crisóstomo (Ñuble).
Horizonte Ciudadano En julio de 2023 saltó a la escena pública Horizonte Ciudadano tras revelarse que había sido acreedora de cuantiosos montos en la región del Biobío. Esta fue cuestionada por el proyecto llamado «niños, niñas y adolescentes: voces del Biobío para vivir sin violencia», el cual dictaba charlas en colegios para jóvenes desde 5.º básico a 4.º medio.
Fundación Horizonte Ciudadano es una fundación creada por Michelle Bachelet en 2018 cuyo eje funcional son centro de estudios y combate a la desigualdad. También tuvo una activa participación en la propaganda política de los plebiscitos de 2020 y 2022, el último por opción «apruebo». Tras las acusaciones, la fundación manifestó su disposición a proporcionar todos los antecedentes para la investigación, señalando que todos los traspasos de dinero entre el GORE y fundación se encuentran en regla, cumpliendo los procedimientos administrativos correspondientes.
Para el desarrollo del proyecto el Gobierno Regional del Biobío transfirió 379 millones de pesos, siendo el convenio autorizado por Rodrigo Díaz, quien ostentó los cargos de gobernador e intendente en los gobiernos de Michelle Bachelet. La Fiscalía Nacional de Chile abrió una investigación a gobernación del Biobío por los convenios con Horizonte Ciudadano.
Estamentos públicos
GORE de Antofagasta En noviembre de 2022 el Gobierno Regional de Antofagasta suscribió un convenio con la Fundación ProCultura para el pintado del casco histórico de la ciudad. Este ascendía a 629 millones y consistía en el pintado de tres fachadas de inmuebles ubicados por un total de 2400 m2. Producto de lo anterior la PDI allanó la sede gubernamental el 11 de julio de 2023.
El 28 de julio de la jefa de la subsecretaria de las Culturas y las Artes, Andrea Gutiérrez, renunció a su cargo tras un sumario administrativo por dos convenios suscritos con la Corporación para el Desarrollo de Santiago debido a que fungía como directora de ProCultura antes de su nombramiento como subsecretaria.
Región de La Araucanía: GORE y SEREMI de Vivienda