La crisis de la inmigración irregular en Chile (también denominada inmigración ilegal en Chile) hace referencia al ingreso no autorizado de extranjeros al territorio de la República de Chile, principalmente por pasos no habilitados para ello alrededor de las fronteras nacionales, como también de aquellos que han ingresado previa autorización de las autoridades inmigratorias chilenas, pero que excedieron el plazo de permanencia en el país. A partir de los años 2010, Chile se convirtió en un destino concurrido por inmigrantes de otros países latinoamericanos con cerca de dos millones de visados otorgados durante una década (2010-2020), impulsados por la reputación de la imagen país referente a los datos de la economía e indicadores sociales que posicionan a la nación sudamericana en los primeros lugares regionales en ingreso per cápita y otras mediciones de calidad de vida.

Principales rutas de acceso

Frontera Norte de Chile continental: por vía terrestre por pasos no autorizados en las fronteras con Perú y Bolivia, siendo Colchane una de los primeros puntos de llegada a un sitio urbanizado.

Situación legal El marco legal inmigratorio chileno se rige a través de la Nueva Ley de Migración y Extranjería (Ley Nº 21.325), la cual fue promulgada el 11 de abril de 2021 bajo el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Anteriormente a esta modificación, los aspectos legales de la inmigración internacional en Chile se regían por la ley de extranjería de 1975, creada bajo la dictadura militar, pero luego de fuertes críticas por ser considerada "obsoleta" de acuerdo a algunos sectores políticos, bajo el contexto sociopolítico y demográfico contemporáneo y no haber variado desde su creación,se dio urgencia al proyecto de ley presentado durante el primer gobierno de Sebastián Piñera en 2013 por el Ejecutivo. Este tenía como objetivo mejorar la normativa laboral para los inmigrantes, facilitar el reconocimiento de títulos profesionales extranjeros, además de aminorar la "discriminación y desigualdad de trato", entre otros.

A través de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), el cuerpo de policía civil chileno, los inmigrantes que hayan entrado por pasos no autorizados tienen la obligación de realizar una «declaración voluntaria de ingreso clandestino», conocida como autodenuncia. Esto permite a los inmigrantes obtener una citación para presentarse a una unidad policial para verificar su identidad, como también mediante la obtención de sus antecedentes penales y policiales del país de origen evaluar, caso a caso, los pasos a seguir para obtener algún tipo de regularización en el país.

Autoridades inmigratorias Autoridades administrativas Los asuntos administrativos de los procesos de regularización de inmigrantes indocumentados en Chile se realizan a través del Servicio Nacional de Migraciones, organismo creado en 2021 como sucesor del Departamento de Extranjería y Migración. Es dependiente de la Subsecretaría del Interior, la que a su vez se encuentra subordinada al Ministerio del Interior y Seguridad Pública.

Control fronterizo Unidades de patrullaje y control fronterizo Chile no cuenta con un cuerpo policial o militar destinado exclusivamente al patrullaje y control de sus fronteras que funja como Guardia Fronteriza. En agosto de 2022, la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile instó al gobierno de Gabriel Boric a crear una institución profesionalizada destinada exclusivamente a atender los asuntos de frontera. Esto se debe principalmente a la crisis migratoria en el Norte de Chile iniciada en 2020. En Chile tampoco existen centros de internamiento de extranjeros, por lo que todas las detenciones y cumplimientos de condenas de ciudadanos de otros países, se realizan y dan cumplimiento sin distinciones junto a los de nacionalidad chilena en los recintos destinados por las policías y Gendarmería de Chile. Los pasos internacionales chilenos cuentan con las unidades de Control Migratorio de la PDI y de Resguardo del Orden y Seguridad en Frontera de Carabineros de Chile, realizando una labor conjunta entre ambas policías. Para lo referido al control y patrullaje marítimo se encuentra bajo el resguardo de la Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar), organismo dependiente de la Armada de Chile.

Minado y desminado fronterizo En 1978, el régimen encabezado por Augusto Pinochet ordenó la colocación de más de 20 mil minas antipersonales y antitanque a lo largo de todas las fronteras de Chile, argumentando la protección de la soberanía nacional ante una posible invasión extranjera, en una época de tensión política con los países vecinos: con Juan Velasco Alvarado en Perú enmarcada dentro de la denominada crisis militar chileno-peruana, y con la crisis con Argentina; además de un control al narcotráfico, la trata de personas y el ingreso no autorizado de cualquier persona al Chile continental. Por esta razón, ciudadanos extranjeros eran heridos al activar alguna de estas minas al intentar cruzar a pie la frontera minada por pasos ilegales, donde en algunos casos debían sufrir la amputación de una o ambas extremidades inferiores. En septiembre de 2001, Chile ratificó la Convención sobre la prohibición de minas antipersonales bajo el gobierno de Ricardo Lagos, lo que obligó a Chile a realizar un completo proceso de destrucción de todo el material relacionado con el minado y al desminado completo de todas sus fronteras.

Historia Primer gobierno de Sebastián Piñera

Segundo gobierno de Michelle Bachelet

Segundo gobierno de Sebastián Piñera

Gobierno de Gabriel Boric

Gobierno de José Antonio Kast

Véase también Inmigración en Chile Crisis migratoria en el norte de Chile

Referencias

Irregular Chile Categoría:Años 2010 en Chile Categoría:Años 2020 en Chile Categoría:Crisis políticas en Chile Categoría:Sebastián Piñera Categoría:Michelle Bachelet Categoría:Gabriel Boric