La censura en Perú se refiere a todas las acciones que se pueden considerar como la supresión de la libertad de expresión en el país. En Perú, la censura ocurrió en diversas etapas de su historia por motivos políticos, con mayor énfasis en la prensa y el cine.
Historia Perú históricamente reconoció las ideas liberales en la entonces Constitución española de 1812.
A inicios de 1926 se formó la Junta Censora de Películas para controlar contenido que considere el gobierno inapropiado para su exhibición. Esta se desarrolló desde 1947, como la Junta de Supervigilancia de Películas, organismo que velaba incluso en controlar ideas morales y políticas. En 1972, esta institución se renombró a la Comisión de Promoción Cinematográfica (Coproci), que fue responsable de emitir certificados para garantizar su exhibición en las salas de cines.
En 1939, durante el gobierno de Óscar R. Benavides, se ordenó a las radios que no emitieran 10 temas de música criolla. El músico Enrique Pozo Zegarra afirmó en un artículo de La Tribuna (1948) que Luis Molina, Pedro Espinel y Felipe Pinglo eran vetados en la radio Goicochea por supuestamente estar relacionados con ideas del aprismo.
En mayo de 1961 se creó la Junta Permanente Nacional de Telecomunicaciones y en marzo de 1968 se inició la regulación de las telecomunicaciones en Perú, que establecía directrices para fomentar la difusión comercial. En esa década, los gobiernos democráticamente elegidos del presidente Fernando Belaunde Terry y del alcalde Luis Bedoya Reyes también recurrieron a la censura en varias ocasiones. Belaunde llegó a censurar varios libros y a quemar los ejemplares requisados. Por su parte, Bedoya recurrió a la fuerza para impedir la representación de obras progresistas como La ópera de los tres centavos, de Bertolt Brecht.
En la década de 1970, el gobierno de Juan Velasco Alvarado no solo aplicaba medidas contra las artes (que estaban amparadas por el anteproyecto de ley de telecomunicaciones en 1968), sino también contra la prensa. Se implementó una nueva ley de prensa que ordenaba la expropiación de todos los periódicos de circulación nacional en 1974, además de permitir que el concesionario tuviera mayor posesión. En el gobierno, se cerraron los periódicos y se acusó a los editores de distorsionar sus informes para influir en el público, y se envió a los editores al exilio. Velasco también expropió los principales canales de televisión y estaciones de radio del país. Solo podían operar las plataformas de prensa que compartían los objetivos principales del régimen, alinear los medios de comunicación con el interés social del militar. Velasco utilizó a burócratas designados por el gobierno para revisar los artículos que se publicaban. Aunque Velasco logró ocultar opiniones opuestas en gran parte de la prensa, algunas organizaciones de prensa independientes lograron sobrevivir a fines de la década de 1970.
Juan Velasco Alvarado fue derrocado en 1975 por Francisco Morales Bermúdez, quien consiguió revertir las medidas de su antecesor. Sin embargo, la censura se intensificó en 1978, cuando el gobierno de Morales Bermúdez estableció medidas para impedir la transmisión de programas de televisión y la circulación de revistas independientes en el país, con el objetivo de que la derecha política prevaleciera entre la población. Para los años 1980, el gobierno de Fernando Belaúnde Terry redujo las penas por delitos de difamación e injuria y estableció el abuso de autoridad para funcionarios que intentaron censurar medios de comunicación.
El diario La República se lanzó en formato berlinés en 1981 para luego relanzarse en tabloide a fines de aquella década, en medio de presiones de cierre por las Fuerzas Armadas del Perú. A fines de la década de 1980, las Fuerzas Armadas del Perú crearon el Plan Verde, que supuso en sus planes políticos el genocidio de los peruanos empobrecidos e indígenas, el control o censura de la prensa en la nación y el establecimiento de una economía neoliberal controlada por una junta militar. Se sabía que los militares posteriormente se enfrentaban a grupos subversivos, entre los que podría haber infiltrados hasta de rock subterráneo, pero no se sabía cómo distinguir el contenido apologético del terrorismo.
Después de las elecciones generales de Perú de 1990, el nuevo presidente electo Alberto Fujimori adoptaría muchas de las políticas descritas en el Plan Verde. En 1991, se produjo un notable incidente de censura contra los diarios La República y El Comercio, que duró un día. Durante el período del golpe de 1992, sólo al gobierno de Fujimori se le permitió comunicarse con el público y todos los periódicos se imprimieron bajo observación militar y tenían contenido similar; se ordenó a todos los periódicos que no incluyeran la palabra «golpe». Posteriormente, Fujimori evitó intervenciones directas sobre la prensa, ya que la mayoría de los medios respaldaban sus objetivos, garantizando así la estabilidad de los intereses empresariales. Esto quedó demostrado por el rechazo del proyecto de creación del Consejo Peruano de Cultura y Comunicación, así como una propuesta posterior del Congreso de la República en este sentido. Asimismo, en 1993 se registraron detenciones a periodistas.
Durante el resto del mandato de Fujimori, su gobierno financió a los medios de comunicación a cambio de ofrecer una cobertura positiva y leal hacia la presidencia. Por medio de la red de corrupción, se realizaron sobornos y promesas de clemencia legal a múltiples tabloides de la prensa chicha, al diario Expreso y a los canales de televisión Global Televisión, Latina Televisión, ATV, América Televisión y Panamericana Televisión. Los portales de Internet emergentes en el país que albergaban contenido creado por grupos de la oposición sobrevivieron a la censura.
Después del gobierno de Fujimori, Perú emprendió esfuerzos para restaurar los procesos democráticos, y con estos surgieron iniciativas para restaurar la libertad de prensa a partir del gobierno de Valentín Paniagua. Sin embargo, coincidiendo con expresiones de veto y mordaza contra la memoria de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, resurgieron amenazas por parte de varios gobiernos oficialistas y militares. En 2004, el legislador Jorge Mufarech propuso tomar acciones de censura a los medios por acusaciones en contra de Alejandro Toledo.
Durante el gobierno de Alan García, se atribuyó a una supuesta estrategia neoliberal el cierre de varios medios de comunicación que cuestionaban al gobierno. Uno de ellos fue La Voz de Bagua, una radio que se atrevió a cubrir los sucesos ocurridos en esa ciudad en 2009. Esta emisora fue amenazada por funcionarios del gobierno, e incluso el Ministerio de Transportes y Comunicaciones revocó su licencia.
En 2007, el Instituto Nacional de Cultura concedió la censura de la exposición encabezada por pintor Piero Quijano. Alan García justificó que una de sus obras mostraba como ofensa a las Fuerzas Armadas. En 2008, Perú 21 impidió presentar la obra realizada por el artista Álvaro Portales en la sección «Otorongo» por su fuerte contenido contra García.
En la década de 2010, ocurrió una reducción de libertad de expresión en los medios de comunicación peruanos. Los trabajadores sufrieron de amenazas de muerte, y programas políticos como El francotirador y Enemigos públicos fueron cancelados. En 2011, la telenovela La Perricholi fue objeto de recortes por introducir temas sexuales y religiosos en televisión abierta. Según Perú.com, se supo que la telenovela estaba bajo presión por parte de grupos religiosos, y Michel Gomez calificó esta censura de «homofóbica e ideológica». Posteriormente, el humorista Tulio Loza afirmó que la televisión sufría censura política en todos los programas.
El año 2012 ocurrió otra censura por orden del Ministerio de Justicia a obras relacionadas con la captura de Abimael Guzmán. En simultáneo, el Estado se negó a acceder públicamente información sobre seguridad y defensa nacional. A pesar de la existencia de leyes de acceso a la información, en la práctica los documentos oficiales no siempre se ponen a disposición de los periodistas.
Durante la crisis de fines de la década de 2010, el Congreso intentó controlar a la prensa. Los ataques verbales contra trabajadores de la prensa por parte de políticos aumentaron en la década de 2020, y Reporteros sin Fronteras documentó que grupos de extrema derecha en Perú atacaban a periodistas. Uno de los grupos notables en tales ataques es La Resistencia, en que la CPJ reportó en 2023 el hostigamiento por parte de los colectivos.
En 2018, la jueza la jueza Yanet Ofelia Paredes Salas ordenó el retiro de la serie La paisana Jacinta en las plataformas de televisión y redes sociales de Latina Televisión. Si bien se tomó como motivo al rechazo de la discriminación por procedencia étnica, se discutió si el pedido interfiere con el artículo 2, inciso 4, de la Constitución de 1993.
Crisis política de 2021-presente Durante la crisis política ocurrida desde 2021, el Congreso de la República, conformado en su mayoría por el Bloque Democrático, elaboró un proyecto de ley para censurar obras que tergiversaran «la verdad» de la memoria colectiva peruana. El proyecto de ley fue criticado por instituciones museísticas por recurrir a visiones subjetivas de dicha memoria.
En 2022, el Congreso de la República estableció la prohibición de que sus trabajadores realicen declaraciones públicas que «[afecten] la imagen del Congreso o la dignidad de los congresistas». Entre los afectados se encuentra un asesor de la congresista Flor Pablo, Diego Pomareda, sancionado tras denunciar en Twitter un caso de abuso de poder del parlamento.
En 2023, tras el período de convulsión social, la administración de Dina Boluarte, respaldada por sectores conservadores del parlamento, propuso medidas para abordar la incitación a la violencia en las protestas, incluyendo sanciones para los comunicadores que promuevan dichos actos. Esta propuesta fue seguida por intentos de separar de la IRTP a quienes se oponen al mandato de Boluarte y la formulación de palabras prohibidas en los libros escolares por su carácter sensible.
Estas acciones se extendieron a los esfuerzos por ejercer presión sobre funcionarios de alto rango. Entre los destituidos se encontraba Rudecindo Vega, miembro del Comité Nacional de Administración del Fondo para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales para los Trabajadores en Construcción Civil del Perú, a petición de la ministra de Trabajo. Seguido de Edgardo Rodríguez Gómez, jefe de la dirección general de derechos humanos, por elaborar un informe que criticaba un proyecto de ley que amnistía a las personas que cometieron violaciones de los derechos humanos hasta 2003.
Mientras tanto, el Colegio de Abogados de Ayacucho señaló que la Defensoría del Pueblo intentó regular las canciones tradicionales del carnaval de Ayacucho. Asimismo, se reportaron intentos de censura con obras alegóricas que denunciaban las muertes perpetradas por las fuerzas del orden. El Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho afirmó que ocurrió con un carro alegórico durante el carnaval ayacuchano. En Cuzco, ocurrió un caso similar con la obra La Descarada, de César Aguilar «Chillico», que hacía alusión a Dina Boluarte. Tiempo después, en Cajamarca, un gobernador oficializó la prohibición de la sátira política, una práctica que infringe la Constitución Política del país.