El centralismo en Perú es un fenómeno caracterizado por la concentración de la riqueza económica y la influencia política en un pequeño segmento de la población, predominantemente localizado a lo largo de las regiones costeras del país. Este grupo, conocido como la élite costera, ejerce un poder considerable y ha dominado históricamente los asuntos de la nación. El epicentro de esta tendencia centralista es Lima, la capital y ciudad más poblada de Perú, que ha sido el corazón administrativo y económico del país desde el .
El gobierno peruano ha funcionado tradicionalmente bajo un sistema centralizado, una práctica que ha persistido a lo largo de la historia republicana de la nación. Durante el periodo conocido como República Aristocrática, de 1895 a 1919, este modelo centralista se afianzó aún más, una situación que el célebre intelectual Víctor Andrés Belaúnde criticó célebremente como «plutocracia costeña». Las ramificaciones de tal sistema han sido profundas, dando lugar a importantes disparidades económicas, privación de derechos políticos y un sinfín de otras desigualdades, sobre todo en las zonas rurales, mientras que Lima ha cosechado la mayoría de las ventajas socioeconómicas.
A pesar del sistema centralizado, se produjo un cambio notable a mediados del , durante el mandato del presidente Juan Velasco Alvarado, que intentó romper el statu quo. Sin embargo, a principios de la década de 2000, cuando se iniciaron los esfuerzos de regionalización, el dominio de Lima seguía siendo evidente: albergaba a un tercio de la población de Perú, la mitad de su capacidad industrial y controlaba una parte desproporcionada de la economía administrativa de la nación: representaba el 90 % de los ingresos del Estado y el 80 % de sus gastos.
La reforma agriaría del provocó cierta redistribución de los recursos y la aparición de élites locales, pero estos grupos no llegaron a ejercer una influencia sustancial sobre las decisiones fundamentales tomadas en la capital, Según el investigador Francisco Durand, en la década de 2000 continuó la concentración del sector empresarial, con la participación del Estado peruano en la adquisición de empresas y la obtención de préstamos. Durand sostiene que el Estado es percibido como una entidad con un peso económico considerable, pero sigue siendo relativamente débil dentro de la economía nacional en general.
Contexto
Historia y desarrollo político
Primeros años de república El Imperio español tenía el control de Lima, así como el puerto de Callao cerca de la ciudad. La ciudad, que contaba con menos de tres mil personas de prestigio, según la Sociedad Académica de Amantes, conformaba el grupo de dominación del país por sus logros en la educación. Con la independencia de Perú, se desarrollaron pequeños grupos con liderazgo regional (Cuzco, Arequipa y Huánuco), en contrapeso del acomodado estilo de vida de Lima por el colonialismo de aquel entonces. Asimismo, la ciudad de Piura, una de las primeras ciudades fundadas en el virreinato, adquirió un protagonismo político. El cabildo de Piura, que era el más antiguo del Perú, se convirtió en un importante centro de poder regional. Sin embargo, la opulencia limeña contrastaba con la realidad de las provincias rurales, donde persistían prácticas de servidumbre en las haciendas controladas por terratenientes.
El sistema de curacas, que representaba a las comunidades indígenas durante la colonia, fue abolido con la independencia. Esto generó incertidumbre sobre la representación de los pueblos andinos, lo que se reflejó en la participación de personas no blancas en las montoneras, grupos guerrilleros que luchaban por la independencia. Tras la abolición de los curacas, surgió el grupo de los «indios de comunidad», descendientes de estos líderes locales que buscaban mantener su influencia en las comunidades. Su objetivo era asegurar la representación de sus intereses en la naciente república.
La disputa entre el federalismo y el centralismo fue el clivaje fundamental en la historia del país. Los centralistas, que contaban con el apoyo de las élites económicas y militares, argumentaban que un gobierno fuerte era necesario para mantener el orden y la unidad del país. Los federalistas, por su parte, defendían que la descentralización permitiría a las regiones participar más en la toma de decisiones y mejoraría la representación de los intereses locales. La disputa entre centralistas y federalistas culminó en el fracaso de la Confederación Perú-Boliviana (1836-1839), un proyecto federal que fue derrocado por el gobierno centralista de Andrés de Santa Cruz, que estuvo acompañado de una falta de interés de darle autonomía los municipios. Tras la caída de la Confederación, así como la derrota de Manuel Ignacio de Vivanco en un intento de revivir la corriente liberal, como fue en los años de independencia, el centralismo se consolidó como el sistema político dominante en el Perú.
Durante los siguientes mandatos, Perú experimentó con frecuencia auges de materias primas, como el guano, que beneficiaron a las élites blancas de la costa. Estas élites aprovecharon sus rentas de ese recurso, para aumentar su poder e influencia, lo que consolidó aún más el centralismo. Posteriormente, la globalización del intensificó las brechas entre las áreas urbanas y rurales del Perú. Las zonas más pobladas aumentaron su capacidad de conectarse con la economía global y su riqueza, mientras que las zonas más pequeñas experimentaron una fuga de recursos y capital humano hacia las grandes urbes. Este fenómeno se vio antecedido por la emergencia de la aristocracia durante los primeros años de la denominada República Aristocrática (década de 1890), que consolidó el poder central y la concentración de la riqueza en Lima. La burguesía, que fue consolidada en la costa peruana, también jugó un papel importante en la consolidación del centralismo bajo nombres varios: «plutocracia costeña» (Víctor Andrés Belaunde), «barones del azúcar y algodón» (APRA) y «oligarquía» (izquierda política).
El presidente Augusto Leguía (1919-1930) profundizó el centralismo al concentrar el poder en el gobierno central y favorecer el desarrollo de Lima. Su modelo de desarrollo hasta 1960, basado en el laissez faire, contribuyó a la concentración de la riqueza y el poder en la capital, mucho antes que Hernando de Soto estableciera una ideología neoliberal a los empresarios. En el ensayo La cohesión de la élite y el poder oligárquico, Dennis Gilbert destacó el dominio casi ininterrumpido de una oligarquía de familias acaudaladas desde 1895 hasta 1968.
El intento de ceder el poder a otras regiones en el siglo miniaturadeimagen|Palais Concert, antiguo referente del centralismo, al referirse como «El Perú es Lima, Lima es [...] el Palais Concert [...]».El poder rural se vio restringido al carecer de un contacto directo con el Estado hasta 1920, cuando se promulgaron la Ley de Reforma Agraria y la Ley de Comunidades Campesinas. A lo largo del tiempo, intelectuales como Luis Eduardo Valcárcel intentaron que las élites fueran representadas por indígenas. En la década de 1930, la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA, luego Partido Aprista Peruano) ya representaba a la élite provinciana. Ante la incapacidad de establecer una organización política rival, la oligarquía optó por apoyar la candidatura de Luis Sánchez Cerro. Aun así, la amenaza del creciente poder rural había facilitado una alianza estratégica prematura entre la oligarquía y los gamonales, figuras locales influyentes descritas como un grupo conservador.
A mediados ese siglo, Lima concentraba la mitad de la economía nacional, debido a su atractivo industrial. Este fenómeno se vio reforzado por la Ley de Promoción Industrial de 1959, que estableció el Fondo Nacional de Desarrollo Económico (en el segundo gobierno de Manuel Prado) para planificar el empleo de los recursos.
En 1963, Fernando Belaúnde Terry ganó las elecciones generales y gobernó con un enfoque moderado de industrialización y construcción de carreteras en los Andes. Sin embargo, su doctrina de La conquista del Perú por los peruanos promovía la explotación de los recursos de la Amazonía y otras zonas periféricas del país a través de la conquista y colonización. En 1964, el gobierno de Belaúnde fue responsable de un incidente conocido como el genocidio Matsé, en el que las fuerzas armadas peruanas y aviones estadounidenses recurrieron al napalm y atacaron a una etnia indígena de la Amazonía, causando cientos de muertes.
En 1965, el escritor puneño Gamaliel Churata escribió el artículo «Puno y la hegemonía cultural del Titikaka» en el diario El Comercio. El artículo describía la crisis que atravesaba la empresa estatal CORPUNO, que sería el elemento principal de las protestas de Juliaca de ese año. Se esperaba que el artículo recibiera una importante colaboración que no se materializó. Esto coincidió con el interés de la capital de Perú en recibir a escritores de varias ciudades del país y a lectores extranjeros.
Para 1968, Lima ya había emergido como el centro político y económico del Perú, gracias a los incentivos económicos ya concretados. El desarrollo urbano e industrial de Lima atrajo a los mejores elementos de las provincias, ofreciendo mayores y mejores oportunidades de educación, salud y empleo.
Por otro lado, la restricción del derecho al voto en las áreas rurales se mantuvo hasta 1979, cuando la constitución de ese año permitió votar a las personas analfabetas. Como resultado, entre 1919 y 2021, once de los dieciocho presidentes elegidos democráticamente en el país eran originarios de Lima.
Además, la reforma agraria peruana de 1969, que buscaba distribuir la riqueza, coincidió con el breve surgimiento de una élite rural. La reforma agraria, al redistribuir la tierra, creó nuevas oportunidades para esta élite y así volver a tener autonomía.
El gobierno militar de Juan Velasco Alvarado intentó nacionalizar industrias que se formaron a mediados de siglo, pero su objetivo principal era la monopolización y el control político a nivel general. Además, el gobierno asumió el control virtual de todas las estaciones de radiodifusión, cuya meta fue descentralizar los medios de comunicación y así tener mayor contacto a las comunidades rurales en sus propias lenguas. El campesino, hacia los años 1980, pudo desarrollar su economía por medio de créditos rurales. Sin embargo, durante los años 1990, la presencia de la élite de otros departamentos fue limitada a causa de la crisis de partidos políticos y la posterior disolución de las Asambleas Regionales por consejos transitorios en el gobierno de Alberto Fujimori, responsable de instalar el sistema neoliberal en su Constitución de 1993 y la poca regulación de las empresas. Para el año 2000, la crisis del fujimorato llevó a un sector agrícola dañado, lo que complicó la economía rural y dependió de la importación de productos alimenticios.
El nuevo contacto con la región Años después de iniciar la etapa de privatización de empresas, una de las personas que buscó luchar al «centralismo limeño» fue el economista Alejandro Toledo Manrique, responsable del presupuesto participativo nacional y, al ser elegido presidente, de reformar la Constitución de 1993 para fomentar las entidades subnacionales. Sin embargo, la riqueza obtenida entre 1990 y 2020 no fue distribuida a nivel nacional; los niveles de vida mostraban disparidades entre Lima, que era la ciudad más desarrollada, y regiones costeras similares, mientras que las provincias rurales permanecieron empobrecidas. La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), representante del sector empresarial a nivel nacional, manifestó su recelo ante el proyecto de descentralización, atribuyéndolo a conflictos comunicativos con frentes regionales que abogaban por una distribución más equitativa del poder.