La paralización de Puno correspondía a un paro total indefinido acatado en el departamento de Puno, desde diciembre de 2022 hasta marzo de 2023, en el contexto de la convulsión social en Perú. La población puneña es opositora al gobierno de Dina Boluarte y leal al depuesto gobierno de Pedro Castillo además, a diferencia de otras regiones, Puno es donde se ha registrado la mayor cantidad de fallecidos y disturbios violentos. El gobierno Peruano militarizó el departamento, y creó organizaciones gubernamentales de inteligencia, para su pacificación.
En un principio, durante las protestas en Perú de 2022, Puno resultó totalmente paralizado económicamente y los manifestantes se limitaron al bloqueo de carreteras como medio de lucha. Sin embargo, con las protestas radicalizadas en 2023, se registraron nuevos disturbios, como los intentos de tomas del aeropuerto de Juliaca, la quema de comisarías, y el rechazo al ejército peruano, que empezó a llegar a la región a finales de enero. Los mayores incidentes de la paralización de Puno, fueron la Masacre de Juliaca (muerte de 18 civiles y 1 policía) y la tragedia de Ilave (muerte de 6 soldados).
Presentó distintas jornadas de protestas y bloqueos por más de tres meses de rechazo a Boluarte y su gobierno durante el 2023. A partir de marzo de 2023, los manifestantes denominaron a sus protestas con el nombre de «paro seco», además que incluyeron el izamiento de banderas con franjas blancas y negras en junio del mismo año.
Detonantes del descontento Sociales Según algunos informes de la Amnistía Internacional y del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), los mayores factores del descontento, expansión y aceptación de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte en la región de Puno, recaen en los siguientes motivos: La población de Puno, mayoritariamente indígena, ha sido históricamente sujeta a la discriminación y desigualdad del acceso a la participación política nacional. La pobreza multidimensional en la región data de un 55.4%. Esto se debe a que los accesos a servicios básicos, la calidad de la educación, y una buena capacidad instalada en los puestos de salud, son prácticamente bajas en la población puneña. Cuatro de cada 10 puneños sufren de pobreza monetaria, con ingresos inferiores al costo de una canasta básica. En el año 2020, la región Puno fue el con mayor nivel de anemia en niños. Durante 2021, Puno se ubicaba como el departamento más pobre del Perú. A casi finales de 2022, esto varío un poco, sin embargo, para enero de 2023 nuevamente volvió hacer la más pobre del país y con mayor incidencia de anemia en niños.
Conflictos históricos Por su índice de pobreza, la población puneña ha protagonizado diversos episodios de protestas y manifestaciones en búsqueda de mejores condiciones de vida. El 4 de noviembre de 1965, bajo el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, se inició un paro en la ciudad de Juliaca; los manifestantes exigían la construcción de los servicios básicos de agua, desagüe y electricidad; la protesta fue reprimida por las autoridades y fallecieron 4 civiles. Sin embargo, las autoridades acudieron a los reclamos.
El 26 de abril de 2004, en la ciudad de Ilave, el alcalde de la provincia de El Collao, Cirilo Robles, y dos de sus regidores fueron linchados y asesinados por una multitud enardecida de pobladores ilaveños. La masa popular además, destruyó la casa del alcalde y destrozo la comisaría de la ciudad, la que quedó sin control policial por al menos un día, unas 17 personas desaparecieron ese día. Ante ello, un pelotón de 200 efectivos policiales al mando del comandante Enrique Arenas arribó a la ciudad y retomó el control interno. El conflicto se había iniciado, cuando los pobladores acusaron a Robles de malversación de fondos, nepotismo y peculado, exigiéndole que renuncie a su cargó, a lo cual el alcalde simplemente hizo caso omiso.
En 2014, la representante de la Defensoría del Pueblo en Puno, Luz Herquinio Alarcón, aseveró que Ilave no presenta actualmente una fuerte conflictividad, pero mantiene problemas aún por resolver y la población evidencia su malestar. Por ejemplo, el adecuado servicio de electricidad, de agua potable y la culminación de la carretera hacia Masocruz, por la que también se reclamaba hace 10 años al alcalde Robles.
Políticos
Puno tiene un acercamiento claro, hacia Bolivia. Esto ha llevado a que el gobierno peruano y diputados internacionales, acusen al político y expresidente boliviano, Evo Morales, de incentivar y azuzar a los puneños para que convoquen a marchas y paros. El destituido presidente de la República Pedro Castillo, obtuvo un 89% de votos en la región Puno en las elecciones generales de 2021. Esto llevó a que muchos de los ciudadanos de esta región, se hayan movilizado en forma de apoyo al expresidente y catalogado de «usurpadora» a su sucesora, Dina Boluarte.
Paro general
Contexto Nacional El 7 de diciembre de 2022, el entonces presidente Pedro Catillo Terrones intentó realizar un autogolpe de estado. Sin embargo, sin respaldo de las fuerzas armadas, el mandatario fue destituido por el Congreso de la República y posteriormente arrestado y encarcelado. Durante los primeros momentos del anuncio del autogolpe de estado, los partidarios de Castillo convocaron a una movilización en apoyo al jefe de Estado, denominado como la «Toma de Lima», tras algunos incidentes, la revuelta acabó. A nivel nacional, los simpatizantes y partidarios castillistas convocaron a nuevas marchas y movilizaciones para exigir la liberación del exmandatario y la renuncia de la nueva presidenta, Dina Boluarte, a la que catalogaban de «traidora» y «usurpadora». El 10 de diciembre, en la provincia de Andahuaylas (Apurímac), ocurrieron enfrentamientos contra las fuerzas del orden, y se anunció una declaratoria de «insurgencia popular» exigiendo esta vez la renuncia de Boluarte, nuevas elecciones generales, la convocatoria a una asamblea constituyente y la liberación de Pedro Castillo. Con el pasar de los días, las protestas se fueron agudizando a nivel nacional, y el interés de pedir la liberación de Castillo perdió fuerza y paso a las exigencias de un sector minoritario. miniaturadeimagen|Los manifestantes piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
Inicio de las movilizaciones en Puno El mismo 7 de diciembre de 2022, un gran número de ciudadanos salieron a protestar pacíficamente a las calles de la ciudad de Puno exigiendo una asamblea constituyente y manifestándose en contra de la destitución de Pedro Castillo. Poco después, el presidente del Frente de Defensa Unificado en contra de la contaminación de la cuenca Coata y el lago Titicaca, Félix Suasaca Suasaca, anunció la convocatoria a marchas regionales para los días 13, 14 y 15 de diciembre, exigiendo la siguiente agenda:
Renuncia de Dina Boluarte Nuevas elecciones generales Convocatoria a una asamblea constituyente
El 11 de diciembre, las marchas se expandieron a las provincias de San Román, Puno y El Collao, además de la ciudad de Ilave. Un día después, el ya saliente gobernador regional de Puno, Gérman Alejo, se reunió con el político boliviano Evo Morales en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, para insistir en la unión de Puno al proyecto Runasur. Además de que se presentó el primer bloqueo en la región, efectuada en el puente internacional de Ilave, vía que comunica a Puno con Tacna, Moquegua y la frontera de Bolivia. miniaturadeimagen|Puno.
Estado de emergencia y toque de queda En los días 13, 14 y 15, las protestas de expandieron a las 13 provincias de Puno, abarcando la totalidad de la región. Miles de ciudadanos salieron a marchas a las calles y se registraron múltiples bloqueos de vías en los distritos de Ilave, Desaguadero, Zepita, San Antón, Puno, Ayaviri, Macusani, San Gabán. Así como también anunciaron la radicalización de las protestas. Ante ello, el gobierno respondió con la declaratoria de estado de emergencia a nivel nacional y el ingreso de las fuerzas armadas a reponer el orden interno, y el toque de queda por cinco días en 15 provincias del país, entre las que se encuentra Carabaya y San Román de Puno. miniaturadeimagen|El puente internacional de Ilave, bloqueado por manifestantes. El 16 de diciembre, la región se encontraba bloqueada en múltiples vías, casi todos estos puntos fueron desbloqueados por la policía y el ejército nacional en los siguientes días. El 21 de diciembre aún persistían las movilizaciones, pero varios dirigentes optaron por suspender las protestas hasta inicios del próximo año. La primera etapa de las protestas, culminó con una tregua por Navidad y año nuevo.
Coordinadora Macrorregional del Sur (2023) Los dirigentes y líderes nacionales, especialmente del sur, planificaron una nueva serie de protestas nacionales que debían iniciar el 4 de enero de 2023. El secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa (FDTA), Jorge del Carpio Lazo, invitó a diversos dirigentes a reunirse el 28 de diciembre de 2022. Más de 70 dirigentes se reunieron en el Primer Encuentro Macrorregional de Organizaciones Sociales, «rumbo al paro nacional», realizado en el local de la FDTA, donde se firmó un acta convocando a nuevas movilizaciones. Entre las regiones representadas en la reunión de la FDTA estaban Puno, Cusco, Apurímac, Moquegua, Madre de Dios, Ayacucho y Arequipa. El propio Carpio Lazo confirmó el comunicado en una sesión pública. Fruto de ello, se conformó la Coordinadora Macrorregional del Sur el 29 de diciembre de 2022, un día después de la asamblea macrorregional.
El 31 de diciembre de 2022, en la Casa del Maestro de Juliaca, diversos dirigentes puneños se reunieron para acordar la radicalización de las protestas. La reunión fue convocada por Amador Núñez Díaz, presidente de las Organizaciones Populares de Puno y se acordó el rechazo al diálogo con el gobierno de Dina Boluarte «caso contrario, serían sancionados».
Paralización de ciudades y acciones radicalizadas En los últimos días de diciembre la policía aprobó el Plan de Operaciones N° 046, al que denominó «Emergencia Nacional Puno 2022». A cargo de las operaciones se encontraba el general PNP, Carlos Omar Bravo Cáceres, jefe de la X Macro Región Policial Puno, y el coronel PNP, Julio Santos Mauricio Contreras, jefe de la Región Policial Puno. Entre el 1 y 3 de enero de 2023, la policía elaboró un plan de operaciones en Juliaca, en la cual se desplegaron 21 unidades de la policía: una al aeropuerto, otra alrededor del centro comercial donde se encuentra Plaza Vea, otra al local del Banco de la Nación, otra al Poder Judicial, y las demás a otros 16 puntos ubicados en el centro y periferias de la ciudad. El encargado de la unidad asignada a proteger la zona del aeropuerto Inca Manco Cápac de Juliaca, fue el mayor PNP, Joel Arturo Tapia Guillén, perteneciente a la Comisaría Santa Bárbara. El 2 de enero, el general EP Manuel Fernando Alarcón Elera asumió funciones como el nuevo comandante general de la IV Brigada de Montaña de Puno del Ejército del Perú, reemplazando al general Enrique Montalva, Alarcón declaró que el ejército ya no usara hondas ni huaracas para controlar las manifestaciones. miniaturadeimagen|Ciudad de Juliaca. El 4 de enero, con la reanudación de las protestas, se bloquearon las vías de ingreso a la ciudad de Juli (Chucuito), la vía Puno – Desaguadero y el puente Internacional en Ilave, mientras que las ciudades de Puno y Juliaca se paralizaron totalmente, y muchas de sus calles mostraron presencia de piquetes de manifestantes. Al día siguiente, se registró un enfrentamiento entre manifestantes y la policía nacional en los exteriores del aeropuerto de la ciudad de Juliaca, que dejó como saldo 10 civiles y 4 policías heridos. miniaturadeimagen|Aeropuerto Internacional Inca Manco Cápac en Juliaca, fue un continuo escenario de enfrentamientos en la región de Puno.