miniaturadeimagen|Alberto Fujimori, expresidente peruano. Durante su gobierno, la corrupción se convirtió en la principal herramienta para controlar la sociedad.
El gobierno de Alberto Fujimori (1990-2000) se caracterizó principalmente por una corrupción política generalizada, con numerosos casos de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias y abuso de poder en los sectores empresarial, político y militar. Este nivel de corrupción no tenía precedentes en los gobiernos peruanos anteriores.
En la red de corrupción participaban unas 1600 personas, entre políticos, personalidades de los medios de comunicación, empresarios y miembros del Poder Judicial. Las reformas económicas neoliberales aplicadas por Fujimori crearon las condiciones ideales para la corrupción. Vladimiro Montesinos, ampliamente considerado como el poder detrás del trono, manejaba la mayor parte de esta red. El poder y la influencia de Montesinos aumentaron tras el autogolpe de 1992.
El tráfico de influencias se exacerbó por la estrategia del régimen de nombrar comandantes de las Fuerzas Armadas mediante un sistema de cooptación, asegurando así el control sobre la oposición. Durante este periodo, se adoptaron numerosas prácticas dudosas, como la privatización de empresas estatales, la difusión de propaganda, el desvío de fondos de la oficina presidencial y la compra encubierta de armas mediante decretos no publicados. La corrupción se vio facilitada por la falta de auditorías exhaustivas, la derogación de las leyes contra el blanqueo de dinero y la complicidad de las autoridades judiciales. En lo judicial, el Gobierno hizo esfuerzos para evitar ser responsabilizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En 1999, el ministro de Trabajo, Jorge Mufarech, denunció ante la oposición la corrupción profundamente arraigada, lo que estalló una crisis política. El Gobierno le destituyó del cargo y despidió a cinco ministros. El escándalo se agravó en 2000, tras la publicación de los «vladivideos», que mostraban a Montesinos sobornando a particulares con grandes sumas de dinero, lo que provocó la dimisión de Fujimori. Analistas como AlfonsoW. Quiroz han calificado el gobierno de Fujimori como uno de los «peores de la historia peruana» debido a la corrupción. Personalidades políticas y periodistas atribuyen la corrupción generalizada posterior en el país al gobierno de Fujimori.
. «Quiroz (2005) described the regime as one of the worst in the country’s history since independence in the 1820s».
Contexto Alberto Fujimori fue un político peruano. Cuando fue docente universitario, varias personas cercanas a Fujimori calificaron su comportamiento de «nisei acriollado», que se caracterizó por llevar un comportamiento antisistema.
El gobierno de Alberto Fujimori, que ocupó el poder en Perú de 1990 a 2000, se destacó por una compleja y controvertida relación con la red de corrupción. Inicialmente, el partido rival Fredemo acusó al gobierno de evasión fiscal. Posteriormente, varias personas acusaron a Vladimiro Montesinos, quien fue jefe de facto del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Para las elecciones presidenciales del 2000, surgieron denuncias por usar dinero del Estado en la campaña de reelección, según confirmaron los observadores de la Organización de los Estados Americanos.
Durante la década de gobierno, solo se ejecutó un tercio del gasto presupuestal. Parte de los recursos fueron administrados por el Ministerio de la Presidencia, que fue creado en la administración de Fujimori. Su gobierno fue el más corrupto de América y el séptimo del mundo, según el Informe global de la corrupción (2004) elaborado por Transparencia Internacional.
Promesas de campaña Fujimori ascendió al poder a través de una plataforma conservadora, con promesas de limpiar actos de corrupción del Poder Ejecutivo que habían prevalecido desde la década de 1960. Su lema de campaña, «Honradez, tecnología y trabajo», caló en el electorado. En su campaña, también se prometió la creación de un Alto Comisionado contra la Corrupción inspirado en el de Hong Kong que, sin embargo, nunca se llevó a cabo. El antropólogo Carlos Iván Degregori sugirió que el régimen buscaba despolitizar al electorado. Esta estrategia implicó promover una imagen favorable del gobierno, desacreditar a los opositores y utilizar distracciones mediáticas para desviar la atención de cuestiones importantes, lo que se conoció posteriormente como «cortinas de humo».
Gobierno de Alberto Fujimori Saúl P. Kolenkautsky resumió que ningún gobierno peruano tuvo tanto control sobre los poderes del Estado, las instituciones electorales, el cuerpo diplomático, las fuerzas armadas, las universidades y los medios de comunicación como el de Alberto Fujimori.
Influencia militar y policial Uno de los pilares en el gobierno de Fujimori fue el Plan Verde, un documento redactado entre 1988 y 1989 por las Fuerzas Armadas de Perú como respuesta a las reformas económicas del Plan Inca de los años 1960 y 1970. Montesinos presentó este plan a Fujimori, y éste lo puso en práctica, convirtiendo a los militares en socios del régimen.
Montesinos ganó relevancia por haber establecido una red de corrupción local, poco antes de convertirse en asesor presidencial y obtener poder político. El jefe del SIN se aprovechó de la confianza de Fujimori, quien tenía relación con los organismos de lucha contra el narcotráficoy con las Fuerzas Armadas, institución relacionada con la lucha contra el tráfico ilícito de drogas. Montesinos y su aliado Nicolás Hermoza habrían establecido una red criminal sistemática dentro de los círculos influyentes del país. Ambos fueron nombrados por el gobierno mediante un sistema de cooptación que fue legalizado en noviembre de 1991.
Mientras tanto, la administración de Fujimori realizó cambios significativos en la Policía, jubilando a 135 oficiales de alto rango y sustituyéndolos por partidarios del gobierno. Aprovechando de la alta aprobación gubernamental y la imagen de honestidad, esta medida fue fundamental para impedir que los golpes militares debilitaran la administración, como ocurrió en 1992.
En mayo de 1996, se descubrió un avión militar de carga que transportaba drogas, cuyos responsables fueron detenidos y posteriormente liberados cuando Fujimori clamó por su inocencia. El Comando de la Fuerza Aérea del Perú calificó el incidente como una demostración del poder corruptor del narcotráfico, cuya participación militar habría desaparecido en 1995. El Departamento de Estado de los EE.UU. vaticinaba anteriormente, en 1993, que la corrupción era endémica en casi todas las instituciones del gobierno peruano.
Toma de decisiones judiciales Durante el gobierno, existieron casos en que las autoridades políticas, parlamentarias —es decir, congresistas del oficialismo y aquellos que decidieron afiliarse desde movimientos independientes— y electorales buscaron obtener su impunidad.
La red recibió el apoyo del sector judicial, en una controvertida inversión de 284 millones de soles en reformas sin sustento técnico. El apoyo judicial debilitó su sistema porque no tuvo la capacidad de sentenciar a organizaciones delincuenciales. Entre las figuras que respaldaron a la red involucraron a la Fiscal de la Nación Blanca Nélida Colán, el vocal supremo Alejandro Rodríguez Medrano y cincuenta jueces de cortes superiores. La red también comprometió a los magistrados de la Sala Plena de la Corte Suprema, el Consejo Transitorio del Poder Judicial (CTPJ) y la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). El abogado Francisco Eguiguren Praeli denunció que la red recurrió a la extorsión para vender o cobrar por decisiones judiciales, incluso si carecían de fundamento jurídico.
Durante 1997, el Parlamento logró retirar a miembros del Tribunal Constitucional que se oponían a la reelección inconstitucional de Fujimori, lo cual fue revertido en el caso del Tribunal Constitucionalc. Perú por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2001. En la sentencia del caso, los magistrados declararon que la CIDH encontró una «confabulación de los tres poderes públicos».: caso del Tribunal Constitucionalc.Perú (fondo, reparaciones y costas), sentencia del 31 de enero de 2001, serieC, núm.71.
También en 1997, el Congreso de Perú aprobó una normativa que establecía que los jueces y fiscales supremos que se encontraban en la categoría de provisionales pasaban a tener los mismos derechos que los titulares. Los provisionales no son elegidos por concurso público, por lo que son propensos a recibir favores políticos.
Negociaciones con empresas privadas Debido a la privatización y la llegada del capital extranjero luego de las reformas posteriores al fujishock, se permitió al empresariado usar el dinero del Ministerio de Economía a través de las contrataciones estatales. Esta modalidad se conoció como «puertas giratorias» y consistió en que asesores legales y economistas del Estado ofrecían sus servicios a empresas y organismos privados. Además, contó con la participación de otros ministros, como Jaime Yoshiyama, considerado el «primer ministro en la sombra» por tener contactos cercanos con empresarios y el mandatario de entonces.
Según el especialista Humberto Campodónico Sánchez, «la Constitución de 1993 virtualmente prohibió la existencia de empresas públicas» y, hasta inicios de los años 1990, los ciudadanos «[identificaban] a las empresas públicas como ineficientes y burocráticas, y creían que solo la empresa privada (mejor si es extranjera) podía realizar actividades empresariales».
Se estima que, de los 100 dólares obtenidos por la privatización, 2.5 fueron transferidos al Estado, ya que gran parte del proceso sirvió para pagar la deuda y financiar armas. Las operaciones fueron lideradas por el entonces ministro Jorge J. Camet bajo la modalidad de «mafia blanca». Entre los beneficiados destacaron AeroPerú, JJC Contratistas Generales —de la familia Camet Dickmann, incluido el propio Jorge— y el Banco de Crédito. Más allá del beneficio económico empresarial, el comportamiento narcisista de Vladimiro Montesinos, con la modalidad de la «mafia amarilla», influyó en la resolución judicial de la mina de Yanacocha ante su rival francés BRGM-Normandy.
Por otro lado, se realizaron negociaciones con Ilan Weil Levy y socios para proveer clandestinamente armas al gobierno. También se realizaron negociaciones para la fabricadora W-21 Intertechnique, responsable en parte del monopolio armamentista en el país, que supuestamente fue operado por Moshe Rothschild Chassin. Las adquisiciones con proveedores de origen ilícito continuaron hasta el final del régimen de Fujimori. Uno de los cercanos al gobierno fue el empresario libanés Sarkis Garabet Soghanalian, quien colaboró con el fiscal anticorrupción para facilitar contactos empresariales en el tráfico de armas. Su confesión sobre una posible mafia de armamento clandestino fue compartida por congresistas de la oposición al régimen.
Relaciones públicas y manipulación mediática
La red fujimontesinista acordó con los medios de comunicación masivos, escritos y televisivos, reducir la presencia de la oposición y ocultar las verdaderas demandas de la población.
Degregori señaló que, para fomentar la publicidad política, la televisión afiliada a la red de corrupción buscaba reproducir el «carisma y supervivencia política» de Fujimori. Entonces, los periodistas pagados (apodados «geishas») cubrían los actos del Palacio de Gobierno. Degregori también señaló que en parte de los medios «no había programas políticos; las noticias policiales encabezaban los noticieros, seguidas de "temas humanos"; ni siquiera se permitía la propaganda electoral [de la oposición] pagada al contado». En su lugar, para mantener a la audiencia entretenida, la programación televisiva de la red recurrió al entretenimiento como los «programas asínicos llenos de chistes sexuales», a fin de evitar cualquier sátira hacia su mandato.