La reforma de la justicia penal aborda cuestiones estructurales en los sistemas de justicia penal, tales como el perfilado racial, la brutalidad policial, la sobre-criminalización, el encarcelamiento masivo y la reincidencia. Las reformas pueden darse en cualquier punto en donde el sistema de justicia penal intervenga en la vida de los ciudadanos, incluyendo la elaboración de leyes, la actuación policial, las sentencias y el encarcelamiento. La reforma de la justicia penal también puede abordar las consecuencias colaterales de la condena, incluyendo la privación de derechos o la falta de acceso a la vivienda o al empleo.
Hay muchas organizaciones que defienden la reforma del sistema de justicia penal, tales como: ACLU, Penal Reform International, Sentencing Project, Brennan Center for Justice, Cut 50, y la ONG Innocence Project. Estas organizaciones utilizan las disputas legales, los litigios de impacto y la defensa, así como también eventos educativos para concientizar al público sobre los problemas del sistema de justicia penal e impulsar a los gobiernos estatales y federales hacia la reforma.
Áreas de reforma
Sentencias Las leyes de sentencia dentro del sistema de justicia penal de Estados Unidos son criticadas por ser tanto draconianas como racialmente discriminatorias, contribuyendo a la creciente y excesiva población carcelaria conocida como encarcelamiento masivo. La reforma de las sentencias puede reducir las largas penas por delitos violentos y no violentos, dificultar el encarcelamiento de personas por delitos menores, aumentar las concesiones de libertad condicional e incluso agilizar la puesta en libertad de los reclusos con derecho a ello, todo lo cual reduce la población carcelaria.
Sentencias discriminatorias En 2016, según la hoja informativa del Sentencing Project sobre las tendencias en las cárceles de los Estados Unidos, 2,1 millones de personas estaban en prisiones o cárceles en este país. Trends in U.S. Corrections. The Sentencing Project, 2017, Trends in U.S. Corrections, sentencingproject.org/wp-content/uploads/2016/01/Trends-in-US-Corrections.pdf. Esto indica un aumento del 500% desde mediados de la década de 1980. Aquellos a favor de la reforma de la justicia penal perciben que el problema radica en un aumento de la vigilancia y en el uso de leyes de sentencias severas, especialmente en las comunidades de color. Si bien algunos investigadores afirman que las disparidades raciales en las sentencias son un reflejo de las diferencias en la actividad delictiva, la gravedad del delito y la reincidencia entre las diferentes comunidades, otros investigadores consideran que las minorías raciales son castigadas con mayor dureza que sus contrapartes blancas que cometen delitos similares.Spohn, Cassia. "Thirty years of sentencing reform: The quest for a racially neutral sentencing process." Criminal justice 3 (2000): 427–501
Los descubrimientos de un estudio realizado por Cassia C. Spohn, explicados en Thirty Years of Sentencing Reform: The Quest for a Racial Neutral Sentencing Process indican que la raza y la etnia de un individuo juegan un papel en los resultados de la sentencia.Spohn, Cassia. "Thirty years of sentencing reform: The quest for a racially neutral sentencing process." Criminal justice 3 (2000): 427–501
Reglamento de sentencias Las condenas en Estados Unidos son más frecuentes y prolongadas: la pena media en este país es casi el doble de larga que la australiana y cinco veces más larga que la alemana. Las leyes truth-in-sentencing y las condenas mínimas obligatorias se perciben como dos formas de políticas draconianas que contribuyen al hacinamiento en las prisiones.
La ley truth-in-sentencing requiere que los delincuentes cumplan la mayor parte de sus sentencias antes de ser elegibles para la liberación, restringiendo o eliminando así excepciones como lo son la buena conducta y la libertad condicional. La mayoría de las leyes truth-in-sentencing requieren que los delincuentes completen al menos el 85% de su condena.
Las condenas mínimas obligatorias son leyes que exigen a los jueces que condenen a un individuo a una pena de prisión mínima por el delito perpetrado. Estas han a menudo resultado en sentencias innecesariamente duras y severas para los delincuentes de bajo nivel. Estas leyes también transfieren el poder de los jueces a los fiscales, quienes tienen la posibilidad de usar la amenaza de una sentencia extremadamente larga para presionar a los acusados para que acepten un acuerdo de culpabilidad. Derogar las condenas mínimas obligatorias para ciertos delitos de bajo nivel, tales como los delitos de drogas, devolvería el poder a los jueces y permitiría un enfoque más flexible a la hora de sentenciar que podría ayudar a promover alternativas para el encarcelamiento.
Política de drogas Los partidarios de la reforma de la política de drogas apuntan a la guerra contra las drogas, a la reforma de la legislación sobre la marihuana, y a la reducción de los daños causados por las drogas como cuestiones clave. Los defensores de este cambio político consideran que la Guerra contra las drogas fue y es un fracaso político que ha llevado a un desperdicio de recursos, de potencial humano y una violación a los derechos.
Las organizaciones que se enfocan en esta reforma, tales como Sentencing Project y Campaign Zero, reclaman que la probabilidad de encarcelamiento por acusaciones relacionadas con las drogas es racialmente desigual. Trends in U.S. Corrections. The Sentencing Project, 2017, Trends in U.S. Corrections, sentencingproject.org/wp-content/uploads/2016/01/Trends-in-US-Corrections.pdf. En su libro The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness, Michelle Alexander origina la afirmación de que la Guerra contra las drogas es una nueva forma de opresión sistemática y de control social que se asemeja a las leyes Jim Crow que impusieron la segregación racial.Alexander, Michelle. The New Jim Crow: Mass Incarceration in the Age of Colorblindness. New Press, 2016. La promulgación de la Guerra contra las drogas en la década de 1980 es principalmente responsable por el dramático incremento en el índice de encarcelamiento en Estados Unidos. En la década del 1980, 40.900 personas fueron encarceladas por delitos de drogas, y para el 2015 había 469.545. En 2016, 1.572.569 personas fueron detenidas por violaciones de la ley de drogas (el 84% de ellas por posesión). De esta cifra, 643.249 fueron detenidas por infracciones relacionadas con la marihuana (el 89% de ellas por posesión). Aproximadamente, la mitad de las personas actualmente encarceladas en prisiones federales están allí por delitos de drogas.
El enfoque de la Guerra de las drogas es citado como erróneo por estigmatizar a los consumidores de drogas. El consumo de drogas es enmarcado como criminal y no como una cuestión de adicción y de salud. La Drug Policy Alliance destaca a los países que se enfocan en la reducción de los daños relacionados con las drogas, como la sobredosis, la adicción y las enfermedades como indicadores de éxito de la política de drogas. A menudo se cita a Portugal como un país extremadamente exitoso en sus políticas de drogas desde que despenalizó la posesión de drogas de bajo nivel en 2001, cambiando a un enfoque de consumo de drogas basado en la salud. Desde entonces, Portugal ha visto disminuir los crímenes violentos, la adicción y la transmisión de enfermedades como el VIH/SIDA y la hepatitis C.
El mantenimiento del orden La reforma policial suele enfocarse en la brutalidad policial y en el uso de fuerza peligrosa contra las minorías. La brutalidad policial alude al "uso excesivo de la fuerza física o la agresión verbal e intimidación psicológica" por parte de las fuerzas del orden contra las personas.Chaney, Cassandra, and Ray V. Robertson. "Racism and Police Brutality in America." Journal of African American Studies, vol. 17, no. 4, 2013, pp. 480–505. JSTOR, JSTOR, https://www.jstor.org/stable/43525523.
Según base de datos sobre tiroteos por parte de la policía del Washington Post, 958 personas fueron asesinadas a tiros en 2016 y 994 asesinados en 2015. Según Mapping Police Violence, la policía mató a 1.124 personas en 2020. La distribución de estos asesinatos varía mucho según el Estado: la mayoría de las incidencias ocurren en Estados como California, Texas, Florida y Arizona y en menor medida en Rhode Island, Vermont y North Dakota. Si bien la distribución de los asesinatos por Estado dentro de Estados Unidos es desigual, en general mueren más personas por disparos de la policía y otros actos de fuerza letal que en cualquier otra nación occidental desarrollada. Además, existen disparidades raciales en las estadísticas de asesinatos por parte de la policía. El 17% de las personas negras asesinadas por la policía estaban desarmadas, en comparación con el 13% de las personas blancas asesinadas por la policía en 2020. No obstante, no se puede hablar de un debate completo sin mencionar que el grupo demográfico blanco compone la mayoría de las interacciones policiales y, sin embargo, cuenta con interacciones menos violentas o letales.
Brutalidad policial Las personas a favor de la reforma de la justicia penal señalan ejemplos recurrentes de violencia discriminatoria hacia individuos, como los disturbios de Watts en 1965, la golpiza a Rodney King en 1991, y la muerte de Amadou Diallo en la década de 1990.
Teorías de diversos campos, como la sociología y la psicología, han intentado explicar el fenómeno de la brutalidad policial."The 'Causes' of Police Brutality: Theory and Evidence on Police Use of Force ." Criminal Justice Theory: Explaining the Nature and Behavior of Criminal Justice, by Edward R. Maguire and David E. Duffee, Taylor and Francis Ltd, 2015. Las teorías sociológicas se enfocan en la manera en que las interacciones entre la policía y los individuos son influenciadas por el estatus de estos últimos. Esto significa que las diferencias de raza, género y estatus socioeconómico resultan en un trato dispar por parte de las fuerzas policiales. Además, los "factores circunstanciales" como el tipo de barrio también afecta a estas interacciones. Cada uno de estos factores son señales que impulsan a los oficiales a tomar decisiones sobre cómo proceder. Las teorías psicológicas de la brutalidad policial enfatizan en que diferentes perspectivas y personalidades resultan en diferentes comportamientos por parte de la policía. Esto se ajusta a la psicología del comportamiento al sugerir que las diferencias de género, estatus socioeconómico, educación y experiencias afectan las respuestas de cada uno. La teoría de organización sugiere que la brutalidad policial es el resultado de la estructura organizacional de las fuerzas del orden. El uso excesivo de la fuerza es visto como una respuesta a la falta de respeto a su autoridad.
En su libro Punishing Race, Michael Tonry de la Universidad de Míchigan, afirma que los individuos y los grupos blancos suelen excusar la brutalidad policial debido a un prejuicio muy arraigado hacia las personas negras.Tonry, Michael H. Punishing Race: a Continuing American Dilemma. Oxford University Press, 2012. Las representaciones de las personas negras en los medios de comunicación y las sentencias desiguales contribuyen a la idea de que las personas negras son inherentemente más criminales. Las investigaciones revelan que los individuos negros con rasgos considerados afrocéntricos, como el tono de piel más oscuro, narices anchas y labios carnosos, reciben sentencias más largas que sus contrapartes de piel más clara y rasgos eurocéntricos.
La teoría de las ventanas rotas