La crisis política en Perú de 2021-2026, también llamado segundo quinquenio de los cuatro presidentes, se refiere al período de inestabilidad que ha caracterizado al periodo parlamentario 2021-2026 y que inició durante el gobierno de Pedro Castillo. Similar al quinquenio anterior, la crisis estuvo marcada por la constante confrontación entre el Poder Ejecutivo y una oposición mayoritaria en el Congreso. Los sectores más radicales de ambos bandos impulsaron el cierre del congreso y la vacancia presidencia, mecanismos cuestionado por la CIDH, mientras que el TC terminó asumiendo un papel decisivo en los conflictos. Ha sido descrita como una crisis moral, política, de representación y de gobernabilidad. El deterioro institucional y el auge de tendencias autoritarias causaron que la revista británica The Economist cambiara la denominación de Perú de «democracia» a «régimen híbrido» en 2023. El diario El Comercio señaló que ha sido el quinquenio con mayor deterioro social, económico e institucional en los últimos 25 años.
Aunque es un resurgimiento de la crisis política de 2016-2021, marcado por una falta de representación por las autoridades; sus orígenes inmediatos se remontan a las elecciones de 2021, en las que Pedro Castillo (de Perú Libre) derrotó por estrecho margen a Keiko Fujimori, quien no reconoció los resultados y alegó un supuesto fraude electoral. El nuevo gobierno no obtuvo mayoría en el parlamento, el cual en cambio estuvo conformado por una coalición autodenominada como el Bloque Democrático. Dicha alianza ha sido descrita por distintos medios como conservadora, corrupta y autoritaria.* Parte del Bloque firmó la Carta de Madrid por iniciativa del partido español de ultraderecha Vox, en que denunció ante la OEA una supuesta campaña de «desestabilización contra el Perú».
La confrontación entre ambos poderes se agravó por las diferencias ideológicas y por los sucesivos escándalos de corrupción que afectaron al Ejecutivo, en un contexto de escasa disposición al diálogo. A estos enfrentamientos se suman conflictos directos con el Poder Judicial, los cuales terminaron por ser resueltos por el Tribunal Constitucional en favor del Congreso.El punto de quiebre ocurrió en diciembre de 2022, cuando Castillo intentó disolver el Congreso e intervenir el sistema judicial en un fallido autogolpe de Estado, siendo destituido horas después con apoyo incluso de su propia bancada. La sucesión de Dina Boluarte estuvo acompañada por una fuerte convulsión social y decenas de muertes durante las protestas posteriores.
Tras la destitución de Castillo, el Congreso, liderado de facto por el Fujimorismo, consolidó su posición de poder con el apoyo del Tribunal Constitucional, el cual eliminó la supervisión judicial del Congreso y le dio control absoluto del gobierno. La encuesta El poder en el Perú identificó al Congreso como la institución más influyente, y el propio representante de la mesa directiva Alejandro Soto lo calificó como «el primer poder del Estado». A pesar de los escándalos de abuso que enfrentaba, el Congreso continuó concentrando su poder por encima de otras instituciones. Esto encontró escasa resistencia por parte de la presidenta Boluarte, así como de la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional, cuyos miembros habían sido reemplazados de forma cuestionada por el Congreso en mayo de 2022. En mayo de 2023, una mayoría de parlamentarios propusieron nombrar a un procurador propio, independiente de la Procuraduría General. El mismo mes, se aprobó una ley que ilegaliza la protesta en contra del gobierno.
Durante los meses siguientes, el Congreso impulsó acusaciones constitucionales contra organismos electorales, y, con apoyo de Perú Libre, promovió la reestructuración de la Junta Nacional de Justicia, un movimiento denunciado internacionalmente por numerosas ONG, incluyendo a la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, que exigió la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Varios organismos internacionales también criticaron la represión policial durante las protestas, y criticaron el uso del terruqueo para deslegitimar a los protestantes. El Congreso posteriormente aprobó una ley limitando el actuar de las ONG y prohibiéndoles demandar al Estado.
A finales de 2023, la Fiscalía se enfrentó al Ejecutivo después de la escándalo de corrupción que evidenciaba un conflicto de intereses en la elección del Defensor del Pueblo, quien a su vez presidiría la elección de la Junta Nacional de Justicia. La Fiscalía respondió presentando una denuncia contra Boluarte por las muertes durante la convulsión social. El llamado «Caso Valkiria» fue eventualmente archivado por el restituido fiscal Tomás Gálvez, uno de los investigados por el caso Los Cuellos Blancos del Puerto.A fines de 2024, una comisión de magistrados (incluyendo el Defensor del Pueblo y la presidenta del Tribunal Constitucional) eligió a la nueva JNJ en un proceso acusado como poco transparente por organismos internacionales.Informe final: La situación de la Junta Nacional de Justicia de Perú y el proceso de elección de sus miembros. Octubre 2024. Misión Internacional de Observación sobre la Junta Nacional de Justicia del Perú (Due Process of Law Foundation). La junta restituyó a Patricia Benavides, investigada por el «Caso Valkiria», y suspendió a su reemplazante Delia Espinoza, quien fue posteriormente inhabilitada en otro proceso condenado internacionalmente. La junta posteriormente retiró de sus funciones a los fiscales José Domingo Pérez y Pablo Sánchez, y a los jueces Oswaldo Ordóñez Alcántara y Richard Concepción Carhuancho, todos investigadores clave en el caso de corrupción internacional «Lava Jato», en una serie de medidas condenadas por la ONU como persecución política.
La inestabilidad continuó con la sucesión de gobiernos. En octubre de 2025, Dina Boluarte fue destituida y reemplazada por José Jerí, de Somos Perú. Jerí fue destituido 4 meses después y reemplazado por José María Balcázar, de Perú Libre, que pondría fin a este quinquenio. Will Freeman (investigador del Consejo de Relaciones Exteriores) dedujo para el diario The New York Times que la democracia se estaba desgastando sin necesidad de contar con un autócrata.
La crisis política ha sido acompañada por una creciente ola de inseguridad, principalmente relacionada con extorsiones. El gobierno de Boluarte ha sido acusado de favorecer al crimen organizado mediante la promulgación de diversas leyes, incluyendo restricciones a la colaboración eficaz, eliminación de la detención preliminar, y cambios a la definición de organización criminal. La promulgación de leyes antidemocráticas y pro-delincuencia, usualmente aprobadas por insistencia, ha sido señalada como una de las causas del deterioro de la institucionalidad del Perú. Otras leyes pro-crimen incluyen la Ley de amnistía, explícitamente promulgada para favorecer a militares condenados durante el gobierno de Alberto Fujimori, y una ley que impide que militares sean juzgados por la justicia ordinaria. Este tipo de leyes han sido también criticadas por la ONU.
Antecedentes
Se sostiene y argumenta que esta crisis es una continuación de la anterior que inició en 2016, cuando se censuró al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski. El portavoz del fujimorismo, Pedro Spadaro, aseguró que «Fuerza Popular gobernará el Congreso cinco años sin PPK ni izquierda», algo que se cumplió con tres mesas directivas conformadas en parte por el grupo parlamentario. La posteriormente electa congresista Susel Paredes señaló a Keiko Fujimori como responsable de la nueva crisis, debido a similitud con las elecciones de 2016, en que ella postuló y pasó a la segunda vuelta. Algunos han llegado a denominar a toda la crisis en su conjunto como «la década de la pataleta», expresión surgida de un artículo de Mesías Guevara. thumb|Mapa electoral de las elecciones de 2021 (provincias). Las elecciones generales de Perú se realizaron el 11 de abril en un contexto de gran desconfianza por parte del público, puesto que ningún candidato parecía acaparar más del 15% de votos. De hecho, el voto nulo o viciado se mantuvo siempre más elevado que el del candidato «preferido». Varios partidos de derecha e izquierda, incluidos los más radicales, participaron en las elecciones. El ganador sorpresivo de las elecciones resultó ser Pedro Castillo, del partido Perú Libre, quien obtuvo 15.3% de votos emitidos y 18.9% de votos válidos. A este le siguió Keiko Fujimori, quien ocupó el segundo puesto con 10.9% de votos emitidos y 13.4% de votos válidos (incluso a pesar de haber acumulado un anti-voto de casi el 60% durante la campaña). Como anticipaban las encuestadoras, la cantidad de votos nulos y viciados (18.7%) terminó siendo mayor a la del candidato ganador (15.3%).
La campaña de la segunda vuelta estuvo caracterizada por una severa polarización en la ciudadanía, divida entre el «antifujimorismo» y «anticomunismo». En la noche del 6 de junio, el día de las elecciones, el flash electoral a boca de urna dio como resultado un empate técnico entre ambos candidatos. La ventaja inicial de Fujimori en el conteo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se fue reduciendo paulatinamente, conforme se contabilizaban las actas rurales y del extranjero. En la mañana del día siguiente, Castillo adelantó a Fujimori. El 15 de junio, la ONPE publicó los resultados finales, en los cuales Castillo (50.1%) superó a Fujimori (49.9%) por apenas 44 mil votos. Este resultado fue muy similar al de las elecciones generales anteriores, donde el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (50.1%) derrotó también a Fujimori (49.9%) por 41 mil votos.
Al día siguiente de las elecciones, el 7 de junio, mucho antes de que terminara el conteo final, la candidata Fujimori denunció que el partido Perú Libre ha cometido un «fraude en mesa», acusándolo de una estrategia para «distorsionar o dilatar los resultados» de las elecciones. En respuesta, Perú Libre acusó también a Fujimori de tener «todo armado», declarando que «jamás incurrió al fraude electoral» y recordando al fraude fujimorista durante las elecciones del año 2000. Fuerza Popular llegó a presentar 802 solicitudes de anulación de actas, principalmente de las regiones rurales del país, donde la victoria de Castillo fue abrumadora. Esto significaría la anulación de más de 200 mil votos. Sin embargo, estos «indicios de fraude sistemático» fueron pronto desmentidos por los entes electorales nacionales e internacionales, incluyendo a la Organización de Estados Americanos, la Unión Europea, la Asociación Civil Transparencia y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el cual calificó al sistema electoral peruano como «un modelo de democracia en la región». A pesar de la falta de evidencias de fraude, varios personajes públicos (principalmente aliados de Fuerza Popular) se negaron a reconocer la victoria de Castillo, insistiendo en un fraude electoral y llegando a solicitar la anulación completa de elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones rechazó casi la totalidad de solicitudes de Fuerza Popular debido a la falta de pruebas, problemas de trámite y la extemporaneidad de la mayoría de sus solicitudes (que tenían como fecha límite el 9 de junio a las ). Durante la conmoción, se reveló que el exlíder del Servicio de Inteligencia Nacional, Vladimiro Montesinos, estuvo involucrado en la campaña para anular las elecciones desde prisión.