Los derechos humanos en Perú están protegidos por la Constitución. La Constitución peruana destaca la importancia del Estado para preservar la dignidad de todos los seres humanos. promueven el derecho a la libre determinación, la igualdad y no discriminación, y la vida.
Desde el final del conflicto armado interno en el Perú que ocurrió entre 1980 y 2000, el país ha trabajado para integrar las normas y estatutos humanitarios en la legislación nacional. Sin embargo, todavía hay casos de derechos particulares que están siendo cuestionados. El Informe de Derechos Humanos de 2014 del Departamento de Estado de los Estados Unidos explica cómo, incluso con la Constitución que protege estos derechos humanos básicos, siguen ocurriendo muchas violaciones a pesar de estas leyes. A pesar del progreso del país desde la insurgencia maoísta, muchos problemas aún son visibles y muestran la continua marginación y desplazamiento de quienes sufrieron la violencia sistemática del conflicto peruano. En 2001, se fundó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación para abordar los abusos que tuvieron lugar durante este conflicto.
Contexto
Compromisos y convenios Perú es un Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos desde 1969, aceptando así a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras su ratificación en 1978 y, de manera adicional, aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 1981. Esta convención permite al país conocer denuncias sobre presuntas violaciones de derechos humanos y emitir sentencias al respecto.
Más allá de la convención, se establece la imprescritibilidad luego de la adhesión en la convención de las Naciones Unidas. También es miembro de la Corte Penal Internacional. En 2001 se dispuso la resolución legislativa 27401 para fortalecer las directivas de la Corte IDH sin interferir su estado de derecho. En 2008 el Estado fue admitido como miembro pleno en la Comisión de Venecia. En 2022, el Ministerio Público reconoció a quienes están catalogados como defensores de derechos humanos.
En 2025, tras la llegada de Dina Boluarte a la presidencia, la comisionada de la CIDH, Andrea Pochak, señaló que Perú figuraba entonces entre los Estados de la región con más desacatos a sentencias de la Corte IDH, con un total de 20.
Época del terrorismo
En la década de 1980, se dio en el Perú una década de violación sistemática de los derechos humanos en medio del enfrentamiento entre las organizaciones terroristas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru contra el gobierno peruano. Más de 600 000 personas fueron desplazadas como consecuencia directa del conflicto armado, mientras que muchas otras desaparecieron. En respuesta a una mayor reforma agraria y derechos sociales y económicos, el conflicto condujo a un aumento de las violaciones de los derechos humanos. A medida que crecía la oposición al gobierno de Fujimori, también lo hacía la violencia. Sin embargo, tanto las fuerzas de seguridad peruanas como las insurgencias terroristas fueron responsables del drástico aumento de las violaciones de derechos humanos durante el período de violencia. Se estima que más de 27 000 peruanos murieron a causa de estos abusos a los derechos humanos en ambos lados del conflicto. Miles de bombardeos, asesinatos y casos de tortura fueron llevados a cabo contra miembros del gobierno, así como contra civiles, a lo largo del país. período de insurgencia. Se sabía que Sendero Luminoso atacaba a líderes gubernamentales, líderes comunitarios, sindicalistas, minorías étnicas, trabajadores religiosos, activistas de derechos humanos y turistas extranjeros. La mayoría de las bajas resultantes fueron civiles, lo que convirtió al conflicto interno peruano en uno de los más violentos de su historia.
Con el cambio de siglo, Alberto Fujimori renunció a la presidencia y la violencia cesó, lo cual permitió al país reinsertarse en la comunidad democrática durante el gobierno transitorio entre 2000 y 2001. A medida que el país comenzaba a recuperarse de las décadas de conflicto, surgieron programas como la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que recomendaba niveles de compensación para esas personas y comunidades en áreas como “salud mental y física, educación, apoyo económico y provisión de documentos de identificación”, independientemente de las implicaciones financieras resultantes. La Comisión trabajó para estudiar el enjuiciamiento de exmiembros de las fuerzas de seguridad peruanas por cometer estas violaciones de derechos humanos durante décadas. Sin embargo, a pesar de estos movimientos para mejorar la situación general de los derechos humanos en el Perú y aceptar los efectos del conflicto interno en poblaciones específicas, estas poblaciones continúan siendo dejadas de lado, lo que evidencia que los procesos de implementación no dan a un ritmo en el que las soluciones sostenibles puedan tener éxito.
La Constitución peruana (1993) aborda temas de derechos humanos desde su artículo primero. Establece en los dos primeros artículos que todo ser humano tiene derecho al respeto y la dignidad, así como a la vida, la igualdad y las diversas libertades relativas a la opinión y la seguridad personales. Estos “derechos fundamentales de la persona” están delineados a lo largo de la Constitución y actúan como un recurso legal para los derechos humanos. Sin embargo, a pesar de este documento legal y la progresión del conflicto interno, el país continúa enfrentando desafíos en la protección de los derechos humanos. Uno de los más mediáticos fue de la sentenciada Lori Berenson, cuyo juicio se cambió de militar a civil debido a la regulación de la jurisdicción supranacional.
Respeto por la integridad y DESCA El artículo segundo de la Constitución peruana establece que toda persona tiene derecho «a la vida, a su identidad, a su normal integridad psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar». Martha Nussbaum analiza la importancia de la integridad corporal en su libro Creando capacidades. La Constitución peruana protege estos derechos. En materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), la Constitución contempla la noción de igualdad de oportunidades sin discriminación para toda la ciudadanía peruana.
Derechos laborales Dentro del Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos, el «derecho laboral» se define como aquellos derechos laborales que son reconocidos internacionalmente. Estos derechos incluyen «la libertad de asociación; el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva; la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil, la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y otras protecciones laborales para los niños y menores; la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación; y condiciones aceptables de trabajo con respecto a salarios mínimos, horas de trabajo y seguridad y salud en el trabajo».
En Perú, los sindicatos se organizan libremente. Sin embargo, deben cumplir con ciertas reglas y requisitos establecidos en la legislación. El movimiento obrero peruano se vinculó originalmente con las ideas anarcosindicalistas, sin embargo luego ganarían mayor influencia las ideas de José Carlos Mariátegui y el Partido Comunista Peruano, promoviendo así la fundación de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) en 1929. Después, por influencia del partido Alianza Popular Revolucionaria Americana, surgiría también otro sindicato denominado Confederación de Trabajadores Peruanos en 1964. Posteriormente, la actividad sindical fue aumentando a lo largo de los años militares, introduciendo la Ley de Reforma Industrial, que a su vez condujo a una disminución del empleo en el sector formal. Como resultado del conflicto armado en Perú a principios de la década de 1980, el declive económico aumentó y quitó poder a los sindicatos. Cerca del cambio de siglo, se produjeron muchas huelgas en grupos laborales y de oposición contra la candidatura a la reelección de Fujimori. Algunos creen que estas protestas estuvieron entre las movilizaciones a favor de la democracia más exitosas en Perú.
Entre 1995 y 2003, el gobierno peruano emitió alrededor de 1,2 millones de títulos de propiedad de viviendas urbanas. Estos títulos de propiedad influyeron positivamente en los resultados económicos del pueblo peruano. El programa de titulación del gobierno, a diferencia de la mayoría de los otros programas de asistencia social, ayudó a aumentar las oportunidades de empleo en Perú, incorporando a más personas a la fuerza laboral.
Con respecto a la explotación laboral infantil, los niños peruanos continúan ocupados en la industria y la actividad comercial. El gobierno peruano ha establecido leyes para el trabajo infantil. La edad mínima para trabajar en el Perú es de 14 años, y de 18 años cuando participe en trabajos peligrosos. En 2014, alrededor del 68% de los niños trabajadores menores de la edad legal para trabajar laboraban en zonas rurales en granjas, mientras que el 31% de los niños trabajadores trabajaban en el sector de servicios urbanos en numerosas ocupaciones peligrosas. Con frecuencia, esos niños en entornos laborales viven en comunidades indígenas pobres que dependen del trabajo infantil para sobrevivir. Los niños que viven en la pobreza extrema tienen cuatro veces más probabilidades de estar estudiando y trabajando simultáneamente que los niños de familias no pobres. Ambos trabajos y agencias de aplicación de ley criminales en Perú han trabajado para combatir trabajo de niño por sugerir formas diferentes de acción de gobierno para eliminarlo enteramente, gusta expandir acceso a educación y programas sociales.
Derecho a la salud Diferentes áreas del Perú tienen habitantes que experimentan diferentes niveles de discriminación y pobreza. Estas diferencias aumentan las discrepancias en las tasas de morbilidad y mortalidad, así como las enfermedades prevenibles, dentro de las poblaciones indígenas pobres. Al 2011, Perú tenía una tasa de mortalidad infantil de 17 por 1000 nacidos vivos y una tasa de mortalidad materna de 98 por 100.000 nacidos vivos. Aunque se han producido muchos avances en el sector de la salud en el Perú desde el final de la guerra contra el terrorismo, el sistema de salud no ha adoptado derechos plenos e iguales para todos los ciudadanos del Perú. Con respecto a la raza, el origen étnico y el género, todavía existen disparidades visibles en los servicios de salud. A pesar de que el plan nacional de salud de Perú expresa un claro compromiso con el acceso universal, el país aún sufre muchos problemas presupuestarios y de gestión que no permiten aún brindar acceso a la atención médica gratuita y de calidad para toda la población. miniaturadeimagen|320x320px|Una casa rural en la sierra del Perú.