La guerra contra las pandillas o guerra contra el terrorismo en El Salvador comenzó en marzo de 2022 cuando el gobierno de Nayib Bukele declaró un estado de emergencia y responsabilizó en un primer momento a la pandilla Mara Salvatrucha de los hechos que desencadenaron en una ola de homicidios entre el 25 y el 27 de marzo de 2022, en la que se dejó un saldo de 88 personas asesinadas.El estado de emergencia permitió que se suspendieran varios derechos constitucionales y permitió que el gobierno puediera llevar a cabo arrestos masivos de presuntos miembros de pandillas organizadas.
El Estado de Excepción permitió a las autoridades realizar arrestos sin orden judicial y dio al gobierno acceso a la comunicación de los ciudadanos. A fecha de 24 de febrero de 2026, más de 91.300 personas acusadas de tener afiliaciones a pandillas han sido arrestadas lo que ha superpoblado las prisiones de El Salvador y ha llevado al país a tener la tasa de encarcelamiento más alta del mundo para 2023. En enero de 2023, el ministro de Defensa René Merino Monroy anunció que el gobierno registró 496 homicidios en 2022, una disminución del 56,8% respecto a los 1.147 homicidios de 2021. Atribuyó la disminución de homicidios a la represión de las bandas. Ese mismo mes, el gobierno inauguró el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión con capacidad para 40.000 presos.
A nivel nacional, la represión ha sido popular entre los salvadoreños, muchos cansados de la violencia de bandas. Por el contrario, grupos de derechos humanos expresaron preocupación de que los arrestos fueran arbitrarios y tuvieran poco que ver con la violencia de las bandas, y varios representantes del gobierno estadounidense expresaron su preocupación por la violencia en el país y los métodos utilizados para combatirla; estos comentarios fueron criticados por el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Políticos de toda América Latina en países como Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras y Perú han implementado o han pedido la implementación de políticas de seguridad similares a las implementadas por Bukele.
Las políticas de seguridad de El Salvador bajo el presidente Nayib Bukele han sido reconocidas por reducir significativamente la delincuencia; Sin embargo, los esfuerzos por replicarlos en otros países han enfrentado desafíos. Los analistas sostienen que la efectividad de la estrategia en El Salvador estuvo influida por factores específicos, incluyendo la geografía del país, la demografía, las capacidades de las fuerzas de seguridad, las tasas de encarcelamiento y el contexto político. La aplicación de medidas similares en otros países no ha dado resultados comparables, ya que las condiciones diferentes pueden limitar su eficacia. Los críticos sugieren que algunos gobiernos que adopten políticas similares corren el riesgo de reforzar enfoques de seguridad ineficaces y autoritarios que históricamente han tenido dificultades para abordar la delincuencia de manera sostenible.
Antecedentes
izquierda|miniaturadeimagen|Presencias de pandillas en El Salvador en marzo de 2022. El Salvador ha transcurrido desde inicios de los años 2000 como uno de los países más violentos de la región. En 2015, por ejemplo, el país registró un saldo de más de seis mil personas asesinadas, es decir, 106 muertes violentas por cada 100 mil habitantes. De igual forma, han sido muchos los presidentes que han prometido y han intentado acabar con esta violencia y con el origen de las pandillas, siendo todos métodos ineficaces e insuficientes.
De acuerdo con el Índice Global de Crimen Organizado el cual mide los niveles de crimen organizado y los niveles de resiliencia ante el crimen, con una puntuación que va de 1 a 10 (de menor a mayor nivel de crimen/resiliencia), en 194 países de todo el mundo; posicionó a El Salvador con una nota de 5.94 en 2021, lo que lo colocaba en el puesto 46 a nivel global, puesto 12 de toda América y el puesto 6 de los 8 países de América Central; en 2023 el país obtuvo una nota de 5.92 (-0.02) lo que lo colocaba en el puesto 51 (+6) a nivel global, puesto 13 (+1) de toda América y en el puesto 5 (-1) de los 8 países de América Central.
Por otro lado, el Índice de Paz Global elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) que mide la posición relativa de la paz de las naciones y regiones. El Salvador en 2022 se situó en el puesto 117, mientras que en 2023 ocupó el puesto 122 (+5) subiendo lugar como uno de los países más peligrosos a nivel global, ha sido el puesto más alto que ha ocupado en las últimas décadas.
Se sabe que las pandillas o maras en el país están conformadas por más de 76 mil jóvenes y adultos; principalmente los más jóvenes son reclutados y usados como instrumento de tráfico de drogas; se encuentran principalmente dispersos en las zonas rurales, las más atacadas por la pobreza, pero con el pasar de los años han ido ganando más territorio llegando incluso a zonas urbanas donde alguna vez se consideraron de las más seguras. Esto ha provocado, entre otras cosas, que las familias salvadoreñas tengan que abandonar las zonas o en el peor de los casos migrar hacia otro país.
Estructura interna de las pandillas Las pandillas son dirigidas por lo que se conoce como ranfla nacional, una especie de organismo de decisión colectiva que rige todas las operaciones de la pandilla a nivel nacional e internacional.
Estas se dividen en clicas, que son células o grupos que tienen su propio nombre, sus palabreros o cabecillas de la clica y un número variable de integrantes. Los miembros de las pandillas son conocidos como «homeboy». San Salvador, Morazán y La Libertad han sido los focos con mayor presencia de estos grupos.
Cronología de su asentamiento Entre 1979 a 1992, El Salvador pasó por una guerra civil, la cual provocó una migración masiva de salvadoreños, principalmente a Estados Unidos. Durante la década de los años 1980, aproximadamente 92 mil salvadoreños habían migrado hacia Estados Unidos, la mayoría se asentaría en barrios peligrosos de Los Ángeles, donde nacerían las dos principales pandillas de Centroamérica, la Mara Salvatrucha y la Mara 18. La Mara Salvatrucha fue fundada por salvadoreños mientras la Mara 18 fue fundada por mexicanos, aunque posteriormente aceptarían también a centroamericanos.
Ambas pandillas crecieron a un ritmo incontrolable y al darse cuenta de que sería difícil controlar las pandillas, a raíz de esto el gobierno estadounidense decidió deportar masivamente a los miembros de estas organizaciones. Los deportados decidieron formar células de estas pandillas en los países a los que arribaron; El Salvador se encontraba en una etapa de reconstrucción de la guerra civil, era un país frágil en aquel entonces, lo cual facilito que estos salvadoreños se asentaran y, lo que inicialmente empezó como un pequeño grupo criminal, en menos de una década se convirtió en unos de los grupos armados más poderosos de Centroamérica y posteriormente de Latinoamérica. El Salvador, Honduras y Guatemala fueron los primeros en sufrir estos asentamientos, con el pasar de los años le siguieron México, Nicaragua y Costa Rica; incluso más recientemente se hablan de asentamientos en ciudades de Estados Unidos no tradicionales como New York, Massachusetts, Washington D. C..
Desde la década de los años 1990, las pandillas crecieron a un ritmo descontrolado debido a que en esa época El Salvador estaba en un postconflicto, concentrado en un primer momento en reconstruirse de los efectos de la guerra civil por lo que el gobierno no puso mucha atención a estos grupos y no fue hasta la década de los años 2000 que el gobierno les empezó a poner atención.
1992: tras la firma de los Acuerdos de Paz, que puso fin a 12 años de guerra en El Salvador el 16 de enero, Estados Unidos comenzó la deportación de salvadoreños que residían en ese país y que habían sido condenados por diferentes delitos. Al regresar, muchos de ellos se unieron a grupos de jóvenes rebeldes y se organizaron hasta convertirse en grupos criminales. Los gobiernos de turno aludieron que sólo se trataba de “jóvenes rebeldes” provocando desórdenes callejeros. Los operativos policiales se enfocaron más en combatir la delincuencia común, mientras las maras o pandillas crecían. 23 de julio de 2003: inició la “guerra contra las pandillas” MS-13 y Barrio 18 cuando el presidente Francisco Flores (1999-2004) implementó el llamado Plan Mano Dura. Durante un año consistió en el despliegue de amplios y publicitados operativos policiales y militares para realizar capturas masivas de pandilleros. Política cuestionada por organizaciones de Derechos Humanos. 30 de agosto de 2004: el presidente Tony Saca (2004-2009) lanzó el Plan Súper Mano Dura, que puso énfasis en la persecución penal de ambos grupos. La ciudadanía, analistas expertos y medios de comunicación consideran estos planes como un fracaso y que deja más efectos negativos que positivos. 20 de junio 2010: con una crueldad nunca vista hasta entonces, organizada como un posible enfrentamiento entre la pandilla Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha, fue incendiado un microbús de la ruta 47 alrededor de las 7 de la noche en el municipio de Mejicanos. En el lugar murieron 11 pasajeros y otros siete resultaron heridos. A las 10 de la noche, Comandos de Salvamento reportaba la muerte de dos de las personas lesionadas que habían sido trasladadas al hospital. El saldo total fue de 17 personas calcinadas. Minutos antes, otro microbús, de la misma ruta, había sido atacado con armas de fuego, lo que provocó la muerte del cobrador y de una niña de 11 años. Seis años después, 10 pandilleros fueron sentenciados a 66 y 400 años de prisión por el crimen. 9 de marzo de 2012: tras las elecciones municipales y legislativas, con respaldo del gobierno de Mauricio Funes (2009-2014), los cabecillas de la MS-13 y Barrio 18 hicieron un pacto para disminuir las muertes por violencia. En esta época, se registraban 14 diarias. Los homicidios se redujeron hasta a cinco por día, pero las cifras despuntaron cuando la tregua se rompió en 2013 tras la remoción del ministro de Justicia y Seguridad Pública por orden de la Corte Suprema. Las nuevas autoridades retiraron beneficios a los pandilleros presos. 11 de octubre de 2012: la Oficina para el Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó a la Mara Salvatrucha en su lista de organizaciones criminales internacionales. Fue la primera vez que se otorgó esa denominación a una pandilla, que está extendida por otros países de Centroamérica y varios estados de Estados Unidos. 1 de junio de 2014: el excomandante guerrillero y profesor Salvador Sánchez Cerén asumió el poder en El Salvador (2014-2019) y las pandillas incrementaron las acciones de violencia para presionar una negociación, pero el gobierno cerró toda posibilidad de tregua. 24 agosto de 2015: la Corte Suprema de Justicia salvadoreña concluyó a través de un fallo, que la MS y la Barrio 18 son grupos terroristas, para que los tribunales puedan imponer a los pandilleros penas severas de hasta 60 años de cárcel. Marzo de 2016: luego de una matanza de 11 trabajadores que estremeció al país y que las autoridades atribuyeron a las pandillas, el gobierno decretó estado de emergencia en siete cárceles y aisló a los cabecillas de las organizaciones. 27 de julio de 2017: el presidente estadounidense Donald Trump se comprometió a “destruir” a la MS-13 porque, según sus palabras, es “particularmente violenta”. Fue visto por algunos como una manera de aplicar leyes antinmigrantes en su país.